Mendoza: comenzó el cuarto juicio por delitos de lesa humanidad contra civiles y militares

Este lunes 17 de febrero, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1 - integrado por los jueces Alejandro Waldo Piña, Juan Antonio González Macías y Alberto Fourcade- dio comienzo al  Juicio en el edificio de Tribunales Provinciales. En las audiencias  se tratarán 15 causas que involucran a 207 víctimas;  por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura cívico militar están imputados ex jueces, militares, policías y agentes penitenciarios, en total son 41 los acusados, de los cuales tres fueron apartados de este proceso por diversos motivos. Entre los funcionarios del poder judicial será juzgado el ex juez Otilio Romano, quien fue extraditado de Chile recientemente.

Por primera vez, los ataques sexuales serán abordados como un delito con entidad propia en un juicio de estas características, independientemente de las torturas; así se juzgará a algunos de los miembros del centro clandestino en la D2 de la policía provincial, por “Violación agravada por el uso de la fuerza”, por los permanentes ataques sexuales denunciados por cuatro de las mujeres detenidas en ese CCD. Se estima que todo el proceso podría durar dos años, para que presenten su testimonio ante el tribunal unos 660 testigos.

Antes del inicio de la audiencia, se realizó un festival bajo la consigna "Democracia con Justicia Futuro con Memoria", en la explanada de los Tribunales provinciales sobre la calle Patricias Mendocinas, con cientos de concurrentes, entre ellos Susana Trimarco, Horacio Pietragalla, Jorge Auat y Pablo Parenti.

Luis Miret y Guillermo Petra

A lo largo de este juicio se irá confirmando la complicidad civil con el terrorismo de estado, especialmente la del Poder Judicial que se adecuó al “plan sistemático de represión y aniquilamiento de la subversión “ perpretado  por la dictadura, relegando su deber de garantizar  la vida y la integridad de las personas. Los procesados civiles son cinco ex funcionarios de la Justicia Federal pero, uno de ellos, Gabriel Guzzo fue separado del juicio oral por razones de salud y no responderá por los 107 hechos por los cuales fue denunciado. Los que sí estarán en el banquillo son Luis Miret, quien fuera juez subrogante y luego juez designado en la dictadura;  el  profugado y extraditado ex juez y camarista Otilio Ireneo Romano, ambos fueron destituidos por el Consejo de la Magistratura. Los otros dos son el ex camarista Guillermo Max Petra Recabarren y el ex juez Rolando Evaristo Carrizo; todos ellos están acusados por no haber investigado las denuncias de detenciones ilegales, desapariciones y  asesinatos  que les presentaron por centenares en sus juzgados, en forma Habeas Corpus y demás recursos legales.

El único magistrado condenado por delitos de lesa humanidad, hasta ahora, es el ex juez Víctor Hermes Brusa, quien fue condenado a 21 años de prisión en diciembre de 2009 por el Tribunal Oral Federal de Santa Fe. Según las estadísticas del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), hay en total 21 ex jueces, fiscales y funcionarios judiciales que ya fueron procesados por su actuación durante la dictadura cívico militar y recién ahora se juzgan 4 de ellos.

Los demás imputados son represores  militares, penitenciarios y policías; diez de ellos ya fueron condenados en juicios anteriores. El ex jefe del G2 de la Octava Brigada de Infantería de Montaña, Paulino Furió ya tiene dos condenas a perpetua, otros condenados son Aldo Patrocinio Bruno, Armando Osvaldo Ferández, Dardo Migno, Ricardo Miranda, Juan Oyarzabal, Alsides París Francisca, Ramón Ángel Puebla,  Luis Rodríguez y Eduardo Smaha. Por su parte serán juzgados por primera vez Andrada, Félix Humberto; Bianchi, Oscar Alberto;  Camargo, Héctor Rubén; Castro Videla, Alfredo Milagro; Fuertes, José Antonio; Garro Rodríguez, Antonio; González, Rubén Darío; Guevara, Armando Hipólito; Gutiérrez, Pablo; Lapaz, Julio Héctor; Laporta, Mario Alfredo; Linares, Pedro Modesto; López, Francisco; Lorenzo Constantino, José Antonio; Marchelli, Jorge Antonio;  Montes, Roberto; Morales, Diego Fernando; Moroy Suárez, Marcelo Rolando; Ponce, Miguel Ángel; Ponce, Juan Carlos; Rosales Amaya, Timoteo; Tello Amaya, Miguel Ángel; Tradi Martínez, Pablo Antonio; Tragant, Carlos Horacio. Doce de los imputados que estaban en libertad fueron arrestados el pasado jueves 13 y durante el debate permanecerán en las celdas de los Tribunales Federales (Miret permanece en libertad). No estará en el juicio oral el represor Enrique Blas Gómez Saá -ex agente de Inteligencia del Ejército- quien ya había logrado eludir el juicio contra él el 11 de noviembre pasado (ver nota en este blog),  y ahora logra eludir la justicia nuevamente a pesar de las sospechas en torno a su verdadero estado de salud. También fue apartado en esta nómina el máximo responsable de la represión en  la región,  el genocida Luciano Benjamín Menéndez, quién ya fue apartado en otros juicios por estar siendo juzgado en las provincias de Córdoba y La Rioja.

Aún está pendiente un pedido de agregar la causa "Las Lajas", para juzgar la intervención de la Fuerza Aérea en las las desapariciones  de Mauricio López, María del Carmen Marín, Carlos Marín, Héctor Osvaldo Zuin y Juan Ramón Fernández.

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Entre febrero y Abril de 2014 comienzan 4 juicios de lesa humanidad en varias provincias.

El 17 de febrero de 2014 se abrirá el debate de la primera Megacausa en Mendoza, el cuarto juicio por delitos de lesa humanidad en esa provincia, con unos unos 42 imputados. El Tribunal Oral Federal Nº 1 decidió esa fecha luego de acumular  doce causas a la que suspendió el pasado 11 de noviembre, esa vez el único imputado era el represor Enrique Gómez Saa.La mayoría de las víctimas y procesados están en la Causa que investiga los crímenes en el principal Centro Clandestino de Detención (CCD) de Mendoza, el Departamento de Información 2  de la policía provincial (D2).

También se enjuiciará a cinco ex magistrados, son Luis Miret, quien fuera subrogante y luego juez designado en la dictadura cívico militar y que fue  destituido por el consejo de la Magistratura por haber omitido investigar denuncias de secuestros, torturas, homicidios y desapariciones, entre 1975 y 1983; también Otilio Ireneo Roque Romano quien fue destituido por los mismos delitos que Miret, y estuvo  profugado  en Chile y fue extraditado hace unos meses. Los otros tres ex jueces son Gabriel Guzzo, Guillermo Max Petra Recabarren y Rolando Evaristo Carrizo; todos están procesados por ser funcionales a los procedimientos ilegales del terrorismo de Estado de la dictadura, en decenas de delitos.

Menéndez, Romano y Miret

 

Entre los represores militares que serán juzgados está el genocida  Luciano Benjamín Menéndez y otros como Beltramone, René; Jofré, Pedro; Santamaría, Juan Carlos Alberto; Andrada, Félix Humberto; Bianchi, Oscar Alberto;  Camargo, Héctor Rubén; Castro Videla, Alfredo Milagro; Fuertes, José Antonio; Garro Rodríguez, Antonio; Gómez Saá, Enrique; González, Rubén Darío; Guevara, Armando Hipólito; Gutiérrez, Pablo; Lapaz, Julio Héctor; Laporta, Mario Alfredo; Linares, Pedro Modesto; López, Francisco; Lorenzo Constantino, José Antonio; Marchelli, Jorge Antonio;  Montes, Roberto; Morales, Diego Fernando; Moroy Suárez, Marcelo Rolando; Ponce, Miguel Ángel; Ponce, Juan Carlos; Rosales Amaya, Timoteo; Tello Amaya, Miguel Ángel; Tradi Martínez, Pablo Antonio; Tragant, Carlos Horacio.

En septiembre pasado el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°4 de la Ciudad de Buenos Aires, fijó para el 13 de febrero de 2014 la fecha de inicio del segundo juicio oral por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura civico militar en el CCD  “El Vesubio”. Este CCD funcionó en Camino de Cintura y Riccheri, bajo dependencia operacional de la Brigada de Infantería Mecanizada X, subordinada al Primer Cuerpo del Ejército que comandaba el genocida Carlos Guillermo Suárez Mason. Los imputados son los represores Gustavo Adolfo Cacivio, Néstor Norberto Cendón, Jorge Raúl Crespi, Federico Antonio Minicucci y Faustino José Svencionis, por los delitos de privación ilegítima de la libertad, tormentos y homicidio, en perjuicio de 204 víctimas.

 

Hace unos días el Tribunal Oral Federal 2 de la ciudad de Rosario fijó para el 14 de febrero de 2014 el inició del juicio oral a los represores  Lucio César Nast, Carlos Ulpiano Altamirano, José Rubén Lo Fiego, Ramón Telmo Alcides Ibarra, Julio Fermoselle, Ovidio Olazagoitía, Ernesto Vallejo, Eduardo Dugour y Pedro Travagliante, por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura cívico militar en perjuicio de 43 víctimas. Será el 6º juicio por delitos de lesa humanidad en esa ciudad.

El otro juicio con fecha de inicio es el tercer juicio por los crímenes de lesa humanidad en Jujuy. Este se iniciará el 3 de abril de 2014, por los delitos de tortura y amenazas de muerte, los que fueron cometidos a más de 70 presos políticos, muchos de los cuales eran trabajadores del Ingenio Ledesma y de la compañía minera “Mina el Aguilar” de esa provincia. El 7 de octubre de 1976 los presos políticos fueron sacados de la unidad del Servicio Penitenciario de barrio Gorriti en la capital jujeña, donde estaban alojados, y y trasladados, vendados y engrillados, en un camiones y luego en un avión Hércules, hasta la unidad carcelaria Nº9 de la ciudad de La Plata (los hombres) y al penal de Villa Devoto (las mujeres), en el traslado los amenazaban con tirarlos del avión y  les abrían las escotillas, además de haber sido torturados. Estos delitos fueron denunciados en el segundo juicio que se realiza actualmente en Jujuy, por varios testigos, como Mercedes Susana Zalazar. El imputado es el represor Domingo Horacio Marengo.

Estos cuatro juicios se sumarán a  otros 9 juicios por crímenes de lesa humanidad que ya se están llevando a cabo.

 Aunque no tiene fecha de inicio, recientemente el juez federal Daniel Rafecas elevó a juicio oral y público a tres ex militares y a nueve ex policías bonaerenses, entre los que se encuentra el genocida Miguel Osvaldo Etchecolatz y, entre otros, a los represores Hugo Idelbrando Pascarelli. José Félix Madridm Guillermo Horacio Ornstein, José Sánchez, Ángel Salerno y Carlos Tarantino. Es por los delitos de lesa humanidad cometidos en el CCD que funcionó en la División Cuatrerismo de la localidad de La Matanza, el que estuvo a cargo del comisario Juan Modesto Carabajal, fallecido en el año 1977, también  bajo dependencia operacional del Primer Cuerpo del Ejército que comandaba el genocida Carlos Guillermo "pajarito" Suárez Mason.

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Finalmente 41 represores serán juzgados en Mendoza

El pasado 18 de noviembre el Tribunal Oral Federal N° 1 de Mendoza (TOF1), integrado por los jueces Alejandro Waldo Piña, Juan Antonio González Macías y Raúl Alberto Fourcade,  aceptó acumular en un solo juicio las 15 causas por delitos de lesa humanidad que se encuentran en condiciones de realizar debate oral en esa provincia. Pero la fecha de inicio del debate será recién el 17 de febrero del 2014, postergando también el juicio contra el represor Enrique Blas Gómez Saa, que se iba a iniciar el pasado 11 de noviembre y se había postergado por problemas de salud del imputado. Sobre este represor el Tribunal Oral Federal Nº 1 decidió que, como no hay fondos para que los médicos de la Corte Suprema viajen a Mendoza, se debía convocar a médicos de la Universidad Nacional de Cuyo para que ellos revisen el estado de salud de Enrique Blas Gómez Saá.

En este juicio oral, si no lo vuelven a postergar, estarán imputados 41 represores (fuente CIJ), entre ellos los ex jueces Luis Miret, Guillermo Max Petra Recabarren, Rolando Evaristo Carrizo, Gabriel Guzzo y Otilio Roque Romano, acusados en decenas de causas. La iniciativa de acumular las 15 causas fue propuesta hace tiempo, tanto por el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos de Mendoza como por el fiscal federal Dante Vega. 

 

Otilio Irineo Roque Romano
 

En una nota anterior se había publicado que Cecilia Pando, la activista de ultraderecha y defensora de genocidas y apropiadores, había sido invitada a Mendoza por el ex senador del partido demócrata Sergio Miranda y para dar una "charla" en el auditorio del diario Los Andes. Pero el diario El Sol informó que el repudio social que generó la figura de Pando, determinó que las autoridades del diario Los Andes desactivaran el evento. Pando y sus cómplices tampoco pudieron realizar un acto en las escalinatas de Tribunales Federales mendocinos, donde querían protestar contra los juicios a los genocidas de la dictadura cívico militar. Hay que recordar que Sergio Miranda es hijo del represor y ex policía Ricardo Miranda Genaro, quien en 1977 dirigía el Departamento Dos de Inteligencia de la Polícía de Mendoza (D2)  y en marzo pasado fue condenado a prisión perpetua junto a otros 6 genocidas,  pero Miranda está con prisión domiciliaria.

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Otra vez se posterga el inicio de un juicio en Mendoza

 Este lunes pasado se suspendió el inicio del debate en el cuarto juicio por delitos de lesa humanidad en Mendoza. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 (TOF 1), integrado por Alejandro Waldo Piña, Juan Antonio González Macías y el puntano Raúl Alberto Fourcade informó la suspensión porque el represor Enrique Blas Gómez Saa (el único imputado), adujo un repentino “estado confusional” a horas de iniciarse el juicio. Los magistrados del tribunal, junto a un representante de cada una de las partes, concurrieron al Hospital Español donde está internado Gómez Saá; luego el Dr. Alejandro Piña, presidente del Tribunal anunció que convocará a los médicos forenses de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que den un diagnóstico para determinar si el represor fingió enfermedad; sobre esto la fiscalía solicitó que se realice un examen médico pero con la presencia física de un profesional y con la mayor urgencia posible. Además el TOF 1 citó a los médicos que intervinieron en la internación, asi se les tomará declaración testimonial en audiencia pública tanto a los médicos que firmaron el certificado en el que le diagnosticaron al represor un estado de “situación confusional”, como al que firmó la orden de internación. Hay que recordar que en este juicio ya hubo tres prórrogas y una de ellas fue porque el imputado se había ido de vacaciones a Chile.

El represor Gómez Saa fue el segundo Jefe  de la División de Inteligencia (la G2), de la VIII Brigada de Infantería de Montaña, y está imputado  por la privación ilegal de la libertad y tormentos agravados de Roberto Vélez, Oscar Guidone y Martín Lecea en 1976.

Casualmente, la defensora de  genocidas y apropiadores Cecilia Pando, viaja ahora a Mendoza para militar por “la situación de los presos políticos en Argentina y los derechos humanos para algunos”; sin embargo las suspensiones de este juicio (y de otros), no hacen más que evidenciar la legitimidad de los juicios a los genocidas, en los cuales los acusados tienen todas las garantías de la ley. Pando fue invitada por  Sergio Miranda, dirigente del Partido Demócrata y ex funcionario en la gestión de Cobos

A pesar de los pedidos de la fiscalía y los organismos de Derechos Humanos de Mendoza, el Tribunal Oral N° 1, finalmente no resolvió unificar varias causas donde habría alrededor de 40 imputados, entre los que se destacan cinco ex jueces de la dictadura cívico militar: Otilio Roque Romano (destituido, extraditado desde Chile y detenido en San Felipe), Luis Miret (destituido), Rolando Carrizo, Gabriel Guzzo y Max Petra Recabarren (jubilados). El inicio del juicio para esos imputados está demorado por las trabas burocráticas, los largos tiempos procedimentales y las diferentes “chicanas judiciales”, algunas de las cuales  están relacionadas al estado de salud de los represores o son como las recusaciones de Miret y Romano  contra el juez González Massía, la de Miret ya fue rechazada por Cámara Nacional de Casación Penal.

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