Ofrecen recompensa para detener al represor Marcelo Courtaux

El pasado 25 de abril el represor Marcelo Cinto Courtaux fue declarado en estado de rebeldía por la jueza Federal de San Martín Alicia Vence, junto al represor Alberto Daniel Sotomayor porque el 22 de abril se allanaron sus domicilios sin resultados positivos. La jueza lo hizo a pedido del fiscal Miguel Ángel Blanco García Ordás, en el marco de la causa Nº 4012 caratulada “Riveros, Santiago Omar y otros por privación ilegal de la libertad, tormentos, homicidio, etc.”, más conocida como "la causa Contraofensiva Montonera" 

Ahora el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación ofrece una recompensa de $500.000 al que brinde información útil para detener a Marcelo Cinto Courtaux de 66 años, quien fue jefe de la Primera Sección de Ejecución perteneciente al Destacamento 201 de Inteligencia del Estado Mayor del Comando de Institutos Militares y es el único de los militares imputados en eta causa por secuestrar, torturar, asesinar y desaparecer que está en actividad.

En esta causa hay 13 represores imputados de delitos de lesa humanidad entre 1979 y 1981, como 85 desapariciones y 20 secuestros. Por ahora algunos están detenidos con arresto domiciliario; son Roberto Dambrosi, el ex jefe de la Compañía de Actividades Psicológicas del Batallón de Inteligencia 601; Eduardo Eleuterio Ascheri, ex jefe de la división Planes del Departamento de Inteligencia del Comando de Institutos Militares; Ricardo Pianta, ex jefe del Ejército durante el gobierno de Raúl Alfonsín y ex jefe de Operaciones del Estado Mayor del Comando de Institutos Militares; Carlos Alfredo Carpani Costa ex  jefe del departamento de Inteligencia  del Comando de Instituto Militares Raúl Muñoz, ex intendente interventor de  la localidad de Florencio Varela y ex jefe del Departamento Personal del Estado Mayor; Jorge Eligio Bano, ex jefe de la división Operaciones del Departamento de Inteligencia del Comando Instituto Militares y Carlos Blas Casuccio ex Segundo Jefe del Destacamento 201 de Inteligencia del Estado Mayor del Comando de Institutos Militares. También está detenido y procesado Jorge Norberto Apa, ex jefe de la división Inteligencia Subversiva Terrorista del departamento de Interior de la Jefatura II de Inteligencia; es importante tener en cuenta que este represor siguió actuando hasta hace poco como si siguiera en la "división Inteligencia Subversiva Terrorista", ya que es uno de los que colaboró con el coronel Eduardo De Casas en la defensa del genocida Videla en la causa por el asesinato de monseñor Angelelli, en la provincia de La Rioja; Apa estuvo participando en preparar un expediente paralelo, con papeles y fotos de Angelelli, para sostener la versión del “accidente fatal”.

Cuatro están prófugos y son Courtaux, Sotomayor, Mario Guillermo Ocampo y Luis Ángel Firpo, este último nunca fue localizado y en febrero pasado se lo citó en una dirección errónea. Por su parte Alfredo Sotera (ex Jefe del Destacamento de Inteligencia 121) está libre por problemas de salud. 

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Van a juicio oral 10 represores de la CNU

Juez Inchausti

El juez Santiago Inchausti, titular del Juzgado Federal N°3 de Mar del Plata, elevó a juicio oral (parcialmente), la causa en la que investigó a varios represores de los grupos de tareas de la Concentración Nacional Universitaria (CNU), por delitos de lesa humanidad cometidos entre febrero de 1975 y marzo de 1976. En este juicio se imputan a 10 represores por asociación ilícita y 8 homicidios. Uno sólo de los imputados era militar, es Fernando Alberto Otero, los 9 represores civiles imputados son el ex fiscal marplatense Gustavo Modesto Demarchi (no confundir con el genocida fugado Gustavo Ramón De Marchi), el profesor Mario Ernesto Durquet, el fotógrafo Raúl Rogelio Moleón, el librero Juan Pedro "piero" Asaro, Marcelo Arenaza, los abogados José Luis "pepé" Granel y Luis Roberto Coronel, el comerciante Roberto Alejandro Justel y el taxista Juan Carlos "juanca" Asaro.

Gustavo Modesto Demarchi

En su acusación, el fiscal federal de Mar del Plata Pablo Esteban Larriera, aseguró que los represores de la CNU operaban como parapoliciales insertos en la estructura de la fiscalía federal (Demarchi), y conectados con la policía para que actuaran teniendo una zona liberada (se "demuestra que la agrupación [la CNU] contó con un apoyo fundamental y estratégico para actuar con la impunidad demostrada en los hechos que aquí se investigan"). Larriera también consideró al ex fiscal Demarchi como el jefe de la asociación ilícita y se lo procesó desde octubre de 2012 por su participación, en asociación ilícita, de los homicidios de Enrique Elizagaray, Guillermo Enrique Videla, Jorge Enrique Videla, Jorge Lisandro Videla y Bernardo Alberto Goldemberg (asesinados el 21 de marzo de 1975, en lo que la CNU denominó “5 x 1” para vengar la muerte de Ernesto Carlos Piantoni); y en el secuestro (el 10 de mayo de 1975) y homicidio de María del Carmen Maggi, que era la decana de la Facultad de Humanidades y secretaria general de la Universidad Católica de Mar del Plata. Al mes del secuestro, y con  Maggi aún desaparecida, Demarchi pidió sobreseer la causa; pero cuando se encontró el cadáver, en la localidad Mar Chiquita, el 23/03/1976 el sumario no fue reabierto por Demarchi.

Es muy importante que, para la Cámara Federal de Mar del Plata y el juez Inchausti, los homicidios atribuidos a la CNU debían ser considerados de lesa humanidad "por haber contado con participación o tolerancia del Estado". Que sean imprescriptibles sienta jurisprudencia para todos los otros procesos judiciales en los que son investigados represores de la CNU, muchos en las ciudades de  Mar del Plata y de La Plata, en este caso en el juzgado federal de Arnaldo Corazza.

Patricio Fernández Rivero y Juan Carlos "bigote" Gómez-
Diario Noticias nº205, 1974

En esta causa hay otros imputados que no están en la resolución del juez Inchausti con los que llegarán a juicio oral. Unos son los prófugos Eduardo Salvador Ullúa, ex ayudante del fiscal Demarchi en la Fiscalía Federal marplatense; Fernando Federico Delgado y Raúl Viglizzo. Hay dos que, por ahora, están con falta de mérito son Nicolás Caffarello y Oscar Héctor Corres. Otros dos están detenidos en España con pedidos de extradición que todavía no se resolvieron, son  Beatriz María Arenazza y Daniel Salvador Ullúa (ambos y Corres ya condenados y anmistiados por el  asesinato de Silvia Ana Filler en 1971). Por su parte Patricio Fernández "el manco" Rivero, tiene suspendido el proceso por una supuesta insanía que aun no está probada; este represor fue uno de los jefes históricos a nivel nacional de la Concentración Nacional Universitaria (desde fines de los '60 y el principal luego de la muerte de Giovenco en 1974) y había sido detenido en la ciudad cordobesa de Alta Gracia en el 2010, desde entónces aduce estar enfermo. Para aclarar la imagen, Juan Carlos "Bigote" Gómez está detenido por varias causas de la CNU marplatense; él era un policía de la CNU y fue uno de los acusados de disparar contra 350 estudiantes de la Facultad de Arquitectura de la Universidad  NMdP, cuando fue asesinada Silvia Filler y heridos otros, el 6 de diciembre de 1971.

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La fuga de los genocidas De Marchi y Olivera ¿Quién es el juez Rago Gallo?

Primera Parte

El Dr. Lepoldo Rago Gallo llevó la instrucción y elevó a juicio oral la causas de Jorge Antonio Olivera y Gustavo Ramón De Marchi y estos represores ya se habían fugado mientras el juez Rago Gallo hacía esa instrucción, el primero estuvo prófugo hasta que fue detenido en el 2008. Por su parte De Marchi se fugó en octubre de 2010, cuando la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza resolvió excarcelarlo junto a otros imputados, de estos algunos fueron detenidos otra vez como Jorge Horacio Paez y Juan Francisco Del Torchio, y otros como Eduardo Daniel Vic siguen prófugos. Como veremos Rago Gallo ya sabía desde el año 2000 que Olivera fraguaba evidencia y del riesgo de fuga.

Este juez ha tenido fallos controversiales, así como en el 2008 dictó la detención y el embargo al genocida Jorge Antonio Olivera y antes procesó a varios genocidas, poco después ordenó la excarcelación del represor Alejandro Víctor Manuel Lazo, a quien condenaron a 10 años de prisión en el mismo juicio que los fugados. En junio del 2009, le concedió la prisión domiciliaria al genocida Luciano Benjamín Menéndez, quien había sido condenado el año anterior a perpetua, esta medida fue suspendida por el juez federal de La Rioja Daniel Herrera Piedrabuena, que mandó un exhorto a la justicia cordobesa para que Menéndez sea trasladado al penal de Bower. 

El 29 de diciembre del 2009 el juez federal Rago Gallo fue uno de los cuatro primeros jueces que suspendió la ley de medios (26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual), junto a los jueces Edmundo Carbone y Miguel Medina, cuando aceptó el amparo presentado por "Jorge Estornel S.A y Otros", que incluye al grupo Vila de Mendoza, dueño del Canal 8 de San Juan, Canal 7 Mendoza,  Canal 6 de San Rafael, la operadora de cable Supercanal, América TV, América 24, 14 radios AM y FM y el Diario Uno. 

En octubre del 2010 Rago Gallo integró la Sala A de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza, junto al camarista Julio Demetrio Petra y el otro juez federal sanjuanino Miguel Ángel Gálvez, esta cámara resolvió apartar al juez federal Walter Bento de la investigación contra los camaristas federales Otilio Roque Romano y Luis Miret, imputados de haber sido presuntamente cómplices durante la dictadura cívico miltar, por esto los tres fueron denunciados ante el Consejo de la Magistratura de la Nación. Un mes después la constitución de la Cámara Federal fue cambiada por una orden dada por la Cámara Nacional de Casación Penal, así integrada por Roberto Naciff, Hugo Carlos Echegaray y Pedro Humberto González, repusieron al juez Walter Bento al frente de la investigación.

Pero, como se dijo, hay un caso anterior que relaciona a Rago Gallo con Jorge Antonio Olivera. Este represor fue detenido el 6 de agosto del 2000 en el aeropuerto de Fiumicino en Roma por pedido de la justicia francesa, y estuvo 42 días detenido en la cárcel italiana de Regina Coeli, hasta que fue liberado por la acción de sus abogados en Italia. Esos eran Augusto Sinagra, también abogado del gran maestre de la logia P2 Licio Gelli (ver detalles más adelante en otra nota), y el letrado de extrema derecha Marcantonio Bezicherique, quienes lograron que los jueces italianos de Corte de Apelaciones liberaran a Olivera sobre la base de un documento falso. La estrategia que diseñaron sus defensores para liberarlo se inició en San Juan, el 6 de septiembre del 2000, cuando el Juez Leopoldo Rago Gallo, permitió que dos de los abogados argentinos de Olivera, Jorge Appiani y Jorge González Pagnanelli, fotocopiaran el expediente sobre Marie Anne Erize Tisseau (secuestrada en San Juan el 15 de octubre de 1976 y aún desaparecida), en el que estaba imputado Olivera como miembro del grupo de tareas. El 14 de septiembre llegaron por fax a la Cámara de Apelaciones de Roma esas fotocopias del expediente y le agregaron un certificado de defunción falso, en el que figuraba como fecha de fallecimiento de Marie Anne Erize el 11 de noviembre de 1976, así los jueces italianos liberaron al represor la semana siguiente. Al estar libre Olivera volvió inmediatamente a la Argentina, donde por la vigencia de las leyes de obediencia debida y punto final estaba a salvo de cualquier proceso y podía continuar, como abogado, en la defensa del genocida y miembro nº 609 de la logia P2, Carlos Guillermo "pajarito" Suárez Mason. Aunque no pudo hacerlo con su propio padre, el genocida Jorge Olivera Rovere, ex subcomandante del Primer Cuerpo de Ejército y condenado a perpetua en el 2009. Rago Gallo se despegó del incidente diciendo que en el expediente “no figura ninguna partida de nacimiento ni certificado de defunción” de Marie Anne Erize (La Nación 21 de septiembre de 2000). 

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