La calle es de los trabajadores

Por Juan José Albarracín

Abril 30 fue la jornada elegida por los/las trabajadores/as de la Ciudad de Buenos Aires, día previo a la conmemoración del 1 de Mayo y 36 Aniversario de la primera Ronda de las Madres, para marchar y repudiar los actos de represión y violencia sistemáticos del gobierno de Mauricio Macri para con los trabajadores y el sistema público que garantiza los derechos de la ciudadanía.

El reclamo de los gremios de la Ciudad de Buenos Aires que convocaron a la marcha era la reapertura de las paritarias salariales para negociar un aumento en el salario de los empleados del Estado porteño. El espíritu de la convocatoria se tornó más combativo y aglutinador luego de la feroz represión a los pacientes y trabajadores del Hospital Neuropsiquiátrico Borda, institución dependiente de la administración de la ciudad.

Ante la masividad, los organizadores hablaron de decenas de miles de trabajadores movilizados, se pueden desprender algunas conclusiones de raíz. El fondo de la cuestión mutó y transformó un reclamo salarial en una condena contundente a las políticas de salud y urbanística neoliberales que pretende implantar Macri en la ciudad, utilizando la violencia desde el aparato represivo claramente concebido para este fin. 

La gestión del Pro no fue improvisada a la hora de estructurar su modelo neoliberal. La base mas importante de sus políticas y piedra angular de su gestión es la policía Metropolitana. El aparato represivo ideado por Macri tuvo en Jorge Alberto “Fino” Palacios, personaje ligado/procesado a escuchas ilegales, su arquitecto y director de operaciones. 

Para desactivar las protestas sociales, la gestión porteña desarrolló una policía para convertirla en brazo ejecutor de las medidas que intentan socavar la responsabilidad del Estado y volver a la práctica de la privatización en el ámbito de la salud, educación y, más recientemente, el inmobiliario.  

La protección mediática que le brindan a Mauricio Macri las corporaciones comunicacionales es la frutilla del postre de su gestión. No hay en los medios de comunicación de los grandes grupos económicos opiniones críticas ni contrarias a su desempeño político. Parece que los muertos provocados por la represión de la policía metropolitana en el Parque Indoamericano, la represión en el Centro Cultural San Martín y el Hospital Borda, sumada a las recurrentes inundaciones que sufre la Ciudad son cuestiones aisladas y sin contenido políticos para ser analizadas. 

¿Es un plan para lanzarlo como un posible candidato a presidente en las elecciones de 2015? La respuesta debe ser respondida en profundidad. 

Lo que es un signo de vitalidad democrática y lucha es la respuesta de las organizaciones gremiales, los organismos de derechos humanos y familiares de las victimas de la represión del gobierno PRO. 

Ante tanto silencio y atropello los trabajadores marcharon por avenida de Mayo de forma pacifica, masiva, con objetivos claros y precisos.

Ganan la calle los/as trabajadores/as. 

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Vuelve la represión a la Sala Alberdi

La Secretaria de Derechos Humanos expresa, una vez mas, su más contundente repudio al accionar represivo de la Policía Metropolitana en el desalojo de la Sala Alberdi del Complejo Cultural San Martín. Ayer 24 de marzo, la Policía Metropolitana, dependiente del Ministerio de Seguridad porteño a cargo de Guillermo Montenegro, volvió a reprimir a quienes manifestaban exigiendo la libertad de los 4 "presos culturales", que hasta esta madrugada permanecían dentro de la Sala Alberdi, provocando al menos 16 heridos de bala de goma y 1 detenido.

Como en la jornada del 12 de Marzo pasado se volvió a utilizar la represión para amedrentar  a los ex ocupantes de la Sala Alberdi. Entraron en escena las balas de goma, luego de que se concentraran frente al complejo a la espera de la salida de los cuatro compañeros que permanecían en el lugar. Los manifestantes piden que no se levanten cargos contra ellos, pero el Gobierno de la Ciudad dice tener una orden judicial de una fiscal para que no abandonen las instalaciones sin antes ser identificados.

La violencia comenzó alrededor de las 19 horas, cuando dentro de la plaza seca una representante de la Asamblea de Autogestión Sala Alberdi, el ex diputado nacional de izquierda Luis Zamora y un representante del Ministerio de Justicia y Seguridad porteño mantenían negociaciones en torno a una relativa inmunidad para los cuatro ocupantes de la sala, que pretenden dejar vacío el lugar.

“Estaban en reunión y de repente empezó a haber unos movimientos extraños y la manifestación se agitó. Hubo incidentes. La Policía Metropolitana reprimió con balas de goma y el carro hidrante y detuvieron a un compañero. Ahí nos movimos y pasamos a cortar la calle Paraná”, declaro un manifestante a los medios de comunicación en medio de la calma después de un intento de resolver el conflicto por medio del uso de la fuerza. 

El viernes pasado, la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Falta de la justicia porteña ordenó el allanamiento y la desocupación del lugar. Pero se anunció que la medida será apelada por la Defensoría Oficial ante el Superior Tribunal de Justicia porteño, y que, en caso de quedar firme, recién podría cumplirse después del 5 de abril, pasadas las Pascuas.

Fin de la Toma 

Durante la madrugada, los cuatro artistas que mantenían la protesta en el sexto piso del edificio del Centro Cultural San Martín abandonaron el espacio de acuerdo con la orden de la Cámara de Apelaciones en lo Penal Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires

Los ocupantes, fueron identificados y se realizaron las pericias por parte del médico legista, conforme a lo exigido por el fallo del viernes, de la Sala I de la Cámara Contravencional porteña. Estos procedimientos fueron realizados en el tercer piso del edificio. Las actuaciones se hicieron en presencia de los abogados de las partes, lo que evitó hasta el momento el traslado a una repartición policial

"La salida de la Sala Alberdi fue una decisión de los chicos. Si bien la Cámara falló el viernes para que la desalojaran y los identificaran legalmente, había posibilidades de extender el plazo, pero decidieron dejar la sala porque llevaban más de tres meses viviendo en condiciones infrahumanas", apuntó Zamora.

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Repudiamos el accionar violento de la Policía Metropolitana en el desalojo de la Sala Alberdi

La Secretaría de Derechos Humanos expresa su más enérgico repudio al accionar represivo de la Policía Metropolitana en el desalojo de la Sala Alberdi del Complejo Cultural San Martín, en la Ciudad de Buenos Aires. Es necesario destacar que los responsables políticos del accionar violento de este cuerpo de seguridad, son el Ministro de Seguridad porteño Guillermo Montenegro y al Jefe de Gobierno, Mauricio Macri. Igual condena merecen los tristes dichos del jefe de gobierno quien intentó criminalizar a los talleristas que resistieron el desalojo y minimizar el reclamo.

La incursión violenta de la Policía Metropolitana, coordinada por el Comisario Ricardo Pedace, terminó con 16 heridos, 3 de ellos de bala de plomo (dos de los cuales realizaban tareas periodísticas en el lugar). 

El día de ayer, la Policía Metropolitana intentó el desalojo violento de la Sala Alberdi, que permanecía tomada desde más de hace dos años y con un acampe frente a la entrada del Complejo desde hace 68 días. Los incidentes comenzaron a producirse alrededor de las 23.45 de ayer, cuando efectivos policiales de la metropolitana realizaron un operativo para ingresar en el edificio por una puerta lateral, evitando la central, donde un grupo de manifestantes bloqueaba el ingreso. Una vez adentro, utilizaron un camión hidrante y balas de plomo y de goma para neutralizar a lxs talleristas , que debieron desplazarse. 

Historia del conflicto

Lxs talleristxs permanecen en el lugar desde hace meses y ayer habían dispuesto un levantamiento de la medida por 48 horas, en solidaridad con los empleados de la dirección del lugar. Mientras, los efectivos avanzaban amparados por la orden de la fiscal Claudia Barcia, quien había dispuesto el vallado del lugar “para permitir la salida de personas pero impedir el ingreso de ocupantes”. Pero, los manifestantes saltaron la reja y volvieron a tomar el sexto piso del edificio, donde se ubica la Sala Alberdi.

Los problemas comenzaron hace poco más de seis años, cuando en 2006 el por entonces jefe de Gobierno porteño Jorge Telerman decidió el traslado de las actividades que se desarrollaban en la sala para refaccionar el lugar. Desde ese momento, los talleristas reclaman ser reconocidos como "tutores del espacio y garantes de su identidad histórica como espacio de producción, divulgación y formación artística" y se niegan a ser trasladados a la Sala Los Andes, en el barrio porteño de Chacarita.

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La política de vivienda del PRO: mes de desalojos en La Boca

A principio del mes pasado pudimos ver como 30 familias de La Boca eran despojadas de su vivienda. Allí, se vieron también los resultados del accionar violento de la Metropolitana, que avanzó con gases lacrimógenos y derribando puertas de un inquilinato del barrio, dejando un niño con principio de asfixia y una mujer embarazada herida. Este hecho, que fue cubierto por los medios de comunicación, reveló el proyecto de Ciudad del PRO. 

En el último Editorial del Diario Sur Capitalino se denuncian los intentos de desalojo y los que efectivamente se realizaron y que no fueron cubiertos por los medios. Estiman que en el lapso de un mes 300 personas sufrieron el mismo despojo. Pero, además, denuncian el avance de un plan del ejecutivo porteño con el que los grandes inversores aumentarán la renta inmobiliaria. De concretarse este plan los ocupantes, inquilinos, pequeños propietarios y comerciantes serán expulsados del barrio. Similar es la denuncia hacen las organizaciones sociales y políticas del barrio, entre ellas el Comedor Los Pibes. 

En el año 2011, se realizaron operaciones similares que pusieron al descubierto la estrategia de desalojos del PRO. En el pasado, en un desalojo en la calle Humberto 1º uno de los vecinos denunció que el “BAP estaba acá a dos cuadras, nos enteramos porque vimos las camionetas y ni preguntaron si necesitábamos agua, si teníamos sed”. En el mismo tono, un vecino respondía las preguntas de un periodista de Télam: "acá no vino nadie, ni siquiera al ver que hay chicos involucrados. Con esta situación perdemos días de trabajo y los chicos días de clase pero parece que a muchos funcionarios esto les pasa inadvertido". 

La respuesta oficial no tiene protocolos que respeten los derechos ni la integridad de las personas, como anuncia Carolina Stanley, ministra de Desarrollo Social de la Ministra del PRO. Por el contrario, la fuerza de seguridad del Gobierno de la Ciudad y sus funcionarios generan situaciones en las que se vulneran los derechos de niños, niñas y adolescentes - como en el caso del desalojo del 1 de octubre en la calle Almirante Brown-. 

Recordemos que el gobierno de la Ciudad logró constituir su propia fuerza de seguridad, indispensable herramienta para validar la represión que ejercía ilegalmente la Unidad de Control del Espacio Público. La Metropolitana, al igual que ahora lo era la UCEP, es principalmente un dispositivo de represión para incidir en el espacio público urbano, que funciona sobre la base criminalización. Sobre el argumento de la informalidad e ilegalidad, la Metropolitana este año se ocupó principalmente de desalojar a los manteros y artesanos de la calle Florida; de los desalojos en conventillos e inquilinatos; de reprimir la protestas de vecinos de la Villa 31. 

Desde esta Secretaría adherimos al reclamo de las organizaciones sociales del barrio porteño de La Boca y de toda la Ciudad que exigen que cesen los desalojos y se avance en un plan de inclusión habitacional con participación popular. Las organizaciones populares han demostrado que pueden redefinir políticas habitacionales participando en la gestión de las mismas e inclusive en la ejecución de las obras de remodelación y construcción de nuevas viviendas. La política pública participativa no sólo es posible, sino un requerimiento para un hábitat adecuado a las necesidades sociales.

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Video: la justicia frenó el desmantelamiento del Borda

Esta mañana dirigentes de la CTA de la Ciudad de Buenos Aires anunciaron la medida judicial que puso un freno al desmantelamiento del Hospital José Tiburcio Borda por parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. El gobierno del PRO había intentado desalojar violentamente a trabajadores e internos de los Talleres de Rehabilitación del reconocido Hospital Neuropsiquiátrico. Frondizi destacó que que “junto a Eduardo López y a la Comisión interna de Talleres Protegidos nos presentamos en la Defensoría del pueblo en la unidad especial de Patrimonio Histórico Nacional, bajo la responsabilidad de Andrés Gallardo, para que intervenga a los efectos que se detenga la construcción del Centro Cívico, ya que el lugar fue declarado patrimonio histórico nacional en 1999.”

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Revés para Macri: la justicia ordenó frenar las obras en el Borda

La justicia porteña ordenó que cese la ejecución de las obras del Centro Cívico en el terreno perteneciente al Hospital José Tiburcio Borda, haciendo lugar a una presentación de trabajadores del Borda, que resisten al desalojo desde agosto. La medida cautelar había sido presentada por Marcelo Frondizi (Secretario Adjunto de la CTA y delegado de la Junta Interna de ATE) y Eduardo López (Unión de Trabajadores de la Educación), con el patrocinio del Defensor Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo Gallardo. 

Trabajadores de los hospitales Borda, Moyano y Tobar

Los trabajadores de los Talleres Protegidos de Rehabilitación junto a los internos del Hospital J.T. Borda, habían advertido los violentos intentos del Gobierno de la Ciudad de forzar el desalojo para comenzar las obras. Asimismo, alertaron sobre el riesgo de sus fuentes de trabajo así como los daños psiquiátricos causados a los internos.

El fallo firmado por la Jueza Patricia López Vergara ordenó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que notifique a las empresas la inmediata detención de las obras en los Talleres Protegidos de Rehabilitación del Hospital J.T. Borda. La jueza valoró la importancia social, cultural e histórica de los predios por sobre toda “consideración económica y administrativa”. Además destacó que el Pabellón de Investigaciones en Psicofísica y Neurobiología y “parque aledaño ha sido declarado Monumento Histórico Nacional” ya que se ubica allí un importante patrimonio arqueológico de valor histórico.

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Satisfacción por el fallo que restituye en su cargo a los docentes despedidos en Monte Castro

Desde la Secretaría de Derechos Humanos expresamos nuestra alegría y satisfacción por la orden judicial que dicta la reincorporación de los seis docentes que habían sido apartados por el Gobierno de la Ciudad. Los docentes habían sido separados de su cargo tras criticar aquellos el cierre de cursos operado por el Ministerio de Educación de la Ciudad.

Liliana, la directora, y l@s chic@s 

La jueza Elena Liberatori ordenó al Ministro de Educación, Esteban Bullrich, que restituya en su cargo a los docentes, considerando la "falta de fundamentación adecuada" de la decisión. La magistrada agregó: “Es muy probable, entonces, que los traslados sean una sanción encubierta y extemporánea dado que el sumario recién comienza”. La medida judicial había sido solicitada por Hugo Yasky, Secretario General de la CTA, y la Unión de Trabajadores de la Educación, y acompañada por los y las docentes de la Ciudad.

El día Viernes los docentes volvieron a la escuela 3º de Monte Castro rodeados de abrazos y carteles de bienvenida, y de vuelta en las aulas pudieron ver a sus pibes y pibas. Liliana, la directora de la Nº3, agradeció el respaldo de los docentes de su escuela y toda la capital federal, e invitó a Bullrich a que "venga a la escuela, que no lo vamos a maltratar como nos maltrataron a nosotros".

Expresamos nuevamente nuestra alegría por la medida que revierte una decisión autoritaria que fuera rechazada masivamente por los docentes porteños y la comunidad educativa en general. Este es, sin duda, un duro revés a la política persecutoria del Gobierno de la Ciudad, encabezado por el empresario Mauricio Macri.   

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Movilización: Macri vs. La Escuela Pública

Columna de UTE y docentes de Monte Castro

Acto central

"No soy peligrosa, educo"

La marcha, convocada por los gremios más representativos, comenzó cerca del mediodía del viernes. Tras confirmarse el acatamiento del 90% en toda la Ciudad, asistieron estudiantes, padres, madres, maestros y maestras de todos los distritos. Uno de los compañeros separados de su cargo pidió disculpas a los funcionarios y al Jefe de Gobierno, "si se sintieron ofendidos" por la dramatización. Más luego, pidió disculpas, irónicamente, "por defender la Escuela Pública" del cierre de cursos impulsado por el Gobierno de la Ciudad.

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Bullrich y López debaten sobre la persecución a docentes por parte del Gobierno de la Ciudad

Una parte del debate realizado anoche en C5N en el programa de Eduardo Feinmann. En el transcurso del debate Bullrich reavivó el fantasma del desacato, una figura legal que fue derogada del Código Penal en 1993, y defendió el cierre de cursos. Entre furcios y fallidos, el Ministro de Educación afirmó que los docentes seguirán separados de sus cargos hasta que culmine el sumario administrativo. López le recordó que el jefe de gobierno, Mauricio Macri, no fue separado de su cargo a pesar de estar procesado en una causa judicial por escuchas ilegales. 

Este viernes los docentes paramos y nos movilizamos para detener la escalada represiva y persecutoria del Ministerio de Educación y Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Desde las 11.30 en Av. de Mayo y Chacabuco.

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Repudio al Gobierno Porteño: Seis docentes despedidos por criticar a Macri

El Ministerio de Educación de la Ciudad dio a conocer hoy que separó de su cargo a seis docentes por realizar una dramatización en la que se cuestionaba el cierre de cursos operado por esa misma cartera. Los compañeros de la Escuela nº 3 (Distrito Escolar Nº 18) de Monte Castro, fueron acusados de “una presentación disvaliosa” sobre el Jefe de Gobierno Mauricio Macri y del ministro Esteban Bullrich durante la representación. Desde la Secretaría de Derechos Humanos de CTERA sostenemos que la medida es autoritaria y se asemeja a la vetusta figura del desacato, derogada del Código Penal Argentino en 1993. 

La medida apela al supuesto delito del desacato que, según en el artículo 13 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, lesiona el derecho a la libertad de expresión. La Resolución 2711 dictada por el Ministerio de Educación argumenta que existió un incumplimiento de los deberes de los docentes citando el artículo 6 del Estatuto Docente. Para el gobierno del PRO existe  una "presentación disvaliosa" del jefe de gobierno por parte de los docentes, que no se condice con la "moral y la buena conducta". Ahora bien cabe preguntarse ¿Qué características debe presentar una conducta para que sea considerada "disvaliosa"?

 

En apariencia no hay ninguna. No obstante, esta apreciación meramente subjetiva expuesta por el Ministerio de Educación porteño, convierte en delito las opiniones que cuestionan su mandato. Con ello estas sanciones ejemplificadoras naturalizan un determinado modo de comportamiento de los docentes, acrítico respecto de la autoridad y su mandato. Desde nuestro punto de vista el Estatuto Docente de la Ciudad de Buenos Aires no brinda criterio alguno del que se desprenda semejante interpretación y mucho menos que justifique semejante decisión.

Acompañamos a los docentes porteños y a los compañeros de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE-CTERA) en el repudio contra esta medida persecutoria tomada de manera unilateral, desconociendo las recomendaciones de la Junta de Disciplina. Asimismo exigimos la inmediata restitución de los compañeros separados en sus cargos.

Ciudad de Buenos Aires, 28 de Agosto de 2012

Secretaría de Derechos Humanos

CTERA 

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Acto en defensa del Hospital Borda

El martes 16 se realizó una acto en la puerta del Hospital Borda en rechazo a la incursión violenta de la Policía Metropolitana y al proyecto del macrismo de convertirlo en una sede gubernamental. El proyecto inmobiliario, a cargo de una unión transitoria de empresas, recibió el repudio de diversas organizaciones populares. Allí el secretario adjunto de la CTA, el compañero Marcelo Frondizi, afirmó que “estuvimos observando las empresas que van a hacerse cargo de la futura obra, si es que se hace y una de ellas es de Nicolás Caputo, conocido testaferro de las empresas de Macri”. 

Del acto participaron los trabajadores del hospital Borda, del Moyano y el Tobar García, también de diversas organizaciones sociales, sindicales y políticas entre ellos la CTA de los Trabajadores, CTERA, la Unión de Trabajadores del Estado (UTE), el Frente para la Victoria, Coalición Cívica, Nuevo Encuentro, la UCR y Proyecto Sur.

El acto terminó con las palabras de la compañera Nora Cortiñas, Madre de Plaza de Mayo - Línea Fundadora: “Veo acá representados a nuestros hijos e hijas, detenidos desaparecidos, pero que están presentes cada vez que las Madres estamos recogiendo las banderas de lucha que ellos llevaban adelante. Estamos acá para decir que este destructor de la salud, la educación y la vivienda, que intenta destruir algo que no va a poder. Le decimos a este cretino de Macri que no nos van a vencer, que vamos a seguir día por día para que este Hospital y todos los hospitales de la Ciudad de Buenos Aires, sean remozados, que tengan vidrios, agua, calefacción, para que cuando la gente tenga que venir a curarse, pueda curarse con dignidad”.

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Repudiamos el desguace del Hospital Borda en la Ciudad de Buenos Aires

Fachada del Hospital Borda

Desde la Secretaría de Derechos Humanos repudiamos el intento de desguace del Hospital Psicoasistencial José Tiburcio Borda por parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, encabezado por Mauricio Macri. Condenamos, además, el intento de ingreso forzado por parte de la Policía Metroplitana la madrugada del miércoles pasado. 

Entre las 5 y las 6 de la mañana un escuadrón de la fuerza que depende del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad, a cargo de Guillermo Montenegro, violentó una de las entradas de los Talleres Protegidos de Salud Mental del Borda, donde los pacientes se recuperan realizando tareas productivas. El desalojo tiene como fin la construcción de una sede gubernamental a cargo de una unión transitoria de empresas.

Acompañamos a los trabajadores de los talleres y del hospital en las medidas de fuerza a desarrollar en protesta de este avance sobre sus fuentes de trabajo. Asimismo responsabilizamos al Gobierno de la Ciudad por las consecuencias traumáticas sobre los pacientes de la incursión violenta realizada por la Metropolitana. 

Ciudad de Buenos Aires, 9 de agosto de 2012

Secretaría de Derechos Humanos

CTERA

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