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miércoles, 17 de octubre de 2012

Vetos, cautelares y plegarias para frenar el aborto no punible

En marzo de este año la Corte Suprema de Justicia de la Nación dio a conocer un fallo unánime en el que se declaraba no punible un aborto realizado a una adolescente de 15 años, cuyo embarazo era producto de una violación. De esta manera, la Corte sentaba jurisprudencia respecto a que no era necesaria autorización judicial para realizar esta práctica médica en los casos contemplados por la legislación argentina. En el texto  de la acordada de esa sentencia recomendaban la implementación de protocolos en hospitales, con lo que médicos y pacientes no sufrirían más sanciones.

Este, significó un avance en la regulación de las prácticas clandestinas de abortos, que causan 1 de cuatro muertes de mujeres embarazadas (Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva de la República Argentina, con datos oficiales del Ministerio de Salud de la Nación, 2011). Sin embargo un arsenal de medidas burocráticas promovido por sectores conservadores buscaron detener la implementación de las recomendaciones del citado fallo. Con ello, funcionarios, jueces y grupos ultracatólicos se lanzaron a una cruzada por la revictimización de las mujeres víctimas de violaciones y abusos. 

Los gobiernos de provincias como Chubut, Chaco y Santa Fe pusieron en vigencia protocolos que cumplen con el fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre la no punibilidad del aborto. Otros, como el gobierno de Mendoza y el Salta se opusieron al fallo, en un principio.

En otros distritos como la Ciudad de Buenos Aires, el protocolo se hizo en contradicción con el código penal y el mismo fallo de la Corte. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires interpuso procedimientos administrativos que retrasan la atención médica de las mujeres. La reglamentación, que le costó el cargo al ahora ex Ministro de Salud Jorge Lemus, hace más restrictivo el aborto no punible. Natalia Gherardi, directora ejecutiva del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género afirma que el procedimiento establecido exige que “el director del hospital público apruebe los abortos, cuando no hay razón para que intervenga en ninguna práctica médica”. Además, el procedimiento exige la autorización de un representante legal para las menores de 18 años y un límite de 12 semanas de gestación. El protocolo colisiona contra el Código Civil que establece los 14 años como edad de consentimiento de las prácticas médicas. Además excluye a aquellas mujeres que sufrieron violaciones y detectaron tardíamente el embarazo, que son una gran parte de las víctimas de este delito.

En septiembre entró en la Legislatura porteña un proyecto que reglamenta la realización de los abortos no punibles en la Ciudad. En el debate, la legisladora de Nuevo Encuentro Gabriela Cerruti se había adelantado al desenlace de hechos que seguirían a la aprobación de la ley: “Agradezco también que el oficialismo hoy esté dando esta discusión, ojalá se respete la decisión de la Legislatura. Abogo porque esta decisión siga teniendo en cuenta los derechos de las niñas, de las mujeres. Discutamos sobre el derecho de cada una a decidir sobre su vida y sobre su cuerpo.” El alcalde porteño Mauricio Macri vetó la ley aprobada esa noche por 30 votos contra 29. Luego del veto a esta ley -el veto número 105 de su gestión-, el empresario y dirigente del PRO fue partícipe de otro escándalo. 

La interrupción del embarazo de una mujer víctima de una violación debía realizarse en el Hospital Ramos Mejía. La intervención fue suspendida por la jueza Myriam Rustan de Estrada que hizo lugar a una medida cautelar presentada por un grupo ultrareligioso. En un clima de repudio social, la Corte Suprema volvió a intervenir dejando sin efecto la suspensión ordenada por la jueza y autorizando a la realización de la práctica médica a la paciente.
Tras el fallo de la corte Macri fue denunciado penalmente por incumplimiento de sus deberes como funcionario público. Macri reveló públicamente datos de la mujer en clara violación de la ley 1845, norma que protege los datos de las personas que se atienden en el sistema de salud. El titular del poder ejecutivo porteño había dado a conocer los datos que revelaban la identidad y lugar donde residía la mujer en un acto con empresarios y referentes allegados.

La revictimización de la mujer por parte de los grupos fundamentalistas no cesó. El Capellán del Ramos Mejía, Fernando Llambías, realizó un "escrache" frente a la casa de la mujer, junto a los activistas ultracatólicos, presionándola con rezos para que cambie su decisión. El cura, que espera el nombramiento del Gobierno porteño, se ausentó del nosocomio en los últimos días evitando la protesta de quienes integran la Campaña Nacional por un Aborto Legal, Seguro y Gratuito, y otras organizaciones políticas, barriales y sindicales, entre ellas la CTA. Mujeres y varones reclamaron además la real separación Iglesia – Estado, pidiendo la destitución del Capellán bajo la consigna: “El cura no cura. La Iglesia fuera del hospital”.

Recientemente se sumó el caso del magistrado santafesino Claudio Bermúdez, que también volvió a contradecir el fallo de la Corte. A pesar del fallo dictado por la máxima autoridad judicial del país, el juez hizo lugar a una cautelar presentada por el Partido Demócrata Cristiano de esa provincia. En sus argumentos el juez había citado una cautelar concedida el grupo ultra católico “Portal de Belén”.

lunes, 24 de septiembre de 2012

Mártires de Chamical: más descompensaciones demoran el juicio oral

El Tribunal Oral Federal de La Rioja
Una vez más fue demorado el juicio por los asesinatos de los sacerdotes Carlos de Dios Murias y Gabriel Longueville, cometidos durante la última dictadura cívico militar. Las dilaciones del Tribunal y las defensas siguieron tras la partida del genocida Luciano Benjamín Menéndez a Córdoba, con el pico de presión del imputado Domingo Benito Vera, quien fue trasladado al Hospital Vera Barros. En la audiencia del día jueves pasado estuvo ausente el abogado defensor de Menéndez, Carlos Cáceres, también por motivos de salud.

En el juicio oral, que ya lleva casi un mes, aún no declararon los testigos que estaban previstos. En las últimas semanas las demoras se duplicaron. Los informes médicos habían aconsejado que Menéndez esté presente por intervalos de 40 minutos en la sala. Los jueces optaron por desconocer el consejo de la junta médica y tras una supuesta descompensación del genocida fue trasladado al Hospital Militar de Córdoba. Los jueces Quiroga Urburu, Lascano y Díaz Gavier decidieron que Menéndez "presencie" el juicio por videoconferencia.

En la audiencia del viernes 21, las querellas propusieron el traslado de Vera a la Cárcel Hospital de Ezeiza para garantizar su salud y la continuidad del juicio, e hicieron extensivo el pedido, además, al imputado Menéndez. El abogado defensor de Vera, Juan Carlos Pagotto, respondió al pedido intempestivamente y buscó inculpar a las querellas por el estado de salud de su defendido durante el traslado.Los jueces, por su parte, solicitaron vía exhorto a la Cortes Suprema de Justicia un perito forense para examinar a los imputados que aducen problemas de salud. A lo que Pagotto respondió “que vengan los peritos de la Corte Suprema, si quieren. No hay nada que ocultar. Ellos tienen los informes médicos desde antes del juicio”.

El Secretario de Derechos Humanos de CTERA, Rogelio De Leonardi, apuntó contra el gobierno local y el poder judicial "Los torturadores y sus defensores obstruyen el avance de la investigación porque es la única manera de continuar con la impunidad, lamentablemente tienen al poder local acompañandolos en todas las maniobras". Para De Leonardi "los genocidas tienen que estar presentes, es parte del proceso de justicia". 

La próxima audiencia será el jueves 27, después de que una junta médica evalúe la salud de dos de los acusados, por lo que su comparecencia en la sala está en dudas. La familia Murias y los organismos de derechos humanos plantearon que la presencia de los imputados es imprescindible por su valor reparatorio.

lunes, 17 de septiembre de 2012

La Rioja: para Menéndez que lo mira por TV

por Javier Puigdomenech, desde La Rioja

El Tribunal Oral Federal de La Rioja - integrado por los jueces José Camilo Quiroga Uriburu, Jaime Díaz Gavier y Carlos Lascano - volvió a suspender el juicio por los asesinatos de los sacerdotes Carlos de Dios Murias y Gabriel Longueville. Fue por un pedido del genocida Luciano Benjamín Menéndez, quien dijo sentirse descompensado durante el testimonio de Aurelio Ortiz, sobre la visita de Menéndez al desaparecido Obispo Enrique Angelelli. La próxima audiencia será el jueves 20 y el genocida Benjamín Menéndez la presenciará por teleconferencia, “rodeado y contenido de sus afectos desde Córdoba”, tal como fuera propuesto por sus abogados defensores. La abogada de la familia Murias, María Elisa Reinoso interpuso un recurso de casación a la resolución y calificó como “un verdadero mamarracho” la propuesta de la fiscalía que tuvo el acompañamiento de la querella del Estado provincial a cargo de Ramiro Fresneda. 

Los informes elaborados por los peritos médicos del Hospital de Clínicas de la Ciudad de Córdoba afirmaban que Menéndez puede participar de cuerpo presente con asistencia por intervalos de dos horas. Este exhorto, no obstante, no fue cumplido por los jueces Uriburu, Díaz Gavier y Lascano. Desde la querella de Murias, la doctora María Elisa Reinoso dijo que “hay una evidente falta de colaboración del gobierno de La Rioja, del Ministerio de Salud y del Hospital Enrique Vera Barros, ya que es su deber proveer de personal necesario para atender la salud de estos genocidas que vienen con informes médicos acerca de su debilitamiento, sobre todo en casos de delitos de Lesa Humanidad”.

Por otra parte, el abogado de Domingo Vera (acusado de asesinato), Juan Carlos Pagotto, también presentó un certificado médico que indica que su patrocinado habría sufrido una crisis hipertensiva. A su vez, los jueces llamarán a dos nuevos testigos apellidados Britos y Tanquía, ambos ex policías.

El truncado testimonio de Ortíz

El supuesto estado débil de salud del genocida Menéndez se dio justo en el momento en que el testigo Juan Aurelio Ortíz, expuso que Angelelli le contó sobre su entrevista con Luciano Benjamín Menéndez y que éste, cuando el Obispo lo invitó a rezar por las víctimas, habría dicho: “toda la subversión son una manga de atorrantes, yo por esos no gasto ni un padre nuestro”.

Entre otras cosas, Ortíz detalló que a Angelelli le contaron que al lado de los cuerpos de Carlos y Gabriel había un papel con 4 nombres de quienes serían los próximos en ser asesinados, entre ellos la ex diputada nacional peronista, escribana Juana Romero de Yampara y dos sacerdotes más, Pintos y Sigampa. Además, reveló que luego de las muertes de los mártires, hubo un informe que realizaron las monjas de Chamical bajo la supervisión de Angelelli y allí decía que “parecería que quien capitaneo todo fue el militar aeronáutico Estrella, de corte fascista y sub-jefe de la Base CELPA, junto a Lázaro Aguirre quien el 19 de julio volvió a estar como Jefe, ya que hasta aquél domingo había estado Estrella”.

Asimismo, el sacerdote Ortíz contó la persecución que sufrían cada vez que querían transitar por las calles o rutas de la provincia “hasta las alpargatas nos revisaban” y que Angelelli estaba dispuesto a renunciar, de ser necesario, para que vuelva la paz. También, recordó que hubo una carpeta que no apareció más, donde el Obispo había anotado "absolutamente todo" acerca de los asesinatos.

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