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jueves, 6 de diciembre de 2012

El tercer juicio por crímenes en la Ex ESMA sigue el lunes

La audiencia de este jueves fue suspendida tras la evacuación de los Tribunales de Comodoro Py y se reanudará el lunes próximo. En la cuarta jornada del 5 de diciembre del juicio oral por crímenes de lesa humanidad cometidos en el ex-CCD de la ESMA, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 5 de la Capital (integrado por los jueces Daniel Obligado, Adriana Paliotti y Leopoldo Bruglia) autorizó a tarea de los reporteros gráficos para obtener nuevas imágenes de las audiencias

Los secretarios del Tribunal concluyeron ayer con la lectura descriptiva de los crímenes contra las casi 800 víctimas de los genocidas. Para la quinta jornada de 06/12 queda completar la lectura de las imputaciones a los acusados, para luego pasar a las declaraciones indagatorias de los 30 imputados (de 68), que pidieron hacer uso de la palabra.

Entre los casos leídos en esta audiencia están la desaparición de Rodolfo Walsh, los secuestros y las torturas en la causa Chacras de Coria (Mendoza), y el secuestro y desaparición del estudiante de la UBA Miguel Ángel Boitano Paolín, hijo de Lita Boitano la titular de Familiares de Desaparecidos y Detenidos Por Razones Políticas, quien estuvo presente en la sala.

En el caso del el secuestro y el asesinato de Rodolfo Walsh el imputado es Carlos Galián, alias "Pedro Bolita", el que entregó a Juan Cabandié a Luis Falco, su apropiador. Por los hechos contra Walsh ya fueron condenados el año pasado varios miembros del Grupo de Tareas 3.3.2. que operaba desde la ESMA, como Jorge "Tigre" Acosta, Antonio Pernías, Alfredo Astiz, Jorge Radice, Ricardo Cavallo, Ernesto Weber y Juan Carlos Fotea.

El caso de Chacras de Coria, es uno de los delitos económicos cometidos por los genocidas de la Armada. En este juicio no se incluye el robo de los bienes y la apropiación de las tierras de empresarios mendocinos sino los secuestros, tormentos y desapariciones de Victorio Cerutti, Omar Masera Pincolini y Horacio Palma y el abogado Conrado Gómez.

martes, 4 de diciembre de 2012

Córdoba: comienza juicio por crímenes de lesa humanidad en los ex-Centros Clandestinos de detención “La Perla”, "La Ribera" y "D-2"


A partir de las 10 de la mañana del martes hoy comienza el quinto juicio en Córdoba por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico militar. Es la megacausa denominada "La Perla" o "Menéndez III", en el que están imputados 46 genocidas por delitos contra 416 víctimas. Los crímenes fueron cometidos durante los años 1976 y 1978 en La Perla ubicado en la RN20 entre Carlos Paz y Córdoba, el Departamento de Informaciones de la policía de la provincia de Córdoba (la D-2) y en el ex centro clandestino de detención La Ribera ubicado al noreste de la ciudad de Córdoba donde hasta 1975 había una Prisión Militar. En el juicio está la causa por la desaparición de Eduardo Requena,  destacado miembro fundador de la CTERA.

También hay unos 70 delitos cometidos desde fines de 1975, por un grupo parapolicial similar a la Triple A llamado Comandos Libertadores de América (CLA). 

Este juicio oral es el resultado de la acumulación de 16 causas que se tramitaron por separado durante la instrucción. Se espera que declaren unos 700 el 2013.Entre los delitos que se van a juzgar están la sustracción de menores, y los de privación ilegítima de la libertad, tormentos, torturas, lesiones graves y homicidio. Este es uno de los juicios más grandes de los que se llevan a cabo en el país.

El juicio será realizado por el Tribunal Oral Federal nº 1 de Córdoba, integrado por Jaime Díaz Gavier, Julián Falcucci y José Quiroga Uriburu, el fiscal es Carlos Gonella. En las primeras audiencias se van a leer los autos de elevación a juicio de cada uno de los 16 expedientes acumulados para este proceso. 
Entre los imputados está el ex titular del Tercer Cuerpo del Ejército, Luciano Benjamín  Menéndez, quien seguirá las audiencias por videoconferencia, y quienes dirigieron el ex Centro Clandestino de Detención La Perla y el Destacamento de Inteligencia 141 como Ernesto Guillermo Barreiro, Héctor Pedro Vergez (también estuvo en el ex-CCD la Ribera), Jorge Exequiel Acosta y Luis Gustavo Diedrichs, otros imputados son Luís Alberto Manzanelli, Arnoldo José López, Carlos Alfredo Yanicelli, Yamil Jabour otros 16 policías provinciales y personal civil de inteligencia y ex-gendarmes.
Este va a ser el primer juicio en el que va a juzgar el robo de bebés durante la dictadura cívico militar en Córdoba. Entre los casos juzgados está también el de el secuestro del nieto de Sonia Torres, la titular de Abuelas de Plaza de Mayo-Córdoba, la primera causa de apropiación de niños en la provincia. 

"El lunes 03/12 se suicidó uno de los imputados, el ex-militar Aldo Carlos Cecchi, de 67 años, quien se disparó un balazo mientras estaba detenido e internado en un hospital de San Isidro, en la provincia de Buenos Aires."

Se investigará también el secuestro, las torturas y el asesinato de Tomás Di Toffino, el dirigente gremial de Luz y Fuerza compañero del Gringo Tosco. También otros dirigentes gremiales como los hermanos Ortega de Sitrac-Sitram y el secuestro y asesinato de los dirigentes montoneros Marcos Osatinsky y Horacio “Chacho” Pietragalla padre de Horacio Pietragalla, el nieto recuperado por las Abuelas número 75.



lunes, 1 de octubre de 2012

La urdimbre civil de la dictadura: Reynal y la policía bancaria

El pasado 19 de septiembre debió declarar ante los jueces Eduardo Farah y Eduardo Freiler - de la Sala II de la Cámara Federal porteña - Alejandro Reynal, ex vice presidente del Banco Central durante la última dictadura cívico militar. La audiencia oral se hacía para decidir si se reabre la causa por el despojo, en 1980, del Banco Latinoamericano a su titular, Eduardo Saiegh. Esta reapertura es necesaria porque en el 2000 prescribió la causa 6279/97, por la vigencia de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.

La reapertura fue pedida por Saiegh y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y ya tiene dictamen favorable del fiscal federal Eduardo Taiano, el pedido de declarar nula la resolución que lo sobreseyó a Reynal por prescripción, se basa en que el caso sea considerado como delito de lesa humanidad y, por lo tanto, imprescriptible.

El ex vice del BCRA, Alejandro Reynal
Lo que fundamenta el dictamen del fiscal es que en octubre de 1980 Saiegh fue detenido ilegalmente por funcionarios de la División Bancos de la Policía Federal (considerado como un “grupo de tareas” el cual, durante la dictadura, actuaría por órdenes de las autoridades del Banco Central), esto se hizo falsificando en el Banco Central una denuncia anónima contra Saiegh. Este estuvo desaparecido una semana, en la cual fue torturado en la sede de la División Bancos en el Banco Nación que está en Bartolomé Mitre y 25 de Mayo (aún existe), y en el Departamento Central de la Policía Federal. Lo hicieron para que confesara delitos inexistentes y que firmara la autoliquidación voluntaria del Banco Latinoamericano. Saiegh dijo que los responsables directos de las torturas fueron el comisario Ángel Iannbelli (jefe de la División Bancos de la Policía Federal), y el comisario Héctor Cereda, quienes ya fallecieron, otros posibles miembros del “grupo de tareas” siguieron en la fuerza hasta hace poco, como el comisario general Jorge Oriolo o continúan como el comisario mayor Sebastián Seggio (jefe de Planificación y Desarrollo de la Federal). Para poder identificarlos Saiegh, junto a la Comisión Nacional de Valores, pidió que se abran los legajos de los policías federales que formaban parte de División Bancos, y así al ver las fotografías aquel momento, se pueda reconocer a los que intervinieron en este caso.

Eduardo Saiegh denunció que Reynal ordenó la liquidación de su banco junto al ministro de Economía, José Alfredo Martínez de Hoz y del entonces ministro del Interior, Albano Harguindeguy. Una de las finalidades para apoderarse del banco era que las autoridades del Central, necesitaban sacar las acciones de Makin S.A. (la controlante de Austral Líneas Aéreas), y, especialmente los comprobantes de una deuda, por más de siete millones de dólares, que se debían recuperar para que se pudiera estatizar la compañía, transfiriendo al Estado Nacional las acciones y el pasivo de la empresa y poder estatizarla. Esto se hizo por decreto rápidamente el 7 de noviembre de 1980, 48 horas después del pedido por nota de los accionistas de la empresa a Martínez de Hoz. Esto se realizó en beneficio de personas allegadas a Reynal, ya que él es primo hermano de William Reynal, principal accionista de Austral, empresa endeudada con el Banco Latinoamericano. Otra de las consecuencias del secuestro fue que el Crédit Lyonnais no compró el Banco Latinoamericano sino el Tornquist, que era propiedad de Francisco Capozzolo, amigo del ministro del Interior Albano Harguindeguy.

Alejandro Reynal fundó y es, desde 1981, presidente del banco de inversión Merchant Bankers Asociados. Recientemente fue funcionario de Macri y tuvo que renunciar por su pasado en la dictadura. 

El caso Saiegh fue denunciado por la Daia como caso emblemático de antisemitismo y logró un fallo favorable del juez Baltasar Garzón en 1999, quien caratuló la causa como de terrorismo de Estado.

Otro de los casos perpetrado por División Bancos de la Policía Federal Argentina fue el de Jorge Fernando Grande, vinculado a una cooperativa de crédito. Grande, denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que fue detenido por este “grupo de tareas” el 29 de julio de 1980, y que estuvo desaparecido y fue torturado en los mismos lugares que Saiegh. 

Además de esta se están investigando otras 604 liquidaciones de compañías de todo tipo (siderúrgicas, agropecuarias, textiles, bancos), en las que se habría utilizado la misma metodología, obligando a sus dueños y/o controlantes a vender o transferir acciones, e incluso cerrarlas o llevarlas a la quiebra por presión, secuestros y tortura.

En julio pasado la jueza federal María Servini de Cubría ordenó la custodia de Saiegh por la Prefectura Naval Argentina, luego de que denunciara haber sido agredido y amenazado en la puerta de su domicilio cuando junto a su mujer fue increpado por un hombre que se les abalanzó al grito de "no se meta con la policía".

martes, 18 de septiembre de 2012

Corrientes: apartan a Díaz Bessone de juicio por delitos de lesa humanidad

Héctor "Pata" Acosta
El Tribunal Oral Federal de Corrientes integrado por los jueces v, resolvió apartar al genocida Genaro Díaz Bessone - ex jefe del Segundo Cuerpo del Ejército- del juicio oral por delitos de lesa humanidad cometidos en esa provincia durante la última dictadura cívico militar. El debate, que había sido suspendido por el tribunal días atrás por problemas de salud de Díaz Bessone, aún no tiene fecha de inicio.

Díaz Bessone se encuentra imputado junto a Raúl Angel Portillo – por entonces jefe del Destacamento 123 de Inteligencia con asiento en Paso de los Libres - por violaciones de los derechos humanos en perjuicio de Héctor Eduardo Acosta, quien se encuentra desaparecido. El Pata Acosta como le decían, tenía 22 años y militaba en la Unión de Estudiantes Secundarios, la UES, cuando fue secuestrado. El 22 de marzo de 1976 personal civil y militar del Destacamento de Inteligencia 123 allanó su casa de Paso de los Libres y se lo llevó al Escuadrón 7 de Gendarmería, donde fue brutalmente torturado.

La Secretaría de Derechos Humanos de CTERA rechaza la medida adoptada por los jueces Alonso,  Rojas de Badaro y Ceroleni, y exige que Díaz Bessone sea juzgado por los delitos de lesa humanidad.   

jueves, 6 de septiembre de 2012

Bahía Blanca: El veredicto por los crímenes de lesa humanidad en “La Escuelita” ya tiene fecha

El próximo 12 de septiembre en horas de la tarde el Tribunal Oral Federal leerá la sentencia a los 17 imputados en el juicio por los crímenes cometidos en el Centro Clandestino de Detención “La Escuelita”, en Bahía Blanca, durante la última dictadura cívico militar. El fiscal Abel Córdoba solicitó perpetua para 14 de los imputados, en el juicio oral en el que se investigan violaciones a los derechos humanos en perjuicio de 90 víctimas en el área de operaciones del V Cuerpo del Ejército. 

Señalización de "La Escuelita"
El juicio oral, a cargo de los jueces Jorge Ferro, José Mario Triputti y Martín Bava, se lleva adelante en el marco de la causa denominada “Bayón, Juan Manuel y otros”, donde se investigan crímenes contra los derechos humanos cometidos en perjuicio de 90 víctimas 

El representante del Ministerio Público Fiscal solicitó, en su alegato, la pena de prisión perpetua para Osvaldo Bernardino Páez, Hugo Jorge Delme, Juan Manuel Bayón, Mario Carlos Antonio Méndez, Jorge Enrique Mansueto Swendsen, Jorge Aníbal Masson, Hugo Carlos Fantoni, Walter Bartolomé Tejada, Norberto Eduardo Candal, Jorge Horacio Granada, Carlos Alberto Taffarel, Héctor Arturo Gonçalves, Vicente Antonio Forchetti y Héctor Jorge Abelleira. Por otra parte pidió 25 años de prisión para Héctor Luis Selaya y Reynaldo Miraglia, y 21 años para Carlos Alberto Contreras.

Buenos Aires 6 de septiembre de 2012
Secretaría de Derechos Humanos
CTERA

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