Confirman el procesamiento de Blaquier en una de las causas en la que está acusado

En el contexto de una ofensiva mediática, este viernes 23 de agosto fue confirmado el procesamiento de Carlos Pedro Tadeo Blaquier en la causa 296/09 (Arédez, Luis Ramón y Otros), por la Cámara Federal de Apelaciones de Salta, integrada por los jueces Jorge Luis Villada, Roberto Gerardo Loutayf Ranea y Federico Santiago Díaz. El dueño del ingenio Ledesma y Alberto Enrique Lemos, el gerente administrativo de esa empresa, estan acusados de haber prestado colaboración, en grado de participes necesarios, en la privación ilegítima de la libertad agravada de Luis Ramón Aredez (ex intendente de Libertador General San Martín donde está Ledesma), Omar Claudio Gainza y Carlos Alberto Melián, durante la madrugada del 24 de marzo de 1976 y los días posteriores, en los cuales la Empresa Ledesma prestó sus  vehículos  a los grupos de tareas. Los jueces de la Cámara sostuvieron que  eso no se pudo hacer sin la autorización de Blaquier y su administrador  "ya que tratándose de una empresa de la envergadura y grado de organización que poseía Ledesma, era imposible disponer de sus vehículos y apoyo logístico, sin instrucciones o aquiescencia del Presidente del Directorio [Blaquier]". En el fallo se excluyó a las víctimas Ramón Luis Bueno y Antonio Filiu, porque no habrían sido trasladados en vehículos de la Empresa Ledesma.

A Blaquier y Lemos también se los acusa en otra causa (n° 195/09, Causa Burgos), por colaborar en privaciones ilegítimas de la libertad durante la denominada "Noche del apagón" que, en realidad, fueron las noches entre el 20 y 27 de julio de 1976 cuando se cortó la luz en distintas localidades del departamento salteño de Ledesma (el ingenio Ledesma, era el que distribuía la energía electrica), para que las fuerzas represivas de la dictadura cívico militar pudieran secuestrar a más de 400 trabajadores, estudiantes y profesionales, más de 30 de ellos permanecen desaparecidos. En esta causa todavía debe fallar la Cámara sobre las diversas apelaciones de la fiscalía, las defensas y las querellas. Las 26 víctimas en la causa Burgos son Delicia del Valle Álvarez de Narváez, Hipólito Álvarez, Casiano Bache, Raúl Ramón Bartoletti, Norma Castillo, Alfonso Waldino Cordero, Eublogia Cordero de Garnica, Germán Tomás Córdoba, María Cortez, Salvador Cruz, Luis Víctor Escalante, Hilda del Valle Figueroa, Domingo Horacio Garnica, Miguel Ángel Garnica, Rufino Lizárraga, Eduardo César Maldonado, Héctor Narváez, Enrique Núñez, Mario Martín Núñez, Ana María Pérez, Román Patricio Rivero, Isidro Salinas, Ernesto Reynaldo Samán, Jhonny Vargas Orozco, Bernardino Oscar Alfaro Vasco y Luis Alfaro Vasco.

Adriana Arédez, la hija del aún desaparecido Luis Ramón Aredez, ratificó en entrevista a Radio Nacional que sus abogados pedirán inmediatamente la elevación a juicio oral de la causa  contra Blaquier.

Con el fallo de la Cámara se confirmó el procesamiento y los embargos de la causa 296/09 (Arédez), ordenados en noviembre del 2012 por el juez federal Fernando Poviña, por un millón de pesos a Blaquier y por 500 mil pesos a Lemos; también se dispuso que Blaquier y Lemos sigan en libertad, como había decidido Poviña.

Los abogados del Ingenio Ledesma, como el ex Juez Horacio Aguilar, aseguraron a la agencia DyN que van a recurrir a la Cámara de Casación Penal y, basándose en una resolución reciente de la Corte Suprema, van a denunciar y pedir el apartamiento del  fiscal federal Pablo Pelazzo por ser fiscal ad-hoc nombrado por la Procuración General de la Nación, y por haber sido abogado de los querellantes, algo que ya había sostenido otro de los defensores de Blaquier, Jorge Valerga Aráoz, ex integrante de la Cámara Federal porteña en 1985. Sobre el argumento de haber sido abogado querellante, Jorge Auat, el fiscal general a cargo de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, afirmó que es en "el artículo 71 en concordancia con el artículo 55 inciciso 8 del Código Procesal Penal de la Nación, que expresamente se excluye de las causales de recusación y excusación para los miembros del Ministerio Público a la actuación previa en el proceso con el rol de acusador". Los organismos de derechos humanos de Jujuy denunciaron una “acción psicológica sobre la opinión pública” por parte de diversos medios como el diario La Nación (uno de los propietarios de DyN), para instalar una “verdad mediática” por fuera del expediente y “presionar a los jueces" en beneficio de Blaquier. 

Es necesario mencionar que el abogado defensor Horacio José Aguilar, intervino en las causas contra Blaquier cuando fue juez federal de Jujuy y juez subrogante de la Cámara de Apelaciones de Salta, y que su secretario en el juzgado nº 2 de Jujuy fue Carlos Olivera Pastor, también ex juez de las causas sobre Ledesma y quien siempre se negó a citar a indagatoria a Blaquier y Lemos, a pesar que el fiscal Federal Domingo Batule se lo había requerido el 13 de julio del 2009 y el 11 de octubre del 2011. Olivera Pastor tuvo que renunciar luego de varios cuestionamientos de las querellas y cuando, en marzo del 2012 y ante un pedido del fiscal  Batule, la Cámara Federal de Salta le dio un plazo de cinco días para que se pronuncie sobre el pedido de detención e indagatoria de Blaquier y Lemos. Por una resolución de la Corte Suprema de Justicia, en abril del 2012, asumió como subrogante el juez federal tucumano Fernando Luis Rodolfo Poviña, quien en mayo citó a declarar a  Blaquier y Lemos y luego los procesó. En su fallo Poviña puso a la represión ideológica dentro de un contexto de intereses económicos.

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Carlos Blaquier viajó a Jujuy para asistir a un “espontáneo” desagravio

Carlos Pedro Blaquier viajó a la provincia de Jujuy para asistir a una marcha “espontánea” a su favor y luego brindó una conferencia de prensa rodeado de sus hijos, nietos y directivos de la empresa.

Campaña de acompañamiento al juicio

El dueño del Ingenio Ledesma se encuentra cerca de ser procesado por la Noche del Apagón de 1976. Sobre dichas acusaciones dijo que “Si nosotros no teníamos el control de la electricidad ¿Cómo íbamos a hacer el apagón? Además la electricidad funcionaba muy mal, estaba en manos de la provincia y había apagones constantemente” y agregó que “si a la empresa le va bien, a la comunidad también le va a ir bien.” Estos dichos se completan con información que detalla que en los últimos días punteros del Ingenio salieron a decir que si al jefe lo detenían, Ledesma cerraba. Luego, sostuvo que era falsa la acusación que las camionetas de la empresa fueron utilizadas en secuestros, y afirmó que "el gobierno militar tenía el poder público y no necesitaba ninguna camioneta nuestra ni nada por el estilo. Ellos hicieron lo que quisieron con sus vehículos. Si algunas vez tomaron alguna camioneta no la pidieron prestada, la tomaron de prepo".

El espontáneo acto organizado por Blaquier

El dueño del Ingenio Ledesma está acusado de los apagones sucedidos en el año 1976 y de haber prestado camionetas de Ledesma que ayudaron con el secuestro de 400 personas en Libertador San Martín y Calilegua, de los cuales hoy permanecen 30 desaparecidos. Cada vez que la justicia le pide declarar en los Tribunales de Jujuy se niega alegando un delicado estado de salud. No obstante, la delicada salud no le impidió a Blaquier asistir a un “espontáneo” acto de desagravio hacia su persona. 

La actividad fue organizada en la Sala de Calilegua, donde durante la dictadura cívico militar se organizaban festejos para amigos y parte de la prensa local. El acusado se presentó como un anciano frágil y buen padre y abuelo, rodeado de sus hijos y nietos. 

La intención de la defensa de Blaquier es desvincularlo como responsable civil de la última dictadura militar y victimizarlo. Ya lo había hecho cuando evitó declarar en la provincia argumentado un ataque por parte de militantes de derechos humanos que aguardaban en el Juzgado. La estrategia de la defensa es cercana a la que los Abogados de Genocidas como Menéndez o Videla optan para defender a sus “clientes”.

Esto se suma a la sustracción de un cartel de señalización que indicaba al Polo Industrial del Ingenio Ledesma como un lugar donde se cometieron crímenes de lesa humanidad, hecho ocurrido a días de la indagatoría a Blaquier y a las agresiones contra Cristina Condorí, testigo en el juicio que comenzó en Jujuy y sobreviviente de la comisión directiva de la obra social de los trabajadores del Ingenio.

Desde esta Secretaría seguimos exigiendo juicio y castigo para todos los civiles que participaron en los crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura cívico-militar, sin soslayar que los grandes grupos económicos también fueron la dictadura.

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Agresiones contra testigos y sustracción de señalización de Ledesma en los juicios de Jujuy

Acto de señalización de Ledesma

El miércoles pasado fue sustraído el cartel de señalización que indicaba al Polo Industrial del Ingenio Ledesma como un lugar en el que se cometieron crímenes de lesa humanidad. A días de la indagatoria a Carlos Pedro Blaquier por las desapariciones en la Noche del Apagón, la empresa había exigido que se retire el cartel. Estos hechos se suman a las agresiones contra Cristina Condorí, hija de Hugo Condorí, testigo en el juicio comenzado recientemente y sobreviviente de la comisión directiva de la obra social de los trabajadores del ingenio.La noche del jueves pasado, Cristina Condorí fue amenazada por un hombre que intentó atropellarla: “Decile a tu viejo que se deje de joder contra Ledesma, los vamos a hacer pelota”.  

La señalización de Ledesma se inauguró el pasado 11 de julio coincidiendo con el inicio del primer juicio por crímenes de lesa humanidad en la Provincia de Jujuy. El cartel destacaba la complicidad de Ledesma, las fuerzas armadas, la policía provincial y la gendarmería en las detenciones, torturas y asesinatos cometidos en esa provincia.  El cartel que ya había sido dañado unos días atrás fue robado por la noche sin conocerse los autores materiales 

Desde la Secretaría de Derechos Humanos condenamos estos hechos, que buscan dañar un proceso social de condena de los culpables de crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura cívico militar. Seguimos exigiendo cárcel a los responsables militares y civiles, entre ellos para Carlos Blaquier, por los crímenes cometidos en Jujuy.

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