La urdimbre civil de la dictadura segunda parte: Etchepare y la Comisión Nacional de Valores, y el personal civil de inteligencia

El pasado 15 de abril por orden del juez Daniel Eduardo Rafecas, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 3, fue detenido  Juan Alfredo Etchebarne por delitos de lesa humanidad y, junto a otros represores, fue trasladado a la cárcel de Marcos Paz. Durante la dictadura cívico militar el abogado Etchebarne presidió  la Comisión Nacional de Valores (CNV) de junio de 1976 a 1981, y está imputado de participar en el secuestro y los tormentos de 28 personas desde septiembre a diciembre de 1978, cuando los secuestrados fueron legalizados. Todas las víctimas estaban vinculadas al caso del Banco de Hurlingham, que había sido de los Graiver. 

Desde la dirección de la CNV Etchebarne la convirtió en una herramienta política del Ministerio de Economía, pero no como órgano rector del sistema financiero (para lo que fue creada en 1968, por el dictador Juan Carlos Onganía), sino como una central de inteligencia del terrorismo de estado, asociada al accionar represivo del Comando del Primer Cuerpo del Ejército, para pasarle información de empresarios y financistas, y así secuestrar y robar a más de 130 acusándolos de "subversión economica" y otros delitos inventados. Lo que el juez Rafecas describe en su fallo como un "plan criminal y clandestino de represión" del terrorismo de estado durante la dictadura cívico miltar.

El martes 16 de julio el juez Rafecas dispuso finalmente el procesamiento con prisión preventiva de Etchebarne, y del ex coronel  Francisco Obdulio D´Alessandri, el ex Gendarme Víctor Enrique Rei, y al ex agente civil de inteligencia del Ejército Raúl Guglielminetti; Rei ya estaba detenido desde el 2004 y condenado desde el 2009, por la apropiación de Alejandro, hijo de Liliana Fontana y Pedro Sandoval, secuestrados el 1 de julio de 1977, que están desaparecidos. En la causa del Banco de Hurlingham, iniciada en junio del 2010, también estaban imputados el fallecido ex coronel Roberto Roualdes (que comandaba los secuestros) y ex teniente coronel Raúl Gattica. Entre otras víctimas, Enrique Lucio García Mansilla, Rosa Dominga Laurito y Raúl Ramón Aguirre Saravia, deunciaron que Etchebarne estuvo presente en los interrogatorios y apremios ilegales en Campo de Mayo y el Vesubio, también se denunciaron a dos abogados de la CNV  René Garris y Julio Eduardo Juan Spinosa. Este último fue felicitado en 1979 por Etchebarne, por su eficiencia durante una misión para la que había sido designado a pedido del Comando del Comando del Primer Cuerpo deEjército.

Antes de 1976 Etchebarne había sido directivo de la acería Acindar y era amigo personal del ministro de Economía José Alfredo  (presidente del directorio de  Acindar) y también miembro del Grupo Azcuénaga, cuyos integrantes ocuparon varios lugares claves en la dictadura cívico militar.

Entre las víctimas estaban René Carlos y Luis Grassi, Jorge Giménez, Raúl Alberici, Edgardo Cardona, Fernanda Fabri, Luis Pignataro, Rosa Laurito de Ernaiz, Raúl  Aguirre Saravia, Marcelo y Juan Claudio Chavanne, Sara Duggan, Jorge Tejerina, Enrique García Mansilla, Francisco García Ordats, Alejandro Pinedo, Jaime Fernández Madero, Jorge Bulleraich, Bernardo Duggan, Marcelo Santurio, Aurelio Cid y Mauricio Lichtenstein. Todos estuvieron secuestrados en diferentes centros clandestinos de detención (CCD) y en el CCD de la  Prisión Militar de Campo de Mayo (la actual U34 del SPF), eran funcionarios del Banco de Hurlingham o pertenecían mayoritariamente como dueños directivos,  gerentes y secretarios, a dos grupos empresarios, uno era de las Industrias Siderúrgicas Grassi, y el otro del rubro inmobiliario, los Chavanne. Estos dos grupos se asociaron para comprar el banco de Hurlingham a Lidia Papaleo y los Graiver; pero el banco fue intervenido por la  Comisión Nacional de Recuperación del Patrimonio Argentino (la Conarepa), que delegó las decisiones en Christian J. Zimmerman, vicepresidente del Banco Centrál (BCRA), y Alberto Rodríguez Varela (el ministro de Justicia y luego abogado defensor del genocida Videla), designó como veedor al jurista Gregorio Badeni (un "constitucionalista" aún citado por los medios monopólicos y presidente de la Academia Nacional de Derecho), mientras las víctimas de los grupos Grassi y Chavanne estaban detenidos clandestinamente y eran torturados. Finalmente el BCRA, con Adolfo Diz a la cabeza, liquidó el banco de Hurlingham, aunque se oponían los técnicos del propio Banco Central. Así también se lograba sacar del medio a las Industrias Grassi, porque se interponía en la reconversión de Acindar que pretendían Martínez de Hoz y sus socios. Esa reconversión se inició persiguiendo a los trabajadores de la acería con el operativo denominado "Serpiente Roja del Paraná", del 20 de marzo de 1975, cuando por orden del gobierno de la ex presidenta María Estela "Isabelita" Martínez se detuvieron a más de trescientos trabajadores, entre ellos los principales dirigentes de la UOM de Villa Constitución y dentro de Acindar hubo un centro clandestino de detención del gobierno democrático, donde desaparecieron más de 30 trabajadores.

Según declaró a Télam Jorge Devincenzi (de la Sec.de DDHH nacional),  Martínez de Hoz y Etchebarne estaban secundados "por Christian Zimmerman en el Banco Central, Juan Alemann en la Secretaría de Hacienda y Guillermo Walter Klein en la Secretaría de Programación Económica", para apropiarse de los bienes que habían pertenecido a David Graiver y en favor de otros grupos económicos domésticos y multinacionales. Recientemente en un informe de la CNV se denunció que fueron, al menos, 130 los empresarios, financistas y agentes de bolsa secuestrados y despojados de sus bienes durante la dictadura cívico miltar por información brindada por la misma CNV. 

El personal civil de inteligencia

El personal civil de inteligencia del Ejército (PCI), no sólo clasificaba y ordenaba los informes remitidos al y del Batallón 601, sino que muchos integraban los grupos de tareas que secuestraban, asesinaban y torturaban. La pasada semana la sala III de la Cámara de Casación Penal revocó la prisión domiciliaria que le había otrorgado el Tribunal Oral Federal número 1, al represor Ariel Antonio López. Este se desempeñaba como PCI en el Destacamento de Inteligencia 121 de Rosario y desde el 9 de agosto próximo sera juzgado en el marco de la causa "Porra" (también conocida como "Oscar Pascual Guerrieri II), junto a otros 11 represores, como los civiles Ariel Zenón"El Puma" Porra, Marino Héctor González, Juan Andrés "El Barba" Cabrera y Alberto Enrique Pelliza.
López fue procesado en esta causa por el juez Marcelo Martín Bailaque, del juzgado Federal nº 4 de Rosario, en octubre de 2009, como coautor de privación ilegal de la libertad, agravada, por mediar violencia y amenazas en concurso real con el delito de tormentos que damnificaron a 17 víctimas, y por 14 homicidios de personas que fueron secuestradas en el CCD conocido como "Quinta de Funes", como así también hacia los que fueron alojados en el CCD de la  Fábrica Militar de Armas "Domingo Matheu". El Juzgado Federal nº 2 de San Nicolás a cargo de Carlos Villafuerte Ruzo también procesó a Ariel López junto a los genocidas Reynaldo Benito Antonio Bignone y Luis Abelardo Patti, y varios PCI del 121 y el 122.
Otro ex integrante del Destacamento de Inteligencia 121 de Rosario que va a ser juzgado, el represor Marino Héctor González, fue trasladado en junio pasado a la Unidad Penal Nº 1 de Paraná.

Algunos otros de los que fueron Personal Civil de Inteligencia del Ejército y que están imputados o procesados o condenados son Nicolás Correa, Eleodoro Jorge "lolo" Hauque, Horacio Américo "Quique" Barcos (secuestrador del prof. José Alberto Tur), Gustavo Francisco "german" Bueno, Eduardo Rodolfo Costanzo, Carlos Gabriel Jesús Isach, Rodolfo Daniel Isach, Walter Salvador Dionisio Pagano,  Jorge Walter Perez "doble V" Blanco,  Walter Roberto Roscoe, Carlos Antonio Sfulcini, Eduardo Rebechi, César Luis Frilocchi, Juan José Luis Gil, Julio Adelaido "Tipi" Ramos.