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viernes, 14 de febrero de 2014

Venezuela y las lecciones sobre la estabilidad democrática en Latinoamérica

por Juan José Albarracín*

Venezuela está sufriendo un nuevo embate de las fuerzas que antaño detentaban el poder a voluntad en el continente. Lo que iba a ser una supuesta protesta pacífica de estudiantes en contra de la políticas del gobierno -una muestra de un signo certero de la vitalidad de la democracia venezolana-, se convirtió en una intentona de la oposición política y económica.

El presidente venezolano, Nicolás Maduro
El presidente Nicolás Maduro, que logró con relativo éxito superar la crisis política tras la muerte de Hugo Chávez al ser legitimado en elecciones presidenciales en Abril del año 2013 -es decir, menos de un año-, se vio ante el proceso desestabilizador democrático más grande, desde que el pueblo de Venezuela en 2002 devolviera al Comandante Chávez al Palacio de Miraflores. Lo sucedido este miércoles 12 de Febrero en las calles de Caracas dan cuenta más bien de un punto intenso en ese proceso destituyente. 

Los factores que indican un plan desestabilizador en contra del gobierno de Maduro comienzan con la muerte del presidente en ejercicio: las corridas cambiarias en contra del Bolívar obligaron a una devaluación de la moneda,  acompañada esto de una cuota cada vez mas grande de desabastecimiento que impacta en el bolsillo de los venezolanos al provocar cada vez mas inflación. Con el curso de una economía manipulada, el aparato mediático entra en acción con los catastróficos augurios económicos y el subsiguiente cambio en el humor social, recreando una receta probada que funciona como caldo de cultivo para que las protestas sociales culminen en tragedia.

Las crónicas dirán que hay 3 personas muertas en “enfrentamientos” y dejan inconclusas las acusaciones en un marco en el que se desdibuja el enemigo que empuña el arma y se ataca al gobierno como el máximo promotor de la violencia.

Hay que hacer hincapié en las “crónicas”, porque como a lo largo de toda América Latina los dueños de la verdad son los medios de comunicación, que antes de forma solapada y ahora de manera burda y explícita tratan de imponer la verdad de sus intereses sin importarle la democracia que dicen sostener. Es interesante el tema de la desestabilización en este plano, porque los medios de comunicación son los que abren el paso a las diferentes iniciativas imperialistas de intervención. El nuevo caballito de batalla es la “libertad de expresión” que se transforma en el de Troya para penetrar en la soberanía y meter por la ventana los consejos de la democracia estadounidense así como sus valores, los cuales los latinoamericanos conocemos bien después de 100 años de intervenciones, derrocamientos de gobiernos populares y los saqueos de sus instituciones financieras.

"Ayer eran las botas, hoy el golpe de mercado y el cuento de la libre expresión."

Nicolás Maduro fue enérgico en las declaraciones realizadas a Telesur: “Estamos enfrentando un Golpe de Estado en desarrollo contra la democracia y el Gobierno que presido”. Lo que en la región tiempo atrás era un secreto a voces de los círculos de la elite, se ha convertido en el primer recurso de defensa para los gobiernos latinoamericanos; como en el caso de Ecuador en 2010, no hay medias tintas ni miedo para denunciar al mundo las intentonas golpistas. Ayer eran las botas, hoy el golpe de mercado y el cuento de la libre expresión.

Los líderes de la oposición antichavista (Archivo El Universal).
Desde su asunción, Maduro ha tenido que luchar contra los grupos de poder concentrados para poder dar abastecimiento de productos básicos a la población, siendo el caso mas resonante en del papel higiénico, lo que provoca la socarrona burla en los medios internacionales de noticias que no toleran ver a un obrero detentando la presidencia, como antes detestaban a Chávez por su aversión a ser un simple escribano de las elites. 

Con los EEUU la relación es tensa, si bien son socios comerciales. Desde que Hugo Chávez paso a manos del Estado Venezolano el petroleo (privando a las empresas norteamericanas de su amada renta petrolera) y encabezó la derrota del Área de Libre Comercio de las Américas, en Mar del Plata en 2005, junto a Néstor Kirchner y Lula Da Silva, Venezuela paso a formar parte del “Eje del Mal.”

Cabe recordar que antes de la Revolución Bolivariana los Estados Unidos y las elites tradicionales gobernaban del país, esas mismas que siguen siendo dueñas de los medios de comunicación que hoy encabezan la oposición al gobierno. 

El presidente de Venezuela considera los sucesos como una intentona fascista para hacerse cargo del poder ejecutivo: "Hay actores fascistas desde Miami, que con mensajes de texto a ustedes los manipulan (...) y mueven los hilos de esos grupos que ahora están en la calle". Este proceso, como en toda democracia, culminará cuando los acusados de la desestabilización comparezcan ante la justicia venezolana. 

La lectura de los hechos que hace el Secretario de Estado de Estados Unidos es totalmente distinta: "El Gobierno de Venezuela tiene la obligación de proteger los derechos básicos y la seguridad de sus ciudadanos, así como de asegurar que las instituciones gubernamentales responden de manera efectiva a las legítimas necesidades económicas y sociales de sus ciudadanos". Lo que John Kerry olvida en sus declaraciones es la forma en que su país ha censurado la información sistemáticamente ocultando la matanza de civiles producto de las sucesivas guerras que ese país libra en medio oriente. Allí, además, se vulnera el derecho más importante de un ser humano, el derecho a la vida. 

La inédita construcción política que experimenta Latinoamérica desde la llegada de los gobiernos populares de Hugo Chavez, Nestor Kirchner, Lula Da Silva, Evo Morales y Rafael Correa, no hace tan sencillo desestabilizar un país; ninguno de los países hermanos se desentiende o teme represalias, en el momento de expresar y activar un apoyo sentido y contundente. Se ha moldeado un bloque políticamente solidario, que está atento a cualquier tipo de alteración en el orden democrático. Así como el imperio tiene sus armas, hemos aprendido a defendernos con instituciones como UNASUR y CELAC, para promover una soberanía regional mas fuerte y solidaria. La comunión de los pueblos esta a cada paso más cerca para lograr la Patria Grande. La lucha de Venezuela es de todos los latinoamericanos.

* Miembro del equipo de la Secretaría de Derechos Humanos de CTERA.

miércoles, 10 de abril de 2013

Repudiamos las agresiones sufridas por jóvenes militantes por parte de una patota de la UOCRA de La Plata


La secretaria de Derechos Humanos de CTERA, repudia los actos de violencia respecto de la agresión sufrida por militantes de la agrupación política “La Cámpora” a manos de una patota compuesta por miembros de la seccional de La Plata de la Union Obrera de la Construccion (UOCRA).

Los hechos se sucedieron en la cuidad de La Plata, luego de que un grupo de 15 personas, pertenecientes a la seccional local del gremio de construcción que es conducida por Juan Pablo "Pata" Medina, golpeara a los jóvenes voluntarios que brindaban ayuda por los inundaciones en una escuela de Tolosa. Según los jóvenes, los gremialistas amenazaron a los voluntarios para que se quitaran las pecheras y las remeras de la organización política.

Miembros de la agrupación realizaron la denuncia ante la fiscalía de turno, a cargo del fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta. La denuncia, señala también que todo se desarrolló ante la mirada de efectivos de la policía bonaerense que estaban en el lugar, y que no intervinieron en ningún momento.

La seccional platense de la UOCRA es conducida por el "Pata" Medina, un polémico personaje enfrentado a la conducción nacional del gremio, y vinculado políticamente al duhaldismo, aunque en términos sindicales su referente es Gerónimo "Momo" Venegas.



lunes, 25 de marzo de 2013

Vuelve la represión a la Sala Alberdi


La Secretaria de Derechos Humanos expresa, una vez mas, su más contundente repudio al accionar represivo de la Policía Metropolitana en el desalojo de la Sala Alberdi del Complejo Cultural San Martín. Ayer 24 de marzo, la Policía Metropolitana, dependiente del Ministerio de Seguridad porteño a cargo de Guillermo Montenegro, volvió a reprimir a quienes manifestaban exigiendo la libertad de los 4 "presos culturales", que hasta esta madrugada permanecían dentro de la Sala Alberdi, provocando al menos 16 heridos de bala de goma y 1 detenido.



Como en la jornada del 12 de Marzo pasado se volvió a utilizar la represión para amedrentar  a los ex ocupantes de la Sala Alberdi. Entraron en escena las balas de goma, luego de que se concentraran frente al complejo a la espera de la salida de los cuatro compañeros que permanecían en el lugar. Los manifestantes piden que no se levanten cargos contra ellos, pero el Gobierno de la Ciudad dice tener una orden judicial de una fiscal para que no abandonen las instalaciones sin antes ser identificados.

La violencia comenzó alrededor de las 19 horas, cuando dentro de la plaza seca una representante de la Asamblea de Autogestión Sala Alberdi, el ex diputado nacional de izquierda Luis Zamora y un representante del Ministerio de Justicia y Seguridad porteño mantenían negociaciones en torno a una relativa inmunidad para los cuatro ocupantes de la sala, que pretenden dejar vacío el lugar.

“Estaban en reunión y de repente empezó a haber unos movimientos extraños y la manifestación se agitó. Hubo incidentes. La Policía Metropolitana reprimió con balas de goma y el carro hidrante y detuvieron a un compañero. Ahí nos movimos y pasamos a cortar la calle Paraná”, declaro un manifestante a los medios de comunicación en medio de la calma después de un intento de resolver el conflicto por medio del uso de la fuerza. 

El viernes pasado, la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Falta de la justicia porteña ordenó el allanamiento y la desocupación del lugar. Pero se anunció que la medida será apelada por la Defensoría Oficial ante el Superior Tribunal de Justicia porteño, y que, en caso de quedar firme, recién podría cumplirse después del 5 de abril, pasadas las Pascuas.

Fin de la Toma 

Durante la madrugada, los cuatro artistas que mantenían la protesta en el sexto piso del edificio del Centro Cultural San Martín abandonaron el espacio de acuerdo con la orden de la Cámara de Apelaciones en lo Penal Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires

Los ocupantes, fueron identificados y se realizaron las pericias por parte del médico legista, conforme a lo exigido por el fallo del viernes, de la Sala I de la Cámara Contravencional porteña. Estos procedimientos fueron realizados en el tercer piso del edificio. Las actuaciones se hicieron en presencia de los abogados de las partes, lo que evitó hasta el momento el traslado a una repartición policial

"La salida de la Sala Alberdi fue una decisión de los chicos. Si bien la Cámara falló el viernes para que la desalojaran y los identificaran legalmente, había posibilidades de extender el plazo, pero decidieron dejar la sala porque llevaban más de tres meses viviendo en condiciones infrahumanas", apuntó Zamora.

miércoles, 13 de marzo de 2013

Repudiamos el accionar violento de la Policía Metropolitana en el desalojo de la Sala Alberdi


La Secretaría de Derechos Humanos expresa su más enérgico repudio al accionar represivo de la Policía Metropolitana en el desalojo de la Sala Alberdi del Complejo Cultural San Martín, en la Ciudad de Buenos Aires. Es necesario destacar que los responsables políticos del accionar violento de este cuerpo de seguridad, son el Ministro de Seguridad porteño Guillermo Montenegro y al Jefe de Gobierno, Mauricio Macri. Igual condena merecen los tristes dichos del jefe de gobierno quien intentó criminalizar a los talleristas que resistieron el desalojo y minimizar el reclamo.

La incursión violenta de la Policía Metropolitana, coordinada por el Comisario Ricardo Pedace, terminó con 16 heridos, 3 de ellos de bala de plomo (dos de los cuales realizaban tareas periodísticas en el lugar). 

El día de ayer, la Policía Metropolitana intentó el desalojo violento de la Sala Alberdi, que permanecía tomada desde más de hace dos años y con un acampe frente a la entrada del Complejo desde hace 68 días. Los incidentes comenzaron a producirse alrededor de las 23.45 de ayer, cuando efectivos policiales de la metropolitana realizaron un operativo para ingresar en el edificio por una puerta lateral, evitando la central, donde un grupo de manifestantes bloqueaba el ingreso. Una vez adentro, utilizaron un camión hidrante y balas de plomo y de goma para neutralizar a lxs talleristas , que debieron desplazarse. 

Historia del conflicto

Lxs talleristxs permanecen en el lugar desde hace meses y ayer habían dispuesto un levantamiento de la medida por 48 horas, en solidaridad con los empleados de la dirección del lugar. Mientras, los efectivos avanzaban amparados por la orden de la fiscal Claudia Barcia, quien había dispuesto el vallado del lugar “para permitir la salida de personas pero impedir el ingreso de ocupantes”. Pero, los manifestantes saltaron la reja y volvieron a tomar el sexto piso del edificio, donde se ubica la Sala Alberdi.

Los problemas comenzaron hace poco más de seis años, cuando en 2006 el por entonces jefe de Gobierno porteño Jorge Telerman decidió el traslado de las actividades que se desarrollaban en la sala para refaccionar el lugar. Desde ese momento, los talleristas reclaman ser reconocidos como "tutores del espacio y garantes de su identidad histórica como espacio de producción, divulgación y formación artística" y se niegan a ser trasladados a la Sala Los Andes, en el barrio porteño de Chacarita.

miércoles, 31 de octubre de 2012

La política de vivienda del PRO: mes de desalojos en La Boca

A principio del mes pasado pudimos ver como 30 familias de La Boca eran despojadas de su vivienda. Allí, se vieron también los resultados del accionar violento de la Metropolitana, que avanzó con gases lacrimógenos y derribando puertas de un inquilinato del barrio, dejando un niño con principio de asfixia y una mujer embarazada herida. Este hecho, que fue cubierto por los medios de comunicación, reveló el proyecto de Ciudad del PRO. 

En el último Editorial del Diario Sur Capitalino se denuncian los intentos de desalojo y los que efectivamente se realizaron y que no fueron cubiertos por los medios. Estiman que en el lapso de un mes 300 personas sufrieron el mismo despojo. Pero, además, denuncian el avance de un plan del ejecutivo porteño con el que los grandes inversores aumentarán la renta inmobiliaria. De concretarse este plan los ocupantes, inquilinos, pequeños propietarios y comerciantes serán expulsados del barrio. Similar es la denuncia hacen las organizaciones sociales y políticas del barrio, entre ellas el Comedor Los Pibes. 

En el año 2011, se realizaron operaciones similares que pusieron al descubierto la estrategia de desalojos del PRO. En el pasado, en un desalojo en la calle Humberto 1º uno de los vecinos denunció que el “BAP estaba acá a dos cuadras, nos enteramos porque vimos las camionetas y ni preguntaron si necesitábamos agua, si teníamos sed”. En el mismo tono, un vecino respondía las preguntas de un periodista de Télam: "acá no vino nadie, ni siquiera al ver que hay chicos involucrados. Con esta situación perdemos días de trabajo y los chicos días de clase pero parece que a muchos funcionarios esto les pasa inadvertido". 

La respuesta oficial no tiene protocolos que respeten los derechos ni la integridad de las personas, como anuncia Carolina Stanley, ministra de Desarrollo Social de la Ministra del PRO. Por el contrario, la fuerza de seguridad del Gobierno de la Ciudad y sus funcionarios generan situaciones en las que se vulneran los derechos de niños, niñas y adolescentes - como en el caso del desalojo del 1 de octubre en la calle Almirante Brown-. 

Recordemos que el gobierno de la Ciudad logró constituir su propia fuerza de seguridad, indispensable herramienta para validar la represión que ejercía ilegalmente la Unidad de Control del Espacio Público. La Metropolitana, al igual que ahora lo era la UCEP, es principalmente un dispositivo de represión para incidir en el espacio público urbano, que funciona sobre la base criminalización. Sobre el argumento de la informalidad e ilegalidad, la Metropolitana este año se ocupó principalmente de desalojar a los manteros y artesanos de la calle Florida; de los desalojos en conventillos e inquilinatos; de reprimir la protestas de vecinos de la Villa 31. 

Desde esta Secretaría adherimos al reclamo de las organizaciones sociales del barrio porteño de La Boca y de toda la Ciudad que exigen que cesen los desalojos y se avance en un plan de inclusión habitacional con participación popular. Las organizaciones populares han demostrado que pueden redefinir políticas habitacionales participando en la gestión de las mismas e inclusive en la ejecución de las obras de remodelación y construcción de nuevas viviendas. La política pública participativa no sólo es posible, sino un requerimiento para un hábitat adecuado a las necesidades sociales.

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