Pidieron la extradición de María Estela "Isabelita" Martínez para indagarla por el Operativo Independencia

Los Fiscales Federales Ad Hoc de Tucumán, Pablo Camuña y Patricio Rovira, presentaron oralmente ayer ante la Cámara Federal de Apelaciones el pedido de extradición e indagatoria de la ex presidenta María Estela "Isabelita" Martínez de Perón por ser responsable de 270 víctimas del denominado "Operativo Independencia" de 1975. En esta presentación, los fiscales se basaron en que Martínez firmó, el 5 de febrero de 1975, el decreto secreto 261/75 "que dio el marco de aparente legalidad que necesitaban las Fuerzas Armadas para iniciar el plan criminal ya trazado en la Directiva 333 del Comandante General del Ejército (Leandro Enrique Anaya ), del 23 de enero de 1975". Como se publicó en este blog el pasado 16 de abril (ver detalles en Los Decretos Secretos de 1975 y 1976 de "Isabelita" y Videla), el decreto 261/75 determinó el inicio y el financiamiento de lo que se llamó "Operativo Independencia" en Tucumán, ya que ahí se ordenaba "aniquilar el accionar de elementos subversivos que actúan en la provincia de TUCUMAN" y se destinaban al ejercito unos 4 millones de dólares extras para lograr ese fin.

"María Estela Martínez se encuentra en España, país que negó la extradición de la ex-vice jefa de Estado en 2008."

El dia 9 de febrero de 1975 el ex general Acdel Edgardo Vilas ordenó que tropas del Ejército ocuparan militarmente la provincia de Tucumán, e iniciaran la represión indiscriminada, que luego  fue comandada  por el genocida Antonio Domingo Bussi. Los fiscales Camuña y  Rovira sostienen que Isabelita tenía "conocimiento del verdadero curso de las acciones represivas de las FF AA en la ejecución de dicho plan".

La causa por el Operativo Independencia la lleva el juez federal Raúl Daniel Bejas, y tiene unos 130 imputados. El 27 de diciembre del 2012 Bejas negó la solicitud de indagatoria y detención de la ex presidenta que había sido presentada por Camuña y Rovira un año antes, el 20 de diciembre de 2011; los fiscales iniciaron la apelación el 6 de febrero pasado porque el juez no permitió "el llamado a indagatoria y la posibilidad de defensa de la imputada". Entre los detenidos por este caso,  desde octubre del 2012; están  Mario Benjamín  y José María Menéndez y  Walter "Capitán" Saborido, ex candidato a vicegobernador de la provincia y otros 20 represores.

Uno de los argumentos del juez Bejas fue que Martinez desconocía el accionar llevado a cabo en Tucumán por las fuerzas armadas, cuando ella les ordenó aniquilar y era la comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Así Bejas sustuvo a teoría de la autonomía de los militares e indicó que “desde el año 1974 las FF.AA. y de seguridad comenzaron a distanciarse de las autoridades civiles y de las directivas del gobierno constitucional, a fin consumar un plan represivo que comenzó a gestarse desde fines de los años 60 dirigido contra la ciudadanía en general bajo el difuso e intangible objetivo de combatir el enemigo subversivo marxista”.

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Confirman pena a Musa Azar y el procesamiento a Menéndez

La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Juan Carlos Gemignani, Mariano Hernán Borinsky y Gustavo M. Hornos, confirmó la condena a prisión perpetua dictada por el Tribunal Oral Federal de Santiago del Estero en 2010 contra el genocida Musa Azar (ex jefe del Departamento de Investigaciones Policiales de esa provincia). La medida también alcanza a a los condenados Miguel Tomás Garbi - ex segundo jefe del Departamento de Investigaciones Policiales- y Ramiro del Valle López Veloso  –ex oficial de ese mismo departamento-, quienes también habían sido sentenciados a perpetua por privación ilegítima de la libertad, tormentos y homicidio, contra de Cecilio José Kamenetsky. Este fue el primer juicio por crímenes contra la humanidad realizado en la provincia de Santiago del Estero.

Cecilio fue secuestrado en agosto del 76, cuando militaba en el Centro de Estudiantes de la Universidad Católica Argentina de Santiago del Estero. Fue llevado  Centro Clandestino de Detención DIP   de la capital provincial, donde fue torturado y asesinado, tras una simulación de intento de fuga.

 

 La Sala A de la Cámara Federal de Apelaciones de Códoba, integrada por los jueces Carlos Julio Lascano (presidente),  Abel Guillermo Sánchez Torres y José María Pérez Villalobo, confirmó el procesamiento de Luciano Benjamín (Cachorro) Menéndez, por los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada e imposición de tormentos agravados, rechazando así la apelación de  sus abogados Juan Carlos Belagardi y Mauricio Zambiazzo, en el marco de la causa Maffei, Enrique Alfredo y otros; en esta causa se juzgan delitos de lesa humanidad cometidos en diversos centros clandestinos de detención de la provincia de Córdoba, como La Perla, La Ribera, La Perla Chica o Malagueño y, en algunos casos, en dependencias policiales del interior provincial y en el Departamento de Informaciones (D2) de la ciudad capital. 

También se ratificó los procesamientos de los genocidas Héctor Pedro Vergéz, Ernesto Barreiro, Jorge Exequiel Acosta y José Andrés Tófalo, como autores de los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada e imposición de tormentos agravado.

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Córdoba: Ratifican condena a perpetua contra Menéndez

La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal rechazó los recursos de casación presentados por las defensas de los genocidas sentenciados a perpetua Luciano Benjamín Menéndez (ex Jefe del 3er Cuerpo del Ejército), Rodolfo Aníbal Campos (ex Jefe de la Policía de Córdoba), César Armando Cejas (ex Subdirector de Inteligencia de la Policía), Hugo Cayetano Britos (Jefe de Brigada Antisubversiva del D2). También se ratificó la pena de 16 años de prisión para  Miguel Ángel Gómez,  ex Suboficial de la Policía de Córdoba. Además, Casación revocó la absolución a Calixto Luis Flores dictada por el Tribunal Oral Federal Nº 1 y le impuso la pena de seis años de prisión. Este Tribunal estaba integrado por Jaime Díaz Gavier y los jueces riojanos José Quiroga Uriburu y Sergio Grimaux (los dos primeros son jueces en el TOF de La Rioja que lleva adelante los juicios por los Mártires de Chamical).

Ricardo Fermín Albareda

Éste último, Calixto Luis Flores, fue encontrado coautor del delito de privación ilegal de la libertad y uso de violencia por el crimen de Ricardo Fermín Albareda, subcomisario de la Policía de Córdoba y cuadro del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP). 

Con esta, en lo que va del año, son nueve las causas con sentencia definitiva de Casación Penal. Ésta había resuelto además sobre la causa denominada Molina (162/12), en la que se consideró por primera vez en la historia jurídica argentina que delitos contra la integridad sexual constituyen delitos de lesa humanidad. 

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Detuvieron a Mario Benjamín Menéndez en la causa por el Operativo Independencia

La justicia federal de la Provincia de Tucumán resolvió dictar la prisión preventiva para 40 imputados por delitos de lesa humanidad, cometidos durante el llamado “Operativo Independencia” en esa Provincia. La Policía Aeroportuaria Argentina detuvo a 16 personas, entre ellas al ex general Mario Benajmín Menéndez. Menéndez es también señalado como responsable de delitos de lesa humanidad cometidos contra colimbas durante la guerra de Malvinas en 1982. La orden de detención alcanza a María Isabel Martínez de Perón, por entonces presidenta.

Los otros detenidos son: José María Menéndez, ex coronel del Ejército; Fernando Luis Labayru, ex teniente coronel; Víctor Hugo Olmos, ex comisario Inspector de la Policía de Tucumán; Walter Edgardo Saborido, ex capitán del Ejercito; Ernesto Nicolás Chávez, ex coronel; Omar Angel Baldo, ex Subteniente de Reserva del Ejercito y Juan Bautista Martín Cabrera, ex teniente del Ejército; Miguel Angel Carrasco, médico traumatólogo; José Ernesto Cuestas, ex Comisario Inspector de la Policía de Tucumán; Pedro Roberto Rojas, ex Suboficial principal de la Policía de Tucumán; y los ex coroneles Jorge Gerónimo Capitán, Pedro Adolfo López y José Fernando Tanoni; Roberto Manuel Monteros, ex agente de la Policía de Tucumán; y a Alberto Alfredo Svendsen, ex teniente coronel del Ejército. 

El Operativo Independencia fue una operación conjunta de las Fuerzas Armadas y la Policía de Tucumán para reprimir el movimiento popular en Tucumán. Se desarrolló en el año 1975, durante el gobierno de Isabel de Perón, comandado por el genocida Domingo Bussi, que fuera condenado por crímenes de lesa humanidad en 2008. El Operativo tiene entre sus defensores durante la democracia al columnista del Diario La Nación Rosendo Fraga, que revindicó la labor de los criminales. 

Fuente: Télam

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Se reanuda el juicio por los Mártires de Chamical

Manifestación frente a los Tribunales Federales de La Rioja

Este jueves se reanuda el juicio por el crimen de Carlos de Dios Murias y Gabriel Longueville, asesinados en La Rioja durante la dictadura cívico militar. El juicio que se realiza en esa ciudad había pasado a cuarto intermedio luego que la justicia resolviera el traslado de Luciano Benjamín Menéndez al hospital sito en la cárcel federal de Ezeiza. De esta manera se dejó sin efecto el pedido de apartar al represor del juicio presentado por sus defensores. 

Las abogadas de la querella de la hermana de Murias afirmaron “Las expectativas siguen siendo las mismas, esperamos que no se interpongas más obstáculos y que el juicio tenga continuidad”. Explicaron, además, que el proceso fue sometido a una serie de interrupciones amparadas bajo el argumento de los problemas de salud de los genocidas. “En el último peritaje médico realizado a Menéndez ha demostrado que sus problemas de salud que padecen no le impide presenciar el juicio” sentenciaron las letradas.

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Juicio por los Mártires de Chamical: Menéndez será trasladado a la cárcel de Ezeiza

La justicia federal riojana resolvió aceptar el pedido de las abogadas de la familia Murias, que solicitaban el traslado del represor Luciano Benjamín Menéndez, quien gozaba de prisión domiciliaria, a la cárcel de Ezeiza. En su resolución el Tribunal Oral Federal expresó además que Menéndez continuará en el juicio desde el Hospital de esa Cárcel Federal “bajo la modalidad de video conferencia, lugar donde seguirá privado de su libertad, remitiéndose a los efectos que hubiere lugar los antecedentes médicos”. De esta manera, se rechazó el pedido de la defensa de apartar a Menéndez del juicio oral y se pasó a un cuarto intermedio hasta el día jueves próximo.

Las abogadas destacaron la importancia de la continuidad del represor en el juicio en el que se encuentra imputado por los asesinatos de Carlos de Dios Murias y Gabriel Longueville, cometidos durante la última dictadura cívico militar, en Chamical. Menéndez, ex jefe del III Cuerpo del Ejército, había sido beneficiado por este mismo Tribunal con la prisión domiciliaria argumentando que “no había riesgo procesal de fuga”. Las abogadas además expresaron que “es importante destacar a los efectos de esta resolución, el papel del perito médico propuesto por las querellas. La contundencia del argumento del perito de parte fue fundamental para esta resolución, que rompe la cadena de separaciones que habían beneficiado al genocida Menéndez a lo largo de estos últimos años”.

Rogelio De Leonardi, Secretario de Derechos Humanos de CTERA y ex detenido desaparecido, señaló que el traslado del represor es un “triunfo de la militancia” local. Además destacó que “la CTA de La Rioja, junto a los organismos de derechos humanos, estuvimos en la calle expresando la condena popular y social contra los genocidas, expresando además nuestro mejor recuerdo de los Mártires de Chamical”.

La Rioja, 11 de octubre de 2012

Secretaría de Derechos Humanos

CTERA

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Mártires de Chamical: más descompensaciones demoran el juicio oral

El Tribunal Oral Federal de La Rioja

Una vez más fue demorado el juicio por los asesinatos de los sacerdotes Carlos de Dios Murias y Gabriel Longueville, cometidos durante la última dictadura cívico militar. Las dilaciones del Tribunal y las defensas siguieron tras la partida del genocida Luciano Benjamín Menéndez a Córdoba, con el pico de presión del imputado Domingo Benito Vera, quien fue trasladado al Hospital Vera Barros. En la audiencia del día jueves pasado estuvo ausente el abogado defensor de Menéndez, Carlos Cáceres, también por motivos de salud.

En el juicio oral, que ya lleva casi un mes, aún no declararon los testigos que estaban previstos. En las últimas semanas las demoras se duplicaron. Los informes médicos habían aconsejado que Menéndez esté presente por intervalos de 40 minutos en la sala. Los jueces optaron por desconocer el consejo de la junta médica y tras una supuesta descompensación del genocida fue trasladado al Hospital Militar de Córdoba. Los jueces Quiroga Urburu, Lascano y Díaz Gavier decidieron que Menéndez "presencie" el juicio por videoconferencia.

En la audiencia del viernes 21, las querellas propusieron el traslado de Vera a la Cárcel Hospital de Ezeiza para garantizar su salud y la continuidad del juicio, e hicieron extensivo el pedido, además, al imputado Menéndez. El abogado defensor de Vera, Juan Carlos Pagotto, respondió al pedido intempestivamente y buscó inculpar a las querellas por el estado de salud de su defendido durante el traslado.Los jueces, por su parte, solicitaron vía exhorto a la Cortes Suprema de Justicia un perito forense para examinar a los imputados que aducen problemas de salud. A lo que Pagotto respondió “que vengan los peritos de la Corte Suprema, si quieren. No hay nada que ocultar. Ellos tienen los informes médicos desde antes del juicio”.

El Secretario de Derechos Humanos de CTERA, Rogelio De Leonardi, apuntó contra el gobierno local y el poder judicial "Los torturadores y sus defensores obstruyen el avance de la investigación porque es la única manera de continuar con la impunidad, lamentablemente tienen al poder local acompañandolos en todas las maniobras". Para De Leonardi "los genocidas tienen que estar presentes, es parte del proceso de justicia". 

La próxima audiencia será el jueves 27, después de que una junta médica evalúe la salud de dos de los acusados, por lo que su comparecencia en la sala está en dudas. La familia Murias y los organismos de derechos humanos plantearon que la presencia de los imputados es imprescindible por su valor reparatorio.

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La Rioja: para Menéndez que lo mira por TV

por Javier Puigdomenech, desde La Rioja

El Tribunal Oral Federal de La Rioja - integrado por los jueces José Camilo Quiroga Uriburu, Jaime Díaz Gavier y Carlos Lascano - volvió a suspender el juicio por los asesinatos de los sacerdotes Carlos de Dios Murias y Gabriel Longueville. Fue por un pedido del genocida Luciano Benjamín Menéndez, quien dijo sentirse descompensado durante el testimonio de Aurelio Ortiz, sobre la visita de Menéndez al desaparecido Obispo Enrique Angelelli. La próxima audiencia será el jueves 20 y el genocida Benjamín Menéndez la presenciará por teleconferencia, “rodeado y contenido de sus afectos desde Córdoba”, tal como fuera propuesto por sus abogados defensores. La abogada de la familia Murias, María Elisa Reinoso interpuso un recurso de casación a la resolución y calificó como “un verdadero mamarracho” la propuesta de la fiscalía que tuvo el acompañamiento de la querella del Estado provincial a cargo de Ramiro Fresneda. 

Los informes elaborados por los peritos médicos del Hospital de Clínicas de la Ciudad de Córdoba afirmaban que Menéndez puede participar de cuerpo presente con asistencia por intervalos de dos horas. Este exhorto, no obstante, no fue cumplido por los jueces Uriburu, Díaz Gavier y Lascano. Desde la querella de Murias, la doctora María Elisa Reinoso dijo que “hay una evidente falta de colaboración del gobierno de La Rioja, del Ministerio de Salud y del Hospital Enrique Vera Barros, ya que es su deber proveer de personal necesario para atender la salud de estos genocidas que vienen con informes médicos acerca de su debilitamiento, sobre todo en casos de delitos de Lesa Humanidad”.

Por otra parte, el abogado de Domingo Vera (acusado de asesinato), Juan Carlos Pagotto, también presentó un certificado médico que indica que su patrocinado habría sufrido una crisis hipertensiva. A su vez, los jueces llamarán a dos nuevos testigos apellidados Britos y Tanquía, ambos ex policías.

El truncado testimonio de Ortíz

El supuesto estado débil de salud del genocida Menéndez se dio justo en el momento en que el testigo Juan Aurelio Ortíz, expuso que Angelelli le contó sobre su entrevista con Luciano Benjamín Menéndez y que éste, cuando el Obispo lo invitó a rezar por las víctimas, habría dicho: “toda la subversión son una manga de atorrantes, yo por esos no gasto ni un padre nuestro”.

Entre otras cosas, Ortíz detalló que a Angelelli le contaron que al lado de los cuerpos de Carlos y Gabriel había un papel con 4 nombres de quienes serían los próximos en ser asesinados, entre ellos la ex diputada nacional peronista, escribana Juana Romero de Yampara y dos sacerdotes más, Pintos y Sigampa. Además, reveló que luego de las muertes de los mártires, hubo un informe que realizaron las monjas de Chamical bajo la supervisión de Angelelli y allí decía que “parecería que quien capitaneo todo fue el militar aeronáutico Estrella, de corte fascista y sub-jefe de la Base CELPA, junto a Lázaro Aguirre quien el 19 de julio volvió a estar como Jefe, ya que hasta aquél domingo había estado Estrella”.

Asimismo, el sacerdote Ortíz contó la persecución que sufrían cada vez que querían transitar por las calles o rutas de la provincia “hasta las alpargatas nos revisaban” y que Angelelli estaba dispuesto a renunciar, de ser necesario, para que vuelva la paz. También, recordó que hubo una carpeta que no apareció más, donde el Obispo había anotado "absolutamente todo" acerca de los asesinatos.

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