Más permisos judiciales para procesados por crímenes de lesa humanidad

La Secretaría de Derechos Humanos de CTERA se suma a la preocupación de los Fiscales Federales chaqueños Patricio Sabadini y Diego Vigay y de diversas organizaciones de derechos humanos y familiares y víctimas de la dictadura cívico militar, quienes cuestionaron que el juez federal de Resistencia (provincia del Chaco), Carlos Skidelsky no tomara en cuenta las recomendaciones del Ministerio de Justicia sobre el  otorgamiento de las prisiones domiciliarias, y se la concediera a fines del año pasado al exjuez Federal Luís Ángel Córdoba que estaba alojado en la Prisión Regional del Norte (U.7) de Resistencia. Al juez Skidelsky se le cuestiona que no tuvo en cuenta el dictamen del cuerpo médico forense de la Corte Suprema sino la opinión de un médico particular de Córdoba; este ex juez, junto al exsecretario del Juzgado Federal y luego Fiscal Federal ante la cámara chaqueña Roberto Mazzoni, tienen confirmado su procesamiento por la Cámara Federal de Resistencia por no investigar y aceptar la versión oficial con la cual se encubrió la Masacre de Margarita Belén. Así Córdoba aceptó, sin investigar, que los detenidos a su disposición habían muerto en un enfrentamiento cuando intentaron escapar de un celular que los trasladaba a la cárcel de Formosa el 13 de diciembre de 1976, pero en realidad fueron fusilados al menos 22 presos políticos por militares y policías y sus cuerpos nunca fueron entregados a sus familiares por Córdoba. El ex juez esperaba la elevación a juicio oral por una veintena de hechos vinculados a tormentos y privaciones ilegales de la libertad sufridos por presos políticos que estaban a su disposición. Por su parte se lo acusa a Mazzoni de  omitir denunciar e investigar el asesinato de Néstor Sala, una de las víctimas de la Masacre de Margarita Belén. Por estos hechos ya fueron condenados a cadena perpetua ocho ex militares y un ex policía.

Hay que recordar que el juez Skidelsky fue uno de los primeros en declarar, en mayo 2003,  la inconstitucionalidad de las leyes de punto final (de 1986) y de obediencia debida (de 1987), que permitieron la impunidad de los represores hasta el 2004. En su dictamen del 2003 Skidelsky había resaltado la complicidad que tuvo el Poder Judicial en los delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura. El juez Skidelsky investigaba desde el 2001 justamente la masacre de Margarita Belén y, entre otros, llamó a declarar al jefe del Ejército de entonces, el teniente general Ricardo Brinzoni, ya fallecido.

En otro caso el titular del Juzgado Federal N°2 de San Nicolás, Carlos Villafuerte Ruzo, le permitió al represor Víctor Hugo "Chuly" Rodríguez viajar a Uspallata (Mendoza), para realizar el cruce de los Andes a Chile; Rodríguez ya había organizado, desde mediados de los '80, una expedición anual para emular el cruce realizado por el general San Martín. Este represor esta procesado por los secuestros (el 14 de mayo de 1983, en el bar Mágnum de la ciudad de Rosario), y las torturas y asesinatos de  Eduardo Pereyra Rossi y Osvaldo Cambiaso, cuando estaba al mando de la patota que era dirigida por el jefe del Destacamento 121, el genocida  Pascual Oscar Guerrieri condenado a perpetua en el 2010 y que también integraba el genocida Luis Abelardo Patti.

"Chuly" Rodríguez

A principios del 2012 Villafuerte Ruzo, había dictado la falta de mérito y dejó sin el procesamiento a Rodríguez, y a dos personal civil de inteligencia (PCI): el ex arquero de Rosario Central y de la Selección nacional Edgardo "El Gato" Andrada y el agente José Luis Troncoso. Pero para "Chuly" Rodríguez la situación cambió, primero la Cámara Federal de Rosario y recientemente la Cámara de Casación Penal resolvieron mantener su procesamiento por los delitos de lesa humanidad y decidieron su prisión preventiva; a pesar de ello el juez Villafuerte Ruzo volvió a beneficiar al represor dándole la posiblidad de fugarse a Chile. Las querellas de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, de la provincia de Buenos Aires y de la agrupación Hijos Rosario, presentaron el pasado martes 14 de enero un escrito denunciando la posibilidad de fuga y rechazando la resolución de Villafuerte Ruzo.