Finalmente el pasado viernes 7 fue detenido el ex camarista federal de Mendoza Carlos Pereyra González

Según informó el director del Servicio Penitenciario Provincial, el ex juez se encuentra detenido en la penitenciaría de la provincia de San Luis, junto al ex juez federal Eduardo Allende, y el ex fiscal Hipólito Saá.

Pereyra González está acusado de haber encubierto casos de torturas y homicidios durante la última dictadura militar cuando era secretario del juzgado federal, del entonces juez Allende y el fiscal era Saá. Los tres pudieron haber evitado la tortura y el posterior asesinato de Graciela Fiochetti, de 19 años, realizados por el genocida ex militar Carlos Esteban "El Chueco" Plá, quien la fusiló de un disparo en la nuca luego de los tormentos presenciados por Pereyra González, Plá era subjefe de la policía de San Luis.

La información sobre estos ex magistrados tomó estado público durante el juicio en el que se condenó, en marzo del 2009, a prisión perpetua en cárcel común a Plá y a otros represores, como  el ex militar Miguel Angel Fernández Gez  y los  ex policías de la D2 puntana, Víctor Becerra, Juan Carlos Pérez y Luis Orozco. Los cinco represores fueron condenados acusados por el asesinato de Graciela Fiochetti (22 años, estudiante de Medicina, La Toma. S.L.), las desapariciones de Pedro Ledesma (21 años, estudiante de Pedagogía y docente rural, San Luis), Sandro Santana Alcaraz (23 años, estudiante de Farmacia, La Toma . S.L.) y de las torturas a Víctor Fernández (La Toma, S.L.).

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Se confirmó el procesamiento de Marcos Jacobo Levín por instigador de crímenes de Lesa humanidad en Salta

La Cámara Federal de Apelaciones de Salta confirmó el procesamiento sin prisión preventiva del dueño de la empresa "La Veloz del Norte", Marcos Jacobo Levín, el fallo en primera instancia del juez federal de Salta Leonardo Bavio fue en octubre pasado. Ese fue el primero sobre la responsabilidad empresaria durante la dictadura cívico militar. La Cámara también confirmó el procesamiento de los otros cuatro imputados, los policías Víctor Hugo Bocos y Enrique Víctor Cardozo y a Víctor Hugo Almirón, por los tormentos causados a Víctor Manuel Cobos, quien en 1977 era chofer y delegado de la UTA en la empresa.

La Cámara hizo lugar a la solicitud de la querella y procesó a Víctor Hugo Almirón (responsable de la comisaría  4ª  de Policía de la Provincia de Salta), como partícipe necesario de las torturas aplicadas a Cobos, ya que como Jefe de la dependencia a la fecha de los hechos (enero de 1977), facilitó la actuación de sus subordinados, omitiendo, además, su deber de velar por la seguridad e integridad de los detenidos. En esa ocasión el subcomisario de la 4ª, Víctor Hugo Bocos lo trasladó a Cobos en un coche de La Veloz del Norte a la comisaría 4ª, denunciada como centro clandestino en la Conadep, donde permaneció secuestrado, fue sometido a interrogatorios y tormentos y obligado a firmar un documento por el cual se hacía cargo de una estafa que no existió. Víctor Cobos situó a Levín dentro de la sala de torturas de la comisaría. Dijo que lo reconoció por el perfume. El juez en la causa también dijo que Levín estuvo, por lo menos, tres veces en la comisaría y, entre los testimonios, situó al propio subcomisario Bocos. Lo mismo sucedió con otros catorce trabajadores de la "La Veloz del Norte", algunos de los cuales eran afiliados a la UTA, pero el juez Bavio consideró que sólo el caso de Cobos podía ser inscripto como de lesa humanidad y a los casos de los otros trabajadores, los consideró prescriptos.

La cámara consideró que "existió delito de lesa humanidad... en particular contra Cobos se desenvolvió dentro del marco de un plan sistemático y generalizado dirigido contra opositores políticos y gremiales por el entonces gobierno nacional y del que formaron parte todas las fuerzas armadas y de seguridad".

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