Los pueblos originarios y el avance de los agronegocios en el Noroeste Argentino

No fueron suficientes los más de 500 años de resistencia de los sobrevivientes del genocidio del colonialismo europeo. Los pueblos originarios y sus múltiples expresiones culturales - entre las que se destacan la existencia de al menos 12 lenguas - siguen hoy resistiendo los embates del avance del capitalismo sobre sus territorios ancestrales. Hace poco más de dos décadas, la maquinaria de los negocios internacionales encontró la forma de hacer rentables aquellas tierras ubicadas a la vera de la Pampa Húmeda. En este artículo haremos hincapié en una zona en particular del Chaco Seco, región que es de inusitado interés por empresas inmobiliarias y agropecuarias. 

El avance de la frontera agropecuaria en el norte argentino está inspirado en el desarrollo de la biotecnología y el alza del mercado internacional de alimentos. Este proceso atenta contra las formas de propiedad comunitarias en el Norte argentino, amenazando la existencia de cientos de comunidades. No podemos soslayar aquí que existen diversos intersticios jurídico-legales que dan lugar a las argucias de empresarios locales, trasnacionales y funcionarios provinciales, actores principales de esta expansión agraria. Hombres, mujeres, niños y niñas, afrontan hoy los costos de este avance: desalojos, desmonte, fumigaciones y pobreza. 

El violento proceso de expropiación 

El pasado 10 de octubre, a menos de un año del asesinato en su propia casa de Cristian Ferreyra, mataron a Miguel Galván, de 38 años, otro miembro del Movimiento Campesino de Santiago del Estero Vía Campesina (MOCASE-VC), en este caso de la de la Central Campesina Indígena 3 Fronteras (también en el MOCASE). Miguel había nacido y se crió en el paraje el Simbol, cuyo territorio se reparte en las provincias de Salta y Santiago del Estero. Desde hace unos 2 años, los empresarios dueños la empresa agropecuaria La Paz S.A, comenzaron a intentar apropiarse del territorio de la Comunidad El Simbol, haciendo alambrar diferentes sectores para sembrar, la familia Galván había denunciado ante la justicia a la empresa y a sus encargados (uno llamado Figueroa), desde el año 2011 por usurpación y por amenazas. 

Ante la inacción de la policía local y del Juez Torreli de Monte Quemado (Santiago del Estero), continuó el accionar de los empresarios, quienes para intimidar a los pobladores de la zona y apoyar a los alambradores, contaban con la ayuda de bandas armadas y de alguna familia de vecinos, como la de los Risso Patrón (en septiembre de 2012 Rafael Galván había presentado una denuncia contra los Risso Patrón). Justamente uno de ellos Paulino Eriberto Risso Patrón, de 19 años, es el que asesinó a Miguel Galván, el homicida había ido a la casa de los hermanos Galván con un revolver 38 pero terminó matándolo con un cuchillo. Lamentablemente, como el crimen se produjo en el lado salteño de la comunidad, esta causa quedó a cargo del juez Mario Dilascio del Juzgado Nº 2 de Metán, este juez se "olvidó" de ponerle custodia policial y Risso Patrón se fue del hospital de Roque Sáenz Peña (Chaco) el 19 de octubre, y sigue prófugo. 

Según denunciaron dirigentes del MOCASE, como Adolfo Farías, el mismo juez Dilascio les habría dicho que no pretendía comprometerse para investigar a fondo para no meterse con los que tienen poder. Significativamente el 18 de octubre, el día anterior de la fuga de Risso Patrón, detuvieron brutalmente a Cesar Navarro, miembro de la Central Campesina Ashpa Sumaj, del Paraje Campo Verde (en el Dto. de Alberdi de Santiago del Estero), la detención fue ordenada por el juez santiagueño Tarchini Saavedra y por el "delito" de defender sus tierras de los apropiadores, como el empresario Daniel Mango (denunciado por el MOCASE). A Navarro lo golpearon y amenazaron en la comisaría 18 de la localidad de Campo Gallo. Como denuncia el MOCASE-VC esto es "el reino del revés, están los asesinos sueltos y las víctimas con persecuciones violentas". 

En estos días el accionar, entre otros, del MOCASE-VC y de la delegación local del Foro de Organizaciones Nacional de la Agricultura Familiar (FONAF), permitió que la subsecretaría de Agricultura Familiar de la Nación, el Gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, y el Jefe de Ministros de la provincia, Elías Suárez, aceptaran firmar una carta de intención para crear un comité multidisciplinario para diagramar y desarrollar un proyecto de Desarrollo Productivo que abarcaría a 15 mil familias, contemplado el tema de la posesión de las tierras y el avance del agro- negocio sojero en la provincia. 

Pero los asesinatos de Ferreyra y Galván y el ataque a Navarro no son casos aislados, ni nuevos, ni exclusivos de Santiago del Estero. Desde hace varios años, hay acciones en común entre empresarios sojeros, parte del poder judicial y ejecutivo, y de la policía de las provincias de este nuevo enclave de los agronegocios. Desde la secretaría de Derechos Humanos de CTERA hemos denunciado y condenado recientemente los hechos que sufren los miembros del MOCASE-VC, y también la persecución de la comunidad de Indio Colalao en Tucumán, pero son muchas más las acciones abusivas de los empresarios sojeros, hace unos días en Jujuy la empresa agrícola CRAM S.A. (ligada a Macedo Lagrottería, secretario de la gobernación jujeña), profundizó la usurpación violenta de las tierras de seis familias en localidad de Palma Sola (al este de la provincia de Jujuy), con la complicidad de la policía que detiene a los pobladores que defienden lo suyo y que protege a los empresarios y secuaces. También vemos que otras comunidades van siendo rodeadas por alambrados colocados por los empresarios sojeros que hasta cortan caminos, aislando a los pobladores, como denunciaron recientemente miembros de la Comunidad Wichí La Esperanza de Coronel Cornejo, en el norte de Salta, que no pueden cruzar campos sojeros para conseguir alimentos. En otros casos son pobladores locales que ocupan y desalojan con protección política, como sucedió con la Comunidad Aborigen Cueva del Inca en Tilcara (Jujuy). 

El claro objetivo de este conglomerado de poder es desalojar a pueblos originarios y a campesinos, para apropiarse de sus territorios ancestrales. Tras su visita al país en 2011 el Relator Especial sobre los Derechos de Pueblos Originarios de las Naciones Unidas, James Anaya, destacó una modalidad de entrega en la que se encuentran implicados empresarios y funcionarios. En esas zonas se suele mencionar casos en los que los empresarios y funcionarios promueven el otorgamiento de personería jurídica a supuestas comunidades indígenas con las que luego negocian la entrega de tierras. Los terrenos de las supuestas comunidades coinciden precisamente con los terrenos adjudicados a los pobladores originarios, que son expulsados invocándose negociaciones con comunidades ficticias. 

En la misma dirección, los pobladores locales así como movimientos campesinos exigen el efectivo cumplimiento de la normativa existente y piden la aprobación de una Ley que frene los desalojos. Los Derechos de los Pueblos Indígenas y de los campesinos están reconocidos en la Constitución Nacional, en la Ley Nº 26.160/26.554 de Relevamiento Territorial, y la Ley de Bosques (Nº 26.331). 

La frontera agrícola contra los pueblos originarios 

En 1995 la empresa CRESUD adquirió un campo de 60.000 hectáreas de monte chaqueño, en la Provincia de Salta, las tierras fueron sometidas a un proceso de “mejoramiento” y hoy cuenta allí con 50.000 cabezas de ganado. El crecimiento de esta empresa, controlada por IRSA – uno de los gigantes del mercado inmobiliario, propiedad de la familia Elsztein, la misma que adquirió el Banco Hipotecario a finales de los noventa-, está ligada fuertemente a las modalidades que adopta el avance de los agronegocios por fuera de la pampa húmeda. CRESUD pasó de poseer en 1994 unas 20.263 hectáreas propias, a tener 473.093 hectáreas propias en junio de 2012. El crecimiento de este gigante trasnacional da una idea del proceso de concentración que se verifica en nuestro país. Una porción de las tierras adquiridas, son aquellas denominadas áreas o tierras “de reserva”, localizadas en las márgenes de la frontera agropecuaria. Las tierras en reserva de la empresa ascienden a 539.879 hectáreas, áreas que se pretenden incorporar a la producción e incrementar valor en el mediano plazo. 

Diversas empresas buscan asociarse para poner en marcha de emprendimientos sojeros y ganaderos de gran escala. En el Chaco Salteño las empresas agrícolas, madereras y petroleras se reparten las tierras y negocios, entre ellas Desafío Chaco S.A (de Juan Carlos Romero, y su administrador Aníbal Caro), El Yuto S.A (de Franco Macri y su administrador Agustín Ocampo), Rumbo Norte S.A (de Daniel Lifchz cuyo operador local es José María del Río). 

El avance de la frontera agropecuaria sobre el Chaco semiárido se encuentra ligado al auspicioso aumento de los precios internacionales de los alimentos, entre ellos la soja, y un inusitado interés del capital especulativo en el sector. Como vemos el resultado inmediato es un proceso violento de concentración y acumulación de tierras, con daños a la salud y graves consecuencias ambientales: el desmonte de cientos de miles de hectáreas de bosque chaqueño; la fumigación con agrotóxicos de zonas pobladas afectando a cientos de escuelas, son algunas de las consecuencias. No es un dato menor que el consumo de Glifosato en el año 1996 era de 13.900.000 de litros y ascendió a más de 130.000.000 de litros en el año 2003. El desmonte en el NOA es feroz. Entre 1998 y 2006 fueron deforestadas en Santiago del Estero unas 820.000 hectáreas y más de 600.000 en Salta, sólo por mencionar algunos casos. 

El impacto socio-demográfico del avance de la frontera agrícola también es preocupante. Los métodos violentos que adopta la expropiación son acompañados por una migración forzada de los pueblos orginarios a las zonas marginales de las capitales provinciales, allí donde se concentran los epifenómenos de la pobreza. 

La producción agraria local orientada a los mercados externos se caracteriza por la tracción que ejercen éstos sobre los precios locales, que tienden a elevarse hasta equiparar a los precios internacionales. Estamos hablando de los productos agropecuarios destinados principamente a la producción de alimentos y bíocombustibles. Los movimientos campesinos e indígenas, así como distintos movimientos sociales y políticos, denuncian que el monopolio de la comercialización de granos por parte de las empresas trasnacionales, mayoritariamente transgénicos, ha puesto en riesgo la soberanía alimentaria de nuestro país. Ciertamente, el mercado de la biotecnología ha crecido a la par de los desalojos y la deforestación. Estamos hablando, pues, de un mercado que mueve anualmente unos 1.000.000.000 de dólares. El desembarco de este poderoso mercado en Argentina trajo consigo el desarrollo genético de cultivos resistentes a los climas y suelos más agresivos, pero también a pesticidas. El patentamiento de los nuevos hallazgos por parte de estas empresas significa un elevamiento de los precios, negando el acceso a las semillas genéticamente modificadas por los productores más pequeños y desplazando a las semillas nativas. La cara más visible de este sistema es el gigante trasnacional Monsanto, famoso por exigir a agricultores y pequeños productores el pago de patentes por el uso de semillas. Esta misma empresa había prohibido que se comercialicen las harinas producidas supuestamente con semillas “patentadas”. Este estado de cuestión ha motivado al gobierno a contemplar una modificación de marco regulatorio. 

Las comunidades originarias y campesinas de Argentina y toda Latinoamérica emprenden propuestas para frenar el avance del mercado de semillas transgénicas contra la soberanía alimentaria. Como ejemplo está la lucha por las semillas libres (semillas nativas y criollas), para lo cual, entre otras movidas, en unos días se realizará el "Sexto Encuentro Internacional Pueblos y Semillas" en Cauca (Colombia), para seguir construyendo "conjuntamente alternativas de resistencia y lucha contra las políticas y técnicas con que el sistema del capital expropia a los pueblos del mundo sus condiciones de vida" (ver en www.redsemillaslibres.org).