Detuvieron a otro represor del Batallón de Comunicaciones 181 de Bahía Blanca y ya son cinco en los últimos meses.

                                     

Hace unos días fue detenido por orden del juez de Bahía Blanca Santiago Ulpiano Martínez, Diego Horacio Landa, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y  por personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). Este represor, ex jefe de personal y ayudante del jefe del  Batallón de Comunicaciones 181, está imputado por crímenes de lesa humanidad contra 40 víctimas, entre enero de 1977 y enero de 1979.Según se informó en el sitio www.fiscales.gob.ar, la detención de este represor de 75 años, es "la decimoquinta a raíz de las imputaciones formuladas por los fiscales Miguel Ángel Palazzani y José Nebbia entre octubre y diciembre del año pasado contra agentes que actuaron en Bahía Blanca y la zona". A Landa se le imputan "30 casos de secuestro y sometimiento a tortura, siete homicidio concretados previo secuestro y aplicación de torturas sobre las víctimas, dos homicidios cometidos bajo la modalidad de un falso enfrentamiento con la autoridad pública para procurar la impunidad de los perpetradores, y un caso de sustracción, retención y ocultamiento de una criatura nacida en cautiverio".

Unos meses atrás, en septiembre, agosto y julio del 2014, habían sido detenidos otros cuatro represores del mismo Batallón de Comunicaciones 181 de Bahía Blanca. Uno fue  Eduardo Carlos Videla  de 60 años, ex jefe de compañía del 181, quien fue detenido a fines de agosto pasado en La Plata. Este represor esta acusado por su participación en crímenes de lesa humanidad, como 52 casos de secuestros y torturas y un hecho de violencia sexual contra víctimas de la ciudad de Bahía Blanca y de la región cercana. En 1976, este Videla fue jefe de sección de la compañía de Combate “Mayor Keller” del Batallón 181, mientras que en 1977 fue “jefe de grupo” de la Compañía Comando.

                                                      

Unos días antes la PSA había detenido en la CABA al ex militar Rául Esteban Andrés. En fiscales.gob.ar informaron que este represor, de 64 años, "tuvo actuación en la sub zona 51 como oficial de Estado Mayor, ayudante del jefe de la Unidad y jefe de Sección de la Compañía del Batallón de Comunicaciones 181 con sede en el V Cuerpo de Ejército. Se le imputa 49 casos de tortura, 25 secuestros y 2 casos de lesiones gravísimas".
 
Anteriormente, en el mes de julio, fue detenido por segunda vez el represor Alejandro Lawless, prófugo desde noviembre de 2013, quien, mientras cumplía prisión domiciliaria, se fugó por una "distración" de funcionarios de la PSA cuando lo llevaban a declarar.  En este caso la detención fue en el barrio de Liniers de la CABA, y por personal de la Sección Investigación Federal de Fugitivos de la PFA. Lawless está  imputado por 26 privaciones ilegales de la libertad, y por los delitos de tormentos y homicidio agravado cometidos entre 1976 y 1977, cuando integraba la plana mayor del Batallón de Comunicaciones 181, donde ocupó sucesivamente las jefaturas de la Compañía de Comunicaciones y Comando y de la Sección Arsenales  (ver notas anteriores). Este represor también está procesado en la causa 1103 conocida como “Fracassi" que está actualmente en juicio oral.

En septiembre fue detenido en la localidad bonaerense de La Matanza el represor Vicente Alfredo Flores de 60 años. Flores está imputado como autor mediato en 34 casos de privaciones ilegales de la libertad y tormentos, y en delitos sexuales perpetrados contra, al menos, seis mujeres en varios centros clandestinos de detención de Bahía Blanca y de la región cercana. El represor estaba destinado desde 1976, al Batallón de Comunicaciones 181 de Bahía Blanca, como Jefe de Grupo Antiguerrilla en la Compañía Combate, que en 1977 pasó a denominarse “compañía A”.  Pero siendo muy joven, entre octubre y diciembre de 1975, Flores también participó de la represión en Tucumán, su actuación le valió la felicitación del genocida Antonio Domingo Bussi, que escribió en su foja: Flores “Ha participado en la lucha contra la subversión en la Operación Independencia en Tucumán, demostrando valor y abnegación en el cumplimiento del Sagrado Deber Militar”, es sabido que representa esa abnegación.

Otros detenidos recientes en las causas de Bahía Blanca son Oscar Norberto Moschini (en septiembre) y Luis María Delaico (en agosto); ambos estaban destinados en el Batallón de Arsenales 181 "Angel Monasterio" de Pigüe, una localidad ubicada al suroeste de la Provincia de Buenos Aires y unos 130 kilómetros al norte de Bahía Blanca. 

El represor Oscar Moschini de 71 años, fue detenido en la CABA, y cometió los delitos de lesa humanidad siendo jefe de la Compañía Comando y Servicios del Batallón de Arsenales 181. A Moschini se le imputa su participación en el secuestro, las torturas y el homicidio del conscripto Teodoro Alfredo Bonfiglio. La víctima era ingeniero químico recién recibido en la UNS y fue incorporado al ejército para cumplir con el servicio militar, a los 26 años, como aspirante a oficial de reserva. Bonfiglio fue secuestrado el 12 de marzo de 1977 mientras viajaba junto a Moschini hacia Bahía Blanca y torturado y asesinado; sus restos  fueron recuperados en julio de 1977, en las cercanías de la morgue de Avellaneda y junto a los cuerpos de otros dos bahienses asesinados, Daniel Gastaldi y Carlos Oliva. Los familiares de Bonfiglio denunciaron su desaparición ante el juez federal Guillermo Madueño, pero ese juez se reunía clandestinamente con el genocida Acdel Vilas, jefe del V Cuerpo de Ejército, para decidir sobre la represión. Madueño se inhibió y remitió la investigación a la justicia militar que cerró la causa inmediatamente. Moschini le había ofrecido a Bonfiglio acercarlo hasta su casa para que pasara el franco del  fin de semana que él le había otorgado. Los fiscales Miguel Palazzani y José Nebbia sostienen en su acusación que Moschini “Para deslindarse de toda responsabilidad, sostuvo en declaración testimonial que fue atacado por un grupo comando de militantes de izquierda [de la organización Montoneros], que tras hacerse de la víctima huyeron, lo que no sólo resulta infundado sino hasta absurdo por cuanto Bonfiglio era víctima de persecución por parte de los organismos de inteligencia de las fuerzas armadas y de seguridad desde varios años antes, con motivo de su comprometida militancia”.

Luis María Delaico era ingeniero militar,  este represor de 82 años, cometió sus crímenes también en la zona 512 y  fue el jefe del Batallón de Arsenales 181, cargo que ocupó desde fines de 1975 hasta el 10 de noviembre de 1977. Se le imputa asociación ilícita, en el secuestro y el homicidio de Teodoro Alfredo Bonfiglio. En Democracia, en noviembre de 1984, Delaico escribió una carta de reclamo porque se le había denegado el ascenso a general. En esa carta destacó que se desempeñó como jefe del Arsenal 181 “en circunstancias muy difíciles para la Fuerza y en la que estaban en juego, además de la capacidad técnico profesional de la Unidad, su aptitud para el combate y para la ejecución de operaciones militares”. Pero además de esta conducción legal confesó la ilegal, como jefe de una de las áreas de la estructura represiva clandestina que se diseñó en la dictadura cívico miltar, Delaico escribió que “además de las tareas inherentes al cumplimiento del Régimen Funcional Logístico de Arsenales, actué como Jefe del área 512, con jurisdicción en las localidades de Puan, Adolfo Alsina, Saavedra, Coronel Suárez y Guaminí”; reconociendo su participación en plan criminal del terrorismo de Estado. 
 
Todas las detenciones fueron solicitadas al juez bahiense Martínez por los fiscales Miguel Palazzani y José Nebbia, de la Unidad Fiscal de Asistencia para Causas por Violaciones a los Derechos Humanos Durante el Terrorismo de Estado de Bahía Blanca.  Los fiscales consideran que  “La compañía de Combate del Batallón 181 constituía el grupo de tareas, en el que participaban además de los oficiales que la integraban, otros oficiales del Batallón”. El juez Santiago Ulpiano Martínez considera que en la región se había "formado parte del plan criminal -clandestino e ilegal- implementado para secuestrar, torturar, asesinar y producir la desaparición de personas, utilizando la estructura orgánica de las fuerzas armadas y las de seguridad a ellas subordinadas -federales y provinciales".