La política de vivienda del PRO: mes de desalojos en La Boca

A principio del mes pasado pudimos ver como 30 familias de La Boca eran despojadas de su vivienda. Allí, se vieron también los resultados del accionar violento de la Metropolitana, que avanzó con gases lacrimógenos y derribando puertas de un inquilinato del barrio, dejando un niño con principio de asfixia y una mujer embarazada herida. Este hecho, que fue cubierto por los medios de comunicación, reveló el proyecto de Ciudad del PRO. 

En el último Editorial del Diario Sur Capitalino se denuncian los intentos de desalojo y los que efectivamente se realizaron y que no fueron cubiertos por los medios. Estiman que en el lapso de un mes 300 personas sufrieron el mismo despojo. Pero, además, denuncian el avance de un plan del ejecutivo porteño con el que los grandes inversores aumentarán la renta inmobiliaria. De concretarse este plan los ocupantes, inquilinos, pequeños propietarios y comerciantes serán expulsados del barrio. Similar es la denuncia hacen las organizaciones sociales y políticas del barrio, entre ellas el Comedor Los Pibes. 

En el año 2011, se realizaron operaciones similares que pusieron al descubierto la estrategia de desalojos del PRO. En el pasado, en un desalojo en la calle Humberto 1º uno de los vecinos denunció que el “BAP estaba acá a dos cuadras, nos enteramos porque vimos las camionetas y ni preguntaron si necesitábamos agua, si teníamos sed”. En el mismo tono, un vecino respondía las preguntas de un periodista de Télam: "acá no vino nadie, ni siquiera al ver que hay chicos involucrados. Con esta situación perdemos días de trabajo y los chicos días de clase pero parece que a muchos funcionarios esto les pasa inadvertido". 

La respuesta oficial no tiene protocolos que respeten los derechos ni la integridad de las personas, como anuncia Carolina Stanley, ministra de Desarrollo Social de la Ministra del PRO. Por el contrario, la fuerza de seguridad del Gobierno de la Ciudad y sus funcionarios generan situaciones en las que se vulneran los derechos de niños, niñas y adolescentes - como en el caso del desalojo del 1 de octubre en la calle Almirante Brown-. 

Recordemos que el gobierno de la Ciudad logró constituir su propia fuerza de seguridad, indispensable herramienta para validar la represión que ejercía ilegalmente la Unidad de Control del Espacio Público. La Metropolitana, al igual que ahora lo era la UCEP, es principalmente un dispositivo de represión para incidir en el espacio público urbano, que funciona sobre la base criminalización. Sobre el argumento de la informalidad e ilegalidad, la Metropolitana este año se ocupó principalmente de desalojar a los manteros y artesanos de la calle Florida; de los desalojos en conventillos e inquilinatos; de reprimir la protestas de vecinos de la Villa 31. 

Desde esta Secretaría adherimos al reclamo de las organizaciones sociales del barrio porteño de La Boca y de toda la Ciudad que exigen que cesen los desalojos y se avance en un plan de inclusión habitacional con participación popular. Las organizaciones populares han demostrado que pueden redefinir políticas habitacionales participando en la gestión de las mismas e inclusive en la ejecución de las obras de remodelación y construcción de nuevas viviendas. La política pública participativa no sólo es posible, sino un requerimiento para un hábitat adecuado a las necesidades sociales.