viernes, 13 de febrero de 2015

Piedra libre a los Genocidas

Una filmación realizada por H.I.J.O.S. Regional Capital muestra a Carlos "Pedro Bolita" Galián Suboficial Principal (R) de la Armada Argentina, violando el arresto domiciliario que pesa sobre él.
El genocida Gailán está siendo juzgado en el juicio de la Megacausa ESMA por delitos de lesa humanidad, acusado de participar en los vuelos de la muerte y el plan sistemático de robo de bebés. En 2010 fue beneficiado con el arresto domiciliario so pretexto de resguardar su salud, aunque en las imágenes se observa su comportamiento cotidiano, convertido en quiosquero de barrio, realizando salidas constantemente.

Este hecho repudiable, no es una situación aislada sino que resulta un lugar común en decenas de causas. Un caso emblemático, sólo por mencionar algunos similares, nos acordamos que en 2004 el represor Suárez Mason fue en el auto del por entonces embajador de Ecuador Germánico Molina – un ladero del presidente Lucio Gutiérrez-, a festejar su cumpleaños en el Club Argentinos Juniors; de las salidas al Patio Bullrich del genocida Jorge Luis Magnacco en 2013, filmado también por H.I.J.O.S. Capital; también en 2013, se observó al ex marino José Francisco Bujelo, en Mar del Plata, en reiteradas ocasiones violando su arresto domiciliario; los paseos del ex comisario mendocino Orlando Gutiérrez en 2014; en 2011 el ex jefe de policía tucumano condenado a perpetua Roberto Eriberto “El Tuerto” Albornoz.

Albornoz actualmente imputado en la Megacausa Villa Urquiza, había sido condenado en 4 causas por crímenes de lesa humanidad, una de ellas es Arsenales II, causa que muestra algunos reveses. En esta proceso judicial, luego de una apelación presentada por los defensores oficiales de los represores Casación hace lugar a la observación de uno de los puntos de la resolución del Tribunal Oral Federal de Tucumán, ordenando “restablecer el status quo del que gozaban los encausados antes del debate oral y público.” Con esta medida gran parte de los condenados volvieron a sus arrestos domiciliarios y otra parte fueron puestos en libertad. El TOF de Tucumán pasó revista de la situación de los condenados, recién después de una resolución del juez federal Fernando Luis Poviña, que hizo lugar a la presentación masiva de habeas corpus preventivos (101 presentaciones) por parte de la querella.

Todos estos casos dan cuenta de una misma situación de impunidad que toca la puerta de las responsabilidades en algunos de los despachos del poder judicial, pero también de las fuerzas de seguridad locales que otorgan reiterados permisos para consultas médicas prolongadas. Entendemos que es necesaria la observancia y seguimiento de las decisiones judiciales, como medidas continuas que permitirán sostener el actual proceso de justicia.
Exigimos al poder judicial cárcel común para el genocida Carlos Gailán y todos los represores que se encuentran en esa misma situación de privilegio. Expresamos nuestra preocupación ante la responsabilidad institucional de los hechos como éste, que se presentan recurrentemente.

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