Ocho represores condenados por reprimir trabajadores

Los represores en el juicio

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de La Plata -integrado por los jueces Carlos Rozanski Germán Castelli y Cesar Álvarez-  condenó a prisión perpetua por los delitos de lesa humanidad de homicidios calificados, privaciones ilegales de la libertad agravadas y tormentos, al ex Comandante de la Fuerza de Tareas 5 Jorge Alberto Errecaborde, al del Batallón de Infantería de Marina Nº 3 (BIM 3) José Casimiro Fernández Carró y al ex jefe de Operaciones e Inteligencia del BIM 3 Roberto Eduardo Fernando Guitian. 

 

Además condenó a 25 años de prisión al ex comandante de Operaciones Navales de la Armada Antonio Vañek y a su par de la FT5 y ex Director del Liceo Juan Carlos Herzberg y al ex jefe de la Zona Río de La Plata de la Prefectura Luis Rocca, al ex oficial Eduardo Antonio Meza y al ex jefe de Prefectura Carlos José Ramón Schaller.
 

Los genocidas (cinco ex marinos y tres ex prefectos), planificaron, secuetraron, asesinaron y torturaron a trabajadores de  fábricas de la zona del parque industrial de Berisso y Ensenada, como Propulsora (grupo Techint), Swift, Astilleros Río Santiago e YPF, entre otras y los homicidios de Miguel Orlando Galván Lahoz y Roberto Pampillo. Los represores operaron desde  la Prefectura Naval de La Plata y el Liceo Naval Militar, y en algunos casos el B.I.M. 3 y el Hospital Naval, los secuestrados eran interrogados y torturados, luego los trasladaban al centro clandestino de detención que estaba en las calles 1 y 60 de La Plata, a la Unidad Penitenciaria N° 9 o a la Unidad Penitenciaria N° 8 de Olmos, donde estuvieron años presos .

 

Entre los trabajadores de los Astilleros Río Santiago, secuestrados y sometidos a tormentos y que pudieron declarar en el juicio están Pedro Niselski, Mario Alberto Peláez, Miguel Reinaldo y Roberto Miguel Aguirre. 

 

Por otra parte el Tribunal y  por mayoría, resolvió revocar las prisiones domiciliarias de las que gozaban varios de los represores y ordenó que se reparen los legajos laborales de las víctimas, para dejar constancia de los verdaderos motivos del cese de su trabajo en los Astilleros Río Santiago, YPF y en Propulsora Siderúrgica del grupo Techint.

 

Falta investigar la responsabilidad de los empresarios y funcionarios en estos delitos de lesa humanidad.

 

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Doce represores condenados en Jujuy por crímenes de lesa humanidad

Culminó ayer el tercer juicio por crímenes de lesa humanidad cometidos en Jujuy. Ayer el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de esa provincia  -integrado por los jueces Gabriel Eduardo Casas, Mario Marcelo Juárez Almaráz y Federico Santiago Díaz- condenó a 12 represores (un ex militar y 11 ex agentes del Servicio Penitenciario Federal), por privación ilegítima de la libertad, tortura y tormentos contra 90 víctimas durante el "Operativo Aire 718" en octubre de 1976.

 
Al finalizar el proceso judicial, que comenzó el 6 de noviembre del 2014, el tribunal condenó a 14 años de prisión a los represores Rogelio Mason Iglesias, Osvaldo Chiaparo, Jorge Néstor Ibáñez, Arnaldo Ezequiel Jorge, Eduardo José Juárez, Ricardo César Juárez, Juan Carlos Pugni, Jaime Oscar Quintela, Cristóbal José Antonio Retamoso y Andrés Aldo Savorani. Por su parte condenó a 12 años de prisión a Horacio Domingo Marengo y dispuso la absolución de Juan Héctor Guenchal y de Rubén Eduardo Zinc.

En las audiencias se investigaron los hechos ocurridos el 7 de octubre de 1976, cuando fueron embarcados en Jujuy con destino a Buenos Aires y en distintos aviones, 90 detenidos de la unidad penal de barrio Gorriti, los 78 hombres en un avión Hércules y las 12 mujeres en un avión más pequeño, y custodiados por efectivos del Servicio Penitenciario Federal.

Penal Gorriti

Esos 90 presos políticos fueron sacados de sus celdas de esa unidad penal  y los trasladaron al aeropuerto jujeño El Cadillal, a 35 kilómetros de la capital, en un operativo que según libros del penal estuvo a cargo del entonces Tte. 1° Horacio Marengo.

En el viaje en los aviones, los detenidos permanecieron con los ojos vendados, atados por parejas a una barra de hierro en el medio del avión y mientras los golpeaban con bastones de goma, entre otros maltratos como amenazas de arrojarlos del avión.

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Hubo Justicia para Ragone y los salteños

Miguel Ragone

El Tribunal Oral Federal de Salta, integrado por Federico Díaz, Mario Juárez Almaraz y Marta Snopek, junto a quien oficia de cuarta jueza, Alejandra Cataldi, condenaron  a prisión perpetua a los represores ex militares Miguel Raúl Gentil, Virtom Modesto Mendíaz y al ex policía Joaquín Guill, y también por unanimidad, resolvieron condenar a los ex policías Antonio Saravia a tres años de prisión, y a Abel Guaymás y Néstor Liendro a dos años de prisión

Este fue el séptimo juicio por delitos de lesa humanidad de la Provincia de Salta y la segunda causa resuelta por el secuestro, la desaparición y el asesinato del ex gobernador Miguel Ragone. El secuestro fue el 11 de marzo de 1976, en la zona del monumento al general Martín Miguel de Güemes, en la ciudad de Salta y cerca del domicilio del ex mandatario. 

Este juicio oral y público, iniciado  el 2 de diciembre de 2014, fue por delitos de lesa humanidad en perjuicio de 18 víctimas, de las cuales cinco fueron asesinadas y cuatro siguen desaparecidas, como consecuencia de esos crímenes cometidos entre abril de 1975 y septiembre de 1976.

A  Saravia, Guaymás y Liendro  se los acusa de haber cooperado para liberar la zona en la que el ex gobernador salteño fue secuestrado, y de evitar las acciones investigativas correspondientes, así habrían garantizado la impunidad y el ocultamiento de los autores del secuestro, desaparición y homicidio de Ragone.

Las víctimas de los crímenes de lesa humanidad fueron Carlos César Martínez, Ramón Díaz Romero, Esteban Locascio Terán, Alfinio Elido Oroño, Mario Amelunge Vargas, Pablo Salomón Ríos, Nital Díaz, Ricardo Munir Falú, Lucrecia Barquet, Hugo Maza, Miguel Ragone, Santiago Arredes, Margarita Martínez de Leal, Rubén Yañez Velarde, Lidia Gómez de Colqui, Rolando Gómez, Alfredo Colqui y Luis Obrero Destello Iñíguez Vázquez

 Mulhal

En un primer juicio oral por el secuestro, la desaparición y el asesinato de Ragone, e 11 de octubre de 2011 fueron condenados a prisión perpetua los represores Carlos Alberto Mulhal, y Gentil y Guill.

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12 represores condenados en Rosario

El Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de Rosario, integrado por los jueces Otmar Paulucci, Ricardo Vásquez y José María Escobar Cello, y despues de 14 meses de audiencias en las ciudades de San Pedro, Pergamino y San Nicolás, condenó hoy a 12 represores por los delitos de lesa humanidad de privación ilegal de la libertad, tormentos, amenazas y homicidios cometidos en esas ciudades. Manuel Saint Amant, Antonio Federico Bossie, Norberto Ferrero y Fernando Quintana fueron condenados a la pena de prisión perpetua.

Por su parte Edgardo Mastandrea fue condenado a 20 años de prisión, se condenó a 12 años de reclusión a Carlos Enrique Rocca, a 6 años para el oficial principal Roberto Guerrina, a penas de 4 años de cárcel para Clementino Rojas y de 3 años para  Julio Almada, Luis Antonio Sinigaglia y Miguel Angel Lucero; Juan Alberto González deberá cumplir con 3 años y seis meses. Todos los últimos ex policías bonaerenses.

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Terminó el primer juicio en Olavarría con condenas a cuatro represores

Luego de 37 años de lucha por justicia de los sobrevivientes y familiares, terminó el primer juicio por los crímenes cometidos en el centro clandestino de detención (CCD) de Monte Peloni y en otros de las ciudades de Olavarría, Las Flores y Tandil. Ayer los jueces Roberto Falcone, Mario Portela y Néstor Parra, del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Mar del Plata, condenaron, por crímenes de lesa humanidad, a prisión perpetua a los represores Aníbal Ignacio Verdura, Omar Antonio "pájaro" Ferreyra y Walter Jorge “vikingo” Grosse. Por su parte el represor Horacio Rubén Leites recibió una condena de sólo ocho años por tormentos y privación ilegítima de la libertad en perjuicio de 21 personas. Además en este juicio se pudo empezar a ver la colaboración y la participación de civiles con la represión ilegal en la ciudad de Olavarría.

Vikingo Grosse y el pájaro Ferreyra

A los cuatro los condenaron los delitos de privación ilegítima de la libertad (sólo los secuestros perpretados entre septiembre y noviembre de 1977), tormentos y homicidios calificados, cometidos en el circuito represivo que comprendía los CCD de la Comisaría de Olavarría, del Regimiento de Caballería de Tanques 2 “Lanceros General Paz” de Olavarría, la Brigada de Investigaciones de Las Flores, el establecimiento Monte Peloni (en las sierras Bayas de Olavarría), y en la localidad de Tandil el CCD “La Huerta”, a cargo del Comando de la Brigada de Caballería Blindada. Todos estos integraban el Área Militar 124, que estaba a cargo del represor Ignacio Aníbal Verdura, quien también era el Jefe del Regimiento de Caballería de Tanques nº2 y del CCD en ese regimiento (Legajo de CONADEP 2556). Entre otros delitos Verdura fue condenado por los asesinatos de  de Jorge Oscar Fernández, Alfredo Maccarini y de los matrimonios de Juan Carlos Ledesma y Amelia Isabel Gutiérrez de Ledesma, y de Rubén Argentino Villeres y Graciela Follini de Villeres. Hay que recordar que el 24 de mayo de 1986, cuando Verdura era general de Brigada, fue retirado obligadamente por el atentado fallido contra el presidente Raúl Alfonsín.  El tribunal también decidió revocar la prisión domiciliaria de Verdura (en  Santo Tom, Corrientes), y ordenó su “inmediato traslado” al hospital de Ezeiza, ya que "podría conspirar contra la realización" del segundo proceso. En el caso de Ferreyra fue muchos años funcionario municipal como director de Control Urbano, del intendente Helios Eseverri.

Monte Peloni. Imagen: Guadalupe Lombardo

A fines del 2015 se iniciará el juicio oral denominado Monte Peloni II, en el que hay 70 acusados, entre ex militares, ex policías y ex agentes penitenciarios. Carmelo Vinci, sobreviviente y uno de los testigos principales, dijo a Infojus Noticias al terminar la audiencia, que “Lamentablemente este juicio se tuvo que desdoblar, en la segunda parte es en la que Leites está más implicado, como tantos otros que han sido mencionados en esta primera parte". Hace unos meses Araceli Gutiérrez, una de los sobrevivientes de Monte Peloni, le dijo a Página 12 “Tengo parte de familia, compañeros, amigos desaparecidos o muertos. Mi presencia acá es una deuda con ellos... yo era la única mujer en Monte Peloni, me tenían encerrada sola, encapuchada, en uno de los cuartos del fondo, ése que tiene piso de madera”. Años después ella se mudó con su familia al lado del centro clandestino, para cuidar que no lo destruyeran.

Verdura, cuando violó la prisión domiciliaria en el 2010 y cuando torturaba.

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Cuatro condenas por la apropiación de ocho bebés en el Hospital Militar de Campo de Mayo

En otra sentencia en busca de memoria, verdad y justicia, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 6 de la Capital (TOF), integrado por los jueces María del Carmen Roqueta, Julio Panelo y Jorge Humberto Gettas, finalizó hoy el 17º juicio oral del 2014. Fue por la apropiación de ocho bebés nacidos en la maternidad clandestina del Hospital Militar de Campo de Mayo. Eran los hijos de las detenidas-desaparecidas Marta Graciela Álvarez, Susana Stritzler, Mónica Masri, Valeria Belaustegui Herrera, María Eva Duarte, Myriam Ovando, Silvia Quintela Dallasta y Liliana Isabel Acuña. De los ocho, sólo tres pudieron recuperar su identidad hasta ahora, son Francisco Madariaga Quintela, Valeria Gutiérrez Acuña, y Catalina de Sanctis Ovando. Asimismo se condenó a los represores por la privación ilegal de la libertad en perjuicio de cuatro víctimas de la dictadura cívico militar.

Imagen de Infojus Noticias

En su resolución el TOF condenó al genocida Santiago Omar Riveros, el responsable de la zona militar IV, a 30 años de prisión, unificando la pena con una anterior condena en la pena de prisión perpetua. Además, sentenció al dictador Reynaldo Bignone a 16 años de prisión, unificando la pena con una anterior condena, en la pena de 25 años de prisión, esta es la quinta condena a este genocida por crímenes de lesa humanidad. Al ex médico militar Norberto Atilio Bianco se le impuso 13 años de prisión por la apropiación de dos menores a quienes anotó como propios y 7 años para la obstetra Yolanda Arroche de Sala García, como partícipe necesaria del delito de falsificación de documento público, en el caso del certificado de nacimiento de Francisco Madariaga Quintela, Pero, es lamentable que fuera absuelto Raúl Eugenio Martín ex  jefe del servicio de clínica del Hospital Militar de Campo de Mayo; sobre esto el fiscal Martín Niklison aseguró a Infojus Noticias que la decisión del Tribunal “es por duda, con disidencia de la jueza María del Carmen Roqueta. Nosotros entendemos que no hay duda, por eso vamos a recurrir a Casación”. Miembros de la agrupación H.I.J.O.S. Capital le dijeron a Telam que  “ninguno de los genocidas de Campo de Mayo dijo dónde están nuestros hermanos apropiados...seguimos exigiendo la verdad” .

En el 2012, este Tribunal Oral en lo Criminal N° 6, con casi la misma conformación determinó que durante la última dictadura cívico-militar existió un plan sistemático de apropiación de bebés y condenó, entre otros, al genocida Videla a 50 años de prisión.

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El Vesubio: Cuatro represores fueron condenados a prisión perpetua

La secretaria de Derechos Humanos de CTERA expresa su enorme beneplácito al conocerse la sentencia a los cuatro imputados que fueron condenados, en el día de hoy, a prisión perpetua.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 4 de la Capital, compuesto por los jueces Néstor Costabel, Horacio Barberis y Eduardo Carlos Fernández, condenó hoy a prisión perpetua a los ex militares Gustavo Adolfo “el Francés” Cacivio, Jorge Crespi, Federico Antonio Minicucci (uno de los jefes del CCD) y al ex penitenciario Néstor Norberto "castro" Cendón, por los crímenes de lesa humanidad de privación ilegítima de la libertad, tormentos, violación y homicidio, en perjuicio de 204 víctimas; cometidos en el centro clandestino de detención (CCD), conocido como “El Vesubio”. Este es el segundo juicio oral por delitos de lesa humanidad cometidos en ese CCD; el primer juicio terminó en septiembre de 2011 y entonces fueron condenados otros siete represores. En este juicio hubo un quinto imputado, que era Faustino Svencionis, pero falleció impune antes de ser condenado.

Se amplió la acusación por homicidios y delitos sexuales, como habían pedido las querellas y la fiscalía, y el tribunal dio a lugar.  Las detenciones  de los condenados se mantendrán en las mismas condiciones en las que llegaron al proceso. 

El juicio "VESUBIO II" inició 13/02/2014, el CCD estaba ubicado en Camino de Cintura y Riccheri, en la localidad bonaerense de La Matanza; bajo dependencia operacional de la Brigada de Infantería Mecanizada X, subordinada al Primer Cuerpo del Ejército que comandaba el genocida Carlos Guillermo Suárez Mason. Integraba  la subzona represiva  11, la cual  se dividía en seis áreas (de la 111 a la 116), el Vesubio funcionaba en el área 114, junto a los CCD el “Protobanco o Puente 12”, el “Banco, Sheraton y Omega”.

Se pudo comprobar que entre las víctimas que pasaron por este CCD, estaban Raymundo Gleyser, Haroldo Conti y  Héctor Germán Oesterheld, además de Marta Goldberg y Laura Katz; por la violación en dos oportunidades contra estas dos secuestradas fueron condenados Cendón y Crespi. El represor Cendón había declarado como testigo ante la Comisión Nacional por la Desaparición de Personas (legajo CONADEP 7170); en su testimonio describió con detalles lo que sucedió en el Vesubio, los represores que actuaban y la estructura edilicia de las tres casas que abarcaba, las cuales fueron demolidas en 1980. Tiempo después Cendón negó esas declaraciones diciendo que fue obligado a firmarlas y que  la Conadep lo había extorsionado “a fin de enlodar al personal militar”, pero en 1987 los miembros de la Conadep fueron sobreseídos de esa acusación. Por su parte, Cacivio fue condenado hace poco por su actuar como agente de inteligencia en el CCD de La Cacha, cercano a la ciudad de La Plata.

Esta sentencia es resultado de una inclaudicable bandera que busca la memoria, verdad y justicia, impulsada por los organismos de derechos humanos, organizaciones políticas y sindicales en todo el país. Es necesario que los responsables sean juzgados y condenados para construir una sociedad más justa e igualitaria, con el acompañamiento de políticas de reparación y memoria, como las implementadas en esta última década. Este es el 16º juicio oral que finaliza este año, con 75 represores condenados.

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Un solo condenado por el secuestro de Marta Querejeta

Los jueces Marta Milloc, Diego G. Barroetaveña y Héctor O. Sagretti, del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de San Martín, determinaron que la pena  Carlos Ramón Schaller, miembro de la Prefectura, sea de sólo tres años de cumplimiento efectivo. Pero fueron absueltos los otros dos imputados, Oscar Rubén Montagano, ex oficial auxiliar de la Prefectura  y el ex médico de la policía de la Provincia de Buenos Aires Carlos Quetglas. 

Los tres estaban acusados del secuestro (el 5 de diciembre de 1974 por un grupo de tareas), a Marta Querejeta, y los tormentos a la joven, que entonces tenía 16 años y un embarazo de dos meses. 

Marta Querejeta

El fiscal Marcelo García Berro había pedido, en su alegato, penas de entre 14 y 2 años para los acusados, mientras que la querella, representada por Pablo Llonto, pidió entre 20 y 14 años. El fiscal consideró que está probado que Quetglas extendió un certificado de salud sin siquiera revisar a Querejeta y que no denunció los tormentos a los que fue sometida la víctima que lo consultó. También se determinó que Montagano estaba dentro del Ford Falcon ocupado por el grupo de tareas secuestrador.

Los fundamentos de la sentencia se darán a conocer el próximo 12 de diciembre.

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Rosario: Nueve condenas por delitos de lesa humanidad.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de Rosario dio a conocer hoy la sentencia en un juicio oral por crímenes de lesa humanidad en perjuicio de 43 víctimas, que fueron cometidos entre 1976 y 1978 por miembros de la policía de Santa Fe que se desempeñaban en el Servicio de Informaciones (SI) de la policía rosarina, que estaba ubicado en San Lorenzo y Dorrego, que dependía del genocida Ramón Genaro Díaz Bessone, Comandante del Segundo Cuerpo de Ejército.

Servicio de Informaciones de Rosario

El tribunal, integrado por los jueces Noemí Marta Berros, María Ivón Vella y Roberto Manuel López Arango, condenó a los represores del SI por los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada, tormentos calificados y asociación ilícita y los asesinatos de Conrado Galdame, Rory Chuang Céspedes y su hermana María Antonieta. Las condenas que impuso fueron  la pena de prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua para Carlos Ulpiano "caramelo" Altamirano, de 22 años de prisión para Lucio César "ronco" Nast, Julio Fermoselle, Ernesto "Managua" Vallejo y Eduardo Dugour; 20 años de prisión para Ramón Telmo "rommel" Alcides Ibarra; 18 años de prisión para Ovidio Olazagoitía, 12 años de prisión para José Rubén “menguele"Lo Fiego y 8 años de prisión para Ricardo José Torres; Pedro Travagliante fue absuelto. De todos estos represores sólo Lo Fiego ya estaba condenado en el 2012.

Los represores en el juicio. Foto Rosario3.com/Alan Monzón

Luego de ser detenido , en su declaración indagatoria del 26 de abril de 2009, Altamirano acusó a los funcionarios judiciales de "prevaricato, privación ilegítima de la libertad y abuso de autoridad", y les dijo: "No tengo nada contra ustedes pero dentro de dos años nos vamos a ver la cara de nuevo". 

Sobrevivientes, familiares y organizaciones de derechos humanos, sociales, gremiales y políticas, agrupados en el espacio Juicio y Castigo Rosario, esperaron la sentencia con un acto frente a Tribunales rosarinos en la vereda de Oroño 940, que incluyó una radio abierta y un homenaje a la Madre de la Plaza 25 de Mayo, Herminia Severini, fallecida el mes pasado.

Agustin Feced

Esta causa se conoce como "Feced 2" y es un desprendimiento de la megacausa Díaz Bessone, que se terminó de juzgar en Rosario en el 2012; el nombre es por el entonces interventor de la policía rosarina Agustín Feced, fallecido ex comandante de la Gendarmería Nacional. Feced nació en 1921 y fue declarado muerto por el ejercito en 1986, poco antes de la aprobación de las leyes de Obediencia Debida y de Punto Final; pero hay denuncias de que siguió vivo en Paraguay y en la CABA.  La causa Feced se empieza a tramitar en el año 1983 y Agustín Feced estaba imputado de 270 delitos de lesa humanidad.

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Condenas a seis represores en otro juicio por los crímenes en Campo de Mayo

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de San Martin dio a conocer hoy su veredicto en  el undécimo Juicio oral por delitos de lesa humanidad de la megacausa Campo de Mayo. En este juicio se investigaron los allanamientos ilegales, los casos de robo agravado y los secuestros, tormentos  y desapariciones,  en perjuicio de 60 víctimas, la mayoría obreros de los astilleros Astarsa y Mestrina de la localidad de Tigre y de las empresas ceramistas Porcelanas Lozadur y Cattáneo, también de la zona norte del Gran Buenos Aires.
 

 

El tribunal condenó por los crímenes de lesa humanidad que cometieron, a la pena de prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua al genocida Santiago Omar Riveros; a  23 años de prisión al genocida Reynaldo Benito Bignone; 17 años de prisión a Luis Sadi Pepa; 16 años de prisión a  Eugenio Guañabens Perelló y nueve años de prisión a Juan Demetrio Luna y Juan Carlos Gerardi. Fueron absueltos los ex prefectos Roberto Julio Rossin, Alejandro Puertas y Héctor Omar Maldonado, estas absoluciones despertaron la indignación de los familiares y sobrevivientes presentes que en silencio salieron de la sala y se agruparon en la puerta del Tribunal para expresar su descontento.

Graciela Villalba una de las hijas de Mauricio Villalba obrero de ASTARSA desaparecido, dijo en su testimonio que: “He cumplido 60 años y me doy cuenta de que he pasado 38 pidiendo justicia", a su padre lo secuestraron el 25 de mayo de 1976, a las 2.30 de la madrugada, cuando los represores entraron a su casa pateando la puerta, lo golpearon frente a sus cinco chicos menores y se lo llevaron. Esa misma noche fueron secestrados otros siete obreros navales. 

El Tribunal integrado por los jueces Héctor Omar Sagretti, Marta Isabel Milloc y Diego Gustavo Barroetaveña, resolvió también girar copia de las actuaciones en este juicio oral al juzgado de primera instancia, para que, como pidieron  los querellantes y los fiscales, se investiguen las responsabilidades de las autoridades empresariales de los astilleros Astarsa y Mestrina y de las ceramistas Lozadur y Cattáneo en los delitos investigados. Así se comenzaría a investigar a los civiles que  fueron los verdaderos autores del genocidio y del terrorismo de Estado, que se asentó bajo un modelo económico, como sostuvieron los querellantes.
 

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Dos represores fueron condenados a 16 años de prisión en Rosario

 

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Fe, formado por  los jueces Luciano Lauría, José María Escobar Cello y María Ivon Vella,  condenó el pasado miércoles 1º de octubre a 16 años de prisión a dos represores, por crímenes de lesa humanidad que cometieron en esa provincia contra Adam Noe Campagnolo, el ex intendente de la ciudad de Santa Fe, depuesto por el golpe cívico militar del 24 de marzo de 1976, y del entonces presidente de la Cámara de Diputados provincial Rubén Dunda.

Jorge Diab

Los condenados por los delitos de privación ilegal de la libertad, imposición de tormentos y allanamiento ilegal, son el exmilitar Jorge Roberto Diab (ex segundo jefe del Destacamento de Inteligencia 122) y el ex policía provincial Ricardo José Salomón, ex oficial auxiliar de la Guardia de Infantería Reforzada (GIR).

Los jueces del tribunal también dispusieron apartar del juicio al represor José María González por problemas de salud, ya que está internado en Buenos Aires. Este ex militar ya cumple una condena a prisión perpetua por la desaparición del militante  Mario Osvaldo Marini y la privación ilegal de la libertad de su esposa, Ana María Cavadini, ocurridas en diciembre de 1975. Por la enfermedad de González ya se había postergado por más de 20 días la lectura de la sentencia, prevista para el lunes 8 de septiembre.

En su alegato, el Ministerio Público Fiscal solicitó la pena de 20 años de prisión para González y para Diab, y de 18 años para Salomón.

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Los apropiadores de Pablo Gaona Miranda fueron condenados

Ayer el Tribunal Oral Federal nº5 de la Capital Federal, integrado por los jueces Oscar Hergott, Gabriel Nardiello y Adriana Palliotti, condenó al coronel retirado Héctor Salvador Giribone a 8 años de prisión por el robo y ocultamiento de identidad de Pablo Javier Gaona Miranda y le dictó 8 años de prisión Salvador Norberto Girbone, uno de los apropiadores, por considerarlo partícipe necesario en el ocultamiento de la identidad a un menor y a la apropiadora, Haydeé Raquel Ali Ahmed, se la condenó a 6 años, como coautora del ocultamiento

Pablo es el nieto recuperado 106, nació el 13 de abril de 1978 y fue secuestrado el 14 de mayo de 1978, al mes de vida, junto a sus  padres biológicos María Rosa Miranda y Ricardo Gaona Paiva a quienes nadie los volvió a ver, por lo que continúan desaparecidos. Héctor Girbone es el militar retirado que entregó al bebé un tiempo después del secuestro y el certificado de nacimiento lo firmó el médico militar Ricardo Nicolás Lederer, ese falso documento decía que el niño había nacido en un hospital de la localidad de Virreyes el 22 de julio de 1978, también le robaron más de 4 meses de vida. El médico Ricardo Lederer no fue juzgado porque se suicidó en el 2012, a poco de que se confirmara  la verdadera identidad de Pablo.

Ricardo gaona y María Rosa Miranda
La fiscalía (Guillermo Friele y Pablo Parenti) y la querella de Abuelas habían pedido penas mayores que las que dictó el tribunal, eran 12 y 13 años, para Haydeé Ahmed y Salvador Girbone, quienes lo inscribieron como hijo biológico, y 15 años para el teniente coronel retirado Héctor Girbone, su entregador.

La defensa de los apropiadores estuvo encabezada por el ex juez Guillermo Tiscornia, que fue destituido en 2007 por el Consejo de la Magistratura por “mal desempeño de sus funciones”.

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La Rioja: Perpetua para Estrella y Menéndez por el asesinato de Monseñor Enrique Angelelli

Hoy, a casi 38 años de su asesinato, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de La Rioja -integrado por los jueces José Camilo Nicolás Quiroga Uriburu, Carlos Julio Lascano y Juan Carlos Reynaga- condenó a prisión perpetua a los genocidas Luciano Benjamín Menéndez y Luis Fernando Estrella,  por el asesinato de monseñor Enrique Angel Angelelli. Desde CTERA expresamos nuestro beneplácito por esta sentencia, así como abogamos para que estos genocidas permanezcan en cárcel común cumpliendo las condenas recibidas.

En la sentencia estuvo presente el compañero Rogelio De Leonardi, Secretario de Derechos Humanos de CTERA, quien expresó que "valoramos la resolución del tribunal que exhortó a investigar a los civiles que fueron parte de la persecución contra Monseñor, su pastoral y los luchadores populares riojanos." Además apuntó contra Eduardo Menem "quien sigue siendo operador político del gobernador riojano y fue quien montó el DIario El Sol, desde donde se hacían las tareas de inteligencia contra nuestros compañeros" y afirmó que Eduardo Menem debe ser juzgado por su participación en el genocidio y en los años previos. 

El juicio oral se había iniciado el 4 de noviembre del año pasado luego de varios meses de demora, ya que fue en  noviembre del 2011 que el juez federal  de La Rioja Daniel Herrera Piedrabuena procesó a cinco represores por considerarlos responsables del homicidio calificado de Angelelli e intento de asesinato de  Arturo Pinto (sacerdote y chofer del obispo) y por asociación ilícita agravada pero, antes de inicio del juicio, tres de ellos murieron impunes, son los genocidas Videla, Harguindeguy y Juan Carlos "La Bruja" Romero. Varios otros murieron antes, durante los 37 años en que tuvieron impunidad, como Osvaldo Pérez Battaglia, Pedro Malagamba y Lázaro Aguirre, entre otros.

El Tribunal en su fallo dijo que  "...los hechos acontecidos el dia 4 de Agosto de 1976 a hs. 15.00 aproximadamente [cerca de la localidad de Punta de los Llanos, a unos 100 kilómetros al sur de la capital riojana] , oportunidad en la que se terminó con la vida del Obispo de La Rioja Monseñor Enrique Angel Angelelli y se intentó terminar con la vida del Sacerdote Arturo Pinto, fueron consecuencia de una acción premeditada, provocada y ejecutada en el marco del terrorismo de Estado y por lo tanto constituyen delitos de lesa humanidad, imprescriptibles e inanmistiables...". También se aceptó de la solicitud de las querellas sobre la remisión de antecedentes al Fiscal Federal para "...que se investigue la presunta comisión de delitos por Héctor Maximiano Payba, Capitán Juan Carlos MüIler, Juan Fanor del Moral, Juan Carlos Cisterna, Amado Menem, Carlos Orellana, Fiore Cecona, Manuel Menem, César Menem, Manuel Yañez, Roberto Pastor Avila, Simón Navarro, José Alejandro Lucero, Luis Maria de la Puente, Humberto Páez, José Ricardo Furey, Luis Saavedra, Tomás Álvarez Saavedra, Cap. Norberto Maggi, Cap. Cerruti..."

La persecución contra Monseñor Angelelli fue eminentemente civil. Desde su llegada a La Rioja , Angelelli y su pastoral sufrieron el hostigamiento de los grupos ultrarreaccionarios compuestos por miembros de las familias tradicionales de la sociedad riojana. Así, desde 1972 la campaña persecutoria tendrá eje en la prensa, especialmente en el Diario el Sol, que centralizará las operaciones de deslegitimación e identificación de Angelelli y de los militantes populares en general, en muchos de sus editoriales se referían a Monseñor con el sobrenombre “Satanelli”. Tanto Tomás Álvarez Saavedra, Furey y varios de los miembros de la familia Menem incluidos en la parte del fallo citado antes, fundaron y/o formaron parte de la dirección del Diario el Sol. Luego del homicidio en este y en otros diarios y medios de comunicación se instaló la versión de los asesinos y sus cómplices, en la cual Angelelli había fallecido en un accidente.

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Brusa, el ex juez recibió otra condena por crímenes de lesa humanidad

De izq. a der, el ex juez Brusa , Ramos y Perizotti.

 El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Fe, integrado por los jueces Lilia Carnero, Otmar Paulucci y Jorge Venegas Echague, condenó hoy al ex juez federal de Santa Fe, Víctor Hermes Brusa, a 7 años de prisión, a los ex policías Eduardo Alberto "Curro" Ramos Campagnuolo  y Juan Calixto Perizzotti, a 9 y 8 años de prisión, respectivamente, y a la ex guardiacárcel María Eva Aebi, a 5 años de prisión, como coautores del delito de "asociación ilícita" en perjuicio de 14 personas, delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico militar. Este proceso comenzó el 8 de mayo en la ciudad de Santa Fe.

Todos estos represores ya fueron condenados en 2009 por otros delitos de lesa humanidad; por eso se les unificaron las condenas, a Brusa (detenido en el Instituto de Detención “La Capital” Unidad Penal Nº II), le quedan 22 años de cárcel; como Ramos y Perizotti recibieron las condenas de 9 años y 8 años, sus penas fueron unificadas en 24 años y 23 años de prisión, respectivamente y  Aebi, tuvo una condena de 5 años de prisión,  unificándosele la condena en 20 años de prisión. Los represores Héctor Romeo Colombini y Mario José Facino estaban imputados pero fallecieron sin condena.

 Anatilde Bugna, Stella Vallejos y Patricia Traba, ex presas políticas, torturadas, expresaron a Télam que "se hizo justicia, estamos muy conformes, esperamos mucho tiempo y si bien el dolor seguirá estando, esto nos fortalece".

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Otras seis condenas a represores por crímenes de lesa humanidad contra docentes y otros trabajadores en Jujuy

Abogados defensores y algunos condenados

El 29/05/2014 el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Jujuy, que integran Fátima Ruiz López, Daniel Morín y Federico Díaz,  dictó la sentencia del 2º Juicio por delitos de lesa humanidad en Jujuy; en ella se  fijó las penas para  ex militares y guardiacárceles. A prisión perpetua se condenó a los represores Antonio Orlando "tono" Vargas, César  Darío Díaz  y Orlando Ricardo Ortiz; por su parte el tribunal impuso 9 años de prisión para Herminio Zárate, 12 años de prisión para Carlos Alberto Ortiz y 15 años de prisión para Mario Marcelo Gutiérrez. Antonio Vargas, ex interventor en el Penal jujeño de Villa Gorriti,  ya fue condenado a 25 años por otros crímenes de lesa humanidad. El juicio comenzó el 4 de septiembre del año pasado y, durante 39 audiencias, declararon más de cincuenta testigos; los fiscales fueron Francisco Santiago Snopek y Pablo Miguel Pelazzo.

A los represores se los condenó  "en el marco de prácticas sociales genocidas",  por las detenciones ilegales, torturas y homicidios contra siete víctimas que fueron Dominga Álvarez De Scurta (docente),  María Alicia del Valle Ranzoni (docente), Juana Francisca Torres Cabrera y  y su hermano de sólo 16 años, Pedro Eduardo Torres Cabrera, (jornalero), Jaime Rafael Lara Torres (docente de artes plásticas), Osvaldo José Giribaldi (obrero del ingenio Ledesma) y el abogado Jorge Ernesto Turk Llapur. Las siete víctimas  fueron detenidas ilegalmente los primeros días del mes de mayo de 1976 y llevadas al centro clandestino de detención (CCD) de  la Jefatura de la Policía jujeña, al CCD de la localidad de Guerrero y luego al penal de Gorriti, en todos fueron torturadas, y posteriormente "trasladadas" el día 10 de junio, luego no se supo mas de estas víctimas,  salvo Alvarez de Scurta, cuyo cuerpo fue hallado enterrado en el cementerio de Yala como NN. 

La sala de audiencias estuvo ayer colmada por los familiares de las víctimas, referentes de organismos de derechos humanos y de organizaciones sociales de la provincia, que no estuvieron conformes del todo con la sentencia del tribunal, y además proponen enjuiciar a los responsables civiles en la provincia.

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Seis represores condenados en Tucumán a prisión perpetua

El pasado 29 de mayo el Tribunal Oral Federal de Tucumán, integrado por los jueces Gabriel Eduardo Casas, Carlos Enrique Ignacio Jiménez Montilla y Juan Carlos Reynaga, dictó seis sentencias a prisión perpetua por el delito de lesa humanidad que fue el asesinato de Osvaldo Sigfrido De Benedetti, ocurrido el 21 de julio de 1978. Este juicio oral iba a comenzar el 17 de febrero pero la fecha fue trasladada para el 15 de abril, cuando se inició.

 
Los represores condenados a la pena de prisión perpetua son Ariel Rolando Valdivieso, Alberto Carlos Lucena, Jorge González Navarro, Héctor Hugo Lorenzo Chilo y Jorge Eduardo Gorleti. Lucena y Gorletti serán  trasladados al servicio penitenciario de Ezeiza; por su parte González Navarro y Chilo irán al complejo penitenciario de Bower, en Córdoba. El genocida Luciano Benjamín Menéndez estaba imputado pero fue apartado hasta que se encuentre en mejores condiciones de salud y por estar afrontando otros dos juicios orales en las provincias de La Rioja y Córdoba. Otro que estaba procesado era el genocida Jorge Rafael Videla pero falleció impune en esta causa. Lucena, que era entonces el Jefe del Regimiento de Infanteria Aerotransportada 17, ya fue condenado a 16 de prisión, por delitos de lesa humanidad en Catamarca.

 

Osvaldo Sigfrido De Benedetti

De Benedetti fue procesado en 1974 por asociación ilícita y detenido en la Unidad penitenciaria N° 1 de Córdoba a disposición del entonces juez Manlio Torcuato Martínez del Juzgado Federal de Tucumán y del Poder Ejecutivo Nacional por el decreto N° S1761/74 y por la ley 20.840 de “Seguridad Nacional”. Fue detenido en Tucumán el 29 de septiembre de 1974 junto al abogado laboralista y defensor de presos politicos Ricardo Ripodas, Humberto Tumini, Alberto Raul Genoud y también Orlando Luis Meloni y Silvano "Lalo" Castro, pero ambos ya fallecieron.

 
El 3 de julio de 1978 De Benedetti fue retirado de la Unidad penitenciaria N° 1 de Córdoba por orden del Área 311 y trasladado a la Unidad Penitenciaria de Tucumán donde ingresó en la misma fecha. Posteriormente, y siempre conforme se desprende de las piezas acusatorias, en fecha y hora aún no determinadas con exactitud, pero posiblemente el día 21 de julio de 1978, habría sido asesinado por personal militar perteneciente al III cuerpo del Ejército en un simulacro de intento de fuga y en un lugar aún no identificado de Tucumán.

 
Hay que recordar que el ex juez Manlio Torcuato Martínez, actualmente está detenido en el penal de Villa Urquiza, en la capital tucumana, procesado por delitos de lesa humanidad.

 
Bernardo Lobo Bugeau, representante de la querella, consideró que "este fallo hace mérito a todas las pruebas que tenía la causa, las cuales era abundantes en lo documental y en el testimonio de los testigos que compartieron detención con la víctima".

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Dos condenas a perpetua en el primer juicio por delitos de lesa humanidad en Comodoro Rivadavia.

Saa y Españadero

El Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia (TOF), integrado por los jueces Pedro José de Diego-presidente- Enrique Jorge Guanziroli y Nora María Teresa Cabrera de Monella, condenó este viernes 21 de febrero a los represores Teófilo Saá (ex Jefe del Área 532 y ex Jefe del Regimiento de Infantería 25) y Carlos Españadero  (ex personal civil de Inteligencia militar del Batallón 601), a la pena de  prisión perpetua e inhabilitación absoluta por considerarlos participes necesarios del homicidio calificado por alevosía y por la participación premeditada de dos o más personas, del soldado conscripto José Luis Rodríguez Diéguez. El TOF dispuso que se mantenga la detención de Saá, quien ya cumple una condena anterior en el penal de Marcos Paz, y ordenó la inmediata detención de Españadero.

Este es el tercer juicio por crímenes de lesa humanidad cometidos en la dictadura civico militar, que se desarrolla en la provincia de Chubut y el primero en la ciudad de Comodoro Rivadavia.

Rodríguez Diéguez despareció el 19 de octubre de 1976, cuando cumplía el Servicio Militar Obligatorio en el Regimiento de Infantería 25 en Colonia Sarmiento, a las 48 horas de haberse presentado en ese Regimiento trasladado desde de Las Lajas, provincia de Neuquén.

Teófilo Saá había sido juzgado en el 2009 junto al genocida Jorge Olivera Róvere (padre del fugado Jorge Olivera), y otros tres represores. En aquella oportunidad  el Tribunal Oral Federal Nº 5 (TOF5) de la Capital dispuso la absolución de Humberto José Lobaiza, Felipe Jorge Alespeiti y Teófilo Saa y condenó a prisión perpetua a  Olivera Róvere y a Bernardo José Menéndez. Pero, en junio del 2012, un fallo de la Sala IV de la Cámara de Casación Penal revocó esas absoluciones, y el TOF5–con otra composición–les impuso  25 años de prisión a Lobaiza, 16 a  Saa y 22 a Alespeiti, además hicieron lugar al pedido del fiscal Felix Crous y revocaron la libertad que los beneficiaba, por lo cual fueron llevados al penal de Ezeiza.
   

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15 condenas a represores en Salta

Luego de 18 meses de debate, por fin hoy se conoció el dictamen del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Salta, conformado por los jueces Carlos Jiménez Montilla, Marta Liliana Snopek, Mario M. Juárez Almaraz y Gabriel Casas, en el juicio oral por delitos de lesa humanidad. En el largo proceso de más de 80 jornadas de debate se juzgó a 17 represores, por 34 casos de crímenes cometidos en la provincia de Salta a partir de 1975, entre otras vctimas están Martín Miguel Cobos, Víctor Mario Brizzi, Carlos Estanislao Figueroa Rojas, Héctor Domingo Gamboa y Gemma Ana María Fernández Arcieri de Gamboa. Siete represores fueron condenados a prisión perpetua, son Héctor Luis Ríos Ereñú (ex jefe del Ejército), Carlos Alberto Mulhall (exjefe de la Guarnición Ejército Salta), Miguel Raúl Gentil (exjefe de la Policía salteña), Virtom Modesto Mendiaz, Joaquín Cornejo Aleman, Joaquín Guil y Juan Carlos Alzugaray. También se condenó a otros 8 represores: Julio Oscar Correa y a Víctor Hugo Almirón a la pena de 10 años de prisión e inhabilitación absoluta por 10 años; a Mario Reinaldo Pachao ocho años de prisión e inhabilitación absoluta de ocho años, la misma condena a Juan Manuel Ovalle, que es el primer represor civil condenado en Salta; a los ex policías Felipe Caucotta y a Raúl Eduardo Toledano los condenaron a la pena de siete años de prisión e inhabilitación absoluta de siete años;  a Ricardo Benjamín de la Vega y a Jacinto Ramón Vivas a cinco años de prisión e inhabilitación absoluta de cinco años. Por otra parte el tribunal absolvió a Marcelo Diego Gatto y a Fernando Antonio Chain.

El Tribunal  revocó  revocó las prisiones domiciliarias de Mulhall, Cornejo Alemán, Gentil, Ríos Ereñú, Mendíaz, Guil y Alzugaray. Y dispuso la inmediata detención de los ex policías Julio Correa, Víctor Hugo Almirón, Raúl Toledano, Mario Pachao, Felipe Caucotta y Ramón Vivas, del militar Ricardo de la Vega y del civil Juan Manuel Ovalle. Mulhall  Miguel Raúl Gentil, Héctor Luis Ríos Ereñú y Virtom Modesto Mendíaz, permanecerán en el Hospital Penitenciario Central de la Unidad Penitenciaria de Ezeiza.

Rios Ereñú

Héctor Ríos Ereñú está condenado como autor mediato de dos secuestros seguido de muerte en perjuicio de Jorge René Santillán (en agosto de 1976) y Pedro Urueña (en diciembre de 1975), cuando se desempeñaba como titular del Regimiento de Infantería de Monte 28, RIM 28, de la localidad de Tartagal; Ríos Ereñú  fue el jefe del Estado Mayor del Ejército entre 1985 y 87, durante la presidencia de Raúl Alfonsín. Mulhall ya tiene otras dos condenas a perpetua por la masacre de Palomitas y por el secuestro y desaparición del ex gobernador constitucional salteño Miguel Ragone. El civil Ovalle está condenado por el secuestro y desaparición de Silvia Benjamina Aramayo, profesora de la Universidad Nacional del Salta (UNSa), desaparecida desde el 24 de septiembre de 1976, cuando la secuestraron.

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En Santiago Del Estero condenaron a 8 represores

Este jueves 19 de diciembre,  el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santiago del Estero,integrado por los jueces Maria Alicia Noli, Graciela Nair Fernández Vecino, Luis Imas y Jorge Pisarenco, dictó las condenas a Antonio Musa Azar Curi y otros 7 represores; en el marco del 3er juicio en esa provincia, conocido como causa “Grupo IV” o “ Megacausa II” y por los delitos de lesa humanidad de homicidio, violación sexual, violación de domicilio, privación ilegítima de la libertad y tormentos en perjuicio de 34 víctimas, en el caso de Consolación Carrizo se juzgó por privación ilegítima de la libertad, secuestro, tortura y asesinato.

Al genocida Musa Azar se lo condenó a prisión perpetua y el tribunal ordenó su inmediato traslado a la cárcel federal de Pintos, rechazando su pedido de prisión domiciliaria. Los otros condenados son Miguel Tomás Garbi (ex subjefe de la Dirección de Informaciones Policiales (DIP)) a 25 años de prisión, Ramiro López Veloso a 14 años de prisión, Francisco "Paco"  Laitán a 8 años de prisión, Juan Felipe  "Sérpico" Bustamante a 6 años de prisión, Jorge D’Amico a 4 años de prisión, Pedro Ledesma a 2 años de prisión y a la primera pareja de Musa Azar Marta. Noemí Cejas a 3 años de prisión. Por otra parte se absolvió a José Gregorio Grau y Carlos Héctor Capella.
Durante las audiencias del juicio se comprobó que en Santiago del Estero el Departamento de Informaciones Policiales (DIP) comenzó con la represión antes del golpe civico militar del 24 de marzo de 1976 y de manera conjunta con las fuerzas militares. Luego del golpe, los militares tomaron mayor protagonismo y el brazo ejecutor de los genocidas fue la DIP, la “Side” santagueña, que dirigía Musa Azar Curi; también el fiscal resaltó que la represión ilegal no pudo haberse llevado a cabo sin la complicidad del Poder Judicial de turno, cargando contra las autoridades judiciales federales de la época.

En esta causa está prófugo el represor Roberto  "Sifón" Díaz que tiene pedido de captura internacional desde mediados de 2011 y el ministerio de Justicia nacional ofrece una recompensa por datos para ubicarlo.

El abogado querellante Héctor Carabajal dijo al medio local "Nuevo Diario" que le “llama la atención la escasa pena para Marta Cejas y Pedro Ledesma cuando quedaron acreditados los delitos. Me parece perfecto el rechazo del pedido de prisión domiciliaria y ahora deberá cumplir en cárcel común Musa Azar. Insisto, nos llama la atención la poca valoración. Entiendo el descontento de los oranismos. Durante el juicio han quedado demostrados los tormentos. Vamos a esperar la lectura de los fundamentos para ver los recursos casatorios que debemos plantear”

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