Otras seis condenas a represores por crímenes de lesa humanidad contra docentes y otros trabajadores en Jujuy

Abogados defensores y algunos condenados

El 29/05/2014 el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Jujuy, que integran Fátima Ruiz López, Daniel Morín y Federico Díaz,  dictó la sentencia del 2º Juicio por delitos de lesa humanidad en Jujuy; en ella se  fijó las penas para  ex militares y guardiacárceles. A prisión perpetua se condenó a los represores Antonio Orlando "tono" Vargas, César  Darío Díaz  y Orlando Ricardo Ortiz; por su parte el tribunal impuso 9 años de prisión para Herminio Zárate, 12 años de prisión para Carlos Alberto Ortiz y 15 años de prisión para Mario Marcelo Gutiérrez. Antonio Vargas, ex interventor en el Penal jujeño de Villa Gorriti,  ya fue condenado a 25 años por otros crímenes de lesa humanidad. El juicio comenzó el 4 de septiembre del año pasado y, durante 39 audiencias, declararon más de cincuenta testigos; los fiscales fueron Francisco Santiago Snopek y Pablo Miguel Pelazzo.

A los represores se los condenó  "en el marco de prácticas sociales genocidas",  por las detenciones ilegales, torturas y homicidios contra siete víctimas que fueron Dominga Álvarez De Scurta (docente),  María Alicia del Valle Ranzoni (docente), Juana Francisca Torres Cabrera y  y su hermano de sólo 16 años, Pedro Eduardo Torres Cabrera, (jornalero), Jaime Rafael Lara Torres (docente de artes plásticas), Osvaldo José Giribaldi (obrero del ingenio Ledesma) y el abogado Jorge Ernesto Turk Llapur. Las siete víctimas  fueron detenidas ilegalmente los primeros días del mes de mayo de 1976 y llevadas al centro clandestino de detención (CCD) de  la Jefatura de la Policía jujeña, al CCD de la localidad de Guerrero y luego al penal de Gorriti, en todos fueron torturadas, y posteriormente "trasladadas" el día 10 de junio, luego no se supo mas de estas víctimas,  salvo Alvarez de Scurta, cuyo cuerpo fue hallado enterrado en el cementerio de Yala como NN. 

La sala de audiencias estuvo ayer colmada por los familiares de las víctimas, referentes de organismos de derechos humanos y de organizaciones sociales de la provincia, que no estuvieron conformes del todo con la sentencia del tribunal, y además proponen enjuiciar a los responsables civiles en la provincia.