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martes, 18 de noviembre de 2014

Comienza otro juicio oral por crímenes de lesa humanidad





En la localidad bonaerense de Olivos comienza hoy un nuevo juicio oral por delitos de lesa humanidad cometidos durante el gobierno de María Estela Martínez. Los jueces Marta I. Milloc, Diego G. Barroetaveña y Héctor O. Sagretti del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de San Martín, van a juzgar a los represores ex prefectos Carlos José Ramón Schaller y Oscar Rubén Montagano y al ex médico policial Carlos Antonio Quetglas, por los delitos de allanamiento ilegal, privación ilegítima de la libertad cometida por abuso funcional e imposición de tormentos agravados cometidos a Marta Querejeta, quien va a declarar en el juicio.

En 1974 Carlos Ramón José Schaller era jefe de Prefectura Naval de Campana, Oscar Rubén Montagano tenía el cargo de oficial auxiliar de la Prefectura Naval de Campana y Carlos Antonio Quetglas era médico de la Policía de la Provincia de Buenos Aires; cuando secuestraron a Querejeta el 5 de diciembre de 1974 en la casa de su abuela en Campana. Ella sólo tenía 16 años, militaba en el PRT y estaba embarazada. Cuando la liberaron Querejeta fue con su padre a ver a Quetglas para que deje constancia de las marcas de tortura que aún tiene en su cuerpo después de 40 años, pero el médico  dijo que ella no presentaba evidencias de tortura. Quetglas declaró como testigo en la causa por el asesinato de Gastón Roberto José Gonçalves Pérez, porque él fue quien  firmó la partida de defunción de Gonçalves.

miércoles, 9 de abril de 2014

Primera audiencia en San Nicolás en el juicio oral en la causa "Saint Amant II"


El represor Saint Amant
El Tribunal Oral Federal 1 de Rosario (TOF1), inició el martes 8 de abril en la localidad bonaerense de San Nicolás, el juicio a 14 represores imputados por crímenes de lesa humanidad conocido como "Saint Amant II".

El tribunal está integrado por los jueces Otmar Paulucci (presidente), Ricardo Vásquez y José María Escobar Cello y durante las audiencias estarán alternativamente en las ciudades de San Nicolás, San Pedro y Pergamino, donde donde sucedieron los hechos que se investigan, además de Baradero. Son 12 causas con 76 víctimas y algunos de los hechos son  el secuestro de once alumnos del colegio jesuita Don Bosco de San Nicolás (tres permanecen desaparecidos), la detención ilegal y los tormentos de nueve gremialistas de San Nicolás, uno de ellos asesinado en la tortura, y numerosos casos de secuestros y tormentos. 

Los catorce represores imputados son los ex militares del ejército Manuel Fernando Saint Amant (condenado a prisión perpetua en 2012 por la "Masacre de la calle Juan B. Justo" entre otros hechos), Norberto Ricardo Ferrero y  Antonio Bossie; los ex policías bonaerenses Edgardo Antonio Mastrandrea, Fernando Quintana, Julio Alberto Almada, Luis Alberto Sinigaglia, Miguel Ángel Lucero, Carlos Enrique Rocca, Guillermo Miguel Adrover Arnaldo Nasiff Bolmeni, Clementino Rojas,  Juan Alberto González y Roberto Horacio Guerrina. El ex represor de la Fuerza Aérea Juan Antonio Benvenutto, estaba imputado pero falleció impune recientemente; era el único procesado por la desaparición del conscripto Gerardo Jorge Cámpora.
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En la primera jornada del juicio estivo ausente Manuel Fernando Saint Amant que entonces era el jefe del Batallón de Combate de Ingenieros 101 y del Área Militar 132, porque su defensa adujo que no está en condiciones psíquicas de afrontar el juicio; pero esto ya ocurrió en el primer Juicio Oral contra Saint Amant y su defensa reincide en la misma estratagema. La pericia debió hacerse el lunes 7 por la mañana, pero el represor no se presentó y se llevará a cabo el próximo lunes 14; en la primera audiencia el TOF1 estableció que los profesionales que realicen el estudio no sean los cuestionados peritos del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de la Nación (las causas de Sain Amant y del represor Alberto Pelliza), sino pertenecientes a las facultades de Psicología y Medicina de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y de la Asociación Médica Argentina (AMA), como solicitaron el fiscal del juicio Adolfo Villatte y las querellas, por los problemas en el primer juicio.

sábado, 16 de noviembre de 2013

Otra vez se posterga el inicio de un juicio en Mendoza


 Este lunes pasado se suspendió el inicio del debate en el cuarto juicio por delitos de lesa humanidad en Mendoza. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 (TOF 1), integrado por Alejandro Waldo Piña, Juan Antonio González Macías y el puntano Raúl Alberto Fourcade informó la suspensión porque el represor Enrique Blas Gómez Saa (el único imputado), adujo un repentino “estado confusional” a horas de iniciarse el juicio. Los magistrados del tribunal, junto a un representante de cada una de las partes, concurrieron al Hospital Español donde está internado Gómez Saá; luego el Dr. Alejandro Piña, presidente del Tribunal anunció que convocará a los médicos forenses de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que den un diagnóstico para determinar si el represor fingió enfermedad; sobre esto la fiscalía solicitó que se realice un examen médico pero con la presencia física de un profesional y con la mayor urgencia posible. Además el TOF 1 citó a los médicos que intervinieron en la internación, asi se les tomará declaración testimonial en audiencia pública tanto a los médicos que firmaron el certificado en el que le diagnosticaron al represor un estado de “situación confusional”, como al que firmó la orden de internación. Hay que recordar que en este juicio ya hubo tres prórrogas y una de ellas fue porque el imputado se había ido de vacaciones a Chile.

El represor Gómez Saa fue el segundo Jefe  de la División de Inteligencia (la G2), de la VIII Brigada de Infantería de Montaña, y está imputado  por la privación ilegal de la libertad y tormentos agravados de Roberto Vélez, Oscar Guidone y Martín Lecea en 1976.

Casualmente, la defensora de  genocidas y apropiadores Cecilia Pando, viaja ahora a Mendoza para militar por “la situación de los presos políticos en Argentina y los derechos humanos para algunos”; sin embargo las suspensiones de este juicio (y de otros), no hacen más que evidenciar la legitimidad de los juicios a los genocidas, en los cuales los acusados tienen todas las garantías de la ley. Pando fue invitada por  Sergio Miranda, dirigente del Partido Demócrata y ex funcionario en la gestión de Cobos

A pesar de los pedidos de la fiscalía y los organismos de Derechos Humanos de Mendoza, el Tribunal Oral N° 1, finalmente no resolvió unificar varias causas donde habría alrededor de 40 imputados, entre los que se destacan cinco ex jueces de la dictadura cívico militar: Otilio Roque Romano (destituido, extraditado desde Chile y detenido en San Felipe), Luis Miret (destituido), Rolando Carrizo, Gabriel Guzzo y Max Petra Recabarren (jubilados). El inicio del juicio para esos imputados está demorado por las trabas burocráticas, los largos tiempos procedimentales y las diferentes “chicanas judiciales”, algunas de las cuales  están relacionadas al estado de salud de los represores o son como las recusaciones de Miret y Romano  contra el juez González Massía, la de Miret ya fue rechazada por Cámara Nacional de Casación Penal.


sábado, 10 de agosto de 2013

El viernes 9 de agosto comenzó en Rosario otro juicio por crímenes de lesa humanidad


El Tribunal Oral Federal N° 1 de Rosario, integrado por los jueces Roberto López Arango, Lilia Carnero y Amalia Berros, inicio este viernes 9 de agosto el proceso en el que se va a juzgar a 12 represores, se investigan delitos de lesa humanidad contra 27 víctimas.


Son juzgados el ex jefe de la inteligencia militar en Rosario durante la última dictadura militar, Pascual Guerrieri,  el jefe del Grupo de Tareas 1, Marino Héctor González,  Joaquín Gurrera, el jefe de Operaciones de Inteligencia Jorge Alberto Fariña, el ex jefe de sección y segundo jefe de Operaciones Especiales,  y los Personal Civil de Inteligencia (PCI), Eduardo Rodolfo Costanzo, Walter Salvador Dionisio Pagano, Juan Andrés Cabrera, Alberto Enrique Pelliza, Ariel Zenon Porra, Ariel Antonio López y Carlos Antonio Sfulcini. Por los delitos de privación ilegal de la libertad, tormentos y homicidios en los centros clandestinos  de detención (CCD) La Calamita, Quinta de Funes, la Escuela Magnasco, La Intermedia y la Fábrica Militar de Armas “Domingo Matheu”, en el marco de una asociación ilícita.

El represor Guerrieri era el Segundo Jefe del Destacamento de Inteligencia 121 dependiente del Comando del Segundo Cuerpo de Ejército (comandante el genocida Leopoldo Fortunato Galtieri), además Guerrieri fue agente del Batallón de Inteligencia 601 y jefe del CCD Quinta de Funes. También está procesado desde febrero del 2012, por el juez Carlos Villafuerte Ruzo, titular del Juzgado Federal n° 2 de San Nicolás, por  el secuestro ocurrido en Rosario el 14 de mayo de 1983, y las  torturas y homicidios de  Eduardo Daniel Pereyra Rossi y Osvaldo Agustín Cambiaso. En esa causa también están procesados los genocidas Reynaldo Benito Bignone, Luis Abelardo Patti, Luis Américo Muñoz, y los PCI Walter Pagano, Ariel Porra, Juan Andrés Cabrera, Carlos Sfulcini y Ariel López. Como el juez no activa la investigación de esta y otras causas, el fiscal Juan Patricio Murray cuestionó recientemente ante la  Comisión de Acusación y Disciplina del Consejo de la Magistratura, al Juez Villafuerte Ruzzo porque en referencia a las cusas por violaciones a los Derechos Humano el juez incurre en "infundadas demoras en el trámite de los expedientes a raíz de haber asumido una posición parcial contraria a la persecución penal de ese tipo de delitos". Alejandra Gils Carbó, Procuradora General de la Nación, había solicitado que Villafuerte Ruzzo se apartara de la causa en la se investigan los secuestros y homicidios de Cambiaso y Pereyra Rossi entre otros cuestionamientos, pero Corte Suprema ratificó al Juez. Esta semana las Abuelas de Plaza de Mayo sac aron un comunicado en el que "manifiestan  su profundo malestar por una decisión de la Corte Suprema, que protege al juez Carlos Villafuerte Ruzzo...al rechazar un pedido de recusación de la fiscalía a ese magistrado..."


Pascual Guerrieri, Fariña, Amelong, Pagano y Constanzo ya fueron condenados a prisión perpetua en el 2010, por homicidios "agravados por alevosía" y también por "persecución, tortura y desapariciones entre 16 y 24 oportunidades.


viernes, 9 de agosto de 2013

Condenaron a sólo 8 años a tres represores en Rosario




El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de Rosario, integrado por Otmar Paulucci, José María Escobar Cello y María Ivon Vella, condenó este jueves 8 de agosto, a los represores a penas muy diferentes a las que solicitó la fiscalía. El TOF condenó a 8 años y medio de prisión a los ex militares Rubén Osvaldo Cervera, Hugo Horacio Maderna y al abogado Pedro Alberto ‘Pili’ Rodríguez, por los delitos de privación ilegal de la libertad y tormentos, contra Manuel Casado, el ex secretario general del Sindicato de Municipales de la localidad de San Lorenzo. Casado fue secuestrado el 25 de marzo de 1976, fue torturado y  pasó por el Batallón de Arsenales 121 de Fray Luis Beltrán, hasta que  10 días después fue “blanqueado” en la Jefatura de Policía de San Lorenzo. El tribunal ordenó que las penas sean cumplidas en una unidad del Servicio Penitenciario Federal.

La Fiscal Mabel Colalongo había solicitado la pena de 20 años de prisión para Cervera y para Maderna, y de 18 años para Rodríguez,  también requirió que las condenas se hagan efectiva en una unidad del Servicio Penitenciario Federal.

Los represores llegaron en libertad al juicio, en el que también estuvo imputado al genocida Ramón Genaro Díaz Bessone, comandante del II Cuerpo del Ejército durante la represión, pero fue “declarado inhábil para este juicio” por razones de salud y apartado.

Pedro "Pili" Rodíguez fue asesor del municipio de San Lorenzo durante la intervención militar de Rubén Cervera en 1976, quien también era el jefe del Batallón 121 de la localidad de Fray Luis Beltrán. Rodríguez también fue abogado del gremio de aceiteros hasta hace poco tiempo y en el 2009 había presentado su candidatura al Concejo Municipal  por un partido vecinalista de San Lorenzo; fue electo, pero una campaña de las organizaciones de derechos humanos impidió que asuma.

Esta causa es una parte de la causa denominada “San Lorenzo” o “de los trabajadores”, que reúne las investigaciones sobre el Terrorismo de Estado en el cordón industrial del Gran Rosario, del que fueron víctimas delegados de base, activistas y dirigentes gremiales, entre otros. Para el Espacio por la Memoria la Verdad y la Justicia del Cordón industrial al separar la causa quedaba de manifiesto "la intención deliberada de beneficiar a los genocidas", debido a que en el juicio no se contemplará que el "plan sistemático de exterminio fue justamente un plan perfectamente organizado" y  al "juzgar individualmente a los responsables hace que la verdad se diluya".

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