lunes, 24 de junio de 2013

Este martes comienza el segundo juicio oral por crímenes de lesa humanidad en el Quinto Cuerpo del Ejército durante la dictadura cívico militar

Este martes el Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca, integrado por los jueces subrogantes Jorge Ferro, José Mario Triputti y Martín Bava,  comenzará a juzgar a nueve genocidas por privación ilegal de la libertad agravada, aplicación reiterada de tormentos, homicidio agravado reiterado y otros delitos contra Gustavo Marcelo Yotti, Daniel Guillermo Hidalgo, Olga Souto, Julio Ruiz, Rubén Ruiz, Pablo Bohoslavsky y otras 100 víctimas, crímenes cometidos en esa ciudad. En esta causa está prófugo el genocida Carlos Alberto Arroyo.

Los imputados son José Fidalgo, Ricardo Claudio Gandolfo, Alejandro Osvaldo Marjanov, Carlos Andrés Stricker, Miguel Antonio Villegas, Felipe Ayala, Bernardo Cabezón y Fernando Antonio Videla, la mayoría fueron miembros del del Batallón de Comunicaciones 181, de la justicia militar o del CCD la Escuelita de Bahía Blanca, todos dependientes del V Cuerpo de Ejército. El genocida de la Escuelita Armando Barrera no estará en el juicio por problemas de salud.
En abril de 2011 Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca, había aprobado la excarcelación de varios de estos represores (como Villegas, Ayala, Stricker),  junto a otros 30 militares investigados por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura cívico militar. En enero del 2011 el Concejo Deliberante de General Pueyrredón  declaró a Carlos Andrés Stricker como "persona no grata para el distrito de General Pueyrredón", junto a otros tres represores.

También estaba imputado en esta causa y tendría que ser juzgado, el ex coronel Carlos Alberto Arroyo, que está prófugo desde el 6 de mayo y con pedido de captura, por la cual el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ofrece una recompensa de 100.000 pesos. Arroyo estaba excarcelado por orden del juzgado Federal de Bahía Blanca, decisión que fue confirmada por la Cámara Federal a pesar que la Unidad Fiscal, a cargo de José Nebbia y Miguel Palazzan, se opuso en reiteradas oportunidades a que el represor permanezca excarcelado. Arroyo se desempeñó como seguridad del ex presidente Carlos Saúl Menem y tuvo a su cargo el Registro de la Propiedad Automotor nº6 de Avellaneda y está acusado (entre otros delitos), de ser coautor de los homicidios de Daniel Guillermo Hidalgo y Olga Souto en 1976.

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