Novedades en juicos por crímenes de lesa humanidad

CNU: en Mar del Plata comienzan a juzgar al exfiscal Demarchi y otros miembros de la banda.

Ex fiscal Demarchi

El lunes 1° de junio los jueces Víctor Bianco, Elvio Osores Soler y Luis Imas. del Tribunal Oral Federal de Mar del Plata llevaron adelante la audiencia preliminar para comenzar a juzgar, por crímenes de lesa humanidad, a once represores, 10 civiles y a uno que es exmilitar (Fernando Alberto Otero), quienes integraban la agrupación paramilitar Concentración Nacional Universitaria (CNU). En esa audiencia preliminar hubo un planteo de la fiscal federal Laura Mazzaferri - quien está acompañada por el fiscal de Distrito Daniel Adler y la fiscal ad hoc María Eugenia Montero- que se opuso  a que el ex fiscal Gustavo Modesto Demarchi (no confundirlo con el genocida Gustavo Ramón De Marchi, leer más adelante) y José Luis Granel ejerzan su propia defensa e interroguen a las víctimas de sus delitos. El tribunal  rechazó el planteo y la Fiscalía anunció que irá a la Cámara de Casación.
 

Guillermo Enrique Videla, una de las víctimas

Demarchi está imputado como jefe en el delito de asociación ilícita y coautor de los cinco homicidios de Enrique Elizagaray, Guillermo Enrique Videla, Jorge Enrique Videla, Jorge Lisandro Videla y Bernardo Goldemberg, cometidos el 21 de marzo de 1975; en la instrucción se acusó que los represores de la CNU operaban como parapoliciales insertos en la estructura de la fiscalía federal  de Demarchi y con apoyo policial (ver notas anteriores). En la auduencia del pasado lunes, la fiscal  Mazzaferri argumentó que la autodefensa del ex fiscal pondría en situación de “revictimización” a las víctimas que acudan como testigos y que Demarchi “ha realizado innumerables planteos dilatorios, lo cual se representa con la continua reedición, durante la instrucción, de los mismos planteos bajo distintos prismas”; a esto el fiscal Adler, agregó que Demarchi se había fugado a Colombia en medio del proceso, hasta que se logró la  extradición.

 

Los otros acusados son Juan Pedro Asaro, Raúl Arturo Viglizzo,  Raúl Rogelio Moleón, Mario Ernesto Durquet, Fernando Alberto Otero, Roberto Justel, Marcelo Arenaza y José Luis Granel, se los juzgará por asociación ilícita para cometer secuestros y asesinatos en 1975, otras de sus víctimas fueron Daniel Gasparri,  Jorge Alberto Stoppani y María del Carmen Maggi.

Se puede recordar que la Concentración Nacional Universitaria surgió en 1967 en la ciudad de La Plata, que en 1971 ya actuaba el Mar del Plata y en diciembre de 1971 la CNU cometió su primer asesinato ahí, cuando atacaron a tiros y cadenazos a estudiantes de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Mar del Plata que estaban realizando una asmblea y mataron a Silvia Fille e hirieron a otros. En este hecho y en todos los posteriores la policía los dejó hacer.
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Apartaron a dos jueces custionados en bahía Blanca
 

Santiago Ulpiano Martínez

La Comisión de Selección del Consejo de la Magistratura decidió por mayoría el apartamiento de los jueces subrogantes del Juzgado Federal 1, Santiago Ulpiano Martínez y Claudio Pontet y se propuso designar a un juez subrogante de acuerdo con las normas vigentes, a la vez se nombró provisoriamente al juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla.  Esto deberá ser ratificado por el Consejo en pleno el próximo 18 de junio.
 

La comisión analizó un pedido de la Cámara Federal de Bahía Blanca  por cuestionamientos del Ministerio Público Fiscal y de organismos de derechos humanos a estos dos jueces Ad hoc por demorar causas u obstaculizar investigaciones por delitos de lesa humanidad.

El 5 de junio de 2012 renunció el juez relacionado con los represores Alcindo Álvarez Canale, desde entonces Ulpiano Martínez subroga el juzgado 1, y ya tiene ocho denuncias de mal desempeño en su contra desde el 2013, por ejemplo negar la imputación de 70 militares acusados de cometer delitos sexuales durante la dictadura, posibilitar la fuga del represor excoronel Carlos Alberto Arroyo, favorecer al excapellán Aldo Omar Vara en su fuga, rechazar el pedido de extradición a Francia del genocida Alfredo Astiz y rechazar los pedidos de indagatoria al director del diario La Nueva Provincia, Vicente Massot, y a Mario Gabrielli, el jefe de redacción en los '70.

En junio del 2014 Martínez pidió una licencia para no actuar en la causa del cura prófugo Aldo Vara y fue reemplazado por  Álvaro Coleffi (uno de los secretarios del juzgado). A pesar de la corporación judicial bahiense Coleffi avanzó en causas de lesa humanidad como las del cura  Vara, indagó al arzobispo de la ciudad de Bahía Blanca, Guillermo Garlatti  y también a Vicente Massot. Por todo esto la corporación judicial de  Bahía Blanca apartó a Coleffi en diciembre del 2014 de esas causas y se nombró al abogado Claudio Pontet al frente del juzgado, finalmente en mayo pasado la Cámara Federal de Bahía Blanca decidió cesantear a Coleffi (ver notas anteriores). Como juez Ad hoc Claudio Pontet rápidamente dictó la falta de mérito a Vicente Massot en la causa por los asesintos de los trabajadores del diario Enrique Heinrich y Miguel Angel Loyola. Ahora se lo va a apartar a Pontet del juzgado porque la Comisión de Selección del Consejo de la Magistratura sostuvo que su nombramiento por la Cámara Federal de Bahía Blanca no había sido legítimo. Por su parte Martínez volvería a ser secretario del juzgado 2.

El abogado Pontet y Vicente Massot

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Denuncian nuevamente a Milani en La Rioja

Oscar Schaller, presentó en la Fiscalía federal de La Rioja  una querella penal contra el jefe del Ejército, teniente general César Milani, por el supuesto delito de genocidio.
El  ex prisionero político Oscar Schaller estuvo detenido un mes en el centro clandestino de detención (CCC) que funcionaba en el Batallón de Ingenieros 141 de La Rioja, y sostuvo, en declaraciones  en la radio La Red, que  “A mí me secuestran de mi casa uniformados entre 10 y 15 personas y recién después de 30 días, y cuando me estaban por liberar se me acerca una persona como intimando conmigo y me dice, como estás, te hicieron algo?, ahora te vas. Y yo lo identifico como Cesar Milani” y agregó  “Él tenía 21 años, yo tenía 19. No ignoro las demás denuncias que hay, obviamente incluida la de mi padre, la de Olivera, la de la familia Ledo y uno toma en cuenta todo eso. Pero yo no puedo hacer una evaluación objetiva.” y sobre la participación de Milani en los secuestros y torturas, Schaller explicó: “Yo no estoy en condiciones de hablar"


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Loma Negra: continúa la investigación de la reponsabilidad de sus directivos y cómplices en delitos de lesa humanidad durante la dictadura cívico militar.

El fiscal federal Walter Ernesto Romero, solicitó al juez federal de Azul Martín Bava las indagatorias de 18 personas por el secuestro de seis trabajadores de la cementera Loma Negra el 20 de julio de 1976, en la ciudad de Olavarría.  

En marzo de 2012 el Tribunal Oral Federal De Mar del Plata, condenó a los responsables materiales del asesinato del  abogado laboralista Carlos Moreno, hecho ocurrido en mayo de 1977, y entonces se ordenó el inicio de la investigación a la comisión directiva de la empresa Loma Negra por su participación de la misma en el secuestro y el asesinato,  luego, en la instrucción, se sumó el secuestro de esos seis trabajadores en julio de 1976.   

Carlos Moreno

Entre las indagatorias que el fiscal Romero pidió, están los entonces jefes militares de la zona, como  Ignacio Aníbal Verdura y personal civil de Inteligencia infiltrado en la empresa. Entre los directivos de Loma Negra que fueron responsables pero que fallecieron estaban Amalia Lacroze de Fortabat, Ernesto Cladera y Bernardo Miretzky.
Además de diversos testimonios entre las evidencias presentadas esta la documentación de la empresa Loma Negra analizada por la Oficina de Investigación Económica y Análisis Financiero de la Procuración (OFINEC), de la Procuración General de la Nación. la OFINEC determinó que la empresa logró grandes beneficios con el golpe cívico-militar y  redujo significativamente sus costos en materia de indemnizaciones.
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Continuará en la justicia federal de  Capital Federal la investigación por la fuga de los genocidas Olivera y De Marchi.

El 19 de mayo la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal revocó la resolución del del juez Claudio Bonadio (Juzgado Federal N°11) y ordenó que la investigación de la fuga de los ex militares genocidas condenados Gustavo Ramón De Marchi (no confundir con el exfiscal Demarchi) y Jorge Antonio Olivera no pase a la justicia federal de San Juan y continúe en el ámbito del fuero federal de Capital Federal; como lo había solicitado oportunamente el fiscal federal Leonel Gómez Barbella. 

La fuga ocurrió en el Hospital Militar Central, el 25 de julio de 2013, y la resolución lleva las firmas de los camarístas Horacio Cattani, Martín Irurzun y Eduardo Farah quienes dijeron que  “Resulta indudable que la instrucción de los hechos debe efectuarse en la jurisdicción en la que la evasión tuvo lugar, esto es en el radio de esta ciudad, puesto que amén de una cuestión territorial deben considerarse razones de conexidad con la causa n° 9744/14 en la que se investiga a los responsables del Servicio Penitenciario Federal, en tanto la fuga se produjo precisamente en el contexto de una omisión de la diligencia debida de esos funcionarios”. Olivera y De Marchi fueron condenados en San Juan en julio del 2013 por delitos de lesa humanidad y se fugaron pocos días después en la Capital Federal (ver notas anteriores y la actuación del  juez Rago Gallo). Como se dice en el fallo, en otras causas están investigados penitenciarios y personal del hospital que habrían favorecido la fuga

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Van a juicio oral 10 represores de la CNU

Juez Inchausti

El juez Santiago Inchausti, titular del Juzgado Federal N°3 de Mar del Plata, elevó a juicio oral (parcialmente), la causa en la que investigó a varios represores de los grupos de tareas de la Concentración Nacional Universitaria (CNU), por delitos de lesa humanidad cometidos entre febrero de 1975 y marzo de 1976. En este juicio se imputan a 10 represores por asociación ilícita y 8 homicidios. Uno sólo de los imputados era militar, es Fernando Alberto Otero, los 9 represores civiles imputados son el ex fiscal marplatense Gustavo Modesto Demarchi (no confundir con el genocida fugado Gustavo Ramón De Marchi), el profesor Mario Ernesto Durquet, el fotógrafo Raúl Rogelio Moleón, el librero Juan Pedro "piero" Asaro, Marcelo Arenaza, los abogados José Luis "pepé" Granel y Luis Roberto Coronel, el comerciante Roberto Alejandro Justel y el taxista Juan Carlos "juanca" Asaro.

Gustavo Modesto Demarchi

En su acusación, el fiscal federal de Mar del Plata Pablo Esteban Larriera, aseguró que los represores de la CNU operaban como parapoliciales insertos en la estructura de la fiscalía federal (Demarchi), y conectados con la policía para que actuaran teniendo una zona liberada (se "demuestra que la agrupación [la CNU] contó con un apoyo fundamental y estratégico para actuar con la impunidad demostrada en los hechos que aquí se investigan"). Larriera también consideró al ex fiscal Demarchi como el jefe de la asociación ilícita y se lo procesó desde octubre de 2012 por su participación, en asociación ilícita, de los homicidios de Enrique Elizagaray, Guillermo Enrique Videla, Jorge Enrique Videla, Jorge Lisandro Videla y Bernardo Alberto Goldemberg (asesinados el 21 de marzo de 1975, en lo que la CNU denominó “5 x 1” para vengar la muerte de Ernesto Carlos Piantoni); y en el secuestro (el 10 de mayo de 1975) y homicidio de María del Carmen Maggi, que era la decana de la Facultad de Humanidades y secretaria general de la Universidad Católica de Mar del Plata. Al mes del secuestro, y con  Maggi aún desaparecida, Demarchi pidió sobreseer la causa; pero cuando se encontró el cadáver, en la localidad Mar Chiquita, el 23/03/1976 el sumario no fue reabierto por Demarchi.

Es muy importante que, para la Cámara Federal de Mar del Plata y el juez Inchausti, los homicidios atribuidos a la CNU debían ser considerados de lesa humanidad "por haber contado con participación o tolerancia del Estado". Que sean imprescriptibles sienta jurisprudencia para todos los otros procesos judiciales en los que son investigados represores de la CNU, muchos en las ciudades de  Mar del Plata y de La Plata, en este caso en el juzgado federal de Arnaldo Corazza.

Patricio Fernández Rivero y Juan Carlos "bigote" Gómez-
Diario Noticias nº205, 1974

En esta causa hay otros imputados que no están en la resolución del juez Inchausti con los que llegarán a juicio oral. Unos son los prófugos Eduardo Salvador Ullúa, ex ayudante del fiscal Demarchi en la Fiscalía Federal marplatense; Fernando Federico Delgado y Raúl Viglizzo. Hay dos que, por ahora, están con falta de mérito son Nicolás Caffarello y Oscar Héctor Corres. Otros dos están detenidos en España con pedidos de extradición que todavía no se resolvieron, son  Beatriz María Arenazza y Daniel Salvador Ullúa (ambos y Corres ya condenados y anmistiados por el  asesinato de Silvia Ana Filler en 1971). Por su parte Patricio Fernández "el manco" Rivero, tiene suspendido el proceso por una supuesta insanía que aun no está probada; este represor fue uno de los jefes históricos a nivel nacional de la Concentración Nacional Universitaria (desde fines de los '60 y el principal luego de la muerte de Giovenco en 1974) y había sido detenido en la ciudad cordobesa de Alta Gracia en el 2010, desde entónces aduce estar enfermo. Para aclarar la imagen, Juan Carlos "Bigote" Gómez está detenido por varias causas de la CNU marplatense; él era un policía de la CNU y fue uno de los acusados de disparar contra 350 estudiantes de la Facultad de Arquitectura de la Universidad  NMdP, cuando fue asesinada Silvia Filler y heridos otros, el 6 de diciembre de 1971.

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Alejandro Enciso, un represor de la banda de Anibal Gordon fue extraditado de Brasil

Recientemente el Supremo Tribunal Federal Brasil concedió la extradición de César Alejandro "Pino" Enciso, miembro de la banda de Anibal Gordon y ex agente de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). La extradición fue concedida por algunos de los delitos de lesa humanidad cometidos por Enciso en la dictadura cívico militar, los cuales el juez federal Daniel Eduardo Rafecas investiga en la megacausa del Primer Cuerpo del Ejército. "Pino" Enciso vivía desde fines de los ‘80 en Brasil bajo la identidad falsa de Héctor Domingo Echebaster, según Interpol también se hacía pasar por Horacio Andrés Ríos Pino, unos años después de llegar adoptó a una niña brasilera.  

Enciso, estaba preso en Río de Janeiro desde el 30 noviembre de 2010, por una requisitoria internacional solicitada por el fiscal italiano Gianncarlo Capaldo, quien en los últimos 15 años investigó los delitos cometidos contra ciudadanos italianos por torturadores y asesinos que participaron en el plan Cóndor (ver notas anteriores). Capaldo había solicitado la extradición a la justicia brasileña pero esta sólo aceptó el requerimiento de Rafecas. El represor había intentado, en el 2012, evitar la extradición solicitando la condición de refugiado ante el Comitê Nacional para os Refugiados – CONARE, pero lo rechazaron. Luego que la Ministra Cármen Lúcia, ordenara, en enero de 2013, su prisión preventiva antes de la extradición (por el exp. 1299), quiso evitarla aduciendo enfermedades como hipertensión, cáncer de piel, VIH, y problemas respiratorios, pero tampoco fue tenido en cuenta, en junio del 2013, por la ministra Lucia.
De todas formas el Supremo Tribunal Federal Brasil solamente permite el juzgamiento de Enciso por los secuestros de cuatro víctimas, Gerardo Francisco Gatti, Julio César Rodríguez, Manuela Santucho y Cristina Navajas; todos desaparecidos en el centro clandestino de detención (CCD) Automotores Orletti, entre mayo y octubre de 1976. Así no se lo puede juzgar por los delitos cometidos contra otras 35 víctimas que no están desaparecidas y que estaban en el requerimiento de Rafecas; esto pasa porque el tribunal brasilero desconoce el principio de imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad en esos casos. De cualquier manera por Orletti pasaron cientos de víctimas y "pino" Enciso debe de haber cometido delitos contra muchos de ellos, sin tomar en cuenta su historia delictiva anterior.
La historia de los delitos del genocida Alejandro "pino" Enciso es la historia de las organizaciones paramilitares, de las patotas de derecha y del terrorismo de estado desde fines de los 60’. Así muy joven (nació en 1950), estuvo en la Concentración Nacional Universitaria (CNU), junto a Carlos Ernesto “El Indio” Castillo entre muchos otros (cómo ya fue denunciado en el Juicio por la Verdad marplatense en abril del 2007). Luego desde 1973, ya bajo las ordenes de Aníbal “El Viejo” Gordon fue, con otros CNU, parte de la patota de la UOM junto a Eduardo Alfredo “Zapato” Ruffo, Jorge Hugo “El Polaco” Dubchak y Osvaldo “Paqui” Forese, pero sin dejar de actuar como CNU o AAA (por ejemplo en agosto de 1974 asesinaron al dirigente sindical Carlos Ennio Pierini). Esta patota se enfrentó a otro grupo de la UOM comandado por Juan Carlos “Gallego” Rodríguez (compañero de Dardo Cabo y Giovenco en el operativo Condor de 1966) y Eduardo “Oso” Fromigué, estos últimos habían matado a Dubchak y baleado a Enciso en la puerta de su casa en julio de 1975, pero "pino" se vengó junto con Castillo y Gordon asesinando a los dos y a otros de esa patota unos meses después, cuando su futuro suegro René Otto Paladino (uno de los fundadores de la Alianza Anticomunista Argentina o AAA), ya era el jefe de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), nombrado por María Estela Martinez y por indicación del genocida Videla quien ya era jefe del ejército.


En 1976 "pino" Enciso se casó con Magdalena la hija de Paladino y integró con otros represores como Eduardo Ruffo, Honorio Carlos “Pájaro” Martínez Ruiz y “Paqui” Forese, la banda de los civiles en el CCD Automotores Orletti, que comandaba Anibal Gordon, donde otros civiles como Raúl Guglielminetti y ex militares argentinos como Rubén Víctor Visuara y Eduardo Cabanillas coordinaban la represión, principalmente con el Ejército Uruguayo, en el marco del plan Cóndor. Este CCD sólo funcionó entre el 1º de junio y noviembre de 1976, en un taller mecánico alquilado en Venancio Flores y Emilio Lamarca de la ciudad de Buenos Aires (CABA), pero pasaron  más de 200 víctimas de diversos países. Allí la banda de Gordon  junto a militares uruguayos José Niño Gavazzo Pereira, Pedro Mato y Manuel Juan Cordero, entre varios otros, habrían participado del secuestro, los tormentos y los asesinatos de los muchos uruguayos como Zelmar Michelini, Gutiérrez Ruiz, Enrique Rodríguez Larreta, Barredo y Whitelaw, según el testimonio del represor Orestes Estanislao Vaello, cuando declaró ante la comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), además "pino" Enciso fue mencionado y reconocido en fotografías por varias víctimas uruguayas que estuvieron en cautiverio en ese CCD. También, entre muchos otros delitos; se lo vincula con los tormentos y la entrega de María Claudia García Irureta Goyena de Gelman para que la trasladaran al Uruguay, cuando aún estaba embarazada. Lamentablemente Enciso no podrá ser juzgado por estos y otros delitos, ya que el Supremo Tribunal Federal Brasil considera que prescribieron o no fueron incluidos en la requisitoria de Rafecas. En la banda de civiles torturadores y asesinos de Gordon y la SIDE de Orletti, junto a Enciso estaban por ejemplo  Miguel Ángel Furci, Honorio Carlos Martínez Ruiz y  “Zapato” Ruffo el apropiador de Carla Rutilo Artés en agosto de 1976, cuya madre Graciela Rutilo Artes desapareció en Orletti. Carla, que recuperó su identidad gracias a las Abuelas de Plaza de Mayo en 1985, recuerda que “pino” Enciso visitaba muy seguido su casa con el apropiador. Ruffo fue el que alquiló el local para la Secretaría de Inteligencia del Estado, Orletti en el organigrama de la SIDE era identificado como BASE 0T18 y los represores lo denominaban "El Jardín". Los represores de Orletti eligieron un método particular para desaparecer a varias de sus víctimas, luego de asesinarlos colocaba sus cuerpos en tambores de 200 litros, con cal y cemento, que arrojaron en distintos sitios. Así en descampados cercanos al canal San Fernando fueron encontrados Ana María del Carmen Pérez (con un embarazo a término), los hermanos Ricardo y Gustavo Gayá, Marcelo Gelman y los jóvenes diplomáticos cubanos Jesús Cejas Arias y Crescencio Hernández, quienes habrían sido torturados en Orletti por los agentes de la CIA Michael Townley, y Guillermo Novo Sampol.
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Zapato Ruffo y Anibal Gordon.

El represor Enciso también era socio de su suegros en la empresa “Magister Seguridad Integral”, donde blanqueaban parte de los bienes robados a sus víctimas. Luego que se cerró el CCD la banda de Gordon siguió con secuestros extorsivos y robos hasta que el genocida Carlos “pajarito” Suárez Mason (entonces jefe del Primer Cuerpo de Ejército), los desarticuló. Algunos como Forese se reciclaron administrando sanatorios y trabajando con Diego Ibañez (del mismo gremio que Pierini), en el Conreso y en varios sindicatos. Por su parte “pino”Enciso siguió con los secuestros, como el secuestro de Guillermo Patricio Kelly, en agosto de 1983 en la esquina de Cabildo y Republiquetas de la CABA realizado junto con Gordon y Eduardo Ruffo. Casualmente se lo secuestró poco después que Kelly escribió varias notas denunciando los negocios turbios de la logia Propaganda Due (P2) a la que pertenecían Suárez Mason y López Rega. Gordon murió en 1987 en la cárcel y Enciso se fue a Brasil con identidad falsa.

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Mar del Plata: Condenas a prisión perpetua a seis genocidas por crímenes de lesa humanidad

Las fotos de los genocidas, en la valla de seguridad

Desde la Secretaría de Derechos Humanos de la CTERA expresamos nuestra satisfacción por el fallo del Tribunal Oral Federal de Mar del Plata, por el cual se sentenció a prisión perpetua a seis genocidas por delitos de lesa humanidad, cometidos durante la dictadura cívico militar en esa ciudad. Otros seis imputados fueron sentenciados a penas de entre 25 y 5 años de prisión. En el juicio, en el que se investigaron violaciones de los derechos humanos contra de 85 víctimas, fueron sentenciados a perpetua el ex general Alfredo Manuel Arrillaga, los ex coroneles Leandro Edgar Marquiegui, Eduardo Jorge Blanco y Jorge Luis Toccalino, el ex comodoro Ernesto Alejandro Agustoni y el ex vicecomodoro José Carmen Beccio.

 

El tribunal integrado por los jueces Alfredo Ruíz Paz, Lidia Soto y Elvio Osores Soler dictó, además, condenas de 25 años de prisión para el ex coronel Fortunato Valentín Rezett, 12 para el ex comisario Ernesto Orosco, 7 para el ex submcomisario Héctor Francisco Bicarelli, 5 para el ex coronel Héctor Carlos Cerutti, el ex oficial principal Mario Jorge Larrea y Nicolás Miguel Cafarello, ex integrante de la CNU (Concentración Nacional Universitaria). En tanto que resultaron absueltos Aldo José Sagasti y Marcelino Blaustein. En el fallo se resolvió poner a disposición del Servicio Penitenciario Federal a los genocidas condenados, revocando las prisiones domiciliarias que beneficiaban a 9 imputados.

Los delitos en perjuicio de 85 víctimas fueron cometidos en la Comisaría Cuarta de Mar del Plata, en el Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio “La Cueva” (ubicado en el ex radar Base Aérea Mar del Plata), en la Comisaría Primera de Necochea y en la Subcomisaría Villa Díaz Vélez, también de esta última ciduad.

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