El mecanismo de prevención de la tortura es Ley

El día miércoles se aprobó en la Cámara de Diputados el proyecto de creación del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Desde esta Secretaría expresamos nuestro beneplácito por la aprobación de un mecanismo indispensable para prevenir la violencia institucional, y avanzar hacia su erradicación. 

Se trata de un sistema que permitirá monitorear y controlar los lugares de detención, brindando una herramienta garantizar la integridad psíquica y física de las personas privadas de la libertad. La norma prevé también, la creación Comité Nacional contra la Tortura, con miembros electivos y un fuerte acoplamiento con el Congreso de la Nación y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Además se estableció el 8 de mayo, fecha de la Masacre de Budge, como Día Nacional de la Lucha contra la Violencia Institucional. 

"El mecanismo es indispensable para prevenir la violencia institucional y avanzar hacia su erradicación" 

Con la aprobación de esta Ley nuestro país incorpora uno de los puntos que establece el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura, el cual ratificó en 2004. Además se establece el fomento a la creación de mecanismos similares en otras jurisdicciones, permitiendo un control de los sistemas penitenciarios provinciales. 

Este año hemos conocido y denunciado distintos casos que dan cuenta de un preocupante fenómeno institucional. Son los casos de las Comisarías de Salta, de los destacamentos de Florencio Varela, de las penitenciarías de Mendoza, Neuquén y la Provincia de Buenos Aires, por mencionar algunos. Allí se entrevé, por una parte, las condiciones degradantes de detención y, por otra, la utilización de la tortura y los tratos inhumanos en los sistemas ilegales de castigo que las fuerzas de seguridad ponen en acto en cada penal, comisaría y destacamento.

Desde 1900, los casos de violencia institucional suman más de 1900 denuncias, cifra que evidencia la magnitud de esta problemática. Consideramos, que este es un importante paso para terminar con la violencia y los tratos degradantes en los lugares de encierro. 

La Rioja, 29 de Noviembre de 2012

Rogelio De Leonardi

Secretario de Derechos Humanos 

CTERA

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Vera cada vez más comprometido y señalado como autor material en el juicio de Murias y Longueville

por Javier Puigdomenech, desde La Rioja

El pasado jueves 18 de octubre, el Tribunal Oral Federal de La Rioja, reanudó el juicio por los secuestros y asesinatos de los curas Carlos Murias y Gabriel Longueville, prolongándose hasta el sábado 20. Declararon los testigos: Aurelio Ortíz, Roberto Queirolo, Sebastián Glassman, Edgardo Rivero, Juan Carlos Britos, Nicolás Luna, José Valencio y Arturo Pinto. La querella de Murias, a cargo de la abogada María Elisa Reinoso, expresó que las jornadas fueron positivas, ya que se identificaron algunas personas que estarían involucradas y que están imputadas. “Se trata, precisamente, del ex Comisario de Chamical, Domingo Benito Vera, el que ha sido –en forma reiterada- mencionado como autor”, dijo la letrada. Organismos de Derechos Humanos, la AMP y la CTA de La Rioja volvieron acompañaron nuevamente en la calle.

A la derecha, el genocida Domingo Benito Vera

Asimismo, la doctora María Elisa Reinoso afirmó que la declaración de Carlos Britos fue muy importante para la causa, debido a que señaló al actual director del Servicio Penitenciario Provincial, José Carrizo, como instructor en un curso en una escuela de la localidad de El Cebollar, en la cual se formaba a la policía en la "lucha contra la subversión”. Esto "es relevante en dos sentidos", explicó la abogada “por un lado, precisa de que en la provincia estas instrucciones existían y por el otro, la vigencia de un personaje de ese momento en un puesto tan importante en la actualidad” y agregó que, para designar a ese tipo de personas en lugares tan sensibles, el gobierno provincial no ha tenido en cuenta el proceso de Memoria, Verdad y Justicia que está encaminando desde el año 2003, el gobierno nacional.

Por otra parte, el ex sacerdote Aurelio Ortíz, quien retomó su declaración, manifestó que en Chamical era de conocimiento de todo el pueblo la implicancia de Domingo Vera en el asesinato de los curas, ya que ostentaba un gran poder dentro de la fuerza policial. Además, aportó un informe confeccionado en el mes de agosto de 1976, en base a la investigación del Obispo Angelelli, la cual fue dada en prueba al Tribunal.

José Carrizo

Del mismo modo, otro de los testimonios de valor, fue el otro ex sacerdote, Arturo Pinto, quien está sindicado como victima en el juicio por la muerte de Enrique Angelelli. Pinto, desmitificó anteriores versiones y expresó que Angelelli estaba por radicarse en Chamical para investigar el asesinato de Carlos y Gabriel. E indicó que Angelelli llevaba una carpeta donde contenía datos acerca de los asesinatos y la estaba por enviar al Nuncio Apostólico y al Vaticano. La declaración de Pinto fue de gran importancia en cuanto a la contextualización de los hechos en la ciudad de Chamical.

Finalmente, el doctor Bernardo Lobos Bugeau, de la Secretaría de DD.HH. de la nación, calificó las tres jornadas del juicio como contundentes y destacó la declaración del testigo Carlos Luna, quien “claramente desenmascara a Vera y lo pone en la escena de los hechos cuando dice que él, por orden de Vera fue a mentir y que iba a averiguar en nombre de la Policía Federal, en la casa de las monjas”. Para Lobos, se ha demostrado que Vera conocía cabalmente toda esta situación y por ende, es clara su responsabilidad.

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Fallo de Casación: declaran la inconstitucionalidad de la perpetuas a menores de edad

Inst. Luis Agote

Desde la CTERA recibimos con satisfacción el fallo de la Sala II de la Cámara Nacional de Casación Penal, que declara inconstitucionales las sentencias a prisión perpetua dictadas contra Lucas Matías Mendoza, Claudio David Núñez y César Alberto Mendoza, cuando éstos tenían entre 16 y 17 años. Consideramos, no obstante, que este fallo llegó con una década de retraso.

La Cámara de Casación hizo lugar a los planteos de inconstitucionalidad 16 años después, en un extenso fallo de 107 folios, firmado por las juezas Ester Ledesma y Ana María Figueroa y el juez Alejandro Slokar. Los magistrados consideraron que las sentencias dictadas estos jóvenes incurrían en el incumplimiento de tratados internacionales de derechos humanos incorporados a nuestra legislación. Precisamente, el fallo declaró inconstitucional el artículo 80 inciso 7° del Código Penal - en relación a la prisión perpetua prevista para niños, niñas y adolescentes-, al que consideró violatorio de la Convención de los Derechos del Niño y del principio de culpabilidad. 

Durante más de una década, mientras estos tres jóvenes cumplían una condena inconstitucional, se vulneraron sus derechos de manera sistemática, exponiéndoselos a tratos crueles y torturas. Las sentencias a prisión perpetua, dictadas a finales de los años noventa y principios del nuevo milenio, recayeron sobre estos jóvenes en medio de un clima social, político y mediático favorable a la implementación de políticas de seguridad antidemocráticas.

Torturas en la cárcel de San Felipe, Mendoza, año 2011

Los casos estuvieron en el eje del informe del año 2010 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Informe 172/10). Allí además quedaron expuestas las riesgosas condiciones en las cárceles del país y la violación sistemática de derechos humanos en ellas.

En estas mismas cárceles falleció Ricardo David Videla Fernández, para quien nunca llegó el fallo. Videla, también condenado a prisión perpetua por la Cámara Penal de Menores de Mendoza de cumplimiento, apareció muerto en 2005, a los 20 años. En un pedido de hábeas corpus firmado por el propio Videla decía “el personal penitenciario me amenaza constantemente y existe una persecución psicológica por parte de ellos y aclaro que las amenazas que recibo son ‘graves’ y que las daré a conocer en su presencia”. A pesar que la investigación no lo convalidó, la versión de los guardiacárceles que afirma que fue un suicidio fue la que tuvo difusión mediática.

El de Lucas Mendoza es un caso que también merece mencionarse quizá porque desde que salió del Instituto Agote lo “pasearon” por varios penales: Caseros, Marcos Paz, Devoto, Ezeiza, Neuquén y Ezeiza de nuevo. Junto a Claudio Núñez, fue uno de las primeros menores en recibir prisión perpetua en incumplimiento con los citados tratados internacionales.

Cuando se conocieron aquellas sentencias, distintos organismos de derechos humanos entre ellos la Confederación de Trabajadores de Educación de la República Argentina, reclamábamos que los dictámenes de primera instancia no cumplían con la Convención sobre los Derechos del Niño y el principio de culpabilidad. En aquel momento, a partir de la destacada labor de abogados vinculados a centros de estudio y organismos de derechos humanos – en particular el de Claudia Cesaroni – exigimos la conmutación de las penas de los menores imputados. 

Desde la CTERA seguimos exigiendo que la justicia se expida sobre los casos de: Cristián Saúl Roldán Cajal (27 años, ocho de prisión) condenado por la Cámara Penal de Menores de Mendoza quien se encuentra cumpliendo prisión perpetua en la Penitenciaría de Mendoza, que tiene denuncias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ante la Corte Interamericana de DD.HH. por las pésimas condiciones de detención; y de Diego Arce (24 años, siete de prisión) condenado por la Cámara Penal de Menores de Mendoza a Prisión Perpetua, alojado en la misma penitenciaría que Roldán. 

Buenos Aires, 25 de agosto de 2012

Secretaría de Derechos Humanos

CTERA

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El sistema de la crueldad

El martes 14 de agosto se presentó el informe anual elaborado por la Comisión por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires donde se denuncian las graves condiciones de la población en situación de encierro.  El informe había sido entregado por miembros de la CMP – entre ellos Adolfo Pérez Esquivel, Hugo Cañón (presidentes) y Alejandro Mosquera (secretario ejecutivo) – al gobernador Daniel Scioli, en una reunión que tuvo lugar en el Senado provincial la semana pasada.

El documento fue realizado a partir del trabajo del Comité de la Tortura integrante de la CPM, sobre políticas penitenciarias, de seguridad y de niñez en la provincia. Alejandro Mosquera de la Comisión Por la Memoria destaca los avances en esta materia producto de la lucha de los organismos de derechos humanos, entre ellos la CPM y el Centro de Estudios Legales y Sociales: “Se desalojaron detenidos de Comisarías, quedando aún cerca de mil presos”. No obstante la situación carcelaria en la provincia es aberrante, por eso es que desde la CPM llamaron al Servicio Penintenciario Bonaerense (SPB) “el Sistema de la Crueldad”.

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