Gauto un represor que continúa impune

El represor Teodoro Aníbal Gauto fue agente de Inteligencia del Batallón 601 y actuó  en el centro calndestino de  La Cacha. Está prófugo de la justicia argentina, pero desde el año 2003 vive en  Israel y como ciudadano, gracias al origen judío de su esposa Silvia Ester Cherñak y  el beneficio de la “Ley del Retorno”.  Esto se sabía desde antes pero se hizo público  el 19 de febrero de este año por medio de  un informe difundido por el Canal 1 de la televisión israeli y realizado por el periodista argentino de nacimiento Shlomo Slutzky.
 

El represor Gauto en el 2003 se cambió la identidad por Yossef Karmel (Nº  de ident. 324634294) y vive en la ciudad de Haifa, antes estuvo en Kiriat Bialik, en el norte del país.
 

Lamentablemente a más de 7 meses de ese hecho (y varios más que se sabe su ubicación), no hay información concreta de que el  juez Laureano Alberto Durand, del Juzgado Federal de La Plata Nro. 1, hubiera reclamado la extradición ni que en el Ministerio del Interior israelí se quiera iniciar un proceso en Israel, para así extraditar al represor; se lo podría expulsar por mentir en la declaración jurada de su solicitud de ciudadanía israelí, porque dijo que no tenía antecedentes penales.
 

Gauto está imputado por los delitos de lesa humanidad de homicidio, privación ilegal de la libertad, tormentos y sustracción de menores, en la causa en la causa caratulada “Expediente Nº 16.419 “Arias Duval, Alejandro Agustín; Di Pasquale, Jorge Héctor; Romero Pavón, Carlos María y otros s/ homicidio...”. En  la sentencia del juicio oral del 2014 por los crímenes en el CCD La Cacha hubo 15 genocidas condenados a perpetua, pero Gauto no estuvo y aún sigue impune.
 

Otros dos hermanos  Rubén Oscar y Néstor Raúl Gauto también eran represores del Batallón 601.

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En Santiago Del Estero condenaron a 8 represores

Este jueves 19 de diciembre,  el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santiago del Estero,integrado por los jueces Maria Alicia Noli, Graciela Nair Fernández Vecino, Luis Imas y Jorge Pisarenco, dictó las condenas a Antonio Musa Azar Curi y otros 7 represores; en el marco del 3er juicio en esa provincia, conocido como causa “Grupo IV” o “ Megacausa II” y por los delitos de lesa humanidad de homicidio, violación sexual, violación de domicilio, privación ilegítima de la libertad y tormentos en perjuicio de 34 víctimas, en el caso de Consolación Carrizo se juzgó por privación ilegítima de la libertad, secuestro, tortura y asesinato.

Al genocida Musa Azar se lo condenó a prisión perpetua y el tribunal ordenó su inmediato traslado a la cárcel federal de Pintos, rechazando su pedido de prisión domiciliaria. Los otros condenados son Miguel Tomás Garbi (ex subjefe de la Dirección de Informaciones Policiales (DIP)) a 25 años de prisión, Ramiro López Veloso a 14 años de prisión, Francisco "Paco"  Laitán a 8 años de prisión, Juan Felipe  "Sérpico" Bustamante a 6 años de prisión, Jorge D’Amico a 4 años de prisión, Pedro Ledesma a 2 años de prisión y a la primera pareja de Musa Azar Marta. Noemí Cejas a 3 años de prisión. Por otra parte se absolvió a José Gregorio Grau y Carlos Héctor Capella.
Durante las audiencias del juicio se comprobó que en Santiago del Estero el Departamento de Informaciones Policiales (DIP) comenzó con la represión antes del golpe civico militar del 24 de marzo de 1976 y de manera conjunta con las fuerzas militares. Luego del golpe, los militares tomaron mayor protagonismo y el brazo ejecutor de los genocidas fue la DIP, la “Side” santagueña, que dirigía Musa Azar Curi; también el fiscal resaltó que la represión ilegal no pudo haberse llevado a cabo sin la complicidad del Poder Judicial de turno, cargando contra las autoridades judiciales federales de la época.

En esta causa está prófugo el represor Roberto  "Sifón" Díaz que tiene pedido de captura internacional desde mediados de 2011 y el ministerio de Justicia nacional ofrece una recompensa por datos para ubicarlo.

El abogado querellante Héctor Carabajal dijo al medio local "Nuevo Diario" que le “llama la atención la escasa pena para Marta Cejas y Pedro Ledesma cuando quedaron acreditados los delitos. Me parece perfecto el rechazo del pedido de prisión domiciliaria y ahora deberá cumplir en cárcel común Musa Azar. Insisto, nos llama la atención la poca valoración. Entiendo el descontento de los oranismos. Durante el juicio han quedado demostrados los tormentos. Vamos a esperar la lectura de los fundamentos para ver los recursos casatorios que debemos plantear”

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Detuvieron al genocida Ricardo Valdivia, tras estar 15 meses prófugo de la justicia

El 9 de agosto fue capturado el ex policía  Ricardo "Miralejos" Valdivia, quien estaba prófugo desde el 9 de mayo de 2012. La detención del represor  Valdivia había sido ordenada por el juez Daniel Eduardo Rafecas, a cargo del Juzgado Criminal y Correccional Federal nº3, en el marco de la "megacausa" en la que se investiga delitos de lesa humanidad cometidos en la órbita del Primer Cuerpo de Ejército, es la causa Nº 14.216, caratulada Suárez Mason, Carlos Guillermo y otros, en la que interviene la  Fiscalía Nº 6 a cargo del doctor Federico José Delgado. La detención fue "en la vía pública por parte del personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria" y luego fue trasladado a la cárcel de Marcos Paz. El 17 de mayo pasado el ministerio de Justicia y Derechos Humanos había ofrecido cien mil pesos de recompensa al que de  datos útiles  para capturarlo.

A Valdivia se lo acusa de  de nueve homicidios agravados y tormentos en el centro clandestino de detención Atlético-Banco-Olimpo (ABO), y de más de 200 secuestros durante la última dictadura cívico militar.

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Este martes comienza el segundo juicio oral por crímenes de lesa humanidad en el Quinto Cuerpo del Ejército durante la dictadura cívico militar

Este martes el Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca, integrado por los jueces subrogantes Jorge Ferro, José Mario Triputti y Martín Bava,  comenzará a juzgar a nueve genocidas por privación ilegal de la libertad agravada, aplicación reiterada de tormentos, homicidio agravado reiterado y otros delitos contra Gustavo Marcelo Yotti, Daniel Guillermo Hidalgo, Olga Souto, Julio Ruiz, Rubén Ruiz, Pablo Bohoslavsky y otras 100 víctimas, crímenes cometidos en esa ciudad. En esta causa está prófugo el genocida Carlos Alberto Arroyo.

Los imputados son José Fidalgo, Ricardo Claudio Gandolfo, Alejandro Osvaldo Marjanov, Carlos Andrés Stricker, Miguel Antonio Villegas, Felipe Ayala, Bernardo Cabezón y Fernando Antonio Videla, la mayoría fueron miembros del del Batallón de Comunicaciones 181, de la justicia militar o del CCD la Escuelita de Bahía Blanca, todos dependientes del V Cuerpo de Ejército. El genocida de la Escuelita Armando Barrera no estará en el juicio por problemas de salud.

En abril de 2011 Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca, había aprobado la excarcelación de varios de estos represores (como Villegas, Ayala, Stricker),  junto a otros 30 militares investigados por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura cívico militar. En enero del 2011 el Concejo Deliberante de General Pueyrredón  declaró a Carlos Andrés Stricker como "persona no grata para el distrito de General Pueyrredón", junto a otros tres represores.

También estaba imputado en esta causa y tendría que ser juzgado, el ex coronel Carlos Alberto Arroyo, que está prófugo desde el 6 de mayo y con pedido de captura, por la cual el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ofrece una recompensa de 100.000 pesos. Arroyo estaba excarcelado por orden del juzgado Federal de Bahía Blanca, decisión que fue confirmada por la Cámara Federal a pesar que la Unidad Fiscal, a cargo de José Nebbia y Miguel Palazzan, se opuso en reiteradas oportunidades a que el represor permanezca excarcelado. Arroyo se desempeñó como seguridad del ex presidente Carlos Saúl Menem y tuvo a su cargo el Registro de la Propiedad Automotor nº6 de Avellaneda y está acusado (entre otros delitos), de ser coautor de los homicidios de Daniel Guillermo Hidalgo y Olga Souto en 1976.

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Piden detención de Angel Spada, otro genocida prófugo

 
El represor Angel Ervino Spada fue el jefe de la Inteligencia del Regimiento de Infantería de Monte 29 (Rim 29) de Formosa y  responsable de los crímenes de lesa humanidad  que se cometieron en ese centro clandestino de detención y en el CCD que estaba en el Destacamento de la Policía de Formosa en la Colonia San Antonio, conocido como la Escuelita San Antonio.

El genocida Spada vivía en el Chaco y era  titular de una agencia de seguridad, ya había sido detenido y liberado en Resistencia en septiembre del año pasado por orden del juez federal Adolfo Canicoba Corral, luego de estar 7 años "buscado" por Interpol por un pedido de captura de la justicia italiana por el plan Cóndor,  además estaba buscado por la justicia paraguaya, también por el plan Condor y ahora se lo detenía por un procesamiento firme en Formosa por la denominada "causa Steimbach" (parte de la 'megacausa Carrillo' por el abogado paraguayo Fausto Carrillo desaparecido en 1976, e iniciada en 1984), por otros delitos  de lesa humanidad, como desaparición forzada de personas, tormentos agravados, entre varios otros como asociación ilícita, contra 74 víctimas como Pancho Bogarín, Catalicio Mazacote, Mirta Insfrán,  Ismael Rojas, Velázquez Ibarra. Sin embargo estaba libre en esta causa  por disposición de la Sala III de la Cámara Nacional de Casación Penal y a pesar que en febrero pasado los abogados de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, de Formosa, elevaron un escrito al TOF solicitando la revocatoria a las excarcelaciones para todos los represores imputados de la causa Steimbach.  Los procesados son Félix Romero, Luis González y José Medina,  Juan Carlos Camicha, Faustino Cabrera, Ernesto Kishimoto,  Mario Sosa y Sergio Gil, además de Spada.

El 6 de marzo pasado había intervenido "Comisión de Seguimiento y Agilización de los Juicios de Lesa Humanidad", del Consejo de la Magistratura, creada para acelerar estos juicios.

El Tribunal Oral Federal N° 2 de Formosa, integrado por los jueces subrogantes Manuel Moreira, Norma Lampugnani y Carlos Adolfo, comenzará a juzgar a los diez represores el 31 de julio y recién ordenó el pasado 5 de junio la detención de todos esos represores, pero a Sapada no lo encontraron hasta ahora, aunque lo buscaron en su casa de Resistencia, en las de sus familiares y en su empresa. Otros dos represores ya murieron el año pasado sin ser juzgados, como Federico Domingo Steimbach y Bonifacio Ramos que se suicidó.

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Finalmente el pasado viernes 7 fue detenido el ex camarista federal de Mendoza Carlos Pereyra González

Según informó el director del Servicio Penitenciario Provincial, el ex juez se encuentra detenido en la penitenciaría de la provincia de San Luis, junto al ex juez federal Eduardo Allende, y el ex fiscal Hipólito Saá.

Pereyra González está acusado de haber encubierto casos de torturas y homicidios durante la última dictadura militar cuando era secretario del juzgado federal, del entonces juez Allende y el fiscal era Saá. Los tres pudieron haber evitado la tortura y el posterior asesinato de Graciela Fiochetti, de 19 años, realizados por el genocida ex militar Carlos Esteban "El Chueco" Plá, quien la fusiló de un disparo en la nuca luego de los tormentos presenciados por Pereyra González, Plá era subjefe de la policía de San Luis.

La información sobre estos ex magistrados tomó estado público durante el juicio en el que se condenó, en marzo del 2009, a prisión perpetua en cárcel común a Plá y a otros represores, como  el ex militar Miguel Angel Fernández Gez  y los  ex policías de la D2 puntana, Víctor Becerra, Juan Carlos Pérez y Luis Orozco. Los cinco represores fueron condenados acusados por el asesinato de Graciela Fiochetti (22 años, estudiante de Medicina, La Toma. S.L.), las desapariciones de Pedro Ledesma (21 años, estudiante de Pedagogía y docente rural, San Luis), Sandro Santana Alcaraz (23 años, estudiante de Farmacia, La Toma . S.L.) y de las torturas a Víctor Fernández (La Toma, S.L.).

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Otro ex camarista mendocino está prófugo de la Justicia

Se trata del ex camarista federal de Mendoza, Carlos Pereyra González, quien ante un pedido de captura de la justicia federal de San Luis,  durante la última semana, por el cargo de homicidio por omisión, aún no ha podido ser ubicado ni en su domicilio ni en el hospital donde supuestamente estaba con su esposa, por lo tanto estaría técnicamente prófugo de la Justicia. La orden de captura fue emitida el pasado 27 de mayo, en el marco de una investigación iniciada en el 2009 luego de un fallo del Tribunal Oral Federal de San Luis.

En ese fallo se  ordenó investigarlo por encubrir delitos de lesa humanidad durante la dictadura cívico militar, cuando Pereyra González era secretario del juez federal puntano Eduardo Allende; durante el juicio se lo acusó varias veces de haber encubierto casos de torturas y homicidios, como presenciar el interrogatorio bajo torturas a Graciela Fiochetti antes de su asesinato, y de no haber recibido las denuncias de tormentos de otras víctimas. Luego de ese fallo Pereyra González renunció y consiguió eximición de prisión por los problemas de salud de su esposa, mientras el ex juez Eduardo Allende y el ex fiscal Hipólito Saá están detenidos.

Este es el segundo ex camarista mendocino que entra en la categoría de prófugo de la Justicia, tras el caso de Otilio Irineo Roque Romano, que está en Chile y se espera que se resuelva su extradición en el corto plazo, luego de la reciente resolución de  Mónica Maldonado Fiscal de la Corte de Chile.

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