Ocho represores condenados por reprimir trabajadores
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| Los represores en el juicio |
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de La Plata -integrado por los jueces Carlos Rozanski Germán Castelli y Cesar Álvarez- condenó a prisión perpetua por los delitos de lesa humanidad de homicidios calificados, privaciones ilegales de la libertad agravadas y tormentos, al ex Comandante de la Fuerza de Tareas 5 Jorge Alberto Errecaborde, al del Batallón de Infantería de Marina Nº 3 (BIM 3) José Casimiro Fernández Carró y al ex jefe de Operaciones e Inteligencia del BIM 3 Roberto Eduardo Fernando Guitian.
Además condenó a 25 años de prisión al ex comandante de Operaciones Navales de la Armada Antonio Vañek y a su par de la FT5 y ex Director del Liceo Juan Carlos Herzberg y al ex jefe de la Zona Río de La Plata de la Prefectura Luis Rocca, al ex oficial Eduardo Antonio Meza y al ex jefe de Prefectura Carlos José Ramón Schaller.
Los genocidas (cinco ex marinos y tres ex prefectos), planificaron, secuetraron, asesinaron y torturaron a trabajadores de fábricas de la zona del parque industrial de Berisso y Ensenada, como Propulsora (grupo Techint), Swift, Astilleros Río Santiago e YPF, entre otras y los homicidios de Miguel Orlando Galván Lahoz y Roberto Pampillo. Los represores operaron desde la Prefectura Naval de La Plata y el Liceo Naval Militar, y en algunos casos el B.I.M. 3 y el Hospital Naval, los secuestrados eran interrogados y torturados, luego los trasladaban al centro clandestino de detención que estaba en las calles 1 y 60 de La Plata, a la Unidad Penitenciaria N° 9 o a la Unidad Penitenciaria N° 8 de Olmos, donde estuvieron años presos .
Entre los trabajadores de los Astilleros Río Santiago, secuestrados y
sometidos a tormentos y que pudieron declarar en el juicio están Pedro
Niselski, Mario Alberto Peláez, Miguel Reinaldo y Roberto Miguel
Aguirre.
Por otra parte el Tribunal y por mayoría, resolvió revocar las prisiones domiciliarias de las que gozaban varios de los represores y ordenó que se reparen los legajos laborales de las víctimas, para dejar constancia de los verdaderos motivos del cese de su trabajo en los Astilleros Río Santiago, YPF y en Propulsora Siderúrgica del grupo Techint.
Falta investigar la responsabilidad de los empresarios y funcionarios en estos delitos de lesa humanidad.
