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miércoles, 17 de junio de 2015

Violencia Institucional: cuatro penintenciarios condenados por torturas

 Penitenciarios a la Cárcel por torturadores

Este martes 16 de junio el Tribunal Oral federal Nº 2 de San Martín, integrado por los jueces Héctor Sagretti, Marta Milloc y Diego Barroetaveña, condenó a cuatro integrantes del Servicio Penitenciario Federal por las torturas físicas y psíquicas contra  Brian Oscar Núñez, quien estaba preso desde el 2009 por robo en la cárcel de Marcos Paz. Los agentes penitenciarios Juan Pablo Martínez (jefe de turno de la unidad,), Roberto Fernando Cóceres y Víctor Guillermo Meza (agentes a cargo de la requisa), quienes  le pegaron bastonazos, lo quemaron y golpearon con el puño, puntapiés y lo pisaron en el rostro, pies, piernas y tobillos a Brian hasta fracturarlo, fueron condenados a  nueve años y medio de cárcel el primero y a  a ocho años y medio a Cóceres y Meza. Por su parte al penitenciario Juan José Mancel ( jefe de día), lo condenaron a dos años y medio “en suspenso...por omisión de denuncia”, sabiendo que Brian había sido torturado. Además fueron absueltos otros tres agentes penitenciarios, Juan Fernando Morinigo, Javier Enrique Andrada y Ede Martín Vallejos.
La fiscalía había pedido 18 años para Juan Pablo Martínez; 15 para Roberto Fernando Cóceres, Víctor Guillermo Meza y Javier Enrique Andrada; cinco para Juan José Mancel; cuatro para Juan Fernando Moriñigo y tres para Ede Martín Vallejos.

La sala de auduiencias estaba colmada con familiares y amigos de Brian, familiares de víctimas de violencia institucional, integrantes de la Campaña Nacional contra la Violencia Institucional, el diputado Leonardo Grosso y miembros de  Asociación Seré. Aunque son las primeras condenas a penitenciarios federales por torturas a presos, queda un resquemor por las absoluciones, que se podrán apelar.


El 16 de julio de 2011, Brian Nuñez, que tenía veinte años, mientras se hallaba esposado fue golpeado, vejado, torturado y pateado hasta el borde de la muerte  por varios integrantes del Servicio Penitenciario Federal, Brian quedó sordo de un oído y fracturado. El ataque de los penitenciarios toruradores fue en la sala de audiencias del anexo 5 del Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz. En el 2011 esas torturas fueron denunciadas ante la justicia federal por la Procuración Penitenciaria y por  Víctor Hortel, el entonces director del Servicio Penitenciario Federal. Los siete penitenciarios denunciados que llegaron a juicio, fueron pasados a disponibilidad, pero igual se siguió  torturando a Brian, incluso, para que no declare, fue medicado e internado en el pabellón psiquiátrico de la cárcel de Ezeiza donde sigue a dispocición de los penitenciarios. Su madre, Liliana Valenzuela (foto), fue su apoyo y la que  denunció la continuidad de los vejámenes a los que sometían a Brian.

Después del fallo Brian dijo que “Estoy contento de que se haya podido hacer justicia. Esto recién comienza y va a ser para mejor. Lo importante es que de algo malo surgió algo bueno. Al final, después de la lluvia siempre termina saliendo el sol. Espero que esto sirva para que nadie baje los brazos y no tengan temor de denunciar”.


Hay que recordar que Abel Córdoba, el tirular de la PROCUVIN, informó recientemente que hay 749 agentes de fuerzas de seguridad (policías, penitenciarios, etc.), que están imputados en causas por violencia institucional (delitos de homicidio, tortura, violaciones y muchos otros).

 

JUSTICIA PARA BRIAN

miércoles, 6 de febrero de 2013

Magnacco a cárcel común, a pasear a Marcos Paz



El médico obstetra de la Armada que participó en partos clandestinos ahora va a pasear a Marcos Paz. El Tribunal Oral Federal Nº 5 suspendió la prisión domiciliaria del genocida ayer, tras la denuncia pública de H.I.J.O.S. Regional Capital.

viernes, 21 de septiembre de 2012

El genocida Héctor Vergez se negó a declarar

El genocida represor del Batallón de Inteligencia 601 del Ejército en la última dictadura cívico militar, Héctor Vergez, se negó a prestar declaración indagatoria al inicio del juicio oral en su contra por cuatro secuestros y tres desapariciones. El juicio a cargo del Tribunal Oral Federal 5 de la Capital Federal - integrado por los jueces Angel Nardiello, José Martínez Sobrino y Néstor Costabel - contó con una importante concurrencia de los organismos de derechos humanos y otras organizaciones. 
El genocida Héctor Vergez

Vergez, quien se encuentra detenido en el penal de Marcos Paz por condenas previas, es juzgado por la desaparición del empresario Julio Gallego Soto y del funcionario del Ministerio de Economía Juan Carlos Casariego de Bel, en 1977.  En el proceso también se juzgan la desaparición de Javier Coccoz, militante del ERP, y el secuestro de Cristina Zamponi, su esposa, quien sobrevivió y declarará por videoconferencia. El secuestro de ambos también se había producido ese mismo año.

Casariego de Bel era Director del Registro de Inversiones Extranjeras del Ministerio de Economía y se había negado a dar su aval para la estatización de la ex Compañía Italo-Argentina de Electricidad durante la dictadura cívico militar. El funcionario de 24 años de carrera había denunciado irregularidades en las negociaciones para la estatización de la CIAE. Casariego de Bel desapareció el 15 de Junio de 1977, cuando fue a una reunión con secretario de Planificación Guillermo W. Klein. Su esposa nunca fue recibida ni por Klein ni por Martínez de Hoz. Gallego Soto, empresario y contador allegado al ex presidente Juan Domingo Perón, se oponía junto a Casariego a esa operación que benefició a los dueños de la empresa de energía eléctrica. 

Javier Coccoz -entrerriano de 26 años- fue secuestrado por un grupo de tareas el 11 de mayo de 1977 en Lanús. Era miembro del equipo de inteligencia del Ejército Revolucionario del Pueblo, junto a Rafael Andrés Perrota. 




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