El ex juez Manlio Torcuato Martínez fue condenado en Tucumán

Martínez es el primer ex juez condenado por delitos de lesa humanidad en el país

En el onceavo juicio oral por delitos de lesa humanidad que se celebra en Tucumán desde el 2008, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de esa provincia, integrado por los jueces Hugo Norberto Cataldi, José Fabián Asis y Mario Eugenio Garzón, condenó ayer al ex juez Manlio Torcuato Martínez a la pena de 16 años de prisión, el fiscal general Diego Velasco y el fiscal federal N°2 y titular de la oficina de la Procuraduría de Crímenes de Lesa Humanidad, Pablo Camuña, habían pedido 25 años de prisión. Este ex juez fue condenado por  los delitos de lesa humanidad de encubrimiento, prevaricato, denegación y retardo de justicia, privación ilegítima de la libertad y asociación ilícita en cinco homicidios calificados, los de María Alejandra Niklison, Fernando Saavedra Lamas, Eduardo González Paz, Juan Carlos Meneses y Atilio Brandsen. 

En el 2011 otro Tribunal Oral en lo Federal de Tucumán condenó a prisión perpetua a los genocidas Luciano Benjamín Menéndez y a Roberto Heriberto “El Tuerto” Albornoz por esos mismos 5 asesinatos, ocurridos en mayo de 1976 en una casa en la ciudad de San Miguel de Tucumán. Martínez reconoció que estuvo presente en el lugar el día de la masacre y que no ordenó ninguna  investigación, dando por cierta la versión de los represores de que hubo un enfrentamiento, pese a las evidencias en contrario.

El Tribunal aclaró que el cumplimiento de la pena sería de carácter domiciliario debido a su estado de salud.

A Miguel Romano, que era el dueño de la casa donde mataron a los militantes, Manlio Martinez lo indagó sin abogado defensor, luego lo mandó a encerrar  en el centro clandestino que funcionó en la Jefatura de Policía de la capital de Tucumán y lo entregó a Roberto  Albornoz (ex jefe del Servicio de Informaciones Confidenciales de la policía provincial). Martínez  mantuvo la privación ilegítima de la libertad de Romano durante más de un año y luego lo sobreseyó con las mismas pruebas por las que había decidido detenerlo. Como no tuvo los medicamentos para su problema de salud mental, Romano terminó internado en una clínica psiquiátrica. Una de sus hijas dijo ayer que "Era un momento muy esperado, llevamos muchos años de lucha esperando un juicio justo para Manlio Martínez... mi padre sobrevivió, pero muchos compañeros fueron condenados a muerte por esta organización macabra que estaba integrada por militares y por funcionarios civiles”.

La designación de Martínez como juez fue en 1975 y había sido propuesta por el genocida Acdel Edgardo Vilas, quien era el jefe del Operativo Independencia en Tucumán y, en apenas un año, Martínez rechazó 325 hábeas corpus que presentaban los familiares de los secuestrados por parte  las fuerzas represivas, tanto antes como después del comienzo de la dictadura cívico militar, además aceptaba como prueba incriminatoria confesiones arrancadas bajo tortura y no investigaba denuncias de asesinatos. Incluso en el 2002 Manlio Martínez, ya jubilado, fue convocado a desempeñarse como titular del Juzgado Federal de Primera Instancia de Catamarca, aunque no llegó a asumir.

En el 2009 se condenó en Santa Fe al ex juez federal Víctor Hermes Brusa a 21 años de prisión y el año pasado se lo condenó a 7 años por otros delitos de lesa humanidad, pero esos delitos fueron cometidos cuando él era secretario de juez Federal Fernando Mántaras. Por su parte Martínez es el primero que se condena por su actuación como juez

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Noticias de juicios de Lesa Humanidad

Actualmente se están realizando 16 Juicios por crímenes de lesa humanidad, 5 en Capital Federal, 2 en Códoba,  2 en Salta y 1 en Bahía Blanca, Mendoza, Entre Ríos, Chaco, Tucumán, Santa Fe y San martín (Pcia de Buenos Aires). De estos 3 son por escrito, según el viejo código de Procedimientos en Materia Penal, (Ley 2372) de 1888 (en Entre Ríos y dos en Capital, Federal), y los otros 13 son debates orales. Se pueden ver detalles de estos juicios en la nota de 7 de diciembre pasado y en esta nota.

La apropiadora Ana María Grimaldos fue condenada a 6 años de prisión

El pasado 14 de abril el Tribunal Oral Federal N°4 condenó a Ana María Grimaldos a seis años de prisión por la retención y ocultamiento de Javier Penino Viñas, quien era hijo biológico de Cecilia Marina Viñas y Hugo Reynaldo Penino, desaparecidos desde julio de 1977, Javier nació en la ESMA durante el cautiverio de su mamá y recuperó su identidad en agosto de 1998, luego de someterse voluntariamente a un análisis de ADN. Se sabe que Cecilia Viñas, llegó a tener contacto con su familia hasta abril de 1984. Tanto el fiscal Horacio Azzolin como las querellas habían solicitado que se le imponga una pena de 12 años a Grimaldos.

La apropiadora estuvo prófuga más de 24 años, entre marzo 1988 y julio de 2012, cuando fue detenida por personal de la Policía Federal Argentina, en la localidad bonaerense de Acassuso. Su esposo y apropiador Jorge Vildoza, fue el ex jefe del Grupo de Tareas 3.3 de la ESMA entre 1976 y 1980. Vildoza sigue prófugo y aún no pudo ser localizado, hay versiones acerca de su muerte, pero nunca pudieron ser comprobadas.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------El El viernes 10 de abril comienzó en la ciudad de Santa Fe un nuevo juicio por delitos de lesa humanidad, cometidos durante la dictadura cívico militar.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Fe va a juzgar al ex juez de Menores de Santa Fe, Luis María Vera Candioti; a los ex militares Domingo Morales, Jorge Roberto Diab, Carlos Enrique Pavón; y al ex policía Juan Calixto Perizzotti, por los delitos de homicidio, tormentos, secuestro, asociación ilícita en perjuicio de 52 personas, a Vera Candioti por supresión de identidad y apropiación de menor por el caso de María Carolina Guallane. el fiscal general es Martín Suarez Faisal.  
El Tribunal, integrado por los jueces Ricardo Vázquez, Omar Digerónimo y Beatriz Caballero de Barabani, apartó "provisoriamente" del proceso a  Jorge Diab, acusado por 41 homicidios, por supuestos problemas de salud. También estaba imputado en esta causa José María González, el ex interventor de la provincia de Santa Fe durante la dictadura cívico-militar que tenía que responder por 22 asesinatos, pero falleció el pasado 29 de octubre, estaba condenado a perpetua desde el 2011. 
Está previsto que el debate se reanude el 24 de abril próximo.

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El 6 de abril se inicio  en Córdoba el quinto juicio oral en esa provincia contra el genocida Luciano Benjamín Menéndez

El Tribunal Oral Federal N° 2 de Córdoba investigará a Menéndez poor los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada y homicidio calificado, en perjuicio de tres víctimas, que  fueron Ana María Villanueva, Carlos Delfín Oliva y Jorge Manuel Diez Los homicidios ocurrieron el 2 de junio de 1976 en la ciudad de Córdoba y los fusilamientos se presentaron como un "enfrentamiento" contra un grupo de subversivos. El Tribunal Oral estaá integrado por los jueces José Vicente Muscará, Juan Carlos Reynaga y Mario Eugenio Garzón, se iba a iniciar el debate el pasado 30 de marzo. El fiscal general subrogante es Facundo Trotta.
En Marzo del 2012 fueron condenados a prisión perpetua por esta misma causa los ex policías provinciales Pedro Nolasco Bustos, Jorge Vicente Worona y José Filiberto Olivieri. En ese momento, Menéndez alegó problemas de salud y lo apartaron del juicio.

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En San Luis condenaron a 28 represores en el segundo juicio por crímenes de lesa humanidad en esa provincia.

Lluego de muchos meses de debate, el viernes 10 de abril de 2015 el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de San Luis, dictó prisión perpetua a nueve imputados y penas de 3 a 20 años de cárcel para otros 19 represores. Entre los condenados hay ex miembros del Ejército, de la Fuerza Aérea, policías provinciales y federales y dos médicos, uno de estos acusado por presenciar torturas y el otro médico estaba acusado de encubrir las acciones de los represores cuando era director de un policlínico. Los crímenes que se cometieron en la zona de Villa Mercedes, Luján, La Toma y la ciudad de San Luis durante la dictadura cívico militar, fueron los de privación ilegítima de la libertad, torturas y posterior desaparición y/o asesinatos de Raúl Sebastián Cobos, Vicente Rodríguez, Rafael Roberto García, Nolasco Leyes, Pedro Valentín Ledesma, Graciela Fiochetti, Santana Alcaráz, Raimundo Dante Bodo, Luis María Früm, Adolfo Enrique Pérez y Domingo Hideyardo Chacón. También se juzgaronlas detenciones ilegales, torturas y vejaciones de por lo menos otros 26 ex detenidos políticos. 

Los condeandos a prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua fueron  Miguel Ángel Fernández Gez, Raúl Benjamín López, Carlos Estebán Pla, Carlos María Aleman Urquiza, Armando Nicolás Martínez, Luis Mario Calderón, Juan Amador Garro, Nelsón Humberto Godoy e Higinio Rafael Robles. Por su parte a Carlos Alberto Ozarán se lo condenó a 20 años de prisión e inhabilitación absoluto y perpetua, a Juan Carlos Perez a 17 años ; a 15 a Angel Borzalino y a 13 años a Omar Lucero y Oscar Guillermo Rosello. Entre 10 y 3 años de  prisión e inhabilitación absoluta y perpetua a Vicente Moreno Recalde, Ricardo Rossi, Enrique Rafael Leyes, Enrique Ortuvia Salinas;  Santos Palma y Horacio Angel Dana, Pedro Gil Puebla, Benjamín Jofre, Roque Rubén Rodríguez y Andrés Leonadro García Calderón. 
Los jueces del TOF resolvieron que las condenas se cumplan en cárceles comunes y ordenaron revocar todas las prisiones domiciliarias, previo análisis de una junta médica.
Hay que reasaltar que Hernán Vidal, el abogado defensor de tres de los 28 sentenciados, sostuvo que apelará el fallo porque “esto es parte, gracias a Dios, de una Argentina que el 10 de diciembre se termina”, aludiendo al recambio presidencial que se dará ese día.

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Nuevo juicio oral por crímenes de lesa humanidad en La Rioja

Longeville, De Dios Murias y Angelelli

El pasado jueves 20 de noviembre el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de La Rioja, integrado por los jueces José Fabián Asís, Juan Carlos Reynaga y Mario Eugenio Garzón, comenzo a juzgar al represor ex militar Ángel Ricardo Pezzetta (ex jefe de Inteligencia de Aeronáutica en Chamical), por los delitos de  secuestro, tortura y homicidio cometidos a los sacerdotes Carlos de Dios Murias y Gabriel Longueville. También estaba imputado el ex policía de La Rioja Juan Carlos “Bruja” Romero (ex jefe del Departamento de Inteligencia D-2 de la policía provincial), pero falleció en septiembre del 2013.  Como en otros juicios en la Rioja el fiscal es Dario Illanes y son querellantes las abogadas Viviana y Maria Elisa Reinoso, en este caso en representación de María Cristina Murias, la hermana del sacerdote. La querella la completan las secretarías de Derechos Humanos de la Nación y de La Rioja.

Ambos religiosos fueron secuestrados en la noche del 18 de julio de 1976 en la parroquia El Salvador de la localidad riojana de Chamical, cuando llegaron dos personas que les exhibieron credenciales de la Policía Federal Argentina, por lo cual los sacerdotes los acompañaron voluntariamente pero, en realidad, habrían sido llevados a la basea aérea y luego a unos siete kilómetros en dirección sur desde la ciudad de Chamical por la ruta 38, donde De Dios Murias y Longeville fueron vendados y fusilados, Murias tenía signos de torturas. Hoy el sitio se denomina Los Mártires y ahí se construyó un oratorio que honra sus memorias.

Por estos mismos delitos de lesa humanidad ya hubo una sentencia del 8 de diciembre de 2012, que fue confirmada por la Cámara de Casación Penal, en la que fueron condenados a perpetua los genocidas Luciano Benjamín Menéndez (ex Comandante del III Cuerpo de Ejército y ex Jefe de la Zona III), Luis Fernando Estrella y Domingo Benito Vera (ex Jefe de Investigaciones e Informaciones de la Policía de Chamical). (ver notas anteriores).

Poco después de estos asesinatos, el 25 de julio de 1976; el laico Wenceslao Pedernera (del Movimiento Rural de Acción Católica), descansaba en su casa de Sañogasta, cuando golpearon la puerta y al abrir fue asesinado. Es un crimen aún impune (ver nota anterior).

El 4 de agosto, 17 días después del asesinato de aquellos sacerdotes, fue asesinado Monseñor Enrique Angelelli, Obispo de la Diócesis de La Rioja, cuando viajaba en su automóvil desde Chamical con documentación sobre los homicidios de Dios Murias y Longueville. A la altura de Punta de los Llanos, a unos 100 kilómetros al sur de la capital de La Rioja, los represores hicieron volcar su auto, muriendo el obispo y quedando herido el sacerdote Arturo Pinto que lo acompañaba. Por este crimen de lesa humanidad fueron condenados a perpetua en julio pasado los genocidas Menéndez y Estrella, en este juicio también estaba imputado Juan Carlos“Bruja” Romero (ver notas anteriores).

Imagen de Telam

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A 38 años del asesinato de Wenceslao Pedernera

Wenceslao Pedernera fue asesinado en su propia casa, en Sañogasta, departamento Chilecito en la madrugada del 25 de julio de 1976.Una semana antes habían sido asesinados, en la ciudad de Chamical los padres Gabriel Longueville y Carlos Murias y el 4 de agosto siguiente fue asesinado el obispo de La Rioja, Enrique Angelelli.

Coca,  Wenceslao y sus hijas

Pedernera, nació el 28 de septiembre de 1936 en Los Jagüeles, La Calera, provincia de San Luis; había sido un obrero golondrina en los viñedos de Mendoza y ahí se había casado en 1962 luego, en junio del 73, Wenceslao, su esposa Coca y las tres hijas de ambos (María Rosa, Susana y Estela), se trasladaron a Anguinán en La Rioja, un tiempo después fueron a la parcela "La Buena Estrella" cercana a la localidad riojana de Sañogasta, en la que compartieron el trabajo con los sacerdotes Sifré, Di Marco y Gonzalo Llorente. Entonces Wenceslao comenzó a colaborar en el Movimiento Rural de Acción Católica de la diócesis de monseñor Enrique Angelelli y se iniciaron las intimidaciones y provocaciones por los que tenían el poder en la provincia contra este laico campesino y sus compañeros del Movimiento Rural.

Ese 25 de julio golpearon la puerta y cuando Wenceslao les abrió fue asesinado por cuatro encapuchados que le pegaron veinte balazos, frente a su familia.
En esta causa los principales implicados son los genocidas Luciano Benjamín Menéndez y Eduardo Abelardo Britos (ya condenado a 15 años por otros delitos de lesa humanidad) y el ya fallecido Osvaldo Pérez Bataglia (ex jefe del Batallón de ingenieros de Construcciones 141), que dirigió la represión ilegal en La Rioja.

Hoy viernes a la tarde fue recordado Wenceslao Pedernera, en el cementerio de la localidad de Sañogasta.

En junio del 2011 la Iglesia católica por la diócesis de La Rioja, inició el proceso formal de investigación para definir la eventual beatificación de los sacerdotes Carlos de Dios Murias y Gabriel Longueville y del laico Wenceslao Pedernera, todos asesinados en 1976.

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La Rioja: Perpetua para Estrella y Menéndez por el asesinato de Monseñor Enrique Angelelli

Hoy, a casi 38 años de su asesinato, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de La Rioja -integrado por los jueces José Camilo Nicolás Quiroga Uriburu, Carlos Julio Lascano y Juan Carlos Reynaga- condenó a prisión perpetua a los genocidas Luciano Benjamín Menéndez y Luis Fernando Estrella,  por el asesinato de monseñor Enrique Angel Angelelli. Desde CTERA expresamos nuestro beneplácito por esta sentencia, así como abogamos para que estos genocidas permanezcan en cárcel común cumpliendo las condenas recibidas.

En la sentencia estuvo presente el compañero Rogelio De Leonardi, Secretario de Derechos Humanos de CTERA, quien expresó que "valoramos la resolución del tribunal que exhortó a investigar a los civiles que fueron parte de la persecución contra Monseñor, su pastoral y los luchadores populares riojanos." Además apuntó contra Eduardo Menem "quien sigue siendo operador político del gobernador riojano y fue quien montó el DIario El Sol, desde donde se hacían las tareas de inteligencia contra nuestros compañeros" y afirmó que Eduardo Menem debe ser juzgado por su participación en el genocidio y en los años previos. 

El juicio oral se había iniciado el 4 de noviembre del año pasado luego de varios meses de demora, ya que fue en  noviembre del 2011 que el juez federal  de La Rioja Daniel Herrera Piedrabuena procesó a cinco represores por considerarlos responsables del homicidio calificado de Angelelli e intento de asesinato de  Arturo Pinto (sacerdote y chofer del obispo) y por asociación ilícita agravada pero, antes de inicio del juicio, tres de ellos murieron impunes, son los genocidas Videla, Harguindeguy y Juan Carlos "La Bruja" Romero. Varios otros murieron antes, durante los 37 años en que tuvieron impunidad, como Osvaldo Pérez Battaglia, Pedro Malagamba y Lázaro Aguirre, entre otros.

El Tribunal en su fallo dijo que  "...los hechos acontecidos el dia 4 de Agosto de 1976 a hs. 15.00 aproximadamente [cerca de la localidad de Punta de los Llanos, a unos 100 kilómetros al sur de la capital riojana] , oportunidad en la que se terminó con la vida del Obispo de La Rioja Monseñor Enrique Angel Angelelli y se intentó terminar con la vida del Sacerdote Arturo Pinto, fueron consecuencia de una acción premeditada, provocada y ejecutada en el marco del terrorismo de Estado y por lo tanto constituyen delitos de lesa humanidad, imprescriptibles e inanmistiables...". También se aceptó de la solicitud de las querellas sobre la remisión de antecedentes al Fiscal Federal para "...que se investigue la presunta comisión de delitos por Héctor Maximiano Payba, Capitán Juan Carlos MüIler, Juan Fanor del Moral, Juan Carlos Cisterna, Amado Menem, Carlos Orellana, Fiore Cecona, Manuel Menem, César Menem, Manuel Yañez, Roberto Pastor Avila, Simón Navarro, José Alejandro Lucero, Luis Maria de la Puente, Humberto Páez, José Ricardo Furey, Luis Saavedra, Tomás Álvarez Saavedra, Cap. Norberto Maggi, Cap. Cerruti..."

La persecución contra Monseñor Angelelli fue eminentemente civil. Desde su llegada a La Rioja , Angelelli y su pastoral sufrieron el hostigamiento de los grupos ultrarreaccionarios compuestos por miembros de las familias tradicionales de la sociedad riojana. Así, desde 1972 la campaña persecutoria tendrá eje en la prensa, especialmente en el Diario el Sol, que centralizará las operaciones de deslegitimación e identificación de Angelelli y de los militantes populares en general, en muchos de sus editoriales se referían a Monseñor con el sobrenombre “Satanelli”. Tanto Tomás Álvarez Saavedra, Furey y varios de los miembros de la familia Menem incluidos en la parte del fallo citado antes, fundaron y/o formaron parte de la dirección del Diario el Sol. Luego del homicidio en este y en otros diarios y medios de comunicación se instaló la versión de los asesinos y sus cómplices, en la cual Angelelli había fallecido en un accidente.

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Seis represores condenados en Tucumán a prisión perpetua

El pasado 29 de mayo el Tribunal Oral Federal de Tucumán, integrado por los jueces Gabriel Eduardo Casas, Carlos Enrique Ignacio Jiménez Montilla y Juan Carlos Reynaga, dictó seis sentencias a prisión perpetua por el delito de lesa humanidad que fue el asesinato de Osvaldo Sigfrido De Benedetti, ocurrido el 21 de julio de 1978. Este juicio oral iba a comenzar el 17 de febrero pero la fecha fue trasladada para el 15 de abril, cuando se inició.

 
Los represores condenados a la pena de prisión perpetua son Ariel Rolando Valdivieso, Alberto Carlos Lucena, Jorge González Navarro, Héctor Hugo Lorenzo Chilo y Jorge Eduardo Gorleti. Lucena y Gorletti serán  trasladados al servicio penitenciario de Ezeiza; por su parte González Navarro y Chilo irán al complejo penitenciario de Bower, en Córdoba. El genocida Luciano Benjamín Menéndez estaba imputado pero fue apartado hasta que se encuentre en mejores condiciones de salud y por estar afrontando otros dos juicios orales en las provincias de La Rioja y Córdoba. Otro que estaba procesado era el genocida Jorge Rafael Videla pero falleció impune en esta causa. Lucena, que era entonces el Jefe del Regimiento de Infanteria Aerotransportada 17, ya fue condenado a 16 de prisión, por delitos de lesa humanidad en Catamarca.

 

Osvaldo Sigfrido De Benedetti

De Benedetti fue procesado en 1974 por asociación ilícita y detenido en la Unidad penitenciaria N° 1 de Córdoba a disposición del entonces juez Manlio Torcuato Martínez del Juzgado Federal de Tucumán y del Poder Ejecutivo Nacional por el decreto N° S1761/74 y por la ley 20.840 de “Seguridad Nacional”. Fue detenido en Tucumán el 29 de septiembre de 1974 junto al abogado laboralista y defensor de presos politicos Ricardo Ripodas, Humberto Tumini, Alberto Raul Genoud y también Orlando Luis Meloni y Silvano "Lalo" Castro, pero ambos ya fallecieron.

 
El 3 de julio de 1978 De Benedetti fue retirado de la Unidad penitenciaria N° 1 de Córdoba por orden del Área 311 y trasladado a la Unidad Penitenciaria de Tucumán donde ingresó en la misma fecha. Posteriormente, y siempre conforme se desprende de las piezas acusatorias, en fecha y hora aún no determinadas con exactitud, pero posiblemente el día 21 de julio de 1978, habría sido asesinado por personal militar perteneciente al III cuerpo del Ejército en un simulacro de intento de fuga y en un lugar aún no identificado de Tucumán.

 
Hay que recordar que el ex juez Manlio Torcuato Martínez, actualmente está detenido en el penal de Villa Urquiza, en la capital tucumana, procesado por delitos de lesa humanidad.

 
Bernardo Lobo Bugeau, representante de la querella, consideró que "este fallo hace mérito a todas las pruebas que tenía la causa, las cuales era abundantes en lo documental y en el testimonio de los testigos que compartieron detención con la víctima".

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En Mendoza un represor sigue profugó y otro se entregó en la audiencia.

Constantino

El represor José Antonio Lorenzo Constantino, estaba prófugo pero se entregó ayer antes de que se inicie la segunda audiencia del cuarto juicio por delitos de lesa humanidad en la provincia de Mendoza (ver notas anteriores); ahora permanecerá detenido a lo largo del proceso. Este ex oficial de policía actuó durante la dictadura civico militar en la comisaría 7ª de la localidad de Godoy Cruz y estuvo al servicio de los operativos del Departamento de Informaciones de la Policía provincial (el D2), del que dependía el centro clandestino más importante que operó en Mendoza desde 1975 hasta el final de la dictadura.

Sigue prófugo y con pedido de captura, el represor Francisco López Rodríguez, que no asistió a ninguna de las audiencias y no fue hallado en su domicilio al momento del allanamiento. Rodriguez también  es ex policía y  estuvo de servicio en el D2  durante el terrorismo de Estado. 

 

Ayer  fueron desafectados por razones de salud los expolicías que también actuaban en el D2 Alfredo Milagros Castro Videla, Francisco Salvarreda, Timoteo Rosales Amaya y el ex jefe del D2 en1977, Aldo Patrocinio Bruno Pérez, igualmente todos mantienen la prisión domiciliaria. Se sumaron a las bajas del genocida  Luciano Benjamín Menéndez, el ex juez Gabriel Guzzo y del ex agente de Inteligencia Enrique Gomez Saá, este represor evade la Justicia a través de certificados médicos en los que no intervienen los médicos forenses. Así quedan sólo 34 imputados, cuyas imputaciones comenzó a leer el Ministerio Público Fiscal; encabezado por el Dr. Dante Vega junto a Patricia Santoni y Daniel Rodríguez Infante; hoy presentaron la responsabilidad penal de los ex jueces federales imputados.

Recientemente, en el portal online del diario el Sol se informó que Carlos Alberto Carreño, el defensor del ex juez Guillermo Petra, habría sido agente civil de Inteligencia, en el Destacamento de Inteligencia 144, entre 1976 y 1983

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Mendoza: comenzó el cuarto juicio por delitos de lesa humanidad contra civiles y militares

Este lunes 17 de febrero, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1 - integrado por los jueces Alejandro Waldo Piña, Juan Antonio González Macías y Alberto Fourcade- dio comienzo al  Juicio en el edificio de Tribunales Provinciales. En las audiencias  se tratarán 15 causas que involucran a 207 víctimas;  por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura cívico militar están imputados ex jueces, militares, policías y agentes penitenciarios, en total son 41 los acusados, de los cuales tres fueron apartados de este proceso por diversos motivos. Entre los funcionarios del poder judicial será juzgado el ex juez Otilio Romano, quien fue extraditado de Chile recientemente.

Por primera vez, los ataques sexuales serán abordados como un delito con entidad propia en un juicio de estas características, independientemente de las torturas; así se juzgará a algunos de los miembros del centro clandestino en la D2 de la policía provincial, por “Violación agravada por el uso de la fuerza”, por los permanentes ataques sexuales denunciados por cuatro de las mujeres detenidas en ese CCD. Se estima que todo el proceso podría durar dos años, para que presenten su testimonio ante el tribunal unos 660 testigos.

Antes del inicio de la audiencia, se realizó un festival bajo la consigna "Democracia con Justicia Futuro con Memoria", en la explanada de los Tribunales provinciales sobre la calle Patricias Mendocinas, con cientos de concurrentes, entre ellos Susana Trimarco, Horacio Pietragalla, Jorge Auat y Pablo Parenti.

Luis Miret y Guillermo Petra

A lo largo de este juicio se irá confirmando la complicidad civil con el terrorismo de estado, especialmente la del Poder Judicial que se adecuó al “plan sistemático de represión y aniquilamiento de la subversión “ perpretado  por la dictadura, relegando su deber de garantizar  la vida y la integridad de las personas. Los procesados civiles son cinco ex funcionarios de la Justicia Federal pero, uno de ellos, Gabriel Guzzo fue separado del juicio oral por razones de salud y no responderá por los 107 hechos por los cuales fue denunciado. Los que sí estarán en el banquillo son Luis Miret, quien fuera juez subrogante y luego juez designado en la dictadura;  el  profugado y extraditado ex juez y camarista Otilio Ireneo Romano, ambos fueron destituidos por el Consejo de la Magistratura. Los otros dos son el ex camarista Guillermo Max Petra Recabarren y el ex juez Rolando Evaristo Carrizo; todos ellos están acusados por no haber investigado las denuncias de detenciones ilegales, desapariciones y  asesinatos  que les presentaron por centenares en sus juzgados, en forma Habeas Corpus y demás recursos legales.

El único magistrado condenado por delitos de lesa humanidad, hasta ahora, es el ex juez Víctor Hermes Brusa, quien fue condenado a 21 años de prisión en diciembre de 2009 por el Tribunal Oral Federal de Santa Fe. Según las estadísticas del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), hay en total 21 ex jueces, fiscales y funcionarios judiciales que ya fueron procesados por su actuación durante la dictadura cívico militar y recién ahora se juzgan 4 de ellos.

Los demás imputados son represores  militares, penitenciarios y policías; diez de ellos ya fueron condenados en juicios anteriores. El ex jefe del G2 de la Octava Brigada de Infantería de Montaña, Paulino Furió ya tiene dos condenas a perpetua, otros condenados son Aldo Patrocinio Bruno, Armando Osvaldo Ferández, Dardo Migno, Ricardo Miranda, Juan Oyarzabal, Alsides París Francisca, Ramón Ángel Puebla,  Luis Rodríguez y Eduardo Smaha. Por su parte serán juzgados por primera vez Andrada, Félix Humberto; Bianchi, Oscar Alberto;  Camargo, Héctor Rubén; Castro Videla, Alfredo Milagro; Fuertes, José Antonio; Garro Rodríguez, Antonio; González, Rubén Darío; Guevara, Armando Hipólito; Gutiérrez, Pablo; Lapaz, Julio Héctor; Laporta, Mario Alfredo; Linares, Pedro Modesto; López, Francisco; Lorenzo Constantino, José Antonio; Marchelli, Jorge Antonio;  Montes, Roberto; Morales, Diego Fernando; Moroy Suárez, Marcelo Rolando; Ponce, Miguel Ángel; Ponce, Juan Carlos; Rosales Amaya, Timoteo; Tello Amaya, Miguel Ángel; Tradi Martínez, Pablo Antonio; Tragant, Carlos Horacio. Doce de los imputados que estaban en libertad fueron arrestados el pasado jueves 13 y durante el debate permanecerán en las celdas de los Tribunales Federales (Miret permanece en libertad). No estará en el juicio oral el represor Enrique Blas Gómez Saá -ex agente de Inteligencia del Ejército- quien ya había logrado eludir el juicio contra él el 11 de noviembre pasado (ver nota en este blog),  y ahora logra eludir la justicia nuevamente a pesar de las sospechas en torno a su verdadero estado de salud. También fue apartado en esta nómina el máximo responsable de la represión en  la región,  el genocida Luciano Benjamín Menéndez, quién ya fue apartado en otros juicios por estar siendo juzgado en las provincias de Córdoba y La Rioja.

Aún está pendiente un pedido de agregar la causa "Las Lajas", para juzgar la intervención de la Fuerza Aérea en las las desapariciones  de Mauricio López, María del Carmen Marín, Carlos Marín, Héctor Osvaldo Zuin y Juan Ramón Fernández.

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Novedades sobre otros juicios por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura cívico militar

Este lunes 10 de febrero de 2014, se reanudaron las audiencias en los juicios orales que se realizaban en  La Rioja y  Comodoro Rivadavia. 

El Tribunal Oral Federal (TOF) de La Rioja continúa el juicio a los genocidas Luciano Benjamín Menéndez y Luis Fernando Estrella por  el asesinato de monseñor Enrique Angelelli, ocurrido en 1976 (ver notas anteriores). En la audiencia del lunes, Menéndez no estuvo en la audiencia ni siquiera a través del sistema de videoconferencia,  por problemas de salud.

Por otra parte el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Comodoro Rivadavia de la provincia de Chubut -integrado por los jueces Pedro José de Diego, Enrique Jorge Guanziroli y Nora María Teresa Cabrera de Monella- comenzó a escuchar los alegatos. Están imputados los represores Teófilo Saa y Carlos Antonio Españadero, por los delitos de privación ilegal de libertad agravada y homicidio agravado por alevosía en perjuicio de José Luis Rodríguez Dieguez. El Ministerio Público Fiscal solicitó la pena de prisión perpetua para los represores y que el cumplimiento de las penas sea en prisiones comunes bajo la jurisdicción del Servicio Penitenciario Federal. Luego de los alegatos y las últimas palabras de los imputados, el TOF de Comodoro Rivadavia decidió que el próximo viernes 21 de febrero dará a conocer la sentencia.

Este jueves 13 de febrero empezó el segundo juicio por los crímenes cometidos en el centro clandestino de detención (CCD) El Vesubio (ver nota); hoy el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de Rosario –integrado por los jueces María Ivón Vella, Noemí Marta Berros y Roberto Manuel López Arango (los dos últimos entrerrianos)- comenzó  un nuevo juicio oral en esa ciudad por delitos de lesa humanidad (el  sexto proceso ).

CCD del Servicio de Informaciones (SI) de la Policía de Rosario

Son cinco causas reunidas en las que están imputados los represores Lucio César Nast, Carlos Ulpiano Altamirano, José Rubén Lo Fiego, Ramón Telmo Álcides Ibarra, Julio Fermoselle, Ovidio Olazagoitía, Ernesto Vallejo, Eduardo Dugour y Pedro Travagliante, por los delitos cometidos en el CCD del Servicio de Informaciones (SI) de la Policía de Rosario, en perjuicio de 43 víctimas.

Para el próximo lunes estaba previsto que comenzara un nuevo juicio oral en la provincia de Tucumán, pero el TOF de Tucumán resolvió este jueves reprogramar la fecha de inicio  para el próximo 15 de abril, por razones de agenda. En ese proceso se investigará el homicidio de Osvaldo Sigfrido De Benedetti, cometido el 21 de julio de 1978, por el que están imputados los represores Jorge Eduardo Gorleri, Héctor Hugo Lorenzo Chilo, Jorge González Navarro y Alberto Carlos Lucena. Además, y al igual que sucedió en San Luis, los jueces Gabriel Eduardo Casas, Carlos Enrique Ignacio Jiménez Montilla y Juan Carlos Reynaga dispusieron apartar del proceso al genocida  Luciano Benjamín Menéndez, porque está afrontando otros dos juicios orales en las provincias de La Rioja y Córdoba.

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Se reiniciaron seis juicios por delitos de lesa humanidad

 

Terminada la feria judicial, la semana pasada se reanundaron, en varias provincias, las audiencias en seis  juicios orales por crímenes de lesa humanidad.

El pasado miércoles 5 de febrero, en la ciudad de La Plata comenzó la indagatoria de los represores imputados en el juicio por los crímenes en el en el centro clandestino de detención (CCD) “La Cacha”, cercano a la cárcel platense de Olmos (ver nota anterior en este blog).

El tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 (TOF1 ) de La Plata había iniciado el juicio el 18 de diciembre pasado, cuando se leyó la  acusación fiscal, ese día el tribunal dispuso ingresar en un receso hasta ahora. Se juzgan a 21 represores por las privaciones ilegales de la libertad y los tormentos sufridos en ese CCD por 127 víctimas, sólo en 1977; y la sustracción de Matías y Gonzalo Reggiardo Tolosa y de Natalia Suárez Nelson. En esa primera audiencia el genocida Etchecolatz tuvo el descaro de declarar que  "Por mi cargo y jerarquía me tocó matar, pero no sé  cuánta gente", y la  desvergüenza de decir que Jorge Julio López  mintió en el juicio en el que se condenó al represor. También declaró el exministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires  durante la dictadura, Jaime Lamont Smart, quien negó la acusación.

 

Por otra parte el jueves 6 se reanudaron las audiencias en otros cuatro juicios orales por crímenes de lesa humanidad cometidos durante 1975 y la dictadura cívico militar iniciada en año siguiente.

Así en Córdoba el TOF1, con la declaración de dos testigos,  retomó las audiencias en el quinto juicio  por delitos de lesa humanidad en Córdoba, conocido como La megacausa La Perla o Menéndez III. Desde el 4 de diciembre de 2012, el TOF1 juzga  los crímenes cometidos, entre 1975 y 1978, por 41 represores a 416 víctimas en los CCD de “La Perla” y “La Ribera”, entre los años 1975 y 1977 (ver notas anteriores), algunos de los imputados son el genocida Luciano Benjamín Menéndez,  los ex jefes del Destacamento de Inteligencia 141, Ernesto Guillermo Barreiro, Jorge Exequiel Acosta y Luis Gustavo Diedrichs.

El jueves pasado delararon María Beatriz Gavalda y su hermano Pablo José, por secuestro y desaparición de su hermana María Irene Gavalda y de su pareja, Juan José Jacobo Mogilner en diciembre de 1977.

En la Ciudad de Buenos Aires (CABA), el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 5 de la Capital, reanudó el tercer tramo del juicio oral por crímenes de lesa humanidad cometidos en el CCD de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). Este juicio se inició el 28 de noviembre de 2012 y se está juzgando a 67 represores por los crímenes cometidos contra 789 víctimas (ver notas anteriores). En esta audiencia declararon testigos por los secuestros, torturas y desaparición de Irene Orlando, Juan Carlos Ramos, Rolando Jekel y Guillermo Díaz Lestrem, entre otros. Lamentablemente otro represor más muere impune,  ya que el genocida Carlos "Fragote"Generoso falleció sin condena recientemente.

En la provincia de Jujuy, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal,  reinició las audiencias del segundo juicio que investiga los delitos de lesa humanidad, como violación de domicilio, privación ilegítima de la libertad, imposición de tormentos y homicidio, en perjuicio de siete víctimas que estaban alojadas en el CCD del Servicio Penitenciario de Gorriti de la capital jujeña. Las víctimas son Dominga Alvarez de Scurta, Osvaldo José Giribaldi, María Alicia del Valle Ranzoni, Juana Francisca Torres Cabrera, Pedro Eduardo Torres Cabrera, Jaime Lara Torres y Jorge Turk Llapur, todos fueron sacados del CCD el 10 de junio de 1976. Los imputados en este juicio  son el ex interventor de la cárcel de Gorriti, Antonio Orlando Vargas (ya condenado a 25 años en el primer juicio provincial), el ex militar César Darío Díaz y los ex penitenciarios Herminio Zarate, Mario Marcelo Gutiérrez, Carlos Alberto Ortiz y Orlando Ricardo Ortiz.

Hay que informar que el tercer juicio por crímenes de lesa humanidad en Jujuy denominado “Marengo, Horacio Domingo y otros por privación ilegítima de la libertad y torturas”, comenzará el próximo 3 de abril. Son delitos en un traslado de presos políticos desde Jujuy hasta cárceles en la CABA y La Plata (ver nota anterior).

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de la provincia de Neuquén, también reanudó el jueves 6 las audiencias en el juicio oral por delitos cometidos en esa provincia y en la de Río Negro, conocido como la Escuelita III. El tribunal está integrado por los jueces Leónidas Moldes (titular del Juzgado Federal de Bariloche), Richar Fernando Gallego (integrante de la Cámara Federal de General Roca) y Diego Gustavo Barroetaveña (miembro del Tribunal Oral en lo Criminal N° 21 de la Capital Federal). En tanto que como magistrado sustituto fue designado Luis Gustavo Losada (Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 2 de la Ciudad de Buenos Aires).

Por los delitos cometidos a 55 víctimas, están imputados los represores  Jorge Héctor Di Pasquale, Mario Alberto Gómez Arenas, Luis Alberto Farías Barrera, Hilarión de la Pas Sosa y  Jorge Alberto Soza. Tanto Barrera como Pas Sosa  y Soza venían esquivando los juicios aludiendo problemas de salud. En la audiencia declararon David Lugones, sobreviviente de los genocidas, y también Inés y Oscar Ragni por el secuestro y la desaparición de su hijo, Oscar Alfredo, ocurrido el 23 de diciembre de 1976 en el barrio Progreso de la capital neuquina.

Finalmente el viernes 7 de febrero, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de San Luis, que  realiza  el segundo juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en esa provincia,  escuchó la declaración de cinco testigos por hechos en la Ciudad de San Luis y en las localidades puntanas de Quines, Candelaria y Lujano. En este proceso se investigan los delitos de privación ilegítima de la libertad, tormentos, violación, homicidio, encubrimiento y asociación ilícita, en perjuicio de 46 víctimas y están imputados los represores Carlos María Alemán Urquiza, Celso Juan Ángel Borzalino, Luis Mario Calderón, Hugo Ricardo Cremonte, Horacio Ángel Dana, Miguel Ángel Fernández Gez,  Andrés Leonardo García Calderón, Juan Amador Garro,  Pedro Armando Gil Puebla, Nelson Humberto Godoy, Marcelo Eduardo González Moure, Benjamín Jofre, Rafael Enrique Leyes, Raúl Benjamín López, Omar Lucero, Armando Nicolás Martínez,  Jorge Alberto Moreira,  Vicente Ernesto Moreno Recalde,  Jorge Félix Natel,  Luis Alberto Orozco,  Andrés Enrique Manuel Ortuvia Salinas,  Carlos Alberto Ozarán, Santos Tomas Palma, Juan Carlos Pérez,  Carlos Esteban Plá, Higinio Rafael Robles, Roque Rubén Rodríguez,  Oscar Guillermo Rosello y Ricardo Alfredo Rossi. También estaba imputado el genocida Luciano Benjamín Menéndez, pero fue apartado  por tener otros dos procesos por crímenes de lesa humanidad en Córdoba y La Rioja. 

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