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jueves, 2 de enero de 2014

Operativo Independencia: confirman el procesamiento de 16 represores y todavía no extraditan a Martínez de Perón

 

http://diariohoy.net/adjuntos/imagenes/000/052/0000052410.jpgLuego de casi un año de tener la causa, la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, con la firma de tres de sus cinco integrantes -los jueces Marina Josefa Cossio (Presidente), Graciela Nair Fernández Vecino y Ernesto Clemente Wayar-, confirmó el procesamiento de 16 ex militares y ex policías que había sido dictado en 2012 por el juez federal de Tucumán Daniel Bejas. Los represores son imputados en esta causa por delitos de lesa humanidad en perjuicio de 270 víctimas durante el denominado “Operativo Independencia” en la provincia de Tucumán. Estas operaciones militares tuvieron inicio en febrero de 1975 durante el gobierno de María Estela "Isabel" Martínez y continuaron durante la dictadura cívico militar, hasta septiembre de 1983.


Los imputados en esta causa son los represores Carlos César Idelfonso Delia Larocca, Mario Benjamín Menéndez, Jorge Omar Lazarte, Roberto Heriberto Albornoz, Ernesto Nicolás Chavéz, Jorge Gerónimo Capitán, Alfredo Alberto Svendsen, Ricardo Oscar Sanchez, Luis Armando De Cándido, Ramón Cesar Jodar, Miguel Angel Moreno, José Luis del Valle Figueroa, Pedro Roberto Rojas, Pedro Adolfo López, Enrique José del Pino y Nestor Rubén Castelli. Quedó impune el fallecido genocida Jorge Rafael Videla, también procesado a fines del 2012 en la instrucción por el juez  Bejas. Antes habían fallecido los genocidas Antonio Domingo Bussi y Acdel Edgardo Vilas, quienes dirigieron el "Operativo".

http://diariohoy.net/adjuntos/imagenes/000/052/0000052409.jpg

En su fallo, la Cámara aseguró que "quedó probada la existencia del plan criminal estructurado en una cadena de mandos...el Operativo Independencia se inició en el mes de febrero de 1975, luego se sistematizaría a partir del 24 de marzo de 1976... y culminaría en el mes de setiembre de 1983...la organización criminal gestada se sustentó en la cadena de mandos con jerarquías que la estructura de las fuerzas armadas y de seguridad habilitaba y que fue utilizada para la realización de procedimientos al margen de toda ley, con la finalidad expresa de aniquilar a los oponentes políticos o ideológicos...Estas conductas delictivas, configurarían conforme el contexto de su comisión, crímenes contra la humanidad, constituyendo delitos de lesa humanidad”.

http://img294.imageshack.us/img294/9436/arancibia3mk4.jpgLos fiscales federales Pablo Camuña y Patricio Rovira, habían solicitado en su apelación la extradición desde España e indagatoria de María Estela Martínez de Perón, pero el tribunal  no dio lugar al pedido porque para los miembros de la Cámara “por el momento no se encuentra demostrada la existencia de sospecha suficiente que habilite el llamado a prestar declaración indagatoria a la entonces presidente de la Argentina" (ver la nota del 14/06/2013), algo similar había opinado el juez Daniel Bejas en el 2012. Es necesario recordar que fue un decreto firmado por la ex presidente María Estela  Martínez el que determinó el inicio del Operativo Independencia. Es el decreto secreto S261/1975 del 5 de febrero de 1975; no publicado en el Boletín Oficial; este decreto de Isabel no sólo determinó el inicio del operativo represivo sino también el financiamiento del mismo; en el artículo 1º decía que "El comando General del Ejército procederá a ejecutar las operaciones militares que sean necesarias a efectos de neutralizar y/o aniquilar el accionar de elementos subversivos que actúan en la provincia de TUCUMAN". Así fue Martínez de Perón la primera que decretó aniquilar (ver detalles en la nota del 16/04/2013), y aniquilar es lo que la misma Cámara sostiene que es lo que hicieron los represores imputados. 

A los pocos días de la firma del decreto las fuerzas armadas y de seguridad, a las órdenes del genocida Acdel Edgardo Vilas, iniciaron la represión indiscriminada en la provincia de Tucumán, secuestrando, torturando, robando y asesinando a cientos de militantes, trabajadores, estudiantes y ciudadanos tucumanos. Desde febrero de 1975, las víctimas del terrorismo de estado eran asesinadas en sus casas, en sus lugares de trabajo o donde estuvieran, como el maestro Isauro Arancibia asesinado en el local de la Agremiación de Trabajadores de la Educación Provincial (ATEP). Otras víctimas eran llevadas a centros cladestinos de detención y tortura como "la escuelita" de Famaillá o la Jefatura Central de Policía, el Comando Radioeléctrico, el Cuartel de Bomberos, un pabellón de las Cárcel de Villa Urquiza y la Escuela de Educación Física, entre muchos otros. Luego tiraban los cadáveres en fosas comunes, como la que se llama "Pozo de Vargas", ubicada en una finca de la localidad de Tafí Viejo; donde el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) ya identificó a varias víctimas como, por ejemplo, el estudiante Roberto Raymundo Vega o el trabajador ferroviario Segundo Bonifacio Arias, ambos desaparecidos en enero y febrero de 1976.


sábado, 14 de diciembre de 2013

En un fallo cuestionable se dictaron 37 condenas en Tucumán por delitos de lesa humanidad




El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán (TOF), integrado por los jueces Carlos Enrique Ignacio Jiménez Montilla, Gabriel Eduardo Casas, Juan Carlos Reynaga (subrogante) y Hugo Cataldi (sustituto), luego de 13 meses de audiencias y en fallos divididos en casi todos los casos, condenó 37 represores y absolvió a 4 en las causas “Arsenales II” y “Jefatura de Policía II” (son 15 ex militares, 7 ex gendarmes, 15 ex policías y 4 civiles). Las condenas fueron por los delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura cívico militar, de allanamiento ilegal de domicilio, privación ilegítima de la libertad, torturas, abuso deshonesto agravado, violaciones agravadas y homicidio calificado, cometidos en perjuicio de 208 víctimas.

Familiares de las víctimas y representantes de organizaciones de derechos humanos  manifestaron su indignación por el fallo, interrumpiendo la lectura de la sentencia.
La lectura de los fundamentos será el próximo 19 de marzo.

El ministerio Público Fiscal había solicitado prisión perpetua para 33 de los acusados y penas de entre 4 y 25 años para los otros ocho imputados. Pero el TOF tucumano condenó a prisión perpetua sólo a 4 represores, los ex-policías Luis Armando De Candido, Ricardo Oscar Sánchez y Roberto Heriberto Albornoz y Luis Orlando Varela, a otros 33 represores les dieron penas de entre 20 y 2 años de prisión, algunos son los ex policías Rolando Reyes Quintana (16 años), Ramón César Jodar (4 años), Miguel Ángel Chuchuy Linares (14 años), Félix Insaurralde  (16 años), a los ex-gendarmes Ernesto Rivero y Marcelo Omar Godoy (18 años), a los militares Jorge Omar Lazarte y  Luis Edgardo Ocaranza (10 años), a Hugo Enzo Soto (15 años). Otros cuatro imputados fueron absueltos, el sacerdote José Eloy Mijalchiyk (para quien el juez Juan Carlos Reynaga pidió 10 años de prisión), el escribano Juan Carlos Benedicto (Reynaga le pidió 15 años), al gendarme Celso Alberto Barraza y al militar Luis Daniel De Urquiza; otros tres represores habían sido separados al inicio del debate por cuestiones de salud.  

Laura Figueroa, querellante y representante de Familiares de Desaparecidos de Tucumán (FADETUC) le dijo a Télam  "Vamos a trabajar desde la casación en los casos de altos rangos de Gendarmería que formaron parte de Inteligencia del proceso y no tienen prisión perpetua", también rechazó la absolución del sacerdote Mijalchiyk, porque "Muchas de las personas que estuvieron detenidas en el exArsenal fueron interrogadas por este sacerdote, quien estuvo de acuerdo que ellos fueran golpeados y torturados". Hay que recordar que el
Arsenal Miguel de Azcuénaga, cerca de la ciudad de Tucumán, fue uno de los mayores centros clandestinos de tortura y exterminio durante la dictadura cívico militar y que, en Tucumán, el terrorismo de estado empezó muchos meses antes.



lunes, 24 de junio de 2013

Este martes comienza el segundo juicio oral por crímenes de lesa humanidad en el Quinto Cuerpo del Ejército durante la dictadura cívico militar

Este martes el Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca, integrado por los jueces subrogantes Jorge Ferro, José Mario Triputti y Martín Bava,  comenzará a juzgar a nueve genocidas por privación ilegal de la libertad agravada, aplicación reiterada de tormentos, homicidio agravado reiterado y otros delitos contra Gustavo Marcelo Yotti, Daniel Guillermo Hidalgo, Olga Souto, Julio Ruiz, Rubén Ruiz, Pablo Bohoslavsky y otras 100 víctimas, crímenes cometidos en esa ciudad. En esta causa está prófugo el genocida Carlos Alberto Arroyo.

Los imputados son José Fidalgo, Ricardo Claudio Gandolfo, Alejandro Osvaldo Marjanov, Carlos Andrés Stricker, Miguel Antonio Villegas, Felipe Ayala, Bernardo Cabezón y Fernando Antonio Videla, la mayoría fueron miembros del del Batallón de Comunicaciones 181, de la justicia militar o del CCD la Escuelita de Bahía Blanca, todos dependientes del V Cuerpo de Ejército. El genocida de la Escuelita Armando Barrera no estará en el juicio por problemas de salud.
En abril de 2011 Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca, había aprobado la excarcelación de varios de estos represores (como Villegas, Ayala, Stricker),  junto a otros 30 militares investigados por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura cívico militar. En enero del 2011 el Concejo Deliberante de General Pueyrredón  declaró a Carlos Andrés Stricker como "persona no grata para el distrito de General Pueyrredón", junto a otros tres represores.

También estaba imputado en esta causa y tendría que ser juzgado, el ex coronel Carlos Alberto Arroyo, que está prófugo desde el 6 de mayo y con pedido de captura, por la cual el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ofrece una recompensa de 100.000 pesos. Arroyo estaba excarcelado por orden del juzgado Federal de Bahía Blanca, decisión que fue confirmada por la Cámara Federal a pesar que la Unidad Fiscal, a cargo de José Nebbia y Miguel Palazzan, se opuso en reiteradas oportunidades a que el represor permanezca excarcelado. Arroyo se desempeñó como seguridad del ex presidente Carlos Saúl Menem y tuvo a su cargo el Registro de la Propiedad Automotor nº6 de Avellaneda y está acusado (entre otros delitos), de ser coautor de los homicidios de Daniel Guillermo Hidalgo y Olga Souto en 1976.

jueves, 20 de junio de 2013

La justicia federal de Corrientes beneficia al genocida Juan Carlos De Marchi condenado por delitos de lesa humanidad


La Secretaría de Derechos Humanos de CTERA repudia la medida del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Corrientes que beneficia con salidas transitorias de la unidad penal N°34 de Campo de Mayo, al ex militar y represor Juan Carlos  "el electricista" De Marchi. El genocida, condenado a 25 años, viajó el 14 de junio pasado a su domicilio del centro de la capital correntina para visitar a su familia, sin haber cumplido aún la mitad de la condena. Según el informe judicial, debe volver a la cárcel recién el próximo lunes 24. 

El 6 de agosto del 2008 el Tribunal Oral Federal de Corrientes, también presidido por el juez Víctor Alonso,  dictó la sentencia en el primer juicio por delitos de lesa humanidad en Corrientes, conocida  como “Causa RI9” por el centro clandestino de detención  que funcionó en  el ex Regimiento de Infantería 9. Entonces se condenó a cuatro represores, el ex coronel  Julio Rafael Barreiro con prisión perpetua , con 25 años a Juan Carlos De Marchi y  al ex coronel Horacio Losito, y con 18 años al ex Gendarme Raúl Alfredo Reynoso. El genocida Cristino Nicolaides no fue juzgado por razones de salud. Estos represores fueron juzgados por el homicidio de Rómulo Artieda, la desaparición forzada de Juan Ramón Vargas y una veintena de secuestros y tormentos agravados. Cuando se dictó la sentencia, la militante a favor de los genocidas Cecilia Pando, realizó un triste espectáculo amenazando a Eduardo Luis Duhalde, entonces titular de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, diciéndole que  “¡Te voy a matar con mis propias manos!”.

Ramón Leguizamón, abogado de la querella en la causa RI9 afirmó a Télam que no se está cumpliendo uno de los recaudos de la ley, que establece el 50 por ciento de la condena cumplida para poder tener salidas transitorias. Por eso  Flavio Ferrini, Fiscal Federal de Corrientes y la Comisión Provincial de Derechos Humanos apelarán la decisión del Tribunal Oral.

Hoy familiares y ex detenidos junto a organizaciones como Barrios Unidos- La Colectiva- , La Campora , JP Descamisados y la Federación Juvenil Comunista realizaron, a pesar del mal tiempo,  un escrache en la la casa del represor De Marchi, en la esquina céntrica de Santa Fe 403 y Quintana de la Capital de Corrientes, contra la decisión judicial que otorgó el beneficio de una salida transitoria de la cárcel de Campo de Mayo por diez días. Todo se desarrolló en forma pacífica, con cánticos, afiches y pintadas, sin embargo, y sorprendentemente,  se enteraron que el Tribunal Oral Federal de Corrientes había suspendido la salida transitoria del genocida, y que esta  mañana a las 7 horas ya se había producido su regreso a la Unidad 34 de Campo de Mayo, con la custodia de efectivos de Gendarmería. De todas formas el represor estuvo casi una semana fuera de la cárcel, cuando no correspondía.

Hay que recordar que De Marchi era empresario ganadero y presidió la Sociedad Rural de Corrientes hasta que fue detenido en el 2004 y desde 1989, además de ser  vocal suplente de la Sociedad Rural Argentina nacional, cuyo presidente, Luciano Miguens, dijo en el 2005 “Nosotros apoyamos a Juan Carlos De Marchi, una persona honorable que también integra nuestra casa”.

Según denunció oportunamente  H.I.J.O.S. Capital, De Marchi viajó cinco veces, durante cinco años, a la Escuela de las Américas en Panamá, la academia de torturadores.

lunes, 22 de abril de 2013

Segunda parte sobre los Decretos Secretos de 1975 y 1976 de "Isabelita" y Videla

En el Boletín Oficial se siguieron publicando  decretos Secretos y Reservados de 1976 en la edición 32619 del pasado 16/4, desde entonces no se difundieron más con cotinuidad de fechas. Esos son en total 20 decretos más firmados por el dictador genocida Videla, los cuales eran de entre el 19 y el 31 de mayo de 1976, salvo uno del 04/4/76; de estos decretos 15 son de "arrestos" de decenas de personas en todo el país, cuatro de liberación de unos pocos y uno (S632/76), por el cual se vuelve a reformar al Ministerio de Defensa para reforzar el terrorismo de estado en la dictadura cívico militar. En esta y otras ediciones del Boletín Oficial, se publicaron decretos secretos de fechas de 1977 que se analizarán aparte.
Siempre basándose en los decretos 1368/74 y 2717/75 de un gobierno constitucional como el de Isabel, en los que se declaraba y prolongaba el estado de sitio y en el Artículo 23 de la Constitución Nacional, el dictador Videla ordenaba el  "arresto" a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. Como antes la mayoría de estos "arrestados" fueron trasladados y torturados en comisarías, regimientos o centros clandestinos de detención hasta ser blanqueados, algunos por poco  tiempo como  el ex juez federal pampeano Juan de Dios Uncal (Decreto S 54/1976), y varios otros estuvieron más tiempo como Néstor Augusto Brutti (decreto S531/76) o el miltante del FIP Denis Conles Tizado secuestrado en marzo del '76 y que figura en el decreto S519/76 del 21 de mayo luego de estar en la D2 de Córdoba. También hay personas liberadas que luego son secuestradas otra vez, como Carlos Alberto (chancho) Caprioli (dec.S588/1976), que vuelven a detener en octubre del '76 y es llevado a la ESMA.

Figuran varios otros que continúan desaparecidos como Carlos Marcelo Grimberg  (leg. CONADEP 02365), quien figura arrestado en el decreto S482/76. Otro caso es el de Carlos Orlando Labolita (decreto S637/1976), padre de Carlos Alberto, al estar él detenido en Azul su hijo fue secuestrado cuando lo fue a visitar y continúa desaparecido.

Por el secreto secreto S632/76 y sus anexos, se reformó el Ministerio de Defensa, reforzando el Servicio de Inteligencia de Defensa especialmente el departamento de Contrainteligencia que trabajaría en relación con la SIDE que manejaba Otto Paladino.

martes, 16 de abril de 2013

Los Decretos Secretos de 1975 y 1976 de "Isabelita" y Videla

Isabelita junto a Carlos Ruckauf

En las ediciones del Boletín Oficial nº 32.615 al 18, de los días 10, 11, 12 y 15 de este mes se publicaron varios Decretos Secretos y Reservados relacionados, casi todos, con varios cientos de arrestos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional y el financiamiento del terrorismo de estado, algunos otros son sobre personas que habrían sido liberadas. Son en total ocho (8) del gobierno de María Estela Martínez (Isabel) de Perón (de 1975 y 76), y otros 67 del dictador genocida Videla, estos ultimos son entre el 29/03 y el 18/05 de 1976 .

Los Decretos de  M.E. Martínez de Perón

El primero que se publica es el y el S 118/1975 del 17/01/1975, donde basándose en el artículo 23 de la Constitución, el PEN ordena trasladar detenidas a la Unidad Penitenciaria 6 (U.6) de Rawson (Chubut), a unas 80 personas incluyendo algunos cercanos o miembros  de partidos de izquierda o de organizaciones armadas. Como del PRT/ERP a Alejandro Enrique Ferreyra uno de los que integraron el comando que participó en el apoyo externo a la fuga de detenidos en la U.6 en 1972 y que, luego de tomar el aeropuerto de Trelew, viajaron a Chile y a Cuba; es sugerente que, por este decreto, Ferreyra termina detenido en la U.6 de donde colaboró para que fugaran otros militantes. En este decreto figuran otros cercanos o pertenecientes al PRT/ERP como Humberto Miguel Tumini, Héctor Oscar Mathews, Eduardo Anguita o Angel S. Gertel; también está en la lista y trasladado al penal de Rawson Luis Lea Place hermano de Clarisa, fusilada en Trelew luego de estar detenida en la misma U6; el padre  de ambos fue asesinado por militares luego de que el ejercito volara su casa en Tucumán, en diciembre de 1975. De otras organizaciones como  las FAL están  Carlos Franz Ortuño o  Hugo Nicolás Santella. 

A este decreto secreto siguió otro firmado por M.E. Martínez de Perón y no publicado esta vez en el Boletín Oficial, es el S261/1975 del 5 de febrero de 1975, que determinó el inicio y el financiamiento de lo que se llamó "Operativo Independencia" en Tucumán, en su artículo 1º decía que "El comando General del Ejército procederá a ejecutar las operaciones militares que sean necesarias a efectos de neutralizar y/o aniquilar el accionar de elementos subversivos que actúan en la provincia de TUCUMAN", fue Martínez de Perón la primera que decretó aniquilar. Para este operativo en el Art. 7º se destinaron 40 millones de pesos ley 18188 del Presupuesto General (4 millones de dólares con el cambio aún en 9,98). Cuatro días después de la firma, las tropas del Ejército al mando del general Acdel Edgardo Vilas ocuparon militarmente la provincia con las consecuencias conocidas. Luego, el 6 de octubre de 1975, se firmaron los decretos 2770, 71 y 72/75 (no publicados ahora), de creación de un Consejo de Seguridad interna y un Consejo de Defensa para coordinar las acciones con el fin de lograr "aniquilar el accionar de los elementos subversivos en todo el territorio del país" ya no sólo en Tucumán como en el anterior; esta vez lo firmaron Luder, Aráuz Castex, Vottero, Emery, Ruckauf, Cafiero y Robledo, sin Isabel de "licencia" hasta el 16 de octubre. Estos decretos recién fueron publicados el 04 de noviembre de 1975.

En relación con estos últimos decretos, M. E. Martínez  firmó unos decretos secretos, sí, publicados en el Boletín Oficial del 10/04/2013, como el Decreto S 3625/1975 con cuatro anexos, por los cuales se modificó la estructura orgánico-funcional del Ministerio de Defensa, especialmente en la subsecretaría de Planeamiento a la que se le aumento sustancialmente su personal y se estructuró para dirigir y organizar la represión, lo que ellos llamaban "planeamiento de la seguridad nacional" (anexo II p.1). Para completar esto y preparar y financiar el incremento de la represión en 1976, el 16 de diciembre de 1975, Martínez de Perón firma el decreto secreto S 3959/1975, por el cual se modifica el Presupuesto Nacional y se sacan $1555000000 (mil quinientos cincuenta y cinco millones de pesos ley 18188), de la Administración General y se destinan a incrementar el del Ejército, esto representaba bastante dinero, entre 25 y 26 millones de dólares de la época. Dos días después, el 18 de diciembre, el Brigadier Orlando J. Cappellini inicia la rebelión contra Fautario y otros brigadieres no golpistas para lograr que se nombre a Agosti como jefe de la Fuerza Aérea. Por el decreto S4101/1975 se sacaron otros 22 millones de pesos de la Administración General y se los destinan a la Armada. Otro decreto secreto revelado el pasado 10/04, el S 3596/1975 de fines de noviembre, también apunta a reforzar a las fuerzas armadas para la represión, en él se indica que para el año 1976 se decidió incorporar 100.000 conscriptos de la clase 1955 en las tres armas, los cuales debían estar alistados a principios de febrero. Uno de los últimos decretos secretos del gobierno constitucional, el S 1030/1976 del 18/03/1976, autorizó el equipamiento de dos destructores de la Armada por unos 3 millones de dólares.

La dictadura cívico militar

Los decretos secretos de la dictadura cívico militar publicados hasta ahora son, en general, de ordenes de detención que incluyen en total a cientos de víctimas de la dictadura (como el S10/76, S59/76, S161/76 y muchos otros), algunos son de liberación (o supuesta liberación) de detenidos (como el S170/76), y uno (S442/76), que se hizo para alterar otra vez el presupuesto General e incrementando el del ejercito en otros mil seiscientos millones de pesos, que en dólares eran en ese momento unos 9 millones, bastante menos que el gobierno de M.E. Martínez de Perón, También se icrementaba el presupuesto a la Armada  (en 600000000) y a la Fuerza Aérea. Es significativo que el dictador Videla justifique en los decretos las detenciones a disposición del Poder Ejecutivo Nacional y los traslados, basándose en el artículo 23 de la Constitución Nacional y que muchos, la mayoría, fueran a centros clandestinos de detención.

Haciendo una rápida búsqueda entre los decretos publicados se ve que algunos de los supuestamente liberados como Santiago José Illia Nicoletti (Decreto S 362/1976 del 6 de mayo),  en realidad, nunca se supo nada de él y continúa desaparecido; este es uno de los casos por los cuales fue destituido el ex camarista Otilio Ireneo Roque Romano, en diciembre del 2011. Reconstituyendo un poco el caso de Illia Nicoletti, ante varias presentaciones ante el Poder Judicial de la madre y la esposa, hubo un requerimiento del Juez Federal Guzzo, en julio de 1976, que el Coronel Tamer Yapur, de la VIII Brigada de Infantería de Montaña, contestó el 31/7/76 diciendo "que Santiago José Illa había sido puesto en libertad el día 12 de mayo de 1976 en virtud de haberse dejado sin efecto su arresto a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, mediante decreto Nro. 362/76 de fecha 6 de mayo de 1976", sin embargo, como se dijo, continúa sin aparecer, aunque sus familiares le siguieron reclamando a la justicia.

Otros casos son como el de Liliana Olga Forchetti (decreto S388/76), que figura como detenida a disposición del P.E.N. por la jefatura de la policía tucumana comandada por el genocida Bussi, según documentación presentada en el juicio oral del 2010 contra Bussi, Luciano B. Menéndez y otros seis genocidas por los delitos de lesa humanidad cometidos en la ex Jefatura de Policía de Tucumán.

En otros decretos figuran ordenes de detención de varios de los que sobrevivieron y luego pudieron declarar en juicios por delitos de lesa humanidad como Lucía Jara de Cantero (Decreto S 326/1976), quien ya anciana declaró en el juicio llevado a cabo por el TOF 1 de Neuquén conocido como Escuelita II. Otros detenidos o secuestrados como Pedro Norberto Troiani, Juan Carlos Amoroso y Adolfo Omar Sánchez (decreto S389/76), que eran empleados de la Ford, y luego declararon ante la CONADEP; Troiani fue uno de los que el año pasado denunció a la empresa Ford y a sus directivos ante la justicia.También hay casos de personas que son blanqueados sus secuestros o  detenciones meses después de ser secuestrados, como el caso de Pablo Rodolfo Schulman, que figura en eldecreto 463/76 del 17 de mayo, pero que fue secuestrado de su casa en la ciudad de Santa Fe el 24 de marzo, cuando buscaban a su hermano José Ernesto Schulman, quien en 1999 brindó tetimonio ante el Juez Garzón.

Asimismo hay casos de extranjeros, como la ciudadana norteamericana Gwenda Mae Loken de López, de quien figura como ordenado su arresto en el decreto 370/76 del 7 de mayo y, según documentos desclasificados del Departamento de Estado de USA, fue secuestrada en abril (doc. 1976STATE 233155) y luego fue torturada en la cárcel (doc. 1976STATE313291).

miércoles, 12 de septiembre de 2012

Neuquén: comienzan los alegatos en el juicio oral por delitos de lesa humanidad

El 1° de octubre próximo comienzan los alegatos en el juicio oral por delitos de lesa humanidad cometidos en Neuquén durante la última dictadura cívico-militar. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Neuquén integrado por los jueces Orlando Coscia, Eugenio Krom y Mariano Lozano, expondrán desde ese día las querellas que intervienen en el proceso y darán, luego, lugar al Ministerio Público Fiscal y finalmente de las defensas.

El ex Centro Clandestino de Detención "La Escuelita" de Nuequén
En el juicio son juzgados los genocidas: Luis Alberto Farías Barrera, Enrique Braulio Olea, Oscar Lorenzo Reinhold, Hilarión de la Pas Sosa, Mario Alberto Gómez Arenas, Jorge Eduardo Molina Ezcurra, Sergio Adolfo San Martín, Francisco Julio Oviedo, José Ricardo Luera, Enrique Charles Casagrande, Máximo Ubaldo Maldonado, Osvaldo Antonio Laurella Crippa, Raúl Antonio Guglielminetti, Antonio Alberto Camarelli, Gustavo Viton, Miguel Angel Quiñones, Jorge Osvaldo Gaetani, Serapio del Carmen Barros, Emilio Jorge Sacchitella, Jerónimo Enerio Huircain, Oscar Ignacio Del Magro, Julio Héctor Villalobo, Saturnino Martínez y Desiderio Penchulef.

jueves, 6 de septiembre de 2012

Bahía Blanca: El veredicto por los crímenes de lesa humanidad en “La Escuelita” ya tiene fecha

El próximo 12 de septiembre en horas de la tarde el Tribunal Oral Federal leerá la sentencia a los 17 imputados en el juicio por los crímenes cometidos en el Centro Clandestino de Detención “La Escuelita”, en Bahía Blanca, durante la última dictadura cívico militar. El fiscal Abel Córdoba solicitó perpetua para 14 de los imputados, en el juicio oral en el que se investigan violaciones a los derechos humanos en perjuicio de 90 víctimas en el área de operaciones del V Cuerpo del Ejército. 

Señalización de "La Escuelita"
El juicio oral, a cargo de los jueces Jorge Ferro, José Mario Triputti y Martín Bava, se lleva adelante en el marco de la causa denominada “Bayón, Juan Manuel y otros”, donde se investigan crímenes contra los derechos humanos cometidos en perjuicio de 90 víctimas 

El representante del Ministerio Público Fiscal solicitó, en su alegato, la pena de prisión perpetua para Osvaldo Bernardino Páez, Hugo Jorge Delme, Juan Manuel Bayón, Mario Carlos Antonio Méndez, Jorge Enrique Mansueto Swendsen, Jorge Aníbal Masson, Hugo Carlos Fantoni, Walter Bartolomé Tejada, Norberto Eduardo Candal, Jorge Horacio Granada, Carlos Alberto Taffarel, Héctor Arturo Gonçalves, Vicente Antonio Forchetti y Héctor Jorge Abelleira. Por otra parte pidió 25 años de prisión para Héctor Luis Selaya y Reynaldo Miraglia, y 21 años para Carlos Alberto Contreras.

Buenos Aires 6 de septiembre de 2012
Secretaría de Derechos Humanos
CTERA

La Justicia avanza: se realizaron 61 juicios por delitos de lesa humanidad desde 2008

Desde 2008 hasta agosto último, se realizaron en todo el país 61 juicios orales por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar, mientras que en la actualidad se llevan a cabo 15 debates y otros cinco tienen fecha de inicio fijada. La información surge de un informe de la Unidad de Superintendencia para Delitos de Lesa Humanidad, creada por la Corte Suprema para facilitar la realización de los juicios. 
Mario Abel Amaya

Entre ellas debemos destacar la decisión de reasignar causas para agilizar los procesos, que se repitió en distintas jurisdicciones (Ciudad de Buenos Aires, La Plata, Mar del Plata, San Martín, Córdoba, Tucumán, Mendoza, San Luis, Salta, Bahía Blanca, La Pampa, Neuquén, Formosa, Chaco, San Juan, Paraná, Rosario, Santa Fe y, recientemente, en Santiago del Estero, La Rioja y Jujuy). “Como consecuencia de estas medidas, e implementadas por el Poder Judicial de la Nación, en el año 2008 se realizaron 6 juicios orales; en el año 2009, 12; en el 2010, 16; en el 2011, 17 y hasta agosto del 2012, se concluyeron 10 juicios”, indica el informe. 

En el transcurso de estos años hubieron 280 condenas y solo 16 fueron absoluciones. Actualmente existen 15 juicios orales en curso, entre ellos los de la Masacre de Trelew en Chubut y el de los Mártires de Chamical en La Rioja. Mientras que ya tienen fecha de inicio fijada otras 5 causas, entre ellas el juicio por delitos contra Mario Abel Amaya -quien permanece desaparecido- e Hipólito Solari Irigoyen -ambos habían sido abogados garantes de los presos que fueron fusilados en la Masacre de Trelew- , y la “megacausa” ESMA que tiene 61 acusados.

Ciudad de Buenos Aires, 5 de septiembre de 2012 
Secretaría de Derechos Humanos 
CTERA

lunes, 3 de septiembre de 2012

Repudio a Concejales de la UCR, del PRO y del GEN que se oponen a colocar placa recordatoria de desaparecidos en Chascomús


La Secretaría de Derechos Humanos de la CTERA expresa su repudio a la negativa de concejales del partido bonaerense de Chascomús a colocar una placa recordatoria de las víctimas del terrorismo de estado en ese partido. La placa que iba a instalarse en el Concejo Deliberante de esa ciudad, buscaba recordar a tres víctimas del terrorismo de Estado: Eduardo Hernández, Raúl Ameri y Miguel Angel Villa.
Sede del Concejo Deliberante de Chascomús

Los concejales que se opusieron fueron Adolfo Aldabe, Claudia Pérez Cazal, Nélida Alvarez y Elías Gárriz (de la UCR); Miguel Alfonsín (del GEN); Laura Moujan y César Echavarría (de Unión Pro). Los votos afirmativos fueron de Oscar Ruiz (Frente para la Victoria); Pablo Francese, Javier Gastón, Leandro Bordalecou, Elisa Castro y Gabriela Arreche (UxCh). Estuvo ausente la concejal del FpV Mariela Moscarella.

Nos solidarizamos con los/las familiares y compañeros/as que impulsan la colocación de esta placa en el Concejo Deliberante. La negativa de los mencionados concejales obstruye un proceso social de condena al terrorismo de estado y de construcción colectiva de memoria. Estos procesos son pilares ciudadanos fundamentales para la construcción de políticas en materia derechos humanos que deben ser acompañados e impulsados por el Estado, tal como viene sucediendo a nivel nacional desde 2003.

Ciudad de Buenos Aires, 3 de septiembre de 2012

Secretaría de Derechos Humanos
CTERA

jueves, 30 de agosto de 2012

Día Internacional del Detenido Desaparecido

Hoy, 30 de agosto, es el Día Internacional del Detenido Desaparecido. Hoy y siempre luchamos contra las desapariciones forzadas y contra la impunidad de los criminales genocidas. Hoy y siempre recordamos a compañeros y compañeras desaparecidas por el terrorismo de estado organizado por civiles y militares.
Argentina: Madres de Plaza de Mayo

En nuestro país, la desaparición forzada de personas es también una realidad a tres décadas de finalizada la última dictadura cívico-militar; Luciano Arruga y Julio López son algunos de los desaparecidos en democracia. La persistencia de este fenómeno en toda Latinoamérica está vinculada a la impunidad de las fuerzas policiales, parapoliciales y militares aún en gobiernos constitucionales. En el marco del Plan Cóndor cientos de miles de personas desaparecieron en una operación conjunta de los regímenes dictatoriales de todo el cono sur y el gobierno de los Estados Unidos y la CIA. La presencia de la agencia de inteligencia estadounidense fue visible en Chile, aunque también operó conjuntamente con las cúpulas militares de Argentina, Perú, Colombia, Brasil, Paraguay, Uruguay, Bolivia, Ecuador y Venezuela. La incidencia de los Estados Unidos en operativos represivos persiste hasta estos días y su participación fue investigada en el reciente intento de golpe de estado en Bolivia, contra el presidente Evo Morales.

Desapariciones en Perú
Desde esta Secretaría adherimos y participamos en las actividades organizadas por la FEDEFAM en este día de memoria y lucha. Hoy acompañamos a las distintas organizaciones de derechos humanos desde las 19hs en el acto en el Teatro La Máscara (Piedras 736, CABA).

lunes, 27 de agosto de 2012

Carlos Blaquier viajó a Jujuy para asistir a un “espontáneo” desagravio

Carlos Pedro Blaquier viajó a la provincia de Jujuy para asistir a una marcha “espontánea” a su favor y luego brindó una conferencia de prensa rodeado de sus hijos, nietos y directivos de la empresa.

Campaña de acompañamiento al juicio
El dueño del Ingenio Ledesma se encuentra cerca de ser procesado por la Noche del Apagón de 1976. Sobre dichas acusaciones dijo que “Si nosotros no teníamos el control de la electricidad ¿Cómo íbamos a hacer el apagón? Además la electricidad funcionaba muy mal, estaba en manos de la provincia y había apagones constantemente” y agregó que “si a la empresa le va bien, a la comunidad también le va a ir bien.” Estos dichos se completan con información que detalla que en los últimos días punteros del Ingenio salieron a decir que si al jefe lo detenían, Ledesma cerraba. Luego, sostuvo que era falsa la acusación que las camionetas de la empresa fueron utilizadas en secuestros, y afirmó que "el gobierno militar tenía el poder público y no necesitaba ninguna camioneta nuestra ni nada por el estilo. Ellos hicieron lo que quisieron con sus vehículos. Si algunas vez tomaron alguna camioneta no la pidieron prestada, la tomaron de prepo".

El espontáneo acto organizado por Blaquier

El dueño del Ingenio Ledesma está acusado de los apagones sucedidos en el año 1976 y de haber prestado camionetas de Ledesma que ayudaron con el secuestro de 400 personas en Libertador San Martín y Calilegua, de los cuales hoy permanecen 30 desaparecidos. Cada vez que la justicia le pide declarar en los Tribunales de Jujuy se niega alegando un delicado estado de salud. No obstante, la delicada salud no le impidió a Blaquier asistir a un “espontáneo” acto de desagravio hacia su persona. 

La actividad fue organizada en la Sala de Calilegua, donde durante la dictadura cívico militar se organizaban festejos para amigos y parte de la prensa local. El acusado se presentó como un anciano frágil y buen padre y abuelo, rodeado de sus hijos y nietos. 

La intención de la defensa de Blaquier es desvincularlo como responsable civil de la última dictadura militar y victimizarlo. Ya lo había hecho cuando evitó declarar en la provincia argumentado un ataque por parte de militantes de derechos humanos que aguardaban en el Juzgado. La estrategia de la defensa es cercana a la que los Abogados de Genocidas como Menéndez o Videla optan para defender a sus “clientes”.

Esto se suma a la sustracción de un cartel de señalización que indicaba al Polo Industrial del Ingenio Ledesma como un lugar donde se cometieron crímenes de lesa humanidad, hecho ocurrido a días de la indagatoría a Blaquier y a las agresiones contra Cristina Condorí, testigo en el juicio que comenzó en Jujuy y sobreviviente de la comisión directiva de la obra social de los trabajadores del Ingenio.

Desde esta Secretaría seguimos exigiendo juicio y castigo para todos los civiles que participaron en los crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura cívico-militar, sin soslayar que los grandes grupos económicos también fueron la dictadura.

miércoles, 22 de agosto de 2012

Comienza juicio por crímenes de lesa humanidad cometidos en Campo de Mayo

Este jueves 23 de agosto comienza en San Martín el juicio oral por los crímenes cometidos en el Ex Centro Clandestino de Detención Campo de Mayo durante la última dictadura cívico militar. El juicio a cargo del Tribunal Oral Federal Nº1 de San Martín integrado por los jueces Héctor Sagretti, Daniel Cisneros y Daniel Petrone tiene como acusados a los genocidas Santiago Omar Riveros, Reynaldo Benito Bignone, Eugenio Guarañabens Perelló, entre otros. El juicio acumula tres causas en las que se investigan violaciones de los derechos humanos de 20 víctimas. Los genocidas son investigados por los delitos de privación Ilegal de la libertad, tormentos, homicidios y apropiación de menores de edad, entre otros. 

En la amplia extensión de Campo de Mayo funcionaron cuatro Centros Clandestinos de Detención, Tortura y Exterminio: El Campito, La casita, Encausados y el hospital militar donde funcionaba una maternidad clandestina. Este complejo del terror fue uno de los más grandes CCDTyE que puso en marcha el terrorismo de estado durante la última dictadura cívico militar. 
Además de Riveros y Bignone, jefes de Campo de Mayo, estará por primera vez en el banquillo Carlos Tomás Macedra, torturador que fuera reconocido por un conscripto como jefe de operativo. 

Además se encuentran imputados Luis Sadí Pepa, ex director de la Escuela de Comunicaciones del Comando de Institutos Militares; Carlos Eduardo José Somoza, oficial de inteligencia y torturador de “El Campito”; Eduardo Oscar Corrado, del comando de Institutos Militares; los gendarmes Julio San Román, alias “Cacho”, y Hugo Miguel Castagno Monge, alias “Yaya”, ambos jefes de la custodia del “Campito”. Por la apropiación de Laura Catalina de Santis serán juzgados Carlos del Señor Hidalgo Garzón, oficial de inteligencia del Batallón 601 y su mujer María Francisca Morillo. 

El debate, que contará con el acompañamiento de las organismos de Derechos Humanos, organizaciones políticas, sindicales y sociales, se llevará a cabo en la sala de audiencias ubicada en Pueyrredon 3728, localidad de San Martín. Desde la Secretaría de Derechos Humanos exigimos cárcel para los asesinos que están en el banquillo.

viernes, 17 de agosto de 2012

Procesan a Videla, Harguindeguy y Menéndez por crímenes de lesa humanidad en La Rioja



La justicia federal de La Rioja dictaminó el procesamiento con prisión preventiva para los genocidas Jorge Rafael Videla, Albano Harguindeguy y Luciano Benjamín Meneńdez y el ex Juez federal Roberto Catalán, y otros 16 acusados. En la causa, en la que se investigan allanamientos ilegales, tormentos y homicidios, entre otros delitos.

Los genocidas en el banquillo


Además de los mencionados, se dictó procesamiento con prisión preventiva para el ex Vice Comodoro Luis Fernando Estrella, imputado en el juicio oral por el asesinato de "los mártires de Chamical" ; Eliberto Goenaga, ex jefe de Inteligencia del Batallón Ingenieros en Construcciones 141; Hugo Roberto Maggi y el Capitán Médico Leónidas Carlos Moliné; para el ex Jefe del Departamento Inteligencia (D2) de Policía de la Provincia de La Rioja Juan Carlos "Bruja" Romero y sus ex subalternos Enrique Féliz Moreno, Miguel Angel Ramaccioni, Jose Chelito Gay, Juan Facundo Quiroga; para el ex director del Instituto de Rehabilitación Social, Renardo Sánchez; ex oficial de Policía Federal Argentina Roberto Reinaldo Ganem; el ex Jefe de la Delegación La Rioja de Policía Federal Argentina, durante el año 1975, José Féliz Bernaus; para los ex gendarmes Pedro Jesus Ledesma, Nicolás Antonio Granillo y Eulogio Viulte; y para el ex gendarme Miguel Ángel Chiarello, capturado este año en la localidad bonaerense de Quequén.


jueves, 16 de agosto de 2012

La iglesia cómplice y los festejos

El obispado de La Pampa se mantiene en silencio frente a los dichos del sacerdote que saludó a Videla en su cumpleaños y afirmó que “no fueron 30 mil ni fueron inocentes”.

Fotomontaje: el genocida Videla y el sacerdote Hidalgo
Las palabras y la imagen de la cuenta del Facebook caduco de un cura pampeano, que saludó a Videla por su cumpleaños y reivindicó las desapariciones de personas hechas por la última dictadura militar, todavía circulan por Internet provocando rechazo y desconcierto en amplios sectores del arco político. “No fueron 30 mil ni fueron inocentes. Feliz cumpleaños General. Un soldado nunca pide perdón por haber salvado a su patria de la dictadura comunista” decía, el 2 de agosto, Jorge Luis Hidalgo, sacerdote de la parroquia Medalla Milagrosa de Santa Rosa, La Pampa.
El obispo de la provincia, Mario Poli, aún no ha pronunciado públicamente ninguna declaración respecto de lo sucedido, a pesar de que ya transcurrieron más de diez días. En consecuencia, la concejal por Frente Nuevo Encuentro Paola Assone, quien impulsó un proyecto de resolución para repudiar el accionar del cura, criticó que la institución eclesiástica local cubriera “con un manto de silencio las declaraciones del padre Hidalgo”. A su vez, la vicegobernadora de La Pampa, Norma Durango, reclamó que la Iglesia “se sume y aclare esta situación” como un acto de respeto “a los miles de desaparecidos, muertos, exiliados y nietos que todavía se están buscando”.
Ante las posibles sanciones, el sacerdote cerró su cuenta de Facebook y, al ser entrevistado en un programa radial local, sostuvo que no quería hablar del tema para “evitar líos” y tratar de “dejarlo así nomás”. Mientras tanto, la Secretaría de Derechos Humanos de La Pampa presentó en los Tribunales de Santa Rosa una denuncia contra Hidalgo por presunta “apología del crimen”, delito previsto en el artículo 213 del Código Penal.
El genocida Videla en facebook

El Secretario de Derechos Humanos de la provincia, Rubén Funes, declaró a TELAM que lo ocurrido le causó un “gran dolor” por tratarse de una autoridad que debería “ponderar la vida antes que la muerte, la tortura, la desaparición y el robo de bebes”. Funes recalcó que estaba sorprendido porque Hidalgo, con 32 años, “tiene la edad aproximada de los nietos que las Abuelas están buscando”. Los diputados del PJ Miguel Tanos y Luciano Di Nápoli también expresaron su enérgico repudio y acompañan el proyecto presentado al Consejo Deliberante.
Al darse a conocer la noticia de las posibles sanciones al padre Hidalgo, numerosas personas, a través de redes sociales y entre los comentarios de los artículos publicados online, se manifestaron en defensa del sacerdote pampeano por considerar que lo hizo amparado por el derecho de la libre expresión. Al respecto, la concejala Assone argumentó que esa justificación no se sostiene ya que se trató de una “apología de delitos gravísimos” hechas “desde un lugar de responsabilidad social que los vuelve aún más inadmisibles”. Paralelamente, convocó a diferentes sectores de la sociedad civil de la provincia para que se pronuncien en contra de este tipo de manifestaciones para que “no puedan hacerse con impunidad”.  

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