Día de la Violencia Institucional: 4000 gritos contra el Gatillo Fácil

27 años han pasado de los hechos de la Masacre de Budge, un episodio triste para la Democracia argentina que reveló la crueldad y la impunidad de las fuerzas de seguridad. Después, vinieron los casos de Agustín Ramírez, en San Francisco Solano, y en 1991 el caso de Walter Bulacio, en Capital Federal en 1991. 

Los hechos sobresalieron entre el silencio mediático, pues, se trató también de las primeras movilización de familiares, amigos y vecinos que se realizaron exigiendo cárcel a los asesinos, que lograron una gran visibilización del accionar de las policías.

Desde diciembre de 1983 entonces más de 4000 personas fueron asesinadas por fuerzas de seguridad en casos de Gatillo Fácil, cuestión que resuena en lo más hondo de las instituciones y de la que suele decirse por ahí que es una de las "deudas pendientes de la Democracia" o parafraseando a León Rozitchner ¿qué es sino esa estela del terror sobre el cual navega la democracia argentina? Estos números constituyen, ni más ni menos, el saldo estructural de las prácticas y la cultura represiva de las fuerzas de seguridad y las instituciones de encierro.

Estas tres décadas de construcción democrática coinciden también con la consolidación del discurso de la seguridad basado en la mano dura. Este discurso que repiten algunos medios, algunos políticos y los "expertos en seguridad pública", se parapeta en el argumento de que cada vez hay más delitos asociados a la violencia, para aplicar una misma fórmula: más violencia. Estos argumentos no dicen nada sobre la los orígenes ni de las posibles soluciones para la pobreza estructural en nuestro país; nada dicen de la corrupción de la institución policial, de su independencia de las decisiones políticas y su capacidad para regular el delito; tampoco hablan sobre el rol de la corporación judicial y sus intereses; mucho menos hablan de la vulneración de los derechos de las personas que se operan bajo ese manto oscuro de la mano dura.

Por esto, siempre que buscamos dar este debate decimos que hay que desterrar la supuesta contradicción que acusan estos sectores políticos y mediáticos entre seguridad y derechos humanos. En el marco de otro diálogo es necesario hablar de la reformulación del rol de las instituciones administrativas, policiales y judiciales que operan en este ámbito. Este es el valor de la Campaña Nacional Contra la Violencia Institucional, una iniciativa en la que convergen una rica pluralidad de colectivos y referentes. 

En estos 27 años seguimos apostando a la organización popular, la articulación entre las organizaciones del campo popular para visibilizar, denunciar y exigir ¡Ni un pibe menos, basta de Gatillo Fácil!

Rogelio De Leonardi
Secretario de Derechos Humanos
CTERA