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| El Tribunal Oral Federal de La Rioja |
Una vez más fue demorado el juicio por los asesinatos de los sacerdotes Carlos de Dios Murias y Gabriel Longueville, cometidos durante la última dictadura cívico militar. Las dilaciones del Tribunal y las defensas siguieron tras la partida del genocida Luciano Benjamín Menéndez a Córdoba, con el pico de presión del imputado Domingo Benito Vera, quien fue trasladado al Hospital Vera Barros. En la audiencia del día jueves pasado estuvo ausente el abogado defensor de Menéndez, Carlos Cáceres, también por motivos de salud.
En el juicio oral, que ya lleva casi un mes, aún no declararon los testigos que estaban previstos. En las últimas semanas las demoras se duplicaron. Los informes médicos habían aconsejado que Menéndez esté presente por intervalos de 40 minutos en la sala. Los jueces optaron por desconocer el consejo de la junta médica y tras una supuesta descompensación del genocida fue trasladado al Hospital Militar de Córdoba. Los jueces Quiroga Urburu, Lascano y Díaz Gavier decidieron que Menéndez "presencie" el juicio por videoconferencia.
En la audiencia del viernes 21, las querellas propusieron el traslado de Vera a la Cárcel Hospital de Ezeiza para garantizar su salud y la continuidad del juicio, e hicieron extensivo el pedido, además, al imputado Menéndez. El abogado defensor de Vera, Juan Carlos Pagotto, respondió al pedido intempestivamente y buscó inculpar a las querellas por el estado de salud de su defendido durante el traslado.Los jueces, por su parte, solicitaron vía exhorto a la Cortes Suprema de Justicia un perito forense para examinar a los imputados que aducen problemas de salud. A lo que Pagotto respondió “que vengan los peritos de la Corte Suprema, si quieren. No hay nada que ocultar. Ellos tienen los informes médicos desde antes del juicio”.
El Secretario de Derechos Humanos de CTERA, Rogelio De Leonardi, apuntó contra el gobierno local y el poder judicial "Los torturadores y sus defensores obstruyen el avance de la investigación porque es la única manera de continuar con la impunidad, lamentablemente tienen al poder local acompañandolos en todas las maniobras". Para De Leonardi "los genocidas tienen que estar presentes, es parte del proceso de justicia".
La próxima audiencia será el jueves 27, después de que una junta médica evalúe la salud de dos de los acusados, por lo que su comparecencia en la sala está en dudas. La familia Murias y los organismos de derechos humanos plantearon que la presencia de los imputados es imprescindible por su valor reparatorio.
