La justicia al banquillo. Parte 2: ¿Quienes son los jueces de la dictadura que están procesados?

Fueron conocidos los casos del procesamiento de los ex jueces Carlos Otero Álvarez en Córdoba y Roberto Catalán, o el ex camarista Otilio Romano, prófugo en Chile desde 2011. Otros casos, no obstante, no resonaron en los oídos sordos de los grandes grupos de medios de comunicación. 

El ex camarista federal de Mendoza, Roque Otilio Romano Ruiz está acusado como “partícipe primario” en 103 casos de violaciones de los derechos humanos, entre desapariciones, secuestros, asesinatos y torturas durante la última dictadura cívico-militar, época en la que se desempeñaba como fiscal federal en Mendoza. Romano utilizaba las declaraciones hechas bajo tortura por detenidos en los centros clandestinos y las utilizaba para acusarlos en procesos penales. Recientemente, en su último descargo, mientras enfrenta en Chile la finalización del juicio de extradición, rechazó los cargos y afirmó que existe una persecución política en su contra, en un escrito judicial en el que contesta las acusaciones, Romano asegura que las "imputaciones obedecen a razones de índole político”. El ex juez está prófugo de la justicia desde agosto del 2011 cuando pidió refugio político en Chile, pero el gobierno chileno rechazó otorgárselo en mayo de 2012, al estimar que "no estaban los elementos para señalar su calidad de perseguido político". A fines del 2012 varias víctimas directas en casos donde actuó Romano, viajaron a Chile para explicar al juez supremo Sergio Múñoz cómo operaba el ex camarista federal en Mendoza. 

El ex camarista Romano fue destituido en diciembre del 2011 por un Jurado presidido por la camarista federal María Noli e integrado por la también magistrado María Najurieta, los senadores Rolando Bermejo y Emilio Rached, los diputados Oscar Albrieu y Ricardo Buryaile y el abogado Fabián Sahade.

El Juez federal Walter Bento confirmó que habrá juicio oral para el ex camarista Luis Miret, imputado por garantizar la impunidad de los delitos de lesa humanidad. Con una treintena de causas en su contra, por omitir investigar denuncias de torturas, violaciones y desapariciones forzadas de personas y ayudar a que estos delitos se concretasen en el centro clandestino de detención que funcionó en el Departamento de Informaciones de la Policía de Mendoza (CCD-D2). Miret había jurado su cargo como Juez Federal, en 1976, frente a la plana mayor del gobierno provincial de facto.

El 12 de marzo de 2011 fue destituido de su cargo por fallo unánime del Consejo de la Magistratura de la Nación, por los diversos delitos señalados antes, Miret presentó su renuncia luego de ser suspendido, pero no le fue aceptada. De entre todos los casos pueden destacarse el secuestro del estudiante de medicina Luis Rodolfo Moriña ocurrido ocurrió el 22 de noviembre de 1975, y de otras personas detenidas con el pretexto de la llamada “ley antisubversiva” (20.840), como Luz Faingold que tenía sólo 17 años cuando fue secuestrada y trasladada como si fuera mayor a la D2 el 29 de agosto de 1975.

Luis Miret fue suspendido y expulsado como profesor de la Facultad de Derecho en la Universidad Nacional de Cuyo en abril de 2010, donde era profesor de Filosofía del Derecho. Fue una decisión unánime del Consejo Superior en una audiencia, que tuvo carácter de pública y en la cual Luis Miret no se hizo presente. Poco después el conjuez Luis Santamaría, abogado del foro local, repuso a Miret a la Universidad Nacional de Cuyo por una medida cautelar.

El Juez federal de Mendoza Walter Bento también imputó por garantizar la impunidad de los delitos de lesa humanidad y omitir investigar a los ex jueces Guillermo Petra Recabarren, Evaristo Carrizo y Gabriel Guzzo. Todos, con Miret, serán juzgados por un tribunal oral de Mendoza.

El ex juez Gabriel Fernando Guzzo está imputado por como partícipe de 109 delitos de lesa humanidad pero está preso con arresto domiciliario. Varios presos políticos que pasaron por el CCD-D2 declararon ante él y le denunciaron haber sido secuestrados, vendados, torturados a golpes y con picana; sin embargo, nunca actuó en consecuencia. Sistemáticamente Guzzo rechazaba todos los habeas corpus que presentaban las familias de las personas que eran secuestradas en operativos clandestinos. Con la democracia, Guzzo llevaría a punto muerto las causas relativas a delitos cometidos durante la dictadura.

Evaristo Carrizo será juzgado por 19 omisiones de investigar desapariciones, secuestros, torturas, robos y violación de domicilio. Por su parte Petra Recabarren era defensor oficial pero subrogaba como juez de la dictadura y está imputado por 17 omisiones de impulsar la pesquisa sobre desapariciones y privaciones ilegales de libertad.

Carrizo y Guzzo también habrían tenido conocimiento, a través de las indagatorias, de la situación de Luz Faingold.

En septiembre del 2012, el juez Federal de La Rioja y subrogante del juzgado Federal 2 de Córdoba, Dr. Daniel Herrera Piedrabuena, ordenó la detención y traslado al penal provincial de Bouwer del ex camarista federal Carlos Otero Álvarez. Fue en el marco de una causa en la que se investiga la presunta connivencia entre funcionarios y magistrados con los funcionarios de la última dictadura cívico-militar; Otero Álvarez estaba imputado por los delitos de "incumplimiento de la obligación de promover la persecución penal" y "aplicación de tormentos" y su "actitud pasiva" ante el terrorismo de estado durante su desempeño como secretario del Juzgado Federal 1 cordobés durante la dictadura. En aquella época el juez federal era Adolfo Zamboni Ledesma y Otero Alvarez era su secretario. 

Significativamente Otero Álvarez integró el Tribunal Oral Federal 1 de Córdoba que, en 2008, condenó a prisión perpetua a Luciano Benjamín Menénez y a otros genocidas por los delitos de lesa humanidad que cometieron en Córdoba.

Una de las acusaciones contra Otero Álvarez fue la realizada por el secretario de Derechos Humanos de la Municipalidad de Córdoba, Luís Miguel Baronetto, porque  había autorizado el traslado de presos que estaban alojados en la cárcel de barrio San Martín (ciudad de Córdoba), quienes luego serían fusilados, una de las fusiladas fue Marta González, la esposa de Baronetto. 

Una semana antes habían sido detenidos otros funcionarios judiciales como los ex defensores oficiales de la justicia federal de Córdoba, Ricardo Haro y Luis Eduardo Molina, además del ex fiscal federal de esa provincia, Antonio Sebastián Cornejo, junto al ex Juez Federal, Miguel Ángel Puga. 

En octubre de 2012 el Juez Federal, Herrera Piedrabuena, dictó el procesamiento de Antonio Sebastián Cornejo, Miguel Ángel Puga junto al ex juez Carlos Otero Alvarez por los delitos de “incumplimiento de la obligación de promover la persecución penal y encubrimiento”, y como partícipes secundarios de los delitos de homicidio calificado e imposición de tormentos. A la vez, Piedrabuena, dictó la falta de mérito respecto de los hechos por los que fueron indagados los ex defensores oficiales, Ricardo Haro y Luis Molina.

 Al ex juez federal de Salta Ricardo Lona se lo acusa de encubrimiento y prevaricato por no haber investigado once denuncias que llegaron a su conocimiento (era el único juez federal de Salta), sobre privaciones de la libertad antes y durante la última dictadura cívico militar y sobre la desaparición de personas. Uno de los casos fue el de la desaparición del gobernador salteño Miguel Ragone, Lona cerró la causa dos meses después que la familia realizó la denuncia en marzo de 1976.
El ex juez Lona había sido sobreseído por la Cámara Federal de Apelaciones de Salta en junio de 2010 pero, recientemente, la Cámara Federal de Casación Penal reabrió la causa revocando el fallo del 2010 y prohibiendo la salida del país de Lona, quien seguirá procesado.