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sábado, 13 de junio de 2015

El ex juez Manlio Torcuato Martínez fue condenado en Tucumán

Martínez es el primer ex juez condenado por delitos de lesa humanidad en el país

En el onceavo juicio oral por delitos de lesa humanidad que se celebra en Tucumán desde el 2008, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de esa provincia, integrado por los jueces Hugo Norberto Cataldi, José Fabián Asis y Mario Eugenio Garzón, condenó ayer al ex juez Manlio Torcuato Martínez a la pena de 16 años de prisión, el fiscal general Diego Velasco y el fiscal federal N°2 y titular de la oficina de la Procuraduría de Crímenes de Lesa Humanidad, Pablo Camuña, habían pedido 25 años de prisión. Este ex juez fue condenado por  los delitos de lesa humanidad de encubrimiento, prevaricato, denegación y retardo de justicia, privación ilegítima de la libertad y asociación ilícita en cinco homicidios calificados, los de María Alejandra Niklison, Fernando Saavedra Lamas, Eduardo González Paz, Juan Carlos Meneses y Atilio Brandsen. 

En el 2011 otro Tribunal Oral en lo Federal de Tucumán condenó a prisión perpetua a los genocidas Luciano Benjamín Menéndez y a Roberto Heriberto “El Tuerto” Albornoz por esos mismos 5 asesinatos, ocurridos en mayo de 1976 en una casa en la ciudad de San Miguel de Tucumán. Martínez reconoció que estuvo presente en el lugar el día de la masacre y que no ordenó ninguna  investigación, dando por cierta la versión de los represores de que hubo un enfrentamiento, pese a las evidencias en contrario.
El Tribunal aclaró que el cumplimiento de la pena sería de carácter domiciliario debido a su estado de salud.

A Miguel Romano, que era el dueño de la casa donde mataron a los militantes, Manlio Martinez lo indagó sin abogado defensor, luego lo mandó a encerrar  en el centro clandestino que funcionó en la Jefatura de Policía de la capital de Tucumán y lo entregó a Roberto  Albornoz (ex jefe del Servicio de Informaciones Confidenciales de la policía provincial). Martínez  mantuvo la privación ilegítima de la libertad de Romano durante más de un año y luego lo sobreseyó con las mismas pruebas por las que había decidido detenerlo. Como no tuvo los medicamentos para su problema de salud mental, Romano terminó internado en una clínica psiquiátrica. Una de sus hijas dijo ayer que "Era un momento muy esperado, llevamos muchos años de lucha esperando un juicio justo para Manlio Martínez... mi padre sobrevivió, pero muchos compañeros fueron condenados a muerte por esta organización macabra que estaba integrada por militares y por funcionarios civiles”.

La designación de Martínez como juez fue en 1975 y había sido propuesta por el genocida Acdel Edgardo Vilas, quien era el jefe del Operativo Independencia en Tucumán y, en apenas un año, Martínez rechazó 325 hábeas corpus que presentaban los familiares de los secuestrados por parte  las fuerzas represivas, tanto antes como después del comienzo de la dictadura cívico militar, además aceptaba como prueba incriminatoria confesiones arrancadas bajo tortura y no investigaba denuncias de asesinatos. Incluso en el 2002 Manlio Martínez, ya jubilado, fue convocado a desempeñarse como titular del Juzgado Federal de Primera Instancia de Catamarca, aunque no llegó a asumir.

En el 2009 se condenó en Santa Fe al ex juez federal Víctor Hermes Brusa a 21 años de prisión y el año pasado se lo condenó a 7 años por otros delitos de lesa humanidad, pero esos delitos fueron cometidos cuando él era secretario de juez Federal Fernando Mántaras. Por su parte Martínez es el primero que se condena por su actuación como juez

jueves, 2 de enero de 2014

Operativo Independencia: confirman el procesamiento de 16 represores y todavía no extraditan a Martínez de Perón

 

http://diariohoy.net/adjuntos/imagenes/000/052/0000052410.jpgLuego de casi un año de tener la causa, la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, con la firma de tres de sus cinco integrantes -los jueces Marina Josefa Cossio (Presidente), Graciela Nair Fernández Vecino y Ernesto Clemente Wayar-, confirmó el procesamiento de 16 ex militares y ex policías que había sido dictado en 2012 por el juez federal de Tucumán Daniel Bejas. Los represores son imputados en esta causa por delitos de lesa humanidad en perjuicio de 270 víctimas durante el denominado “Operativo Independencia” en la provincia de Tucumán. Estas operaciones militares tuvieron inicio en febrero de 1975 durante el gobierno de María Estela "Isabel" Martínez y continuaron durante la dictadura cívico militar, hasta septiembre de 1983.


Los imputados en esta causa son los represores Carlos César Idelfonso Delia Larocca, Mario Benjamín Menéndez, Jorge Omar Lazarte, Roberto Heriberto Albornoz, Ernesto Nicolás Chavéz, Jorge Gerónimo Capitán, Alfredo Alberto Svendsen, Ricardo Oscar Sanchez, Luis Armando De Cándido, Ramón Cesar Jodar, Miguel Angel Moreno, José Luis del Valle Figueroa, Pedro Roberto Rojas, Pedro Adolfo López, Enrique José del Pino y Nestor Rubén Castelli. Quedó impune el fallecido genocida Jorge Rafael Videla, también procesado a fines del 2012 en la instrucción por el juez  Bejas. Antes habían fallecido los genocidas Antonio Domingo Bussi y Acdel Edgardo Vilas, quienes dirigieron el "Operativo".

http://diariohoy.net/adjuntos/imagenes/000/052/0000052409.jpg

En su fallo, la Cámara aseguró que "quedó probada la existencia del plan criminal estructurado en una cadena de mandos...el Operativo Independencia se inició en el mes de febrero de 1975, luego se sistematizaría a partir del 24 de marzo de 1976... y culminaría en el mes de setiembre de 1983...la organización criminal gestada se sustentó en la cadena de mandos con jerarquías que la estructura de las fuerzas armadas y de seguridad habilitaba y que fue utilizada para la realización de procedimientos al margen de toda ley, con la finalidad expresa de aniquilar a los oponentes políticos o ideológicos...Estas conductas delictivas, configurarían conforme el contexto de su comisión, crímenes contra la humanidad, constituyendo delitos de lesa humanidad”.

http://img294.imageshack.us/img294/9436/arancibia3mk4.jpgLos fiscales federales Pablo Camuña y Patricio Rovira, habían solicitado en su apelación la extradición desde España e indagatoria de María Estela Martínez de Perón, pero el tribunal  no dio lugar al pedido porque para los miembros de la Cámara “por el momento no se encuentra demostrada la existencia de sospecha suficiente que habilite el llamado a prestar declaración indagatoria a la entonces presidente de la Argentina" (ver la nota del 14/06/2013), algo similar había opinado el juez Daniel Bejas en el 2012. Es necesario recordar que fue un decreto firmado por la ex presidente María Estela  Martínez el que determinó el inicio del Operativo Independencia. Es el decreto secreto S261/1975 del 5 de febrero de 1975; no publicado en el Boletín Oficial; este decreto de Isabel no sólo determinó el inicio del operativo represivo sino también el financiamiento del mismo; en el artículo 1º decía que "El comando General del Ejército procederá a ejecutar las operaciones militares que sean necesarias a efectos de neutralizar y/o aniquilar el accionar de elementos subversivos que actúan en la provincia de TUCUMAN". Así fue Martínez de Perón la primera que decretó aniquilar (ver detalles en la nota del 16/04/2013), y aniquilar es lo que la misma Cámara sostiene que es lo que hicieron los represores imputados. 

A los pocos días de la firma del decreto las fuerzas armadas y de seguridad, a las órdenes del genocida Acdel Edgardo Vilas, iniciaron la represión indiscriminada en la provincia de Tucumán, secuestrando, torturando, robando y asesinando a cientos de militantes, trabajadores, estudiantes y ciudadanos tucumanos. Desde febrero de 1975, las víctimas del terrorismo de estado eran asesinadas en sus casas, en sus lugares de trabajo o donde estuvieran, como el maestro Isauro Arancibia asesinado en el local de la Agremiación de Trabajadores de la Educación Provincial (ATEP). Otras víctimas eran llevadas a centros cladestinos de detención y tortura como "la escuelita" de Famaillá o la Jefatura Central de Policía, el Comando Radioeléctrico, el Cuartel de Bomberos, un pabellón de las Cárcel de Villa Urquiza y la Escuela de Educación Física, entre muchos otros. Luego tiraban los cadáveres en fosas comunes, como la que se llama "Pozo de Vargas", ubicada en una finca de la localidad de Tafí Viejo; donde el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) ya identificó a varias víctimas como, por ejemplo, el estudiante Roberto Raymundo Vega o el trabajador ferroviario Segundo Bonifacio Arias, ambos desaparecidos en enero y febrero de 1976.


viernes, 14 de junio de 2013

Pidieron la extradición de María Estela "Isabelita" Martínez para indagarla por el Operativo Independencia



Los Fiscales Federales Ad Hoc de Tucumán, Pablo Camuña y Patricio Rovira, presentaron oralmente ayer ante la Cámara Federal de Apelaciones el pedido de extradición e indagatoria de la ex presidenta María Estela "Isabelita" Martínez de Perón por ser responsable de 270 víctimas del denominado "Operativo Independencia" de 1975. En esta presentación, los fiscales se basaron en que Martínez firmó, el 5 de febrero de 1975, el decreto secreto 261/75 "que dio el marco de aparente legalidad que necesitaban las Fuerzas Armadas para iniciar el plan criminal ya trazado en la Directiva 333 del Comandante General del Ejército (Leandro Enrique Anaya ), del 23 de enero de 1975". Como se publicó en este blog el pasado 16 de abril (ver detalles en Los Decretos Secretos de 1975 y 1976 de "Isabelita" y Videla), el decreto 261/75 determinó el inicio y el financiamiento de lo que se llamó "Operativo Independencia" en Tucumán, ya que ahí se ordenaba "aniquilar el accionar de elementos subversivos que actúan en la provincia de TUCUMAN" y se destinaban al ejercito unos 4 millones de dólares extras para lograr ese fin.

"María Estela Martínez se encuentra en España, país que negó la extradición de la ex-vice jefa de Estado en 2008."

El dia 9 de febrero de 1975 el ex general Acdel Edgardo Vilas ordenó que tropas del Ejército ocuparan militarmente la provincia de Tucumán, e iniciaran la represión indiscriminada, que luego  fue comandada  por el genocida Antonio Domingo Bussi. Los fiscales Camuña y  Rovira sostienen que Isabelita tenía "conocimiento del verdadero curso de las acciones represivas de las FF AA en la ejecución de dicho plan".

La causa por el Operativo Independencia la lleva el juez federal Raúl Daniel Bejas, y tiene unos 130 imputados. El 27 de diciembre del 2012 Bejas negó la solicitud de indagatoria y detención de la ex presidenta que había sido presentada por Camuña y Rovira un año antes, el 20 de diciembre de 2011; los fiscales iniciaron la apelación el 6 de febrero pasado porque el juez no permitió "el llamado a indagatoria y la posibilidad de defensa de la imputada". Entre los detenidos por este caso,  desde octubre del 2012; están  Mario Benjamín  y José María Menéndez y  Walter "Capitán" Saborido, ex candidato a vicegobernador de la provincia y otros 20 represores.

Uno de los argumentos del juez Bejas fue que Martinez desconocía el accionar llevado a cabo en Tucumán por las fuerzas armadas, cuando ella les ordenó aniquilar y era la comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Así Bejas sustuvo a teoría de la autonomía de los militares e indicó que “desde el año 1974 las FF.AA. y de seguridad comenzaron a distanciarse de las autoridades civiles y de las directivas del gobierno constitucional, a fin consumar un plan represivo que comenzó a gestarse desde fines de los años 60 dirigido contra la ciudadanía en general bajo el difuso e intangible objetivo de combatir el enemigo subversivo marxista”.

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