La justicia procesó a ex jueces por delitos de lesa humanidad

La justicia federal dictó el procesamiento contra el ex juez Miguel Ángel Puga, el ex fiscal Antonio Cornejo y el ex secretario Carlos Otero Álvarez. Los funcionarios del poder judicial son investigados por su actuación "omisiva" en causas donde fueron víctimas detenidas y puestas a disposición de la Justicia Federal en Córdoba durante la última dictadura cívico militar.

El ex juez Miguel Puga y el ex fiscal Antonio Cornejo son investigados por incumplimiento de sus deberes como funcionarios del poder judicial en por lo menos ocho casos de tortura y homicidios. Otero Álvarez es investigado por encubrimiento y participación secundaria de ochenta y seis hechos, en los delitos de "homicidio calificado, imposición de tormentos, allanamiento ilegal y privación ilegítima de la libertad, concursados idealmente entre si."

El Secretario de Derechos Humanos de la CTERA, Rogelio De Leonardi, afirmó que "la medida es oportuna, estos últimos años hemos insistido en la pata civil de la dictadura y la participación de miembros poder judicial". De esta misma manera señaló que "la omisión, encubrimiento y complicidad de los jueces era necesaria para llevar el plan de exterminio que se propusieron militares y civiles para imponer el modelo neoliberal en nuestro país. Hoy, el avance de la lucha por justicia se enfrenta a una rígida corporación judicial, no olvidamos que los jueces actuales son los discípulos de Zamboni, Otero Álvarez, Puga y Cornejo."

No hace mucho, tras la detención de Otero Álvarez, el juez Jaime Díaz Gavier - que integra el Tribunal que juzga a Luciano B. Menéndez por los mártires de Chamical - defendió al ex magistrado. "Es un hombre de bien" dijo Díaz Gavier, quien en una entrevista de Página 12, ante la pregunta de sí era factible que él juzgara a Otero Álvarez respondió "en ese caso tendría que apartarme porque estoy vinculado por lazos de afecto, compartimos quince años en la magistratura." Díaz Gavier, junto a Carlos Lascano y el riojano José Quiroga Uriburu, se habían negado a llamar a declarar a la jueza Cristina Garzón de Lascano en el juicio por los crímenes en la Unidad Penitenciaria 1. La ex magistrada había actuado como secretaria civil del ex juez cordobés de la dictadura Adolfo Zamboni Ledesma. Para De Leonardi "es más que sólo una generación de funcionarios, no hay que perderle el rastro a la pista de la corporación judicial."