Justicia para Cristian Ferreyra y solidaridad con todos los que luchan defendiendo sus tierras

La Secretaría de Derechos Humanos de CTERA expresa su apoyo y solidaridad con la familia de Cristian Ferreyra en el juicio iniciado el pasado 3 de noviembre a los acusados de su asesinato y después de tres años de espera.
 

En este juicio oral realizado en la localidad de Monte Quemado de la provincia de Santiago del Estero, están imputados el acusado de ser el autor intelectual del crimen, el empresario Jorge Antonio Ciccioli, el autor material del homicidio, Francisco Javier Juárez y los acusados de "operar como banda armada" Carlos Abregú, Mario Abregú, Víctor Juárez, Walter Juárez y Demetrio Palomo, todos sicarios del agronegocio. Estos imputados también deberán responder por lesiones graves en perjuicio de César Godoy y otros delitos, entre ellos abuso de armas y amenazas, en perjuicio de César Ferreyra, Ricardo Galván, Angela Juárez y Mirta Salto. Palomo fue excluido de este proceso para una nueva instancia, por "no encontrarse en condiciones psicofísicas".

El tribunal lo preside Elida Suárez de Bravo y lo integran los camaristas Angelica Peralta de Aguirre y Federico López Alzogaray.

Cristian Ferreyra tenía 23 añoscuando fue baleado al intentar resistir el desalojo en el campo donde vivió toda su vida con su familia. Su asesinato ocurrió el 11 de noviembre del 2011 en el territorio de la Comunidad de San Antonio, del pueblo indígena  lule-vilela, en el norte santiagueño, y en el marco del conflicto por el avance de la frontera agropecuaria sojera en el norte argentino. Los pueblos originarios y organizaciones como el Movimiento Campesino de Santiago del Estero-Vía Campesina (Mocase-VC), resistían y siguen resistiendo los embates del avance del capitalismo sobre sus territorios ancestrales. Cristian era miembro del Mocase y junto a su comunidad hacía meses que denunciaban el acoso y las agreciones de los empresarios que aún pretenden sus tierras comunitarias y que no les quieren dejar mantener su forma de vida.

 En ese noviembre del 2011, el Mocase-VC emitió un comunicado: “Esto ocurre con complicidad y alevosía de parte de autoridades provinciales y funcionarios del Poder Judicial e instituciones como la Dirección Provincial de Bosques, que autorizó desmonte en un lugar donde viven familias campesinas indígenas de varias generaciones. A todos ellos los hacemos responsables directos del asesinato de Cristian”.