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miércoles, 14 de noviembre de 2012

Revocan el procesamiento de Félix Díaz y Amanda Asijak

La Cámara de Casación Penal revocó el procesamiento que pesaba sobre los referentes de la Comunidad Qom La Primavera, Félix Díaz y Amanda Asijak. En un intento de criminalizar el reclamo de estas comunidades, los referentes fueron acusados del delito de obstrucción de transporte por vía terrestre, invocándose el Artículo 194 del Código Penal. El hecho había ocurrido a finales de julio de 2010, sobre la Ruta Nacional 86, en la Provincia de Formosa. 

En el fallo, la Cámara de Casación Penal se manifestó en defensa del “ejercicio del derecho de petición” y apuntó que esto “genera para las autoridades, una obligación mínima, cual es la de atender y analizar las peticiones que reciben”. Además recordó el deber del Estado provincial, conducido por Gildo Insfrán, de garantizar los Derechos de los Pueblos Originarios sobre los que trata el Convenio 169 de la OIT y la Ley Nacional 24.071. 
Juez José Luis Alberto Aguilar: "el poder político debe encontrar los caminos y medios de solución, no pudiendo judicializarse la protesta indígena."
En su voto, el juez José Luis Alberto Aguilar argumentó que “el tema en análisis encierra una cuestión de connotaciones políticas que deben ser de resorte del poder político, quien debe encontrar los caminos y medios de solución, no pudiendo judicializarse la protesta indígena ”. La jueza Ana Victoria Order argumentó que, de acuerdo en el Artículo 75 de la Constitución, el Estado reconoce la “preexistencia” de estos pueblos y los derechos sobre las tierras en cuestión, respetando las formas comunitarias de propiedad. 

Ese mismo año los Qom fueron sometidos a una cacería por parte del gobierno provincial, que intentaba ocupar tierras pertenecientes a la comunidad. En noviembre de 2010, un criminal operativo de la Policía de Formosa acabó con la vida de Roberto López, de la comunidad aborigen, y del policía Eber Falcón.

martes, 23 de octubre de 2012

Salta: el empresario Marcos Levín procesado por crímenes de Lesa Humanidad

El juez Leonardo Bavio del Juzgado Federal Nº 1 de Salta procesó el pasado 15 de octubre al empresario Marcos Jacobo Levin, de 73 años, por considerarlo instigador del delito de imposición de tormentos, en 1977, sobre Víctor Manuel Cobos, quien era chofer y delegado gremial de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), de la empresa de transporte La Veloz del Norte. Levin era por entonces propietario de esa empresa de transporte. 

Marcos Levin
Bavio también dictó el procesamiento de los ex-policías Víctor Hugo Bocos (era empleado de la empresa y subjefe de la comisaría 4 de la policía de Salta), y Enrique Cardozo, pero como coautores de los tormentos a Cobos. Sin embargo el juez dejó fuera de la causa a otras denuncias por tormentos de otras trece víctima entre choferes y azafatas de la misma empresa y la imputación a otros policías denunciados. Levin continuará en libertad porque el procesamiento es sin prisión preventiva. El llamado a indagatoria se inició hace varios meses (a fines del año pasado), luego de la denuncia de los empleados de La Veloz del Norte. Para dictar los procesamientos el juez se basó en las declaraciones coincidentes prestadas por catorce testigos que evidenciaban la existencia de las torturas denunciadas. Según el juez, las torturas tuvieron por finalidad "arrancar la confesión de los acusados" para un procedimiento penal que se había iniciado a instancias de Levín, para investigar una supuesta defraudación a La Veloz del Norte realizada por un grupo de empleados.

Según la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las Causas por violaciones a los Derechos Humanos, hasta ahora se contabilizó que, desde la vuelta de la democracia, hay 122 civiles entre condenados y procesados por delitos de lesa humanidad. De estos, sólo 29 se encuentran condenados (y ocho son ex Personal Civil del Batallón 601).

martes, 11 de septiembre de 2012

Procesan a Videla y otros genocidas por la desaparición de un colimba

José Luis Rodríguez Diéguez
Se trata de la causa por la desaparición de José Luis Rodríguez Diéguez en 1976, quien cumplía el servicio militar obligatorio en el Regimiento de Infantería 25, en la ciudad de Sarmiento, Provincia del Chubut. El Juzgado Federal de Comodoro Rivadavia, a cargo de la Dra. Eva Parcio de Seleme dictó el procesamiento con prisión preventiva para los militares genocidas: Jorge Rafael Videla ex teniente general del ejército, el general (Retirado) Teófilo Saa, ex Jefe de ese regimiento, y del mayor (R) Carlos Antonio Españadero, quien fuera Jefe de Situación General del Batallón De Inteligencia 601 en el año 1976.

José Luis había sido incorporado el 16 de marzo de 1976 al Regimiento de Infantería de Montaña 21, en Las Lajas, Neuquén. El 13 de octubre su familia recibió un telegrama del hijo: "ME TRASLADAN COLONIA SARMIENTO CHUBUT. ESTOY BIEN. JOSE LUIS". Ese mismo mes, a sus 21 años, José Luis desapareció.

lunes, 10 de septiembre de 2012

El juicio por el asesinato de Mariano Ferreyra: cruces y declaraciones


Nuevas audiencias de las cuarta y quinta semana del juicio por el asesinato de Mariano Ferreyra, el compañero que luchaba contra la tercerización laboral en el ex-ferrocarril Roca, y por las heridas ocasionadas a Nelson Aguirre, Elsa Rodríguez y Ariel Pintos (hechos ocurridos el 20 de octubre de 2010). El Tribunal Oral Criminal 21 de la CABA, prevé un cronograma para la realización de audiencias los lunes, martes y jueves, que prosigue el día de mañana.

Desde el 27 de agosto hubo 6 audiencias, en la del lunes 27 la presidencia la asumió el juez Carlos Bossi; en esta oportunidad declaró María Wenceslada Villalba de 59 años, que estuvo entre el grupo de militantes que fueron atacados por la patota de ferroviarios. Su relato confirmó nuevamente lo que ya declarararon otras víctimas, así contó que se reunieron con sus compañeros en el local del partido y como no pudieron cortar las vías en la Estación Avellaneda, entonces siguieron hasta Capital bordeando el Puente Bosch hacia Barracas. Cuando quisieron tomar las vías a la altura del terraplén, tuvieron que retroceder sin lograr su objetivo por las piedras y cascotes que les tiraba un grupo de ferroviarios, ella recibió una pedrada en el abdomen, luego se reúne con sus compañeros y vio a dos patrulleros y a ferroviarios que se cubrían detrás de los patrulleros, después de esto no vio a ningún policía por el lugar. Agregó que se hizo la asamblea, y que cuando se estaban yendo, vio venir a la patota, y que cuando cayó Elsa, ella pensó que estaba muerta y después vio caer a Mariano, María trató de ayudarlo luego de que fuera herido de muerte por la patota de los ferroviarios de la UF y barrabravas, también declaró que no vio cuales fueron los tiradores.

El martes 28 solamente atestiguaron tres de los cinco policías que debían declarar, una de las razones de esto fue la lentitud de la fiscal Jalbert y también las reiteradas discusiones entre la fiscal y Freeland, el defensor del “Gallego” Fernández. El primer testigo fue Domínguez, le siguió Coronel y por último Ortigosa. En lo único en que coincidieron los tres testigos es que la patota de ferroviarios sale corriendo hacia los militantes y los tercerizados cuando estos se estaban retirando del lugar hacia la Av. Vélez Sarsfield. Domínguez calculaba unas 150 personas entre los ferroviarios; y sólo 60 personas entre los militantes y los tercerizados. Luis Humberto Coronel estaba dubitativo y cambiaba su descripción de un momento a otro como sobre quiénes tiraban piedras, en qué dirección iban y a qué distancia estaba él. Por otra parte lo que declaró Ortigosa comprometió a los ferroviarios y echó abajo la hipótesis del enfrentamiento sostenida por las defensas. El dijo que estaba vestido de civil junto a otros tres policías de la División Roca, describió claramente el ataque de los ferroviarios en el momento en que los tercerizados y militantes iniciaron la marcha para alejarse de los ferroviarios y cómo un pequeño grupo de la patota casi los agredió a él y los otros tres policías.

En la audiencia del jueves 30 El Tribunal Oral en lo Criminal Nº 21 de la CABA recibió el jueves 30 las declaraciones, como testigos, de seis policías que hicieron tareas de inteligencia para recabar datos de los acusados en el juicio Así, declararon los oficiales de la Policía Federal Alejandro Recalde y Gabriel Kukaschi, el sargento Alejandro Tocalino, el principal Angel Castro, el inspector Gerónimo Molina y la subteniente de la Policía Bonaerense Mónica Giose.

El sargento Alejandro Tocalino (policía de la localidad de Quilmes), complicó con su declaración ante el tribunal a Cristian Favale. Tocalino dijo que Favale llamó reiteradas veces a su Nextel después del asesinato de Mariano Ferreira, para contarle que había estado en el lugar del hecho y para pidirle que le avisara si se enteraba lo que hubiera sobre él en la investigación por el asesinato de Mariano y las heridas a los otros. En audiencias anteriores dos testigos, Lisandro Martínez y de Eduardo Belliboni, que sobrevivieron al ataque identificaron a Favale como la persona que disparó contra los manifestantes. Otro testigo, el principal Angel Dardo Castro, que participó en las tareas de inteligencia sobre Favale, explicó que a través de escuchas y seguimientos se pudo constatar que en los días posteriores al homicidio Favale se reunió, al menos, con una persona de la Unión Ferroviaria.

El comisario inspector Alejandro Reclalde, fue el que preparó el sumario interno sobre la actuación policial en los hechos del 20/10/2010, este testigo reconoció que tres comisarios que están acusados tenían capacidad de mando y podían haber tomado medidas para evitar el ataque de la patota. Así Recalde admitió que Mansilla (de Control de Líneas), Ferreyra (de la División Roca) y Lompizano (de la Dirección General de Operaciones) podían haber hecho algo para evitar la muerte de Mariano y las lesiones a sus compañeros.

El lunes 3 de septiembre Pedraza y el Gallego Fernández no concurrieron a la audiencia. Para adelantar la fiscal Jalbert propuso incorporar “por lectura” el testimonio de unos diez policías citados a comparecer ante el tribunal. Luego declaró el policía Víctor Apazza, quien participó de los allanamientos a la sede de la Unión Ferroviaria y a las oficinas de la cooperativa “Unión del Mercosur”, una de las empresas terecerizadas que era administrada por la burocracia de la Unión Ferroviaria y por sus familiares. Este policía también intervino en la detención de Pedraza en su piso de un millón de dólares de Puerto Madero. Otro declarante fue el gendarme Jorge Tejada, que realizó tareas de inteligencia en los talleres ferroviarios de Remedios de Escalada y que reconoció a Juan Carlos Pérez, en uno de los videos.

El martes 4 declaró ante el Tribunal Oral Criminal 21, con extremas medidas de seguridad, el testigo protegido Alejandro Jesús Benítez; fue durante casi seis horas pero sin público y con la presencia de los 17 acusados, Benítez, que es guarda ferroviario desde 1995 y trabajó en los talleres de Constitución, reconoció que formaba parte del grupo de ferroviarios convocados por el delegado de la UF Díaz a través del delegado Alberto “Tano” Carnevale, también reconoció que era el que aparece en todas las filmaciones con una mochila. Benítez dijo que fue hasta la estación Avellaneda, donde vio a varios de los ferroviarios acusados, como Gabriel “Payaso” Sánchez, Juan Carlos Pérez, Salvador Pipito, Armando Uño, a Díaz y Jorge González, pero también a otro grupo que él no reconocía como de ferroviarios. Sobre la supuesta pelea que arguyen los defensores, Benítez dijo que el ataque lo empieza la patota de la UF, y cuando los tercerizados y las organizaciones que los apoyaban se estaban desconcentrando. También relató que Pablo Diaz era el que impartía las directivas a la patota, la cual estaba separada en dos grupos, en un momento él vio que uno del otro grupo disparó 4 y cinco veces hasta que se le trabó el arma. Según este testigo Favale le dijo a Diaz que “al zurdo gil ese de la gomera le agujereé la panza”. También comprometió a Juan Carlos “Gallego” Fernández, porque dijo que el fue quien dio, por teléfono, la orden para irse del lugar después de los disparos. Además declaró que La Policía Federal no intentó detener a ninguno de los agresores.

El jueves 6 de septiembre declaró el segundo testigo protegido llamado Claudio Díaz (que también era guarda), en esta ocasión tampoco estuvo permitido el ingreso del público y sí estuvieron todos los acusados. Diaz comprometió a Gabriel "Payaso" Sánchez (otro guarda), al decir que este concurrió armado al enfrentamiento; porque le mostró un revólver de tambor negro mientras iban hacia Avellaneda en el auto de Sánchez. Este testigo admitió en su declaración que concurrió al lugar del crimen porque fue convocado por el delegado de la UF Alberto Carnevale para que fuera a la estación Avellaneda. Díaz declaró que cuando comenzó el ataque en Barracas, el estaba a unos 150 metros, y que cuando comenzaron a llover las piedras salió corriendo, pero una tuerca le produjo un tajo en la cabeza, por lo cual Pablo Díaz lo mandó a Jorge González (otro de los acusados), a que lo llevara al Hospital Argerich con otro ferroviario herido, pero terminaron con un médico del gremio para no cursarse con los heridos de los militantes. El guarda Sánchez reaccionó y quiso un careo que fue denegado, pero aceptó declarar y contestar preguntas del Tribunal (antes no había querido), y dijo que era mentira lo que decía Díaz y además quiso incriminar al testigo.

Pablo Ferreyra, hermano de Mariano, le dijo a Telam que la declaración de Sánchez "puede marcar el principio del fin del pacto de silencio" que existe entre los acusados del crimen."Durante la declaración Sánchez se mostró dubitativo y hasta por momentos se le quebró la voz, sobre todo cuando los jueces lo interrogaron sobre su relación con barrabravas y grupos de choque de la Unión Ferroviaria (UF)".

Por otra parte en la causa paralela José Pedraza (el titular de la Unión Ferroviaria), se negó a declarar ante el juez de instrucción Luis Rodríguez y el fiscal Juan Necol el martes 04/08. En este juicio se investiga si miembros de la UF intentaron sobornar a jueces de la Cámara de Casación Penal para obtener la libertad de los primeros detenidos por el asesinato de Mariano. En esta causa Pedraza también tiene a Carlos Froment como abogado

viernes, 17 de agosto de 2012

Procesan a Videla, Harguindeguy y Menéndez por crímenes de lesa humanidad en La Rioja



La justicia federal de La Rioja dictaminó el procesamiento con prisión preventiva para los genocidas Jorge Rafael Videla, Albano Harguindeguy y Luciano Benjamín Meneńdez y el ex Juez federal Roberto Catalán, y otros 16 acusados. En la causa, en la que se investigan allanamientos ilegales, tormentos y homicidios, entre otros delitos.

Los genocidas en el banquillo


Además de los mencionados, se dictó procesamiento con prisión preventiva para el ex Vice Comodoro Luis Fernando Estrella, imputado en el juicio oral por el asesinato de "los mártires de Chamical" ; Eliberto Goenaga, ex jefe de Inteligencia del Batallón Ingenieros en Construcciones 141; Hugo Roberto Maggi y el Capitán Médico Leónidas Carlos Moliné; para el ex Jefe del Departamento Inteligencia (D2) de Policía de la Provincia de La Rioja Juan Carlos "Bruja" Romero y sus ex subalternos Enrique Féliz Moreno, Miguel Angel Ramaccioni, Jose Chelito Gay, Juan Facundo Quiroga; para el ex director del Instituto de Rehabilitación Social, Renardo Sánchez; ex oficial de Policía Federal Argentina Roberto Reinaldo Ganem; el ex Jefe de la Delegación La Rioja de Policía Federal Argentina, durante el año 1975, José Féliz Bernaus; para los ex gendarmes Pedro Jesus Ledesma, Nicolás Antonio Granillo y Eulogio Viulte; y para el ex gendarme Miguel Ángel Chiarello, capturado este año en la localidad bonaerense de Quequén.


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