Se inicia uno de los juicios por los delitos de lesa humanidad cometidos contra la familia Iacarino

El Tribunal Oral Federal 1 de La Plata integrado por Carlos Rozanski, Pablo Vega y Pablo Jantus, fijó para el próximo miércoles 15 de mayo la fecha de inicio del juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en perjuicio de los hermanos Rodolfo, Alejandro y Eduardo Iaccarino. Poco después de ser amenazado de muerte, Rodolfo falleció el 12 de julio de 2009.

Su caso es uno de los 604 que, hasta hoy, registró la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, en los cuales las víctimas son empresarios que fueron despojados de sus bienes por la última dictadura cívico militar.

Este juicio es por una de las seis causas por los delitos cometidos contra los hermanos Iaccarino y sus padres también fallecidos, las otras causas aún se encuentran en el Juzgado Federal Nº 3 de La Plata, de Arnaldo Corazza, quien también instruyó esta causa. Luego de 37 años, en este juicio los imputados son los genocidas Bruno Trevisán y Jorge Rómulo Ferranti, ex jefe y ex subjefe de la Brigada de Investigaciones de Lanús, el centro clandestino de detención (CCD) conocido como El Infierno. Estos ex policías serán juzgados por los delitos de extorsión, privación ilegal de la libertad y aplicación de torturas. Trevisán también estuvo en CCD Pozo de Quilmes junto al represor Lucas Gumersindo Belich.

El 4 de noviembre de 1976, los hermanos  Iaccarino y Rómulo Victorino, su padre, fueron secuestrados por grupos de tareas en Santiago del Estero, y trasladados a la Brigada de Investigaciones de la Policía de esa provincia, su madre fue detenida en la Capital Federal. Luego los llevaron a la Unidad 9 de La Plata pero, a pesar de estar a disposición del PEN y con causas judiciales (inventadas), los hermanos fueron trasladados y torturados en distintos centros clandestinos dentro del llamado "Circuito Camps" (por ejemplo en el CCD “Centro de Operaciones Tácticas Nº1 de Martínez” COT1), y luego "legalizados" otra vez hasta su liberación en septiembre del ’78.

Algunos de los motivos  de los tormentos que se les aplicó a esta familia de empresarios santiagueños fue evitar que pudieran fijar precios en la industria láctea y apropiarse de sus diversas propiedades (campos, avión, etc.), y las acciones de sus empresas, ya que  se dedicaban a la actividad empresarial en los rubros lechero, de la carne, la construcción, bancos y cooperativas, así los despojaron de sus bienes que fueron entregados a testaferros de la dictadura, hechos "certificados" por escribanos.