Vera cada vez más comprometido y señalado como autor material en el juicio de Murias y Longueville

por Javier Puigdomenech, desde La Rioja

El pasado jueves 18 de octubre, el Tribunal Oral Federal de La Rioja, reanudó el juicio por los secuestros y asesinatos de los curas Carlos Murias y Gabriel Longueville, prolongándose hasta el sábado 20. Declararon los testigos: Aurelio Ortíz, Roberto Queirolo, Sebastián Glassman, Edgardo Rivero, Juan Carlos Britos, Nicolás Luna, José Valencio y Arturo Pinto. La querella de Murias, a cargo de la abogada María Elisa Reinoso, expresó que las jornadas fueron positivas, ya que se identificaron algunas personas que estarían involucradas y que están imputadas. “Se trata, precisamente, del ex Comisario de Chamical, Domingo Benito Vera, el que ha sido –en forma reiterada- mencionado como autor”, dijo la letrada. Organismos de Derechos Humanos, la AMP y la CTA de La Rioja volvieron acompañaron nuevamente en la calle.

A la derecha, el genocida Domingo Benito Vera

Asimismo, la doctora María Elisa Reinoso afirmó que la declaración de Carlos Britos fue muy importante para la causa, debido a que señaló al actual director del Servicio Penitenciario Provincial, José Carrizo, como instructor en un curso en una escuela de la localidad de El Cebollar, en la cual se formaba a la policía en la "lucha contra la subversión”. Esto "es relevante en dos sentidos", explicó la abogada “por un lado, precisa de que en la provincia estas instrucciones existían y por el otro, la vigencia de un personaje de ese momento en un puesto tan importante en la actualidad” y agregó que, para designar a ese tipo de personas en lugares tan sensibles, el gobierno provincial no ha tenido en cuenta el proceso de Memoria, Verdad y Justicia que está encaminando desde el año 2003, el gobierno nacional.

Por otra parte, el ex sacerdote Aurelio Ortíz, quien retomó su declaración, manifestó que en Chamical era de conocimiento de todo el pueblo la implicancia de Domingo Vera en el asesinato de los curas, ya que ostentaba un gran poder dentro de la fuerza policial. Además, aportó un informe confeccionado en el mes de agosto de 1976, en base a la investigación del Obispo Angelelli, la cual fue dada en prueba al Tribunal.

José Carrizo

Del mismo modo, otro de los testimonios de valor, fue el otro ex sacerdote, Arturo Pinto, quien está sindicado como victima en el juicio por la muerte de Enrique Angelelli. Pinto, desmitificó anteriores versiones y expresó que Angelelli estaba por radicarse en Chamical para investigar el asesinato de Carlos y Gabriel. E indicó que Angelelli llevaba una carpeta donde contenía datos acerca de los asesinatos y la estaba por enviar al Nuncio Apostólico y al Vaticano. La declaración de Pinto fue de gran importancia en cuanto a la contextualización de los hechos en la ciudad de Chamical.

Finalmente, el doctor Bernardo Lobos Bugeau, de la Secretaría de DD.HH. de la nación, calificó las tres jornadas del juicio como contundentes y destacó la declaración del testigo Carlos Luna, quien “claramente desenmascara a Vera y lo pone en la escena de los hechos cuando dice que él, por orden de Vera fue a mentir y que iba a averiguar en nombre de la Policía Federal, en la casa de las monjas”. Para Lobos, se ha demostrado que Vera conocía cabalmente toda esta situación y por ende, es clara su responsabilidad.

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La urdimbre civil de la dictadura: Reynal y la policía bancaria

El pasado 19 de septiembre debió declarar ante los jueces Eduardo Farah y Eduardo Freiler - de la Sala II de la Cámara Federal porteña - Alejandro Reynal, ex vice presidente del Banco Central durante la última dictadura cívico militar. La audiencia oral se hacía para decidir si se reabre la causa por el despojo, en 1980, del Banco Latinoamericano a su titular, Eduardo Saiegh. Esta reapertura es necesaria porque en el 2000 prescribió la causa 6279/97, por la vigencia de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.

La reapertura fue pedida por Saiegh y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y ya tiene dictamen favorable del fiscal federal Eduardo Taiano, el pedido de declarar nula la resolución que lo sobreseyó a Reynal por prescripción, se basa en que el caso sea considerado como delito de lesa humanidad y, por lo tanto, imprescriptible.

El ex vice del BCRA, Alejandro Reynal

Lo que fundamenta el dictamen del fiscal es que en octubre de 1980 Saiegh fue detenido ilegalmente por funcionarios de la División Bancos de la Policía Federal (considerado como un “grupo de tareas” el cual, durante la dictadura, actuaría por órdenes de las autoridades del Banco Central), esto se hizo falsificando en el Banco Central una denuncia anónima contra Saiegh. Este estuvo desaparecido una semana, en la cual fue torturado en la sede de la División Bancos en el Banco Nación que está en Bartolomé Mitre y 25 de Mayo (aún existe), y en el Departamento Central de la Policía Federal. Lo hicieron para que confesara delitos inexistentes y que firmara la autoliquidación voluntaria del Banco Latinoamericano. Saiegh dijo que los responsables directos de las torturas fueron el comisario Ángel Iannbelli (jefe de la División Bancos de la Policía Federal), y el comisario Héctor Cereda, quienes ya fallecieron, otros posibles miembros del “grupo de tareas” siguieron en la fuerza hasta hace poco, como el comisario general Jorge Oriolo o continúan como el comisario mayor Sebastián Seggio (jefe de Planificación y Desarrollo de la Federal). Para poder identificarlos Saiegh, junto a la Comisión Nacional de Valores, pidió que se abran los legajos de los policías federales que formaban parte de División Bancos, y así al ver las fotografías aquel momento, se pueda reconocer a los que intervinieron en este caso.

Eduardo Saiegh denunció que Reynal ordenó la liquidación de su banco junto al ministro de Economía, José Alfredo Martínez de Hoz y del entonces ministro del Interior, Albano Harguindeguy. Una de las finalidades para apoderarse del banco era que las autoridades del Central, necesitaban sacar las acciones de Makin S.A. (la controlante de Austral Líneas Aéreas), y, especialmente los comprobantes de una deuda, por más de siete millones de dólares, que se debían recuperar para que se pudiera estatizar la compañía, transfiriendo al Estado Nacional las acciones y el pasivo de la empresa y poder estatizarla. Esto se hizo por decreto rápidamente el 7 de noviembre de 1980, 48 horas después del pedido por nota de los accionistas de la empresa a Martínez de Hoz. Esto se realizó en beneficio de personas allegadas a Reynal, ya que él es primo hermano de William Reynal, principal accionista de Austral, empresa endeudada con el Banco Latinoamericano. Otra de las consecuencias del secuestro fue que el Crédit Lyonnais no compró el Banco Latinoamericano sino el Tornquist, que era propiedad de Francisco Capozzolo, amigo del ministro del Interior Albano Harguindeguy.

Alejandro Reynal fundó y es, desde 1981, presidente del banco de inversión Merchant Bankers Asociados. Recientemente fue funcionario de Macri y tuvo que renunciar por su pasado en la dictadura. 

El caso Saiegh fue denunciado por la Daia como caso emblemático de antisemitismo y logró un fallo favorable del juez Baltasar Garzón en 1999, quien caratuló la causa como de terrorismo de Estado.

Otro de los casos perpetrado por División Bancos de la Policía Federal Argentina fue el de Jorge Fernando Grande, vinculado a una cooperativa de crédito. Grande, denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que fue detenido por este “grupo de tareas” el 29 de julio de 1980, y que estuvo desaparecido y fue torturado en los mismos lugares que Saiegh. 

Además de esta se están investigando otras 604 liquidaciones de compañías de todo tipo (siderúrgicas, agropecuarias, textiles, bancos), en las que se habría utilizado la misma metodología, obligando a sus dueños y/o controlantes a vender o transferir acciones, e incluso cerrarlas o llevarlas a la quiebra por presión, secuestros y tortura.

En julio pasado la jueza federal María Servini de Cubría ordenó la custodia de Saiegh por la Prefectura Naval Argentina, luego de que denunciara haber sido agredido y amenazado en la puerta de su domicilio cuando junto a su mujer fue increpado por un hombre que se les abalanzó al grito de "no se meta con la policía".

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El genocida Héctor Vergez se negó a declarar

El genocida represor del Batallón de Inteligencia 601 del Ejército en la última dictadura cívico militar, Héctor Vergez, se negó a prestar declaración indagatoria al inicio del juicio oral en su contra por cuatro secuestros y tres desapariciones. El juicio a cargo del Tribunal Oral Federal 5 de la Capital Federal - integrado por los jueces Angel Nardiello, José Martínez Sobrino y Néstor Costabel - contó con una importante concurrencia de los organismos de derechos humanos y otras organizaciones. 

El genocida Héctor Vergez

Vergez, quien se encuentra detenido en el penal de Marcos Paz por condenas previas, es juzgado por la desaparición del empresario Julio Gallego Soto y del funcionario del Ministerio de Economía Juan Carlos Casariego de Bel, en 1977.  En el proceso también se juzgan la desaparición de Javier Coccoz, militante del ERP, y el secuestro de Cristina Zamponi, su esposa, quien sobrevivió y declarará por videoconferencia. El secuestro de ambos también se había producido ese mismo año.

Casariego de Bel era Director del Registro de Inversiones Extranjeras del Ministerio de Economía y se había negado a dar su aval para la estatización de la ex Compañía Italo-Argentina de Electricidad durante la dictadura cívico militar. El funcionario de 24 años de carrera había denunciado irregularidades en las negociaciones para la estatización de la CIAE. Casariego de Bel desapareció el 15 de Junio de 1977, cuando fue a una reunión con secretario de Planificación Guillermo W. Klein. Su esposa nunca fue recibida ni por Klein ni por Martínez de Hoz. Gallego Soto, empresario y contador allegado al ex presidente Juan Domingo Perón, se oponía junto a Casariego a esa operación que benefició a los dueños de la empresa de energía eléctrica. 

Javier Coccoz -entrerriano de 26 años- fue secuestrado por un grupo de tareas el 11 de mayo de 1977 en Lanús. Era miembro del equipo de inteligencia del Ejército Revolucionario del Pueblo, junto a Rafael Andrés Perrota. 

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