La masacre del pabellón 7 de la Cárcel de Villa Devoto se juzgará como crimen de lesa humanidad

El 14 de marzo de 1978, 64 presos fueron asesinados en un incendio durante una represión de miembros del Servicio Penitenciario Federal en la Unidad Carcelaria de Villa Devoto. La Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal Federal de la Capital Federal, con los votos de los camaristas Eduardo Freiler y Jorge Ballestero, resolvió “declarar que los hechos ocurridos en el pabellón séptimo de la Unidad 2 de Devoto configuran crímenes de lesa humanidad”, ya que consideraron que el Servicio Penitenciario Federal (SPF), tenía "subordinación directa" al Ejército y que tenía las mismas prácticas represivas que utilizaban las distintas Fuerzas Armadas en la dictadura cívico militar, cuando en la cárcel de Villa Devoto había decenas de presos políticos y estaba bajo el control operativo del Primer Cuerpo de Ejército que comandaba el genocida Guillermo Suárez Mason.

Ahora la causa por la masacre quedó para ser investigada en la justicia federal y a cargo del juez federal Daniel Rafecas, quien en marzo pasado ya había rechazado considerar los hechos como un delito de lesa humanidad y pretendió archivar la causa sin justicia para las víctimas. La Cámara sí escuchó los testimonios de los sobrevivientes, de detenidas políticas que estaban en otro pabellón de Devoto y de otros testigos y consideró los delitos como imprescriptibles.

En la mañana de ese 14 de marzo comenzó una protesta carcelaria con quema de los colchones colocados por los presos o por efectivos del SPF (según la versión), contra la puerta y, mientras el fuego y el humo hacían imposible respirar adentro, los presos que intentaban asomarse a las ventanas enrejadas eran baleados desde el exterior por los agentes del servicio penitenciario que se negaban a abrirles las puertas y que cuando entraron más tarde golpearon a los reclusos. Si bien algunos murieron quemados y asfixiados, la mayoría murió por los balazos. Después de la represión el uruguayo Jorge Hernández Rodríguez , que era un preso político en Devoto, desapareció y nunca fue encontrado,  su legajo figura en las listas de la Conadep con el número 1230. En la imagen del diario Crónica se ve a Hernández Rodríguez luego de la represión y antes de su desaparición. El 30 de julio de 1979, el juez de instrucción Jorge Valerga Aráoz resolvió el sobreseimiento provisorio de todos los penitenciarios imputados, la causa quedó archivada.

La dictadura y el SPF siempre disfrazaron la masacre como un motin y por culpa de los presos, pero incluso en el 2005 el diario La Nación sostenía esa versión ya que ahí se escribía "La peor tragedia, en la cárcel de Villa Devoto...el fuego y el humo se habían apoderado del pabellón N° 7, en el penal de Villa Devoto. Pero nadie pudo salir de allí...las puertas y ventanas estaban trabadas: las habían cerrado los propios reclusos haciendo una barricada con sábanas, colchones y almohadas como señal de apoyo a un preso que había cometido una acción de indisciplina... los reclusos tomaron la trágica decisión que marcaría sus destinos...Jorge Antonio Dotti, entonces director nacional del Servicio Penitenciario Federal, aseguró que en las autopsias realizadas no se evidenció que hubiera heridos de bala...". Gracias a la lucha de sobrevivientes, familiares y de la abogada e investigadora Claudia Cesaroni, autora del libro “Masacre en el séptimo pabellón”, entre otros, se pudo reabrir la causa y esperar justicia.

En marzo del año pasado se colocó una placa recordando la matanza en la entrada del pabellón 7º en la que se decía “Mientras no haya justicia, el fuego seguirá quemando”. En esa ocasión el sobreviviente Hugo Cardozo dijo ""Muchos compañeros me están rodeando en este momento, los que pudieron zafar de la muerte por un ratito, y los que quedaron tirados en el suelo agujereados por los disparos, quemados o retorcidos entre los camastros que agarrábamos para defendernos".

Me asfixio! ¡Dios!
Pienso en mi cara… se esta quemando, ahora, mi cara…
¡Dios!
Una explosión y los colchones se prenden fuego y
Nos quemamos vivos…
Quiero salir, quiero escapar, las puertas siguen encerrojadas.
El pabellon… en un segundo se nubló todo y ya no vemos nada más…
Pruebo trepar hasta un ventanal buscando el aire y me balean fiero
Viejita, amor, hijas y amigas, buscan noticias en la
Puerta, ahi­ fuera…
'PABELLON SÉPTIMO' Indio Solari

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El genocida prófugo Arráez fue detenido

El lunes 14 de abril el represor Gerardo Jorge “Nito” Arráez, fue detenido por la Policía de Seguridad Aeroportuaria, mientras caminaba cerca de su casa, se había fugado en el 2012. Arráez  es un ex policía federal de 64 años que tenía un DNI con una identidad falsa de apellido Rodríguez.

Este genocida de Coordinación Federal fue miembro de las patotas de los centros clandestinos de detención (CCD) el Olimpo y Banco, donde era conocido por el apodo de Nito. El juez federal Daniel Rafecas lo imputó como coautor de secuestros y torturas de 285 ví­ctimas en esos CCD, varias de ellas ya lo acusaron, y por su participación necesaria en el homicidio de 19 personas, las cuales fueron trasladadas para asesinarlas el dí­a 6 de agosto de 1978; el juez tanbién ordenó que se investigue al represor por la comisión del delito de falsificación de documento público y que se lo traslade a la cárcel de Marcos Paz. Durante la indagatoria ante el juez Arráez fue asistido por su defensor, el exjuez condenado y destituido Francisco Trovato.

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Alejandro Enciso, un represor de la banda de Anibal Gordon fue extraditado de Brasil

Recientemente el Supremo Tribunal Federal Brasil concedió la extradición de César Alejandro "Pino" Enciso, miembro de la banda de Anibal Gordon y ex agente de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). La extradición fue concedida por algunos de los delitos de lesa humanidad cometidos por Enciso en la dictadura cívico militar, los cuales el juez federal Daniel Eduardo Rafecas investiga en la megacausa del Primer Cuerpo del Ejército. "Pino" Enciso vivía desde fines de los ‘80 en Brasil bajo la identidad falsa de Héctor Domingo Echebaster, según Interpol también se hacía pasar por Horacio Andrés Ríos Pino, unos años después de llegar adoptó a una niña brasilera.  

Enciso, estaba preso en Río de Janeiro desde el 30 noviembre de 2010, por una requisitoria internacional solicitada por el fiscal italiano Gianncarlo Capaldo, quien en los últimos 15 años investigó los delitos cometidos contra ciudadanos italianos por torturadores y asesinos que participaron en el plan Cóndor (ver notas anteriores). Capaldo había solicitado la extradición a la justicia brasileña pero esta sólo aceptó el requerimiento de Rafecas. El represor había intentado, en el 2012, evitar la extradición solicitando la condición de refugiado ante el Comitê Nacional para os Refugiados – CONARE, pero lo rechazaron. Luego que la Ministra Cármen Lúcia, ordenara, en enero de 2013, su prisión preventiva antes de la extradición (por el exp. 1299), quiso evitarla aduciendo enfermedades como hipertensión, cáncer de piel, VIH, y problemas respiratorios, pero tampoco fue tenido en cuenta, en junio del 2013, por la ministra Lucia.
De todas formas el Supremo Tribunal Federal Brasil solamente permite el juzgamiento de Enciso por los secuestros de cuatro víctimas, Gerardo Francisco Gatti, Julio César Rodríguez, Manuela Santucho y Cristina Navajas; todos desaparecidos en el centro clandestino de detención (CCD) Automotores Orletti, entre mayo y octubre de 1976. Así no se lo puede juzgar por los delitos cometidos contra otras 35 víctimas que no están desaparecidas y que estaban en el requerimiento de Rafecas; esto pasa porque el tribunal brasilero desconoce el principio de imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad en esos casos. De cualquier manera por Orletti pasaron cientos de víctimas y "pino" Enciso debe de haber cometido delitos contra muchos de ellos, sin tomar en cuenta su historia delictiva anterior.
La historia de los delitos del genocida Alejandro "pino" Enciso es la historia de las organizaciones paramilitares, de las patotas de derecha y del terrorismo de estado desde fines de los 60’. Así muy joven (nació en 1950), estuvo en la Concentración Nacional Universitaria (CNU), junto a Carlos Ernesto “El Indio” Castillo entre muchos otros (cómo ya fue denunciado en el Juicio por la Verdad marplatense en abril del 2007). Luego desde 1973, ya bajo las ordenes de Aníbal “El Viejo” Gordon fue, con otros CNU, parte de la patota de la UOM junto a Eduardo Alfredo “Zapato” Ruffo, Jorge Hugo “El Polaco” Dubchak y Osvaldo “Paqui” Forese, pero sin dejar de actuar como CNU o AAA (por ejemplo en agosto de 1974 asesinaron al dirigente sindical Carlos Ennio Pierini). Esta patota se enfrentó a otro grupo de la UOM comandado por Juan Carlos “Gallego” Rodríguez (compañero de Dardo Cabo y Giovenco en el operativo Condor de 1966) y Eduardo “Oso” Fromigué, estos últimos habían matado a Dubchak y baleado a Enciso en la puerta de su casa en julio de 1975, pero "pino" se vengó junto con Castillo y Gordon asesinando a los dos y a otros de esa patota unos meses después, cuando su futuro suegro René Otto Paladino (uno de los fundadores de la Alianza Anticomunista Argentina o AAA), ya era el jefe de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), nombrado por María Estela Martinez y por indicación del genocida Videla quien ya era jefe del ejército.


En 1976 "pino" Enciso se casó con Magdalena la hija de Paladino y integró con otros represores como Eduardo Ruffo, Honorio Carlos “Pájaro” Martínez Ruiz y “Paqui” Forese, la banda de los civiles en el CCD Automotores Orletti, que comandaba Anibal Gordon, donde otros civiles como Raúl Guglielminetti y ex militares argentinos como Rubén Víctor Visuara y Eduardo Cabanillas coordinaban la represión, principalmente con el Ejército Uruguayo, en el marco del plan Cóndor. Este CCD sólo funcionó entre el 1º de junio y noviembre de 1976, en un taller mecánico alquilado en Venancio Flores y Emilio Lamarca de la ciudad de Buenos Aires (CABA), pero pasaron  más de 200 víctimas de diversos países. Allí la banda de Gordon  junto a militares uruguayos José Niño Gavazzo Pereira, Pedro Mato y Manuel Juan Cordero, entre varios otros, habrían participado del secuestro, los tormentos y los asesinatos de los muchos uruguayos como Zelmar Michelini, Gutiérrez Ruiz, Enrique Rodríguez Larreta, Barredo y Whitelaw, según el testimonio del represor Orestes Estanislao Vaello, cuando declaró ante la comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), además "pino" Enciso fue mencionado y reconocido en fotografías por varias víctimas uruguayas que estuvieron en cautiverio en ese CCD. También, entre muchos otros delitos; se lo vincula con los tormentos y la entrega de María Claudia García Irureta Goyena de Gelman para que la trasladaran al Uruguay, cuando aún estaba embarazada. Lamentablemente Enciso no podrá ser juzgado por estos y otros delitos, ya que el Supremo Tribunal Federal Brasil considera que prescribieron o no fueron incluidos en la requisitoria de Rafecas. En la banda de civiles torturadores y asesinos de Gordon y la SIDE de Orletti, junto a Enciso estaban por ejemplo  Miguel Ángel Furci, Honorio Carlos Martínez Ruiz y  “Zapato” Ruffo el apropiador de Carla Rutilo Artés en agosto de 1976, cuya madre Graciela Rutilo Artes desapareció en Orletti. Carla, que recuperó su identidad gracias a las Abuelas de Plaza de Mayo en 1985, recuerda que “pino” Enciso visitaba muy seguido su casa con el apropiador. Ruffo fue el que alquiló el local para la Secretaría de Inteligencia del Estado, Orletti en el organigrama de la SIDE era identificado como BASE 0T18 y los represores lo denominaban "El Jardín". Los represores de Orletti eligieron un método particular para desaparecer a varias de sus víctimas, luego de asesinarlos colocaba sus cuerpos en tambores de 200 litros, con cal y cemento, que arrojaron en distintos sitios. Así en descampados cercanos al canal San Fernando fueron encontrados Ana María del Carmen Pérez (con un embarazo a término), los hermanos Ricardo y Gustavo Gayá, Marcelo Gelman y los jóvenes diplomáticos cubanos Jesús Cejas Arias y Crescencio Hernández, quienes habrían sido torturados en Orletti por los agentes de la CIA Michael Townley, y Guillermo Novo Sampol.
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Zapato Ruffo y Anibal Gordon.

El represor Enciso también era socio de su suegros en la empresa “Magister Seguridad Integral”, donde blanqueaban parte de los bienes robados a sus víctimas. Luego que se cerró el CCD la banda de Gordon siguió con secuestros extorsivos y robos hasta que el genocida Carlos “pajarito” Suárez Mason (entonces jefe del Primer Cuerpo de Ejército), los desarticuló. Algunos como Forese se reciclaron administrando sanatorios y trabajando con Diego Ibañez (del mismo gremio que Pierini), en el Conreso y en varios sindicatos. Por su parte “pino”Enciso siguió con los secuestros, como el secuestro de Guillermo Patricio Kelly, en agosto de 1983 en la esquina de Cabildo y Republiquetas de la CABA realizado junto con Gordon y Eduardo Ruffo. Casualmente se lo secuestró poco después que Kelly escribió varias notas denunciando los negocios turbios de la logia Propaganda Due (P2) a la que pertenecían Suárez Mason y López Rega. Gordon murió en 1987 en la cárcel y Enciso se fue a Brasil con identidad falsa.

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Siete represores fueron procesados por delitos de lesa humanidad por el juez Rafecas

El pasado 30 de agosto el juez federal Daniel Rafecas procesó a los ex militares Juan Manuel Costa, Rodolfo Enrique Godoy, Manuel Antonio Luis Cunha Ferre y Roberto Obdulio Godoy y el ex Jefe de Estado Mayor de la Brigada 10ª Héctor Humberto  “Toto” Gamen  ya condenado a perpetua por sus crímenes en el Vesubio; y a los ex policías bonaerenses Leopoldo Luis Baume y Juan Alfredo Battafarano; por crímenes cometidos en el centro clandestino de detención (CCD), conocido como Sheraton o Embudo, que funcionó en la Subcomisaría de Villa Insuperable, en el Municipio de La Matanza de la Pcia. de Buenos Aires. Las imputación es por la privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia o amenazas y por la aplicación de tormentos a 18 víctimas que estuvieron retenidas  en el CCD entre octubre 1976 y abril 1978 y once permanecen desaparecidas. Las 18 victimas de esta causa son María Cristina Ferrario, Héctor Daniel Klosowski, Héctor Germán Oesterheld,  Pablo Bernardo Szir, Juan Carlos Scarpati, Marcela Patricia Quiroga (tenía sólo 12 años), Delia Beatriz Bisutti, Adela Esther Candela de Lanzillotti, Paula Elena Ogando Schuff, José Rubén Slavkin, Julia Estela Sarmiento, Luis Salvador Mercadal, Juan Carlos Guarino,  Roberto Eugenio Carri, Ana María Caruso de Carri, María de las Mercedes Victoria Joloidovsky, Juan Marcelo Soler Guinard y Graciela Moreno.

Leopoldo Luis Baume

El juez Rafecas consideró en su extenso fallo que los hechos por los que se imputa a los represores formaron parte de un plan sistemático de represión ilegal, impuesto durante la dictadura cívico militar a partir de 1976 y utilizando la estructura burocrática de las Fuerzas Armadas y de seguridad, también resaltó la conexión evidente entre los CCD Sheraton  y el Vesubio. La subcomisaría de Villa Insuperable estuvo conducida entre 1975 y 1978  por Baume y  Battafarano y dependía del Primer Cuerpo de Ejército através de Grupo de Artillería Nº 1 "Gral. Iriarte" ubicado en la localidad de Ciudadela, que entonces estaba comandado por el represor Antonino Fichera (que ya falleció), y secundado por Juan Manuel Costa, Rodolfo Enrique Godoy,  Manuel Antonio Cunha Ferré (como oficial de Inteligencia), y Roberto Obdulio Godoy. El represor Baume fue denunciado por las decenas de personas desaparecidas cuando fue comisario en la localidad de Marcos Paz y como responsable de la desaparición de H.G. Oesterheld, pero el Juez Rafecas imputa como "autor directo" a Cunha Ferré (folio 167);  en democracia Baume llegó a ser Secretario General de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y Director General de Seguridad, durante la gobernación de Alejandro Armendáriz.

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Detuvieron al genocida Ricardo Valdivia, tras estar 15 meses prófugo de la justicia

El 9 de agosto fue capturado el ex policía  Ricardo "Miralejos" Valdivia, quien estaba prófugo desde el 9 de mayo de 2012. La detención del represor  Valdivia había sido ordenada por el juez Daniel Eduardo Rafecas, a cargo del Juzgado Criminal y Correccional Federal nº3, en el marco de la "megacausa" en la que se investiga delitos de lesa humanidad cometidos en la órbita del Primer Cuerpo de Ejército, es la causa Nº 14.216, caratulada Suárez Mason, Carlos Guillermo y otros, en la que interviene la  Fiscalía Nº 6 a cargo del doctor Federico José Delgado. La detención fue "en la vía pública por parte del personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria" y luego fue trasladado a la cárcel de Marcos Paz. El 17 de mayo pasado el ministerio de Justicia y Derechos Humanos había ofrecido cien mil pesos de recompensa al que de  datos útiles  para capturarlo.

A Valdivia se lo acusa de  de nueve homicidios agravados y tormentos en el centro clandestino de detención Atlético-Banco-Olimpo (ABO), y de más de 200 secuestros durante la última dictadura cívico militar.

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La urdimbre civil de la dictadura segunda parte: Etchepare y la Comisión Nacional de Valores, y el personal civil de inteligencia

El pasado 15 de abril por orden del juez Daniel Eduardo Rafecas, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 3, fue detenido  Juan Alfredo Etchebarne por delitos de lesa humanidad y, junto a otros represores, fue trasladado a la cárcel de Marcos Paz. Durante la dictadura cívico militar el abogado Etchebarne presidió  la Comisión Nacional de Valores (CNV) de junio de 1976 a 1981, y está imputado de participar en el secuestro y los tormentos de 28 personas desde septiembre a diciembre de 1978, cuando los secuestrados fueron legalizados. Todas las víctimas estaban vinculadas al caso del Banco de Hurlingham, que había sido de los Graiver. 

Desde la dirección de la CNV Etchebarne la convirtió en una herramienta política del Ministerio de Economía, pero no como órgano rector del sistema financiero (para lo que fue creada en 1968, por el dictador Juan Carlos Onganía), sino como una central de inteligencia del terrorismo de estado, asociada al accionar represivo del Comando del Primer Cuerpo del Ejército, para pasarle información de empresarios y financistas, y así secuestrar y robar a más de 130 acusándolos de "subversión economica" y otros delitos inventados. Lo que el juez Rafecas describe en su fallo como un "plan criminal y clandestino de represión" del terrorismo de estado durante la dictadura cívico miltar.

El martes 16 de julio el juez Rafecas dispuso finalmente el procesamiento con prisión preventiva de Etchebarne, y del ex coronel  Francisco Obdulio D´Alessandri, el ex Gendarme Víctor Enrique Rei, y al ex agente civil de inteligencia del Ejército Raúl Guglielminetti; Rei ya estaba detenido desde el 2004 y condenado desde el 2009, por la apropiación de Alejandro, hijo de Liliana Fontana y Pedro Sandoval, secuestrados el 1 de julio de 1977, que están desaparecidos. En la causa del Banco de Hurlingham, iniciada en junio del 2010, también estaban imputados el fallecido ex coronel Roberto Roualdes (que comandaba los secuestros) y ex teniente coronel Raúl Gattica. Entre otras víctimas, Enrique Lucio García Mansilla, Rosa Dominga Laurito y Raúl Ramón Aguirre Saravia, deunciaron que Etchebarne estuvo presente en los interrogatorios y apremios ilegales en Campo de Mayo y el Vesubio, también se denunciaron a dos abogados de la CNV  René Garris y Julio Eduardo Juan Spinosa. Este último fue felicitado en 1979 por Etchebarne, por su eficiencia durante una misión para la que había sido designado a pedido del Comando del Comando del Primer Cuerpo deEjército.

Antes de 1976 Etchebarne había sido directivo de la acería Acindar y era amigo personal del ministro de Economía José Alfredo  (presidente del directorio de  Acindar) y también miembro del Grupo Azcuénaga, cuyos integrantes ocuparon varios lugares claves en la dictadura cívico militar.

Entre las víctimas estaban René Carlos y Luis Grassi, Jorge Giménez, Raúl Alberici, Edgardo Cardona, Fernanda Fabri, Luis Pignataro, Rosa Laurito de Ernaiz, Raúl  Aguirre Saravia, Marcelo y Juan Claudio Chavanne, Sara Duggan, Jorge Tejerina, Enrique García Mansilla, Francisco García Ordats, Alejandro Pinedo, Jaime Fernández Madero, Jorge Bulleraich, Bernardo Duggan, Marcelo Santurio, Aurelio Cid y Mauricio Lichtenstein. Todos estuvieron secuestrados en diferentes centros clandestinos de detención (CCD) y en el CCD de la  Prisión Militar de Campo de Mayo (la actual U34 del SPF), eran funcionarios del Banco de Hurlingham o pertenecían mayoritariamente como dueños directivos,  gerentes y secretarios, a dos grupos empresarios, uno era de las Industrias Siderúrgicas Grassi, y el otro del rubro inmobiliario, los Chavanne. Estos dos grupos se asociaron para comprar el banco de Hurlingham a Lidia Papaleo y los Graiver; pero el banco fue intervenido por la  Comisión Nacional de Recuperación del Patrimonio Argentino (la Conarepa), que delegó las decisiones en Christian J. Zimmerman, vicepresidente del Banco Centrál (BCRA), y Alberto Rodríguez Varela (el ministro de Justicia y luego abogado defensor del genocida Videla), designó como veedor al jurista Gregorio Badeni (un "constitucionalista" aún citado por los medios monopólicos y presidente de la Academia Nacional de Derecho), mientras las víctimas de los grupos Grassi y Chavanne estaban detenidos clandestinamente y eran torturados. Finalmente el BCRA, con Adolfo Diz a la cabeza, liquidó el banco de Hurlingham, aunque se oponían los técnicos del propio Banco Central. Así también se lograba sacar del medio a las Industrias Grassi, porque se interponía en la reconversión de Acindar que pretendían Martínez de Hoz y sus socios. Esa reconversión se inició persiguiendo a los trabajadores de la acería con el operativo denominado "Serpiente Roja del Paraná", del 20 de marzo de 1975, cuando por orden del gobierno de la ex presidenta María Estela "Isabelita" Martínez se detuvieron a más de trescientos trabajadores, entre ellos los principales dirigentes de la UOM de Villa Constitución y dentro de Acindar hubo un centro clandestino de detención del gobierno democrático, donde desaparecieron más de 30 trabajadores.

Según declaró a Télam Jorge Devincenzi (de la Sec.de DDHH nacional),  Martínez de Hoz y Etchebarne estaban secundados "por Christian Zimmerman en el Banco Central, Juan Alemann en la Secretaría de Hacienda y Guillermo Walter Klein en la Secretaría de Programación Económica", para apropiarse de los bienes que habían pertenecido a David Graiver y en favor de otros grupos económicos domésticos y multinacionales. Recientemente en un informe de la CNV se denunció que fueron, al menos, 130 los empresarios, financistas y agentes de bolsa secuestrados y despojados de sus bienes durante la dictadura cívico miltar por información brindada por la misma CNV. 

El personal civil de inteligencia

El personal civil de inteligencia del Ejército (PCI), no sólo clasificaba y ordenaba los informes remitidos al y del Batallón 601, sino que muchos integraban los grupos de tareas que secuestraban, asesinaban y torturaban. La pasada semana la sala III de la Cámara de Casación Penal revocó la prisión domiciliaria que le había otrorgado el Tribunal Oral Federal número 1, al represor Ariel Antonio López. Este se desempeñaba como PCI en el Destacamento de Inteligencia 121 de Rosario y desde el 9 de agosto próximo sera juzgado en el marco de la causa "Porra" (también conocida como "Oscar Pascual Guerrieri II), junto a otros 11 represores, como los civiles Ariel Zenón"El Puma" Porra, Marino Héctor González, Juan Andrés "El Barba" Cabrera y Alberto Enrique Pelliza.
López fue procesado en esta causa por el juez Marcelo Martín Bailaque, del juzgado Federal nº 4 de Rosario, en octubre de 2009, como coautor de privación ilegal de la libertad, agravada, por mediar violencia y amenazas en concurso real con el delito de tormentos que damnificaron a 17 víctimas, y por 14 homicidios de personas que fueron secuestradas en el CCD conocido como "Quinta de Funes", como así también hacia los que fueron alojados en el CCD de la  Fábrica Militar de Armas "Domingo Matheu". El Juzgado Federal nº 2 de San Nicolás a cargo de Carlos Villafuerte Ruzo también procesó a Ariel López junto a los genocidas Reynaldo Benito Antonio Bignone y Luis Abelardo Patti, y varios PCI del 121 y el 122.
Otro ex integrante del Destacamento de Inteligencia 121 de Rosario que va a ser juzgado, el represor Marino Héctor González, fue trasladado en junio pasado a la Unidad Penal Nº 1 de Paraná.

Algunos otros de los que fueron Personal Civil de Inteligencia del Ejército y que están imputados o procesados o condenados son Nicolás Correa, Eleodoro Jorge "lolo" Hauque, Horacio Américo "Quique" Barcos (secuestrador del prof. José Alberto Tur), Gustavo Francisco "german" Bueno, Eduardo Rodolfo Costanzo, Carlos Gabriel Jesús Isach, Rodolfo Daniel Isach, Walter Salvador Dionisio Pagano,  Jorge Walter Perez "doble V" Blanco,  Walter Roberto Roscoe, Carlos Antonio Sfulcini, Eduardo Rebechi, César Luis Frilocchi, Juan José Luis Gil, Julio Adelaido "Tipi" Ramos.

 

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