El pasado 30 de septiembre de 2013, la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata -integrada por los jueces Jorge Ferro y Alejandro Tazza- rechazó las recusaciones efectuadas por la defensa del juez marplatense Pedro Cornelio Federico "el Holandés" Hooft, contra los fiscales Horacio Azzolin y Jorge Auat y confirmó al juez Martín Bava al frente de la causa, considerando que el llamado a indagatoria al juez Hooft cumple "con los estándares adjetivos previstos por la normativa", y no vieron "vicios que provoquen la nulidad pretendida". Tampoco se consideró en el fallo que las manifestaciones del Fiscal Azzolin, efectuadas en redes sociales son expresiones extrajudiciales y que "están excluidas para el supuesto de recusación de los integrantes del Ministerio Público Fiscal".
Esta fue una de las tantas dilaciones y maniobras de la defensa y del mismo Hooft, porque la historia empezó hace varios años, así Hooft fue nombrado juez en 1976 por decreto del genocida Ibérico Manuel Saint-Jean; figura desde 1984 en el informe de la Conadep (como Hoff o Hof, legajos N°7290 y 7305, y p.189), fue denunciado en junio de 1985 en el Juicio a La Juntas por la sobreviviente de "La Noche de las Corbatas", Marta Haydée García de Candeloro (ver más adelante), quien también lo denunció en el 2001 en los Juicios por la Verdad de Mar del Plata. En el 2006 el juez Pedro Hooft era presidente de la Asociación Argentina de Bioética y titular del Juzgado Correccional N° 4 de Mar del Plata, en marzo de ese año el entonces Secretario de Derechos Humanos de la Nación, el Dr. Eduardo Luis Duhalde con el patrocinio de Luis Hipólito Alen, jefe de gabinete de la secretaría, presentó contra Hooft una querella criminal por delitos de lesa humanidad presuntamente cometidos por el juez durante la última dictadura cívico-militar. La causa lleva el Nº17521 y se tramitó ante el Juzgado Federal nº 1 de Mar del Plata, cuyo titular era Alejandro Castellanos. En julio del 2006 la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación también presentó el pedido de juicio político para Hooft, recién el pasado 05 de marzo un Jury de enjuiciamiento decidió apartar de su cargo y suspenderlo como juez a Pedro Hooft.
Pero la causa 17521 no avanzó, el juez Castellanos se tardó 17 meses en leer la causa y excusarse recién el 19/09/2007. La Cámara acepta la excusa del juez Castellanos y, previa excusación del juez Eduardo Pablo Jiménez titular del Juzgado Federal nº 2, se le pasa la causa al juez Alfredo López, titular del Juzgado Federal N° 4 de Mar del Plata, que también trató de sacarse la causa, pero entonces no pudo; desde el 2007 López no avanzó en la instrucción por cuatro años, ni realizó las indagatorias pedidas por la fiscalía, la última en noviembre del 2011. Luego sigue la ronda de excusaciones, con el titular del Juzgado Federal N° 3 Santiago Inchausti, quien se excusó el 29/12/2011, luego que López lograra mandarle la causa. El 26/03/2012 fue el titular del Juzgado Federal Necochea, Bernardo Daniel Bibel y el 14/06/2012 lo hizo Alejo Ramos Padilla, titular del Juzgado Federal Dolores. Finalmente, en agosto de 2012, la toma Martín Bava Juez Federal de Azul y subrogante del Juzgado Federal nº 3 de Mar del Plata.
"La fiscalía presupone la responsabilidad de Hooft en otros siete casos de violaciones a los derechos humanos por supuestos 'cajoneos' de los hábeas corpus presentadas por las familias de las víctimas en su juzgado"
Desde el 23/08/2012 Bava citó 4 veces a Hooft sin que este concurriera, la fiscalía imputó a Hooft por los presuntos delitos en varios casos con víctimas de privaciones ilegítimas de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas, imposición de tormentos, homicidios calificados y, desapariciones. Varios de ellos perpetrados entre el 6 y el 13 de julio de 1977, en "La Noche de las Corbatas", cuando 11 personas entre abogados laboralistas y sus familiares fueron secuestrados,entre ellos el profesor de Derecho Norberto Centeno, militante de la resistencia y uno de lo que impulsaron de la Ley 20.744 de Contrato de Trabajo, también Jorge Roberto Candeloro y su esposa Marta García, Camilo Ricci, Carlos Bozzi, María Esther Vázquez de García y a su esposo Néstor Enrique García Mantica, José Verde y su esposa, Salvador Manuel Arestín, Raúl Hugo Aláiz, y Tomás J.Fresneda y su esposa Mercedes Argañaraz que estaba embarazada. Se supone que todos pasaron por los centros clandestinos de detención que funcionaron en la comisaría cuarta y en el viejo radar de la Base Aérea marplatense de Camet, conocido como "La Cueva"; sólo cinco sobrevivieron. Asimismo la fiscalía presupone la responsabilidad de Hooft en otros siete casos de violaciones a los derechos humanos por supuestos 'cajoneos' de los hábeas corpus presentadas por las familias de las víctimas en su juzgado.
Este caso tiene gran importancia en la justicia marplatense, y a trascendido a otros ámbitos judiciales y políticos. Así no sólo la corporación judical marplatense salió en defensa y protección de uno de los suyos sino también de otros como el ex fiscal federal Julio César Strassera y, según denunció la abogada querellante Natalia Messineo, la procuradora general de la Provincia, María del Carmen Falbo; Messineo dijo a Télam que Hooft siempre tuvo la protección política de la corporación judicial y que “Cuando la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia presentó un informe sobre nuevos delitos en los que podría haber participado Hooft, le pidió a [la Procuradora General de la Provincia de Buenos Aires, María del Carmen] Falbo que por favor se expidiera en 15 días, pero ella tardó 4 meses en pedir una prórroga para contestar el informe".
Por su parte el doctor Strassera defendió públicamente al juez marplatense diciendo que la causa contra Hooft era "un invento" que responde a una "venganza personal", y con otros argumentos poco jurídicos como que "es una vergüenza que se le haya hecho un juicio político a un hombre comprometido con la defensa de los Derechos Humanos y que se hartó de procesar policías por privación ilegítima de la libertad", a una persona no se la juzga por todo lo bueno que pudo haber hecho, sino por los pocos o muchos delitos que cometió. El caso de Strassera es extraño no sólo por estos dichos sino por su falta de memoria con respecto a su actuación como fiscal del juicio a los genocidas que llevó a cabo en 1985 la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Ciudad de Buenos Aires. En ese momento debería conocer los legajos de la CONADEP y el informe conocido como Nunca Más, en la página 189 de la edición de 1984 sobre el juez Hooft (figura Hoff) está lo que denunció la sobreviviente de "La Noche de las Corbatas", Marta García de Candeloro (legajo 7305), ahí figura "A fines de 1979 su esposa tomó conocimiento de una comunicación cursada por el Ejército en respuesta a un hábeas corpus interpuesto en 1977, en la que se informaba que el Dr.Candeloro habla sido abatido en un traslado, al intentar escapar, precisamente ese 28 de junio de 1977. La comunicación había quedado retenida en el despacho del juez Hoff" (SIC). Pero esta testigo también declaró en el juicio y delante del fiscal Strassera, fue el 11/06/1985 cuando García dio una larga y detallada declaración, en un momento el juez Guillermo Ledesma le preguntó "Ud., hablando de la muerte de su marido, dijo que después lo pudo corroborar. ¿con qué hechos posteriores?" y García le respondió "La pude corroborar porque se habían presentado varios hábeas corpus por ambos, sin respuesta. ... tres años después de haber sido yo liberada, estoy haciendo un trámite y necesito saber qué era que se había presentado para constatar que mi esposo no estaba .... Mando a un letrado a pedir una copia del hábeas corpus al abogado. que lo había elaborado en ese momento, no patrocinado sino elaborado, y dijo que no tenía ninguna copia. que había que ir al juzgado Penal, va esta letrada. Dra. Marta Escali, y encuentra en el despacho del juez Hof (SIC) la contestación que en ese momento se había dado del Ejército por la muerte de mi marido, que había muerto en un enfrentamiento, y esa contestación tenía como fecha de muerte el día 28 de junio, o sea el día en que murió; sobre ésa Hof(SIC) no había hecho inscripción de la defunción, la pedí. Yo no tenía certificación de un médico; ni el coronel Barda ni el juez habían hecho los trámites correspondientes para inscribir esa certificación de defunción. Si el Sr. presidente lo considera oportuno. tengo acá esa documentación". ¿Porqué cuando escuchó esto en 1985, Strassera no dijo en la audiencia que esa declaración era "un invento" que responde a una "venganza personal" y lo dice ahora?
En uno de los lugares donde el ex fiscal Strassera defendió a Hooft y donde también dijo lo de la causa armada y la venganza fue ante la comisión de Justicia de la Cámara de Diputados de la Nación; ahí concurrió el pasado 3 de septiembre a una audiencia especial junto a los abogados defensores de Pedro Federico Hooft (Héctor Granillo Fernández y Federico Hooft ), y el ex ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (1994-2002) Gustavo Alberto Bossert. Todos fueron eschuchados durante casi una hora y media, por Jorge Yoma, el presidente de la comisión, y por diputados como Pablo Tonelli (Pro), Manuel Garrido (UCR), Juan Pedro Tunessi (UCR), y Patricia Bullrich Luro Pueyrredón (UPT-Pro) y algunos invitados "especiales" como la doctora Ana María Di Lonardo, fundadora del Banco Nacional de Datos Genéticos y la escribana Nelly Taiana de Brandi.En su testimonio ante la comisión Strassera trató de desvirtuar el testimonio de Marta García de Candeloro, ocultando u olvidando la verdad, porque él se preguntó: ¿Por qué no lo dijo en el juicio a las Juntas Militares, donde habló durante tres horas y contó detalles muy precisos? Sin embargo el doctor Strassera debería saber que García sí lo dijo el 11 de junio de 1985 y delante de él; además como abogado, debería saber que para una víctima es muy difícil expresar los hechos de su cautiverio.
Significativamente la comisión de Justicia de la Cámara de Diputados de la Nación no recibió después a los abogados querellantes ni a víctimas y familiares a pesar de que les fue solicitada una audiencia; así escuchando sólo a una de las partes y poniéndose de su lado, la diputada Patricia Bullrich Luro Pueyrredón junto a los diputados Brown, Pinedo y Thomas presentaron rápidamente un pedido de informes a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y, además, el diputado Jorge Yoma presentó una denuncia en el juzgado federal de Norberto Oyarbide para que se investiguen "eventuales delitos de acción pública" cometidos por los funcionarios de la Procuración General de la Nación y los fiscales de la causa por el supuesto armado de la causa para perjudicar a Pedro Hooft, en su presentación Yoma se basó solamente en lo que le dijeron en la reunión del 03 de septiembre los que defienden al juez suspendido.
Afortunadamente existen jueces que analizan toda la prueba y escuchan a las dos partes, así la Cámara Federal de Mar del Plata rechazó el pasado 30/09 los planteos de los defensores de Hooft y no hizo lugar a los pedidos de recusación contra el juez Bava y los fiscales; con lo cual se cae la denuncia de Yoma contra los fiscales y la procuración nacional y la causa puede seguir.
