Operativo Independencia: confirman el procesamiento de 16 represores y todavía no extraditan a Martínez de Perón

 

Luego de casi un año de tener la causa, la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, con la firma de tres de sus cinco integrantes -los jueces Marina Josefa Cossio (Presidente), Graciela Nair Fernández Vecino y Ernesto Clemente Wayar-, confirmó el procesamiento de 16 ex militares y ex policías que había sido dictado en 2012 por el juez federal de Tucumán Daniel Bejas. Los represores son imputados en esta causa por delitos de lesa humanidad en perjuicio de 270 víctimas durante el denominado “Operativo Independencia” en la provincia de Tucumán. Estas operaciones militares tuvieron inicio en febrero de 1975 durante el gobierno de María Estela "Isabel" Martínez y continuaron durante la dictadura cívico militar, hasta septiembre de 1983.

Los imputados en esta causa son los represores Carlos César Idelfonso Delia Larocca, Mario Benjamín Menéndez, Jorge Omar Lazarte, Roberto Heriberto Albornoz, Ernesto Nicolás Chavéz, Jorge Gerónimo Capitán, Alfredo Alberto Svendsen, Ricardo Oscar Sanchez, Luis Armando De Cándido, Ramón Cesar Jodar, Miguel Angel Moreno, José Luis del Valle Figueroa, Pedro Roberto Rojas, Pedro Adolfo López, Enrique José del Pino y Nestor Rubén Castelli. Quedó impune el fallecido genocida Jorge Rafael Videla, también procesado a fines del 2012 en la instrucción por el juez  Bejas. Antes habían fallecido los genocidas Antonio Domingo Bussi y Acdel Edgardo Vilas, quienes dirigieron el "Operativo".

En su fallo, la Cámara aseguró que "quedó probada la existencia del plan criminal estructurado en una cadena de mandos...el Operativo Independencia se inició en el mes de febrero de 1975, luego se sistematizaría a partir del 24 de marzo de 1976... y culminaría en el mes de setiembre de 1983...la organización criminal gestada se sustentó en la cadena de mandos con jerarquías que la estructura de las fuerzas armadas y de seguridad habilitaba y que fue utilizada para la realización de procedimientos al margen de toda ley, con la finalidad expresa de aniquilar a los oponentes políticos o ideológicos...Estas conductas delictivas, configurarían conforme el contexto de su comisión, crímenes contra la humanidad, constituyendo delitos de lesa humanidad”.

Los fiscales federales Pablo Camuña y Patricio Rovira, habían solicitado en su apelación la extradición desde España e indagatoria de María Estela Martínez de Perón, pero el tribunal  no dio lugar al pedido porque para los miembros de la Cámara “por el momento no se encuentra demostrada la existencia de sospecha suficiente que habilite el llamado a prestar declaración indagatoria a la entonces presidente de la Argentina" (ver la nota del 14/06/2013), algo similar había opinado el juez Daniel Bejas en el 2012. Es necesario recordar que fue un decreto firmado por la ex presidente María Estela  Martínez el que determinó el inicio del Operativo Independencia. Es el decreto secreto S261/1975 del 5 de febrero de 1975; no publicado en el Boletín Oficial; este decreto de Isabel no sólo determinó el inicio del operativo represivo sino también el financiamiento del mismo; en el artículo 1º decía que "El comando General del Ejército procederá a ejecutar las operaciones militares que sean necesarias a efectos de neutralizar y/o aniquilar el accionar de elementos subversivos que actúan en la provincia de TUCUMAN". Así fue Martínez de Perón la primera que decretó aniquilar (ver detalles en la nota del 16/04/2013), y aniquilar es lo que la misma Cámara sostiene que es lo que hicieron los represores imputados. 

A los pocos días de la firma del decreto las fuerzas armadas y de seguridad, a las órdenes del genocida Acdel Edgardo Vilas, iniciaron la represión indiscriminada en la provincia de Tucumán, secuestrando, torturando, robando y asesinando a cientos de militantes, trabajadores, estudiantes y ciudadanos tucumanos. Desde febrero de 1975, las víctimas del terrorismo de estado eran asesinadas en sus casas, en sus lugares de trabajo o donde estuvieran, como el maestro Isauro Arancibia asesinado en el local de la Agremiación de Trabajadores de la Educación Provincial (ATEP). Otras víctimas eran llevadas a centros cladestinos de detención y tortura como "la escuelita" de Famaillá o la Jefatura Central de Policía, el Comando Radioeléctrico, el Cuartel de Bomberos, un pabellón de las Cárcel de Villa Urquiza y la Escuela de Educación Física, entre muchos otros. Luego tiraban los cadáveres en fosas comunes, como la que se llama "Pozo de Vargas", ubicada en una finca de la localidad de Tafí Viejo; donde el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) ya identificó a varias víctimas como, por ejemplo, el estudiante Roberto Raymundo Vega o el trabajador ferroviario Segundo Bonifacio Arias, ambos desaparecidos en enero y febrero de 1976.