En este artículo, presentamos un breve resumen de este terrible hecho ocurrido en 1994 y las derivaciones que tuvo para toda la sociedad.
Hace 20 años Omar Octavio Carrasco fue asesinado por sus superiores en el Regimiento del Grupo de Artillería 161 (GA161), en la ciudad de Zapala de la provincia de Neuquén. Carrasco pertenecía a una familia de obreros de la localidad de Cutral-Co, otra localidad de Neuquén y había ingresado al regimiento el 3 de marzo de 1994 para cumplir con el servicio militar obligatorio, pero sólo tres días después no se lo vio más y fue reportado como "desertor" por sus jefes en el GA161 y eso es lo que le dijeron a sus padres. Un mes después, el 6 de abril, fue encontrado su cuerpo sin vida y fuertemente golpeado, en un baño abandonado del cuartel. La versión oficial fue que Omar Carrasco murió el mismo 6 de marzo por los golpes que recibió.
El 31 de enero de 1996 el Tribunal Oral Federal de Neuquén, integrado por los jueces María del Carmen de la Barrera de Ingelmo, Haydée Vázquez de Argüello y Eugenio Krom, condenó como autores del crimen al subteniente Ignacio Canevaro a 15 años de prisión y a los soldados conscriptos Víctor Salazar y Cristian Suárez, a 10 años, y al sargento Carlos Sánchez a tres, por encubrimiento. La justicia había investigado poco y con ello permitió que se utilizara la investigación de los militares. Las adulteraciones en el sumario militar, donde llegó a fraguarse una ronda de reconocimiento, corrieron parejas con los ocultamientos y adulteraciones realizados en el sumario del juez federal de Zapala Rubén Caro y el el fiscal federal de Zapala Viaut; así ambos firmaron un acta donde se falseó el testimonio del soldado Fabián Luna, semianalfabeto, luego de que la Inteligencia militar lo mantuvo incomunicado en el cuartel. Luna declaró en favor de la inocencia de los tres imputados, pero en el texto que le redactaron en el juzgado de Caro los señala como sospechosos, mucho después se comprobó que en el sumario de Caro se reemplazó la foja 922 por otra con el mismo número pero distinto texto. Luego Luna dijo en el juicio oral que sus dichos fueron tergiversados, pero no lo tuvieron en cuenta. El juez Caro fue acusado por mal desempeño en la investigación del crimen por haber cedido su labor a miembros de Inteligencia del Ejército, pero el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, rechazó su remoción en fallo dividido.
Los dos conscriptos estuvieron seis años presos y obtuvieron la libertad condicional en noviembre del 2000, entonces ambos insistieron en declarar su inocencia. Al día siguiente de su excarcelación Salazar le dijo al diario La Nación que "si aquí hay sospechosos (del crimen) son el sargento Guardia y el ex jefe del cuartel teniente coronel With". Por su parte el subteniente salió de la cárcel de Ezeiza en febrero del 2004.
Mario Guardia fue sancionado por el Ejército por golpear a soldados, y el teniente coronel (R) Guillermo With estuvo procesado por encubrimiento pero no se lo juzgó. Cuando se investigaba el homicidio, en el primer juicio, al juez Rubén Caro no le interesó averiguar porqué a With no se lo vio durante varias horas en la tarde del domingo 6 de marzo de 1994 dentro del cuartel que comandaba. Su desaparición coincidió con la de Carrasco y sus explicaciones siempre fueron vagas y contradictorias.
Durante el juicio a Canevaro Salazar y Suárez, se presentó evidencia de que el cadáver de Carrasco estuvo oculto más de 20 días en algún lugar del cuartel, para investigar este encubrimiento se inició otro juicio conocido como Carrasco II. Una de las principales evidencias que se tuvo en cuenta para sostener eso en la instrucción, la aportó la perita Adriana Oliva, que es bióloga, investigadora del CONICET y jefa del Laboratorio de Entomología Forense del Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia. Oliva tomó parte de la segunda autopsia para determinar cómo y cuando se produjo la muerte de Carrasco, entonces analizó una muestra de insectos que se hallaron en el cuerpo. Una gran cantidad de larvas de mosca verde y de escarabajos del género Dermestes entre otros insectos, le permitió establecer que Carrasco hacía, aproximadamente, unos 25 días que había muerto cuando fue encontrado y que, en realidad, el cadáver estuvo oculto lejos de la luz durante un tiempo y luego fue plantado en el lugar donde finalmente apareció.
Entonces tras la sentencia de enero de 1996, se inició una investigación sobre la cadena de encubrimiento (caso Carrasco II), que tuvo un trámite muy largo y accidentado y por el que pasaron tres jueces que hicieron poco en la instrucción y no se pudo condenar a nadie. Casi 10 años después, en junio de 2005, debido a la ley 25.990, que facilita la prescripción de delitos, el Tribunal Oral Federal de Neuquén sobreseyó a siete militares que estaban procesados por encubrir la muerte de Carrasco, ellos son Rodolfo Correa Belisle, Carlos Díaz, Guillermo With, Carlos Verón, Néstor Parodi, René López y Mario Guardia. En el fallo de la Justicia Federal de Neuquén se dice que "Los involucrados deben quedar bien advertidos de que las prescripciones decretadas no borran el delito" y que existía "una acción funestamente corporativa" de los militares acusados", algo que equivaldría a una condena para esos siete militares; sólo Correa Belisle pidió que continuara el juicio. En agosto de 2007, la Sala II de la Cámara de Casación Penal, revocó el fallo del 2005 pero, en la realidad, ninguno de los acusados por encubrimiento fue condenado. El Caso Carrasco esta oficialmente cerrado.
Otro que frenó la investigación por encubrimiento fue el fiscal federal de Zapala Luis María Viaut, ya que en el inicio de la investigación le pidió al juez Bruno Bonetti, que desestime un informe médico del perito oficial Alberto Brailovsky, agregado ese año (1996) a la causa. A partir de ese informe el juez debería haberse dedicado a buscar entre el personal del hospital del cuartel, así médicos o enfermeras serían los culpables del asesinato, en contra de las conclusiones del juicio oral. Poco después, el juez Bonetti decidió apartarse de la causa por la "violencia moral" que le ocasiona la continua y reiterada obstaculización de la investigación" por parte de la Fiscalía. El siguiente juez, Guillermo Labatte, recibió a Alberto Brailovsky, médico legista de la Policía Federal; en su declaración presentó el informe en el cual, luego de analizar los registros y las recetas del hospital del cuartel se dictamina que Carrasco no murió directamente los golpes que recibió en el pecho, sino porque habría estado secuestrado dentro del cuartel y allí recibió una atención médica clandestina y con error de diagnóstico lo cual, tras 48 a 72 horas de agonía, lo llevó a la muerte. Entre los datos recabados está la ficha médica de Cararasco, donde consta que el 8 de marzo de 1994, dos días después de su muerte oficial, le aplicaron la vacuna antitetánica. Luego, al cuerpo se lo ocultó durante casi un mes; según Brailovsky el cuerpo no estuvo escondido un mes en un baño abandonado, sino que habría estado la mayor parte del tiempo en otro lugar. Esto ratifica el informe de la entomóloga Oliva y, a la vez, fue luego ratificado por otro estudio, en el cual se determinó que Carrasco, vivo o muerto, estuvo en uno de los dos sótanos del hospital del cuartel de Zapala. En esta investigación de la geóloga Adelma Bayarsky se comprobó que las muestras de ese baño abandonado no tienen nada que ver con las halladas en una de las medias del soldado, y que éstas son similares a las del sótano del hospital ; un sitio al que no tenían acceso ni Canevaro ni los dos soldados, pero sí el personal médico. Para terminar de comprobar la geóloga le pidió entonces al fiscal del tribunal federal oral de Neuquén, Manuel de Reyes Balboa, que se le enviaran los restos de la ropa del cadáver para hacer la última comparación pero el material nunca le llegó.
En este segundo juicio el procesado general Carlos Díaz pidió, en 1996, que se indague al Jefe del Estado Mayor General del Ejército, General Martín A. Balza. El pedido se basaba en el testimonio de Juan Carlos Ríos Iñíguez, el abogado ex defensor de Canevaro. Ríos Iñiguez expresó que Balza le había confiado que sabía quiénes fraguaron el hallazgo del cadáver de Carrasco el 6 de abril de 1994, y que la cabeza del encubrimiento era Díaz, Ríos Iñíguez también aseguró que Balza le confió saber quiénes pusieron el cadáver del soldado en el baño, lo que podría constituir un delito por omisión de denuncia. El abogado Ríos Iñíguez, aseguró que el 21 de febrero de 1996, cuando se reunió con el general Balza en una audiencia de conciliación (por una denuncia del jefe del Ejército sobre declaraciones de Ríos Iñíguez), éste le dijo que "le constaba que desde el general Carlos Díaz para abajo hubo encubrimiento y que sabía quiénes colocaron el cadáver". También los abogados de Correa Belisle y de Manuel Gastaminza presentaron en el juzgado Federal de Zapala una solicitud para que se cite a declarar como imputado de encubrimiento al jefe del Ejército. Balza no fue llamado a tetimoniar.
Hay que recordar que el General Balza pertenecía al arma de artillería la misma que los integrantes del GA161 responsables de la muerte de Carrasco. El 12 de abril, luego que se "encontrara" el cadáver, Balza arribó a Zapala, y realizó varias acciones compensatorias, como prolongar la licencia de los conscriptos del GA161 , prometer investigar las denuncias de malos tratos y de abusos en el cuartel a lo largo de muchos años y los pases a disponibilidad de algunos de los militares implicados. Pero, a la vez, miembros de la Inteligencia militar se metieron en la investigación, incluso en el fallo de enero de 1996 el Tribunal Federal Oral de Neuquén sostuvo que la causa "estuvo contaminada por la labor de la inteligencia del Ejército". Pero antes de ese fallo, el capitán Rodolfo Correa Belisle había sido dado de baja, detenido y luego condenado por la justicia militar por "agraviar" al General Balza, ya que Correa Belisle había dicho durante el juicio oral que Balza mintió respecto de la actuación de la inteligencia militar, Correa Belisle declaró "... lo he escuchado mentir sobre el caso Carrasco hasta el mismo General Balza de ahí para abajo puedo esperar cualquier cosa..."; lo que dijeron los jueces en su fallo no cambió la situación de Correa Belisle. En mayo de 1997, un grupo de abogados, Alicia Oliveira, Raúl Zaffaroni y Alberto Bovino entre otros, con el co-patrocinio del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), llevaron el caso de Correa Belisle ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y denunciaron la violación de sus derechos a la libertad ambulatoria, debido proceso y acceso a la justicia. del militar. La CIDH tomó el caso (Caso 11.758), y recién el 14 de agosto de 2006 el Estado Argentino reconoció su responsabilidad internacional en este caso y le pidió disculpas a la víctima. Además la ministra Garré envió al Congreso de la Nación un proyecto para reformar el sistema de administración de justicia militar que terminó en la ley 26.394 del 2008, que derogó el Código de Justicia Militar y se aprobó el Código de Disciplina de las Fuerzas Armadas, una importante derivación de este terrible hecho.
Pero, antes hubo otra consecuencia muy importante, el entonces Presidente de la Nación Argentina, Carlos Saúl Menem firmó el 10 de junio de 1994, el decreto que suspendía el Servicio Militar Obligatorio (SMO), en agosto de 1994 firma el decreto 1537 que suspendió el SMO y establecía otro voluntario. El 14 de diciembre de 1994 el Senado aprobó la ley 24.429 creando el servicio militar voluntario (SMV). En la actualidad hay más de 20.000 soldados voluntarios.
Ahora aparecen algunos que piden una consulta popular donde se opine sobre la posibilidad de volver a instalar el servicio militar obligatorio, por lo tanto es importante recordar esto, pero también los conscriptos muertos en Malvinas y en el crucero General Belgrano y los miles de otros abusos y tormentos que sufrieron los "colimbas" durante más de 90 años. El SMO fue impuesto en 1901 durante la segunda presidencia de Julio A. Roca, cuando a instancias del entonces ministro de Guerra coronel Pablo Riccheri se aprobó la ley Nº 4301. Durante el debate en el Congreso de 1901 los argumentos para aprobar la ley eran la necesidad de "modernizar" las instituciones y "promover políticas activas para la integración social y cultural de la población", Riccheri, lo defendía sosteniendo que el SMO se convertiría en "un poderoso instrumento de moralización pública", para Riccheri y Roca la conscripción estaba llamada a cumplir un papel disciplinador, moralizador y nacionalizador de la población que habitaba nuestro país. Todos esos argumentos son muy similares a los que actualmente sostienen algunos funcionarios y varios de los que manipulan el sentido común para que vuelva el SMO.
Entre los 18 acusados, sobresalen los
nombres de los represores condenados por otras causas, Luciano Benjamín Menéndez
y Luis Fernando Estrella. Dentro del marco de echar luz al vínculo de los
civiles -que se desempeñaron como funcionarios de la Justicia- con los mandos
militares, se sentará en el banquillo de acusados el ex Juez Federal Roberto
Catalán.
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